democracia - La España Que Reúne

El ejemplo de Willy Brandt

La responsabilidad política como frontera moral entre la democracia y la impunidad

FUENTE: EFE

La política española vive instalada en una confusión interesada entre responsabilidad penal y responsabilidad política. Una confusión que no es casual, sino funcional. Permite a la guardia pretoriana de Pedro Sánchez permanecer cohesionada, cerrada como un bloque de hoplitas: nadie retrocede porque cualquiera que lo haga pone en peligro la supervivencia del grupo. El poder se convierte así en un ejercicio colectivo de autoprotección.

La diferencia entre un Estado que se defiende y uno que se degrada no está en la ausencia de errores, sino en la forma de afrontarlos. En Estados Unidos, estos días, el Tribunal Supremo ha recordado que incluso el presidente está sometido a límites. En España, sin embargo, el poder político ha optado por otra vía: confundir deliberadamente responsabilidad penal con responsabilidad política para que nadie tenga que asumir nada.

Fernando Grande-Marlaska representa de forma paradigmática esa degradación. Cuando afirma que solo dimitirá si se lo pide la víctima, no solo elude su responsabilidad política: traslada una presión inadmisible a quien ya ha sufrido suficiente. La dimisión deja de ser una exigencia institucional para convertirse en una cuestión moral privada, casi sentimental. Es una perversión del concepto mismo de responsabilidad pública.

Conviene aclararlo sin ambages. En este momento no se está juzgando si Marlaska encubrió un presunto delito. No se trata de imputarle una complicidad penal que no corresponde determinar en el debate político. Lo que se juzga es algo mucho más elemental: el ministro es responsable del nombramiento del DAO de la Policía Nacional. Y no solo responsable en abstracto. Insistió con extraordinaria intensidad en ese nombramiento, estableciendo una relación directa, clara y verificable entre su decisión política y las consecuencias posteriores de esa gestión.

Todo nombramiento abre una responsabilidad para quien lo hace. Siempre. No porque el nombrado cometa necesariamente un delito, sino porque el poder político no es neutro: elige, avala y confiere autoridad. Cuando esa elección fracasa de forma grave, la responsabilidad política es inmediata, aunque no exista reproche penal alguno. Negarlo es vaciar de contenido la idea misma de gobierno responsable.

Aquí es donde el contraste histórico resulta devastador. Willy Brandt no espió para la Alemania comunista durante la Guerra Fría. No cometió traición alguna. Pero dimitió cuando se descubrió que Günter Guillaume, un asesor muy cercano a la Cancillería, era un espía al servicio de la RDA. Brandt entendió algo que hoy parece incomprensible: que la responsabilidad política no se delega, no se diluye y no se negocia.

Aquella dimisión no fue un gesto teatral. Fue una expresión de lo que podría llamarse el nervio moral del poder. Brandt asumió que su autoridad quedaba dañada, aunque no hubiera culpa penal. Esa cultura política es la que permite que las democracias resistan cuando las instituciones funcionan. Cuando desaparece —como hoy ocurre en España— no hacen falta autoritarios declarados: basta con dirigentes que se niegan sistemáticamente a responder.

Financiación opaca en política: de Alvise a Vox, el riesgo para la democracia

En el entramado político actual, la transparencia es un valor cada vez más solicitado por la ciudadanía. Sin embargo, en España, nos encontramos con dos ejemplos recientes que no solo evidencian la falta de este principio en ciertos movimientos políticos, sino que ponen de manifiesto la amenaza que supone la financiación opaca en una democracia que, sin duda, enfrenta desafíos constantes.

FUENTE: EFE

Los casos de Alvise Pérez, con su partido «Se Acabó la Fiesta», y de VOX, con la supuesta financiación procedente de un banco húngaro, son ejemplos que merecen ser analizados en profundidad, pues ambos ponen en riesgo los valores fundamentales de nuestra sociedad.

Alvise Pérez, autoproclamado «defensor de la justicia y enemigo acérrimo de los políticos corruptos», ha terminado envuelto en su propio círculo de escándalos. Lo que comenzó como una campaña contra la corrupción y las «élites», con gran apoyo en redes sociales y seguidores que buscaban una alternativa honesta a los partidos tradicionales, ha terminado revelando la hipocresía detrás de su discurso.

Pérez, conocido por sus constantes publicaciones en Telegram, llenas de fake news y teorías conspirativas, ha utilizado estas plataformas para construir una base de seguidores basada en la desinformación. Sus estrategias no solo han contribuido a polarizar a la sociedad, sino que han erosionado la confianza en los medios de comunicación y en las instituciones, elementos esenciales para el buen funcionamiento de una democracia.

Sin embargo, lo más preocupante de su perfil es cómo ha manejado la financiación de su partido. «Se Acabó la Fiesta», que comenzó con la promesa de ser una opción «limpia» y sin los vicios de los grandes partidos, se ha visto envuelto en un escándalo de posible financiación ilegal. Las acusaciones apuntan a la entrada de dinero procedente de fuentes no declaradas, lo que coloca a Pérez en el mismo saco de aquellos a quienes tanto criticaba. Este es el mayor peligro de figuras como Alvise Pérez: no solo engañan a sus seguidores, sino que además socavan los cimientos de la democracia al replicar los vicios del sistema bajo la apariencia de una cruzada contra la corrupción.

En una época en la que la política necesita más transparencia y rendición de cuentas, los actos de Pérez han demostrado que no está en condiciones de liderar nada que no sea un proyecto de beneficio personal. A la vista de todos, ha quedado claro que su único objetivo era obtener poder y, con ello, aforamiento, para blindarse frente a las múltiples demandas que ha acumulado por difundir noticias falsas y desacreditar a adversarios políticos.

La sombra de la financiación húngara

En paralelo, la polémica en torno a la financiación de VOX desde Hungría representa un problema aún mayor. El partido liderado por Santiago Abascal ha sido objeto de controversia en diversas ocasiones por su relación con regímenes y gobiernos extranjeros. La noticia de que un banco húngaro cercano al primer ministro Viktor Orbán ha estado financiando a VOX plantea serias preguntas sobre la independencia y los intereses reales de esta formación política.

Hungría, bajo el gobierno de Orbán, se ha caracterizado por un alejamiento de los valores democráticos y un acercamiento a políticas autoritarias, donde la libertad de prensa y los derechos fundamentales han sido sistemáticamente erosionados. La posibilidad de que VOX esté siendo financiado por un banco vinculado a este régimen plantea dudas sobre hasta qué punto puede un partido político español defender los intereses del país cuando sus recursos provienen de una potencia extranjera con claras intenciones de influir en Europa.

Este tipo de financiación no solo es opaca, sino que mina la confianza en las instituciones democráticas. VOX, que se ha presentado como el partido de la «nueva política» y que aboga por una España fuerte y soberana, se enfrenta ahora a la contradicción de estar potencialmente comprometido con intereses extranjeros. Es una situación peligrosa, ya que la interferencia de potencias internacionales en la política española a través de la financiación de partidos puede tener consecuencias graves para la soberanía del país y para la salud de nuestra democracia.

Ambos casos, tanto el de Alvise Pérez como el de VOX, representan un peligro tangible para el funcionamiento saludable de nuestro sistema democrático. Cuando figuras o partidos se financian a través de canales opacos o con recursos de procedencia extranjera, la democracia sufre, porque las decisiones políticas pueden estar influenciadas por intereses que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos.

La financiación de partidos es un tema que debe abordarse con la máxima transparencia y con estrictos controles por parte de los organismos reguladores. La falta de transparencia no solo genera desconfianza en los votantes, sino que puede tener consecuencias nefastas para la estabilidad del país. La interferencia extranjera, ya sea a través de financiación directa o indirecta, es un problema que no debe tomarse a la ligera.

En el caso de VOX, la relación con el banco húngaro, si se confirma, debería servir como llamada de atención para el resto de las formaciones políticas y para las instituciones encargadas de velar por la integridad del sistema democrático. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que fuerzas extranjeras financien y, por ende, influyan en la política española? ¿Qué significa esto para la independencia de decisiones tan cruciales como la política económica, la defensa o las relaciones internacionales?

La política española enfrenta un grave desafío en términos de financiación y transparencia. Tanto Alvise Pérez como VOX han puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema en este ámbito. La ciudadanía tiene derecho a saber quién financia a los partidos que aspiran a dirigir el país, y los partidos tienen la obligación de ser transparentes y rendir cuentas. La democracia española no puede permitirse más casos de financiación opaca o sospechosa, ni por parte de actores internos que juegan a la desinformación, ni por parte de intereses extranjeros que buscan influir en nuestras decisiones políticas.

La única solución viable es una mayor supervisión y sanciones más severas para aquellos que pretendan corromper el sistema democrático mediante la financiación irregular. La democracia es un bien frágil, y protegerla es responsabilidad de todos.

3 años de desencuentro constitucional… y más de 40 años de democracia

La última semana de octubre ha sido una fiel representación de la fase de inestabilidad y continuos juegos de equilibrios políticos que comenzó en 2019 y que amenaza con prolongarse al menos un año más. En menos de una semana hemos pasado de estar muy cerca del primer gran acuerdo entre los dos principales partidos a estar a años luz del acuerdo por una desconfianza mutua a la que ni el resto de los partidos moderados ni la sede de la soberanía nacional han sabido o querido contribuir a mitigar.

FUENTE: EFE

Esas elecciones fueron un triunfo de la sociedad española, ansiosa de democracia tras tantos años a la sombra del franquismo. Una victoria social que abrió un verdadero Estado de bienestar o la educación pública gratuita hasta los 16 años. Aquel octubre de 1982 en el que la sociedad española se movilizó por el futuro del país.

Enquistar el problema del gobierno de los jueces, ya de por sí manejados por el poder político de turno, ha generado una reacción incluso más disparatada de lo que cabría pensar. En este momento, sólo se habla de táctica política y no de estrategia. El principal partido de la oposición cayó en un error de manual de cualquier negociación abierta como es circunscribir las conversaciones con el Gobierno a la renovación del CGPJ cuando era plenamente consciente de que había otros factores que podían condicionar en el resultado. En el caso del partido dominante de la actual coalición de Gobierno, le traicionó la ambición y la impaciencia por cerrar acuerdos con sus apoyos parlamentarios para el próximo año.

En un terreno tan embarrado y en un nivel tan alto de recelo por ambas partes, es muy difícil lograr una solución si no hay un cambio de negociadores en ambas partes y un cambio total de escenario negociador. Ya ni siquiera serviría una ayuda proveniente de las instituciones europeas, tal como abogábamos hace unos días en esta misma newsletter. Es necesario estudiar qué camino alternativo dentro de la provisionalidad puede establecerse para volver a negociar dentro de un tiempo.

Tristemente, no es la primera vez (y probablemente no será la última) que se produce un desencuentro constitucional tan grave. Precisamente, la perspectiva histórica que da la celebración de los 40 años de la victoria del PSOE en las Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982 ayuda a diferenciar los momentos de grandes acuerdos y profunda voluntad reformista de los momentos de mayor enfrentamiento y diferencias en los partidos que han ido representando las tres cuartas partes de la sociedad española desde 1977. Incluso, los aniversarios de estos acontecimientos clave son buenos indicadores del grado de conflicto. En estos últimos años nos hemos acostumbrado a que la celebración de efemérides clave en la joven democracia española sea una escenificación más del desencuentro constitucional profundo en el que nos encontramos, y un momento especialmente delicado para los líderes históricos que encarnan cada efeméride.

Incluso, algunos liderazgos políticos del pasado, hoy al menos considerados como liderazgos morales, sufren de un pánico escénico que los lleva a no querer verbalizar lo que verdaderamente piensan. Si bien es cierto que hay momentos en que es preferible optar por la corrección política basada en un discurso sin demasiadas complicaciones, no es menos cierto que, una vez que se acepta representar en público un determinado papel, es necesario (incluso podríamos decir imprescindible) dejar muy clara la posición mal que le pese a la mayoría de la audiencia presente.

En un mundo de tendencias polarizadoras, la autoridad moral que da un desempeño acreditado y prolongado de cargos políticos relevantes, más aún si se trata de liderazgos significativos, se hace más necesaria que nunca. Y su buen uso es fundamental para no desgastarse en lo pequeño y actuar en lo grande. Acumular un buen stock de capital político es un proceso lento y complejo, pero perderlo es rápido y sencillo. Por ello, es un valor que debe gestionarse con prudencia, sabiendo cuándo y cómo tiene que tomar una posición de riesgo que ayude a acabar con la deriva radical tanto en los discursos como en la acción política, en el fondo y en la forma (sin ir más lejos, el tipo de apoyos políticos). En algunos casos, es preferible dar un paso atrás y buscar un foro diferente.

La radiotelevisión pública no puede ser del que gobierna

Durante varias legislaturas hemos podido observar casi las mismas leyes de educación que cambios en la dirección de Radio Televisión Española. La última salida de José Manuel Pérez Tornero como presidente de la casa reabre una vez más la batalla por el control que los gobiernos tienen y quieren para hacer con la televisión pública un elemento más de su propaganda política.

FUENTE: EFE

La profesión no es lo que era, la polarización política ha polarizado aún más si cabe al poder mediático convirtiendo a los periodistas en siervos de partidos políticas y empresas. Muchos pensarán: “¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la radio y televisión pública?” Sencillo, porque la pagamos entre todos y merecemos que los contenidos de esta sean de calidad; ya sea esta informativa, documental, cultural, histórica o educativa.

Por no decir que, fuera del poder propagandístico que de por sí un medio tiene, es un arma informativa para la protección de la ciudadanía, la cual el Ejecutivo pudo haber utilizado para educar sobre los cuidados del coronavirus. Una campaña que no se hizo en los medios y que sí se hace desde la DGT.

Es muy discutible que el tinte político de las opiniones vertidas en RTVE sea predominantemente conservador, como apuntaban miembros del consejo de administración de la casa. En nuestro paisaje mediático, de hecho, es palpable la hegemonía de las posiciones cercanas al Gobierno de coalición y a sus socios parlamentarios. Además, sobran los ejemplos que ilustran una patente afinidad entre la línea editorial de la Corporación y el Gobierno.

Lo que realmente parece querer la principal fuerza de intervención en los medios (compuesta, fundamentalmente, por personas del entorno de Podemos) es una identificación total de RTVE con la doctrina del Ejecutivo de coalición. Una aspiración más propia de regímenes en los que la información es controlada por el Gobierno. Un ejemplo más de la obsesión por obtener el apoyo de los medios públicos y privados cuando su gestión no resulta espontáneamente merecedora de buena prensa.

No es de extrañar que Pablo Iglesias quisiese en su momento hacerse con el control de RTVE. Esta semana en un programa de radio de máxima audiencia, tanto Iglesias como Carmen Calvo, dos ex vicepresidentes del Gobierno durante esta legislatura, defendieron la organización de los contenidos y contertulios en función de la representación política vigente, una suerte de cuotas partidistas con las que ejercer control sobre el medio público. Se recuerdan pocos episodios tan liberticidas como éste sin que haya comportado una condena rotunda ni del propio ente público ni tampoco del resto de medios de comunicación públicos y privados.

No es cosa de este Gobierno, eso está claro, se puede apreciar como los Ejecutivos de las regiones con televisiones públicas también meten mano de forma clara a las cadenas a modo de propaganda. Los medios y el periodismo deben garantizar la libertad de los españoles, no la buena imagen de unos políticos que no les dejan trabajar. La muerte de la información y, por tanto, de la democracia.

Una historia intelectual de España

«La historia intelectual es una disciplina que estudia la historia de un país desde el punto de vista de las ideas que lo han caracterizado. Podría hablarse también de historia de la mentalidad, en este caso española»

FUENTE: Zenda Libros

Por Joaquín E. Brótons, profesor de Filosofía.

Más allá de los hispanorromanos Séneca y Marcial, y posteriormente de San Isidoro de Sevilla, empezamos esta breve historia intelectual de España en la Edad Media, en el bien entendido de que la era medieval es una era proto moderna.

Así encontramos en la Edad Media tres grandes corrientes intelectuales que influyeron en Europa, ámbito no solo geográfico en el que cabe enmarcar a nuestro país.

Tenemos el averroísmo latino que influyó en la Sorbona de París, a Ramon Lull (que escribe en catalán) y a la Escuela de Traductores de Toledo, que pasó del árabe al latín todo el saber aristotélico que los islámicos habían hecho suyo.

Tras el tránsito del siglo XV a la Edad Moderna, se plantea la cuestión de si hubo Renacimiento en España. La respuesta es que sí. Pérez de Oliva escribe sobre la dignidad al estilo de Picco de la Mirandolla y Erasmo de Rotterdam es traducido con profusión al castellano. Su influencia llega hasta El Quijote.

Pero con el descubrimiento y posterior conquista de América surge la cuestión de los indios. Las Casas y Ginés de Sepúlveda mantienen a mediados del siglo XVI un debate conocido como Junta de Valladolid sobre la esclavitud sin resultado concluyente. Todos los países han llevado a cabo una revisión de su pasado imperial y España no puede quedar fuera. El hecho de que ya entonces se debatiera sobre la legitimidad de la conquista y la esclavitud nos permite realizar una autocrítica fundada en la misma Junta de Valladolid. Por tanto, ni leyenda negra ni leyenda rosa sobre América sino la verdad.

El autor más importante del Renacimiento español es Juan Luis Vives, exiliado en Brujas, pero formado en la recién creada Universidad de Valencia. El exilio de Vives nos recuerda el conflicto con los judíos españoles. Y a finales del siglo tenemos a Francisco Suárez, el metafísico de la Universidad de Salamanca, exiliado a su vez en Coímbra (Portugal) después de la Contrarreforma.

Es de este modo como mientras el fantasma de la dignidad humana había recorrido España en el siglo XVI, el fantasma de la tolerancia que empieza a recorrer Europa en el siglo XVII topa con la cerrazón de los Pirineos. Esto no imposibilitó que hubiera actividad intelectual en España, pero sin duda la dificultó mucho. Gracián escribe a mediados del siglo XVII con bastante libertad, pero desde puestos muy modestos. Por otro lado, Descartes es traducido al castellano en Valencia a finales de este siglo, iniciando lo que cabe llamar Ilustración española que pese a todos los obstáculos existió y es digna de mención.

Así pues, del siglo XVIII español cabe destacar fundamentalmente dos autores: Feijoo como divulgador de las Luces (en concreto de los novatores) y Piquer, catedrático de la Universidad de Valencia, el primer autor moderno de la cultura española en sentido amplio. Hay muchos más ilustrados, algunos encarcelados por la Inquisición, y también cabe mencionar la fundación a finales de siglo de las Sociedades Económicas de Amigos del País.

Con esto entramos en la Edad Contemporánea, que es la nuestra. Aquí se mezclan la política con las ideas, en primer lugar en las fallidas Cortes de Cádiz. Los errores son varios pero podemos destacar la cuestión del sufragio, que Jovellanos tildó de “desgraciada”, y la cuestión del unicameralismo, que Blanco White rechazó.

La revolución española fracasa en la configuración de un Estado moderno. Balmes, el joven filósofo, muere tempranamente en 1848. La posterior Restauración no consigue industrializar España. Finalmente, con la pérdida de Cuba se acaba lo que quedaba del Imperio español.

El siglo XX se inicia, pues, con grandes retos a los que hacer frente pero el reformismo (que encuentra en Ortega su correlato intelectual) se ve abocado también al fracaso. Así llegan, tras la dictadura de Primo de Rivera, la 2ª República y la posterior Guerra civil, que es fundante respecto del actual Estado español. Franco sí logra industrializar España, digamos, manu militari, y la Constitución democrática de 1978 cumple el viejo programa republicano salvo en la figura del Rey.

Desde el punto de vista intelectual es reseñable que muchos autores hasta entonces poco o nada traducidos empiezan a aparecer en el panorama editorial español. Por fin toda la filosofía moderna es trasvasada al castellano y aun a otras lenguas peninsulares. España entra en la actual Unión europea en 1986.

Con la democracia se consolida la filosofía en la Universidad, con autores destacados como Eugenio Trías, fallecido en 2013. Otro cantar es la Educación Secundaria, casus belli de la política.

Esta es a grandes rasgos la historia intelectual de España. Se ha dicho que la mentalidad española es realista. Un cierto realismo recorrería la historia de las ideas en España desde Suárez hasta Ortega. Ferrater Mora hablaba en este sentido de una filosofía fiel a la realidad que también caracterizaría a la filosofía catalana.

Sea como fuere, la España del siglo XXI es un país que lucha por ser definitivamente moderno.

Joaquín E. Brotons, profesor de filosofía, ha publicado sobre esta cuestión Una imagen de España (Adarve, 2019).

No a la mesa de exclusión

Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España

Fuente:EFE

Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

El diálogo y la negociación en las cortes generales, no en la mesa de la exclusión

Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

Fuente:EFE

Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.

Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.

Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

Promotores:

Impulso Ciudadano
La España que Reúne
S’ha Acabat!

La verdadera cara de EH Bildu

En el día de ayer, los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, Julen Madariaga. Quienes también se hicieron eco fueron algunos miembros de su denominado ‘brazo político’, EH Bildu.

(FUENTE: EFE)

Bien es cierto que Madariaga condenó públicamente desde 2001 la violencia empleada por la banda terrorista, pero su implicación desde la fundación en 1959 de una banda que acabó con la vida de más de 800 personas no puede ser olvidada por la sociedad española.

Desde EH Bildu se han deshecho en elogios con el exlíder terrorista por el día de su fallecimiento, como no, Arnaldo Otegi ha salido a valorar su gran papel para el País Vasco. Una persona que jamás ha condenado la violencia de la banda terrorista y que, por ende, no tiene cabida en una democracia como la nuestra.

Otegui ha publicado sus condolencias a través de su Twitter, ensalzando la figura de un “abertzale comprometido con la libertad de nuestro pueblo”. Otros representantes de la formación han respaldado este mensaje de Otegi en sus respectivas despedidas al líder etarra destacando su lucha por algo a lo que ellos llaman “libertad”.

Esta es la verdadera cara de EH Bildu, un partido que, como algunos de sus representantes, no ha condenado la violencia públicamente. Una agrupación que no condena los actos terroristas que tanto daño han causado a nuestra sociedad, reiteramos, no tienen espacio en la democracia a la que tanto daño han hecho con sus actos.

El Gobierno no puede asociarse con aquellos que no respetan la libertad de aquellos que solo quieren lo mejor para España. Al final Pablo Iglesias iba a tener algo de razón con que en nuestro país no hay normalidad democrática, cuando representantes de partidos actúan contra los valores del sistema.