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FUENTE: EFE

La ventaja de contar con unas bases políticas tan superficiales como las de nuestro tiempo es que no es demasiado difícil ir a las motivaciones últimas de lo que está pasando y seguiremos viendo en los próximos meses con un alto grado de probabilidad.

En términos de estrategia, se trata de construir una coyuntura política y social basada en colocar al Gobierno y sus socios de legislatura como los garantes de una estabilidad precaria bajo la percepción de ser un “escudo protector” hasta diciembre de 2023. De esta manera, aquellas partes de la sociedad con más motivos para rebelarse mostrando su descontento no tengan suficiente fuerza y apoyo para movilizarse, mientras que se amplía el espectro social al que el Gobierno le genera la expectativa de que le está ayudando sin que haya ayuda real alguna.

Lo más importante no es ayudar con medidas eficaces ante los problemas socioeconómicos de los ciudadanos, sino hacerles creer que se les está dando un soporte que en realidad no existepara los que más lo necesitan. No hay más que ver qué ha sucedido con una medida como es el ingreso mínimo vital. Con un balance decepcionante (al cierre de 2021 apenas alcanzó al 40% de los beneficiarios según la AiREF), es un buen ejemplo no sólo del tipo de políticas que se aplican sino también del fin último que se persigue con ello.

Generar de forma permanente expectativas de que el Ejecutivo va a ayudar a quien lo necesite es una buena estrategia para minimizar la crítica hacia la labor de Gobierno, con independencia de su color político y administración (nacional, autonómica o local). Se aplica una máxima eficaz como es ‘no morder la mano del que te da de comer’, aunque en la realidad no te dé. Es la doctrina que se sigue desde el verano de 2020 con los ya archi-conocidos ‘fondos europeos‘. Se sabe que hay alguien que los percibe, pero muy pocos lo han visto de cerca o conocen casos de perceptores cercanos que sirvan para mantener la expectativa de participación en las inversiones millonarias hasta ahora planificadas. No hay más que ver la ejecución a principios de junio, por ejemplo, del que iba a ser el proyecto estrella: el vehículo eléctrico.

Obviamente, este juego de crear expectativas continuamente tiene fecha de caducidad. Pero es la suficiente como para mantener un año más el actual Gobierno, y un año menos para recomponer un tejido productivo profundamente desgastado y con unas perspectivas poco favorables en los próximos meses. Hay algunos indicadores que reflejan los problemas de fondo como las encuestas donde puede verse el cambio de fondo que se está produciendo en la intención de voto a menos de un año de las Elecciones locales y regionales. Sin embargo, no existe un mecanismo suficientemente engrasado que permita acelerar el fin de una legislatura más que agotada.

El Gobierno Sánchez-Díaz tomó hace ya tiempo la decisión inquebrantable de invertir todos los recursos públicos necesarios que les permita sobrevivir sin buscar acuerdos entre los grandes partidos, y que sirva para defenderse y contraatacar ante los escándalos, contradicciones y malas decisiones diarias. Ésta es, en definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos meses hasta el final de la Legislatura.

FUENTE: EUROPA PRESS

En la rueda de prensa del 15 de julio, José María Múgica recordó las palabras del Rey Felipe VI en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, el pasado 10 de julio. Para Múgica, estas palabras del Rey son perfectas y a la vez “incompatibles” con la reciente Ley de Memoria Democrática apoyada gracias a los votos que en su momento ayudaron al terrorismo. Una norma “sencillamente inconcebible que nace con tan infame apoyo, de los que jamás condenaron el terrorismo”, expresó. Este hecho resulta un “colmo”, ya que se investiga la democracia, con la Constitución aprobada y votada por la mayoría de los españoles, “poniendo en jaque el relato de la Transición” con aquellos condenados por la justicia por terrorismo y que se encuentran en la cúpula de EH Bildu.

“No hacía falta una Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, en la que ni una sola palabra se refiere al terrorismo. Qué tipo de memoria se pretende de la historia de España, en la que el terrorismo no figura. Sin esa ley todo estaba ya en la Transición, momento de reconciliación de los españoles; como estaba en la Constitución de 1978, viga maestra de nuestra unidad y de nuestra concordia”, recordó Múgica.

Esta norma no tiene el respaldo de los españoles ni la unidad de los partidos, como si tuvo la carta magna y por eso, si se mira esa Ley, “produce una profunda amargura que esté suscrita por los legatarios del terrorismo”. Esto hace que la norma sea imposible de considerarse como “positiva” y, con ella, “asistiremos a un retroceso” en nuestra sociedad, “pues es imposible avanzar en una convivencia con valores compartidos en esas condiciones”, sentencia José María Múgica.

Casi un mes después de la aprobación de esta ley, podemos observar los preparativos de los socios parlamentarios para seguir obteniendo concesiones por parte del Gobierno. No haber pactado la norma, ni siquiera negociarla en parte con el principal partido de la oposición, es un error que tiene costes importantes a medio y largo plazo. Por lo pronto, supone hundir más en el ‘círculo vicioso’ de los apoyos parlamentarios al actual Gobierno, el cual se verá obligado a seguir cediendo en pro de su estabilidad y durabilidad.

Pero llegará en breve un momento particularmente delicado como es la pretensión de los grupos extremos de acceder a la información sensible que el Estado guarda desde hace décadas para usarla en beneficio del ideario centrífugo que da más de 50 diputados a la actual coalición. En ese momento, se verá si los secretos son tan fácilmente revelables como se prometía en los debates de la ley (se plantea incluso alargar hasta en 50 años la revelación de cierta información) o si todo este movimiento se queda en agua de borrajas, pero habiendo repartido por el camino unos cuantos millones de euros que benefician a grupos políticos y sociales que se comportan como ‘buscadores de rentas’.

En los anteproyectos de Ley de Memoria Democrática circulados en los últimos dos años se establecía un presupuesto de 11 millones de euros para la ‘reparación, restitución de bienes y otras acciones’. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada en julio sin una memoria económica, lo cual deja un enorme margen discrecional al Gobierno para establecer partidas presupuestarias con difícil auditoría (la ley establece que en el plazo de un año se realice la auditoría de todos los bienes y valoración de los daños).

Aparte de esto, hay partidas económicas aún sin cuantificar pero que tienen nombre y apellidos. Es el caso del PNV que será el principal y casi único beneficiario de la Disposición Adicional Novena; los grupos que representan a la etnia gitana a través de la Adicional Duodécima o los Gobiernos vasco, navarro y catalán en las sucesivas Adicionales Decimoséptima y Decimoctava y Final Sexta, respectivamente.