No a la mesa de exclusión

Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España

Fuente:EFE

Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos. 

No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes. 

Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación. 

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural. 

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. 

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace: 

El diálogo y la negociación en las cortes generales, no en la mesa de la exclusión

Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

Fuente:EFE

Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.

Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles.

Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.

Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

Promotores:

  • Impulso Ciudadano
  • La España que Reúne
  • S’ha Acabat!

La verdadera cara de EH Bildu

En el día de ayer, los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, Julen Madariaga. Quienes también se hicieron eco fueron algunos miembros de su denominado ‘brazo político’, EH Bildu.

(FUENTE: EFE)

Bien es cierto que Madariaga condenó públicamente desde 2001 la violencia empleada por la banda terrorista, pero su implicación desde la fundación en 1959 de una banda que acabó con la vida de más de 800 personas no puede ser olvidada por la sociedad española.

Desde EH Bildu se han deshecho en elogios con el exlíder terrorista por el día de su fallecimiento, como no, Arnaldo Otegi ha salido a valorar su gran papel para el País Vasco. Una persona que jamás ha condenado la violencia de la banda terrorista y que, por ende, no tiene cabida en una democracia como la nuestra.

Otegui ha publicado sus condolencias a través de su Twitter, ensalzando la figura de un “abertzale comprometido con la libertad de nuestro pueblo”. Otros representantes de la formación han respaldado este mensaje de Otegi en sus respectivas despedidas al líder etarra destacando su lucha por algo a lo que ellos llaman “libertad”.

Esta es la verdadera cara de EH Bildu, un partido que, como algunos de sus representantes, no ha condenado la violencia públicamente. Una agrupación que no condena los actos terroristas que tanto daño han causado a nuestra sociedad, reiteramos, no tienen espacio en la democracia a la que tanto daño han hecho con sus actos.

El Gobierno no puede asociarse con aquellos que no respetan la libertad de aquellos que solo quieren lo mejor para España. Al final Pablo Iglesias iba a tener algo de razón con que en nuestro país no hay normalidad democrática, cuando representantes de partidos actúan contra los valores del sistema.