Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

FUENTE: EFE

De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Cataluña se esconde tras la mentira presupuestaria

La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: EFE

El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.

La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.

Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.

La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.

El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.

Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.

Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.

Homenajes contra la libertad. Joseba Arregi y Mikel Azurmendi in memoriam

Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra. 

Fuente:EFE

En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.

Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la «identidad densa y absoluta» de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy «ser autóctono» sea «saber negociar con el miedo».

En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos.