Un ejercicio de sinceridad ante la reforma del delito de sedición

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes en el Congreso para reformar el delito de sedición supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años.

FUENTE: EFE

De las muchas razones por las que debemos defender que las reformas sobre la legislación penal que afectan a personas que en este momento están imputadas, enjuiciadas o condenadas por aquello que se está reformando no deberían llevarse a cabo, existe una particularmente relevante como es la relación causal que puede establecerse entre el que emprende la reforma y el beneficiado por ella. Lo que de manera muy clara se rechaza cuando una o varias empresas influyen en el regulador para que cambie una normativa determinada en favor suyo, ¿por qué no existe un rechazo generalizado de la reforma del delito de sedición cuando es una decisión que pone en ventaja a unos pocos atendiendo a sus circunstancias particulares frente a la gran mayoría social?

Un ejercicio básico de ecuanimidad del poder debería ser estudiar a quién beneficia y perjudica cada medida que se toma. La reforma del delito de sedición, aun envuelta en la homologación del tipo penal con la media europea, se lleva a cabo en un momento en el que beneficiará directamente a encausados por la Justicia y, lo que es peor, fugados del país. Éste es un hecho incontestable que debe aparecer siempre al lado de otras justificaciones que quieran darse, pero en ningún momento se puede hurtar a la sociedad española de una información tan relevante como ésta.

Éste es, fundamentalmente, el ejercicio de sinceridad que ni el Gobierno de coalición ni sus apoyos parlamentarios han hecho ni tienen voluntad de hacer, al menos hasta la fecha. Si lo hicieran, darían la oportunidad a la sociedad española de valorar si están dispuestos a pagar un precio como éste para seguir contando con los escaños necesarios en las Cortes para acabar la Legislatura. La última ocasión en que ocurrió algo de estas características fue cuando se anunció la «mesa de diálogo», momento en que la presión política y social provocó una sinceridad a medias traducida en un coste político elevado que llevó a convocar nuevas Elecciones.

Por tanto, es necesario revelar qué hay en el fondo de esta decisión y cuáles son los riesgos que entraña para la defensa constitucional. El tribunal enjuiciador del golpe separatista de 2017 ya hizo un ejercicio de «construir convivencia» al calificar como sedición unos hechos susceptibles de haber sido tipificados como rebelión. Ahora, una vez que se reduce el delito de sedición y se mantiene el de rebelión, dejando un espacio muy importante vacío en medio, existe el riesgo de que, ante otra intentona separatista, sea muy difícil condenar por el máximo posible en democracia.  

Conviene hacer un somero repaso de qué significa esta reforma y cómo se constituye en un beneficio tangible para personas actualmente encausadas o condenadas:

Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. En este tiempo ha habido reformas de esa ley orgánica, sin llegar a tocar el delito de sedición.

¿Qué dice el Código Penal?

El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal.

Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen «pública y tumultuariamente» para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.

El procés y otros juicios

El 14 octubre de 2019 el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes del procés sometidos a juicio.

La pena mayor, de trece años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Antes de esa condena se habían abierto procedimientos por sedición contra algunos ayuntamientos por promover y aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento catalán o incluso contra ediles, pero acabaron archivadas por la ausencia de protestas tumultuarias y de llamamientos a los ciudadanos a sumarse a esos actos.

También fueron juzgados por sedición y coacciones los controladores de Palma por el caos aéreo que se generó en varios aeropuertos en 2010, pero fueron condenados únicamente por abandono de servicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos.

La promesa

En enero de 2020 el Gobierno anunció que afrontaba con «amplitud de miras» la revisión del Código Penal para ajustarlo a la «realidad» y a la «actualidad» en delitos como el de sedición, una promesa que generó un aluvión de críticas desde la oposición, que pensó que esa promesa suponía un indulto encubierto.

En las semanas y meses siguiente el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encargó de defender la reforma de un delito que, alegaba, había sido introducido en el Código Penal en el año 1822, que ya no respondía a la realidad vigente y que, además, estaba castigado con penas «inusitadamente altas», si se comparaba con legislaciones de países del entorno.

Pero nunca se hizo público un anteproyecto o un borrador de la reforma.

El 22 de junio de 2021 el Gobierno concedió finalmente un indulto parcial a los condenados por «razones de utilidad pública», según anunció el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional.

Se les conmutaba las penas pendientes de prisión, pero se mantenían las de inhabilitación, es decir, que no pueden ejercer cargos públicos mientras dure la pena.

Cómo afecta la reforma a condenados y huídos

Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del procés condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.

Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.

No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.

Objetividad constitucional frente a la reescritura la Historia y la subjetividad de la memoria

El Club de Opinión La España que Reúne, denuncia los hechos ocurridos entre el Gobierno y la formación de la extrema izquierda vasca EH Bildu, herederos políticos del grupo terrorista ETA, tras extender el rango de actuación de la Ley de Memoria Democrática desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1983.

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El presidente del Gobierno ha aceptado así el “relato de la transición de Bildu”, como lo ha calificado el diario El Mundo, dejando que se investigue el “postfranquismo”, como lo llaman los sucesores de HB.

Un hecho tan grave como este, pasar por encima del marco constitucional vigente con una «ley especial» que nace sin el consenso de la gran mayoría de la Cámara, no puede pasar desapercibido para la sociedad española. Extendiendo el rango de la ley lo que ha provocado el Gobierno es un cisma en el consenso que engloba la Constitución sin la menor seguridad jurídica y sin el más mínimo consenso constitucional.

El Gobierno y el PSOE, partido fundamental para el desarrollo democrático de España en la Transición, no deberían pagar semejante peaje por seguir aprobando leyes sobre las que existe un rotundo rechazo de la ciudadanía. Siendo muy loable el trabajo sobre las víctimas del franquismo, no hay pago posible de este calibre para sacar adelante esta Ley.

En abril de este año, el Parlamento europeo pidió investigar los crímenes no resueltos de ETA con el rechazo del PSOE, que terminó rectificando, mientras que en este caso ha dejado la puerta abierta al brazo político de ETA para que investigue las actuaciones del Gobierno contra la banda terrorista.

Para el Gobierno y sus socios parlamentarios, la Ley de Memoria Democrática es una pieza más de su estrategia. Pero el revisionismo histórico de Sánchez no cura las heridas del pasado, solo las abre un poco más aprobando algo que los españoles no quieren, dañando la Transición y la Carta Magna.

El revisionismo de la Historia no nos hace aprender u olvidar, nos hace más daño. Así como no estamos orgullosos de las prácticas que se pudieron hacer por parte del terrorismo de Estado, tampoco lo estamos ante la humillación de Bildu a los españoles con la aprobación de esta medida.

Mientras los etarras no pueden olvidar el GAL, nosotros no olvidamos a personas como Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen 25 años, ni de muchos otros asesinados por la banda terrorista. Estos hechos no los va a investigar Sánchez, más preocupado por sus amistades peligrosas que por la política de grandes miras, que demostró saber hacer durante la reunión de la OTAN.

Decisiones como estas nos dividen más cada día y son estos actores envenenados los que están evitando que en España lleguen buenos tiempos, tiempos de consenso y de unión que no se pueden alcanzar con políticas como estas. Remover el pasado no cura heridas, las abre. Debemos abogar por la Historia sobre la memoria para evolucionar como sociedad. El pasado no lo puede cambiar nadie, debemos trabajar por mejorar nuestro presente y futuro.

Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

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De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Cataluña se esconde tras la mentira presupuestaria

La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: EFE

El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.

La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.

Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.

La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.

El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.

Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.

Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.

Homenajes contra la libertad. Joseba Arregi y Mikel Azurmendi in memoriam

Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra. 

Fuente:EFE

En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.

Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la «identidad densa y absoluta» de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy «ser autóctono» sea «saber negociar con el miedo».

En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos.