El choque inédito en el Tribunal de Cuentas no gira sólo sobre pensiones o contabilidad pública. Lo que empieza a emerger es algo mucho más serio: la transformación de los fondos europeos —concebidos para modernizar la economía— en una herramienta para sostener gasto corriente, maquillar tensiones presupuestarias y ganar tiempo político.
FUENTE: EFE
La noticia de esta semana no está en un juzgado, ni en un pleno bronco del Congreso, ni siquiera en la guerra diaria de titulares que acompaña a esta legislatura. Está en un edificio mucho más silencioso y mucho más importante: el Tribunal de Cuentas.
Allí se ha producido algo que rara vez ocurre y que, precisamente por eso, merece atención. La aprobación de la Cuenta General del Estado de 2024 —el gran examen anual de las finanzas públicas— ha provocado una fractura interna sin precedentes. Votos concurrentes críticos. Un voto particular en contra. Consejeros denunciando deterioro institucional y uso irregular de fondos europeos para cubrir gasto ordinario, incluido el sistema de pensiones. Algo prácticamente desconocido en la historia reciente del órgano fiscalizador.
No estamos ante una discusión técnica entre contables del Estado. Estamos ante una pregunta mucho más incómoda: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno con el dinero europeo?
El dinero que debía transformar el país
Los fondos Next Generation no nacieron para cuadrar la caja del mes. No fueron concebidos para aliviar tensiones de tesorería ni para cubrir agujeros estructurales del gasto público. Su filosofía era otra: digitalización, transición energética, productividad, innovación, infraestructuras críticas, modernización administrativa. En otras palabras: futuro.
Europa no diseñó el mayor programa de transferencias de su historia para que los gobiernos nacionales sobrevivieran políticamente unos años más. Lo diseñó para evitar que el continente saliera de la pandemia más pobre, más dependiente y menos competitivo.
España ha recibido más de 55.000 millones en transferencias directas, además de miles de millones adicionales en préstamos. Una cifra histórica. Un volumen de recursos que, bien utilizado, podía cambiar estructuras enteras de nuestra economía.
La sospecha que ahora emerge es que parte de ese dinero ha servido, mientras no estaba adjudicado, para otra cosa mucho menos épica: taponar vías de agua del Estado.
Del plan de transformación al parche presupuestario
No hay nada más tentador para un gobierno con problemas fiscales que una gran bolsa de liquidez disponible. Y no hay nada más peligroso que empezar a verla como caja de resistencia.
Eso es exactamente lo que subyace en la polémica actual. Según los consejeros críticos del Tribunal, fondos europeos pendientes de asignación habrían terminado integrados en la cuenta única del Tesoro, permitiendo aliviar otras necesidades inmediatas del Estado, entre ellas complementar el pago de pensiones y otras obligaciones corrientes.
Puede que jurídicamente se discuta el encaje. Puede que Hacienda alegue flexibilidad financiera. Puede que se argumente que esos fondos acabarán ejecutándose en destino. Todo eso puede discutirse.
Lo que políticamente resulta mucho más difícil de esconder es el mensaje que transmite: Bruselas financia inversión, Madrid gana oxígeno.
Gobernar sin presupuestos tiene un precio
Hay un dato que atraviesa toda esta discusión y que explica buena parte del deterioro actual: España lleva años gestionando el Estado sin nuevos Presupuestos Generales.
Y gobernar sin presupuestos no elimina las necesidades del Estado. Sólo obliga a buscar ingeniería financiera para sostenerlas.
Transferencias internas, ampliaciones de crédito, deuda creciente, cláusulas de escape, anticipos europeos, reprogramaciones. El lenguaje técnico es sofisticado. El problema político es muy básico: cuando desaparece la disciplina presupuestaria, aparece la tentación de utilizar cualquier recurso disponible como colchón.
Lo extraordinario deja de ser excepcional. Y lo temporal empieza a comportarse como estructural.
Europa no paga para eso
Aquí está la cuestión de fondo. Europa puede tolerar retrasos administrativos. Puede asumir que algunos proyectos ejecuten peor. Puede incluso convivir con cierta burocracia nacional.
Lo que no puede aceptar indefinidamente es que fondos creados para reformar economías terminen siendo percibidos como combustible para sostener gasto político ordinario. Porque entonces ya no hablamos de ejecución deficiente.
Hablamos de desnaturalización y eso tiene consecuencias: en credibilidad exterior, en confianza institucional, en futuras negociaciones presupuestarias y en la posición de España dentro de la propia Unión.
No es casualidad que el propio Tribunal de Cuentas haya venido reclamando en sus últimos informes más control, más trazabilidad y más planificación en la gestión de fondos europeos.
Cuando los órganos de control empiezan a elevar el tono, normalmente es porque el problema dejó de ser anecdótico.
El deterioro siempre empieza así
Las democracias no suelen romperse con una gran decisión dramática. Se erosionan con pequeños desplazamientos de frontera.
Un decreto que sustituye al Parlamento. Un presupuesto que nunca llega. Una deuda que se esconde bajo lenguaje técnico. Un fondo extraordinario que termina cubriendo necesidades ordinarias.
Y un día el país descubre que aquello que se presentó como una excepción se ha convertido en método. Los fondos europeos llegaron para financiar el futuro. Si acaban sosteniendo el presente, el problema ya no será contable.
Será político. Y mucho más caro.