Durante varias legislaturas hemos podido observar casi las mismas leyes de educación que cambios en la dirección de Radio Televisión Española. La última salida de José Manuel Pérez Tornero como presidente de la casa reabre una vez más la batalla por el control que los gobiernos tienen y quieren para hacer con la televisión pública un elemento más de su propaganda política.
FUENTE: EFE
La profesión no es lo que era, la polarización política ha polarizado aún más si cabe al poder mediático convirtiendo a los periodistas en siervos de partidos políticas y empresas. Muchos pensarán: “¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la radio y televisión pública?” Sencillo, porque la pagamos entre todos y merecemos que los contenidos de esta sean de calidad; ya sea esta informativa, documental, cultural, histórica o educativa.
Por no decir que, fuera del poder propagandístico que de por sí un medio tiene, es un arma informativa para la protección de la ciudadanía, la cual el Ejecutivo pudo haber utilizado para educar sobre los cuidados del coronavirus. Una campaña que no se hizo en los medios y que sí se hace desde la DGT.
Es muy discutible que el tinte político de las opiniones vertidas en RTVE sea predominantemente conservador, como apuntaban miembros del consejo de administración de la casa. En nuestro paisaje mediático, de hecho, es palpable la hegemonía de las posiciones cercanas al Gobierno de coalición y a sus socios parlamentarios. Además, sobran los ejemplos que ilustran una patente afinidad entre la línea editorial de la Corporación y el Gobierno.
Lo que realmente parece querer la principal fuerza de intervención en los medios (compuesta, fundamentalmente, por personas del entorno de Podemos) es una identificación total de RTVE con la doctrina del Ejecutivo de coalición. Una aspiración más propia de regímenes en los que la información es controlada por el Gobierno. Un ejemplo más de la obsesión por obtener el apoyo de los medios públicos y privados cuando su gestión no resulta espontáneamente merecedora de buena prensa.
No es de extrañar que Pablo Iglesias quisiese en su momento hacerse con el control de RTVE. Esta semana en un programa de radio de máxima audiencia, tanto Iglesias como Carmen Calvo, dos ex vicepresidentes del Gobierno durante esta legislatura, defendieron la organización de los contenidos y contertulios en función de la representación política vigente, una suerte de cuotas partidistas con las que ejercer control sobre el medio público. Se recuerdan pocos episodios tan liberticidas como éste sin que haya comportado una condena rotunda ni del propio ente público ni tampoco del resto de medios de comunicación públicos y privados.
No es cosa de este Gobierno, eso está claro, se puede apreciar como los Ejecutivos de las regiones con televisiones públicas también meten mano de forma clara a las cadenas a modo de propaganda. Los medios y el periodismo deben garantizar la libertad de los españoles, no la buena imagen de unos políticos que no les dejan trabajar. La muerte de la información y, por tanto, de la democracia.