Cuando un partido histórico renuncia a corregirse y decide acompañar la deriva
FUENTE: EFE
Si en otros sistemas democráticos la responsabilidad política actúa como mecanismo de corrección, en España ha sido abolida de facto. No por una ley, sino por una práctica. Y cuando esa renuncia deja de ser individual y pasa a ser colectiva, el problema ya no es un dirigente concreto, sino el partido que lo sostiene.
Las recientes declaraciones de Felipe González tras los resultados electorales en Aragón se han utilizado como cortina de humo. Como la crisis es profunda, el partido ha recurrido a viejos reflejos: personalizar, desviar, buscar culpables alternativos. Se ha sacado a escena al siempre dispuesto Óscar López para señalar al difunto Lambán y evitar mirar el fondo del problema.
Pero el fondo es evidente. En Aragón ha ocurrido lo mismo que en Extremadura, solo que de forma más agravada. La candidata no era una figura autónoma ni territorial: era la representación casi literal del jefe. El resultado no es un castigo personal, sino político. Y lo mismo ocurrirá en Castilla y León. Y será aún peor en Andalucía.
Si el problema fuera solo Sánchez, la solución sería relativamente sencilla. Cambiar de candidato, corregir el rumbo, reconstruir. Pero el problema ya no es de personas. Es de proyecto. El PSOE ha tomado decisiones estructurales que lo han alejado de sus principios históricos y de cualquier noción progresista compatible con el Estado constitucional.
El PSOE ha aprobado una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad ante la ley a cambio de unos votos. Ha aceptado una financiación autonómica que consagra comunidades de primera y de segunda, ciudadanos privilegiados y ciudadanos condenados al furgón de cola. Todo ello sin una sola dimisión relevante, sin una asunción de costes políticos, sin un solo gesto de responsabilidad institucional.
Ha paralizado de facto la política de inmigración para satisfacer a los independentistas. Ha asumido, parcial pero definitivamente, un marco autonómico de relaciones laborales que rompe la unidad de la clase trabajadora y fortalece al nacionalismo vasco, incluido el sindicato heredero del entorno del terrorismo. Ha aceptado, en suma, el desguace del Estado en parcelas negociables.
Todo ello no es coyuntural. No es un error táctico. Es una deriva. Por eso ya no basta con cambiar nombres ni con apelar a la nostalgia del pasado. Sin una refundación profunda, general y dolorosa, el PSOE ha dejado de ser un partido útil para España. Ha dejado de ser progresista para convertirse en reaccionario. Y ha pasado de defender el interés general a servir, con disciplina y silencio, a quienes tienen como objetivo debilitarlo.
Cuando Willy Brandt dimitió, protegió a su país de algo peor que un error: la normalización de la irresponsabilidad. Hoy, el PSOE ha optado por el camino contrario. No corrige, no responde y no se interroga. Acompaña. Y cuando un partido histórico deja de exigirse responsabilidad a sí mismo, deja de ser una solución y pasa a ser parte del problema.
El problema ya no es Sánchez. El problema es que el partido ha decidido acompañarlo.
Las elecciones presidenciales portuguesas dejan menos ruido que advertencias, pero su lectura resulta incómodamente cercana para la política española
FUENTE: EFE
Portugal ha votado presidente y, como casi siempre que ocurre algo relevante al otro lado de la frontera, en España apenas se ha prestado atención. Sin embargo, el resultado merece algo más que una nota a pie de página. No por lo que dice de Portugal, sino por lo que anticipa sobre un ciclo político que España ya ha empezado a recorrer.
La elección presidencial portuguesa confirma una tendencia que se repite en toda Europa occidental: el agotamiento de los consensos tradicionales, la fragmentación del espacio político y la creciente dificultad de las fuerzas clásicas para representar mayorías sociales estables. La figura presidencial, en teoría moderadora y arbitral, se convierte así en un termómetro del malestar y no en su corrector.
El fin del refugio institucional
Durante años, Portugal fue presentada como una excepción. Un país capaz de gestionar crisis económicas durísimas sin caer en la radicalización extrema, con una izquierda que pactaba sin romper y una derecha contenida, casi técnica. Esa imagen empieza a resquebrajarse. Las presidenciales muestran que ni siquiera las instituciones diseñadas para amortiguar el conflicto están a salvo del desgaste político y social.
El voto expresa algo más profundo que una preferencia personal: revela desconfianza hacia las élites, fatiga con el lenguaje político tradicional y una creciente tentación de castigo al sistema. No es un fenómeno portugués. Es europeo. Y España no solo no es ajena: va por delante en muchos de esos procesos.
La normalización de los extremos
Uno de los datos más relevantes es la consolidación de fuerzas que hace una década eran marginales. En Portugal, como en España, el descontento no se canaliza ya únicamente hacia la abstención, sino hacia opciones que cuestionan directamente los consensos básicos del sistema. No siempre con un proyecto claro, pero sí con un discurso eficaz: ruptura, denuncia y simplificación.
La diferencia es que Portugal aún conserva ciertos reflejos institucionales que España ha ido perdiendo. Allí, el presidente sigue siendo una figura que, al menos formalmente, intenta preservar equilibrios. Aquí, la jefatura del Ejecutivo se ha convertido en el principal factor de polarización, colonizando todos los espacios y reduciendo los contrapesos a obstáculos.
Gobernar sin mayoría social
Las presidenciales portuguesas ponen sobre la mesa un problema común: se gobierna —o se aspira a gobernar— sin una mayoría social clara. Las victorias son cada vez más estrechas, más frágiles y más dependientes de alianzas defensivas. Eso debilita la legitimidad política y empuja a los gobiernos a refugiarse en el control del relato, la ocupación institucional y la excepcionalidad permanente.
España conoce bien ese camino. Cuando un sistema deja de producir mayorías reconocibles, la tentación es sustituir el consenso por el procedimiento, la política por la aritmética y la responsabilidad por el cálculo. Portugal empieza a ver los síntomas. España ya convive con ellos.
La lección que no queremos aprender
Lo interesante del caso portugués no es quién gana o pierde, sino lo que todavía no ha ocurrido. Aún no se ha cruzado la línea de la ruptura institucional abierta. Aún no se ha normalizado la deslegitimación sistemática del adversario. Aún no se ha convertido el Estado en un botín repartido sin pudor. Pero las señales están ahí.
España debería mirar a Portugal no con condescendencia, sino con atención. Porque lo que allí empieza a tensarse, aquí ya está en fase avanzada. Y porque cuando las presidenciales dejan de ser un espacio de consenso y se convierten en un campo de batalla simbólico, lo que se erosiona no es una figura concreta, sino la confianza en el sistema.
Portugal vota. España mira hacia otro lado. Pero el espejo está ahí. Y no devuelve una imagen tranquilizadora.
Aragón confirma que el deterioro político no siempre se expresa con estruendo: a veces avanza envuelto en obediencia, resignación y silencio
FUENTE: EFE
El Partido Popular no ha logrado su objetivo principal en Aragón: un gobierno monocolor y estable. Con 26 diputados, dos menos de lo necesario, se ve obligado a pactar en un escenario fragmentado que refleja algo más profundo que un simple ajuste electoral. El PP gana, pero no gobierna como quería. Y haría bien en preguntarse por qué, incluso cuando vence, no logra trascender unas siglas que hoy parecen insuficientes para articular una alternativa sólida en un sistema agotado.
Porque el problema ya no es solo Aragón. Hoy, el llamado sistema del 78 depende más que nunca de un pueblo concreto y de un partido concreto. No de consensos amplios, no de una cultura constitucional compartida, sino de equilibrios frágiles sostenidos por minorías que han aprendido a convertir su posición en palanca de poder permanente. Esa es la gran anomalía de nuestro tiempo político.
El silencio después de cada cesión
Tras los indultos a los responsables del golpe de 2017 hubo silencio. Tras la peregrinación política de Pedro Sánchez a Waterloo, silencio. Después llegó la ley de amnistía, aprobada haciendo corresponsables al Congreso, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado. Y, de nuevo, silencio. Antes y después, Sánchez había firmado pactos con el PNV, ERC y con el propio Puigdemont que arrojaban a la papelera no solo la historia de España, sino también la del PSOE, sus principios fundacionales y las creencias más arraigadas de quienes todavía se reconocían en ese proyecto.
Nada de aquello generó una reacción proporcional a su gravedad. No hubo rebelión interna, ni ruptura, ni un debate político de altura. Hubo disciplina, cálculo y miedo. Todo envuelto en un silencio espeso, casi avergonzado, que acabó funcionando como coartada colectiva.
El pacto que no se enseña
El acuerdo con Bildu ni siquiera se ha explicitado públicamente. Pero su contenido es conocido. Por ese pacto, tan secreto como ignominioso, los terroristas irán abandonando las cárceles sin cumplir íntegramente sus condenas, y los herederos políticos de ETA unirán sus fuerzas al PSOE de Sánchez para impedir que el centro-derecha gobierne Pamplona o Navarra. No es una hipótesis: es una estrategia.
Y, sin embargo, tampoco aquí hubo una reacción acorde a la magnitud del hecho. Ni dimisiones, ni ruptura de consensos básicos, ni una línea roja que no se cruzara. Solo silencio. Un silencio que ya no es pasividad, sino complicidad.
La demolición discreta
La cesión de competencias de inmigración a Cataluña, el marco autonómico de relaciones laborales entregado al PNV —rompiendo la unidad de la clase trabajadora que dicen defender—, y la erosión constante de los pilares constitucionales avanzan del mismo modo: sin ruido, sin debate público, sin una explicación honesta al país.
Sabemos que lo siguiente será poner formalmente en cuestión el marco del 78. Y también sabemos cómo se hará: en silencio. Como todo lo demás. Mientras una inmensa mayoría de dirigentes calla, mira hacia otro lado o se justifica con argumentos que no convencen ni a quienes los pronuncian.
De Extremadura a Aragón: la derrota muda
En Extremadura, desastre electoral y silencio. En Aragón, debacle y silencio. El patrón se repite. El propietario sigue con el látigo en la finca y la nomenclatura obedece, convencida de que la supervivencia individual es preferible al riesgo de la dignidad política.
De Extremadura a las elecciones generales, el PSOE de Sánchez se irá desangrando lentamente, sin estridencias, sin autocrítica y sin rectificación. Un vía crucis político recorrido en silencio, estación tras estación, hasta el desenlace final. Sólo con un mínimo ruido muy puntual como las terribles declaraciones del ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, derivando la responsabilidad hacia el fallecido Javier Lambán.
¿Se hará todo el camino sin levantar la voz? Todo indica que sí. Porque en este tiempo, el silencio no es ausencia de palabras: es una forma de poder.
Los disturbios y la respuesta de Trump revelan algo más inquietante que un exceso retórico: la tentación de gobernar el conflicto como método y la excepción como norma
FUENTE: EFE
Los disturbios de Minneapolis no son solo un episodio de violencia urbana ni una expresión desbordada de protesta social. Son, sobre todo, el escenario elegido por Donald Trump para ensayar una deriva autoritaria que ya no se disfraza de retórica electoral, sino que se presenta como una forma legítima de ejercer el poder. Cuando un presidente convierte el desorden en argumento político y la fuerza en lenguaje, deja de gestionar una crisis y empieza a explotar una oportunidad.
Trump no busca apagar el incendio: necesita que arda. Necesita imágenes de caos, enfrentamientos, saqueos y miedo para justificar un discurso que reduce la complejidad democrática a una dicotomía infantil: él o el colapso. La ley y el orden no aparecen como principios constitucionales, sino como armas arrojadizas contra el adversario político y, en última instancia, contra una parte de la ciudadanía.
La militarización del relato
La reacción del expresidente ante Minneapolis no fue la de un jefe de Estado preocupado por recomponer la convivencia, sino la de un caudillo dispuesto a demostrar autoridad. Amenazas de despliegue militar, retórica bélica, deslegitimación sistemática de gobernadores y alcaldes, y una narrativa que presenta a los manifestantes —con independencia de su conducta— como enemigos internos.
No es casual. El autoritarismo contemporáneo no siempre empieza con tanques en la calle; empieza con palabras. Con la normalización de la excepcionalidad. Con la idea de que, ante determinadas circunstancias, los contrapesos sobran, los procedimientos estorban y los derechos son negociables. Minneapolis sirve así como laboratorio discursivo: si el miedo funciona, se amplifica; si la tensión moviliza, se estira.
El conflicto como combustible político
Trump entiende algo esencial de la política contemporánea: el conflicto moviliza más que la gestión. Por eso no hay intento serio de desescalar, de distinguir entre protesta legítima y violencia criminal, de proteger derechos sin renunciar al orden público. Todo se mezcla deliberadamente en un mismo relato simplificado, emocional y agresivo.
El problema no es solo Trump. Es lo que legitima. Cuando desde la cúspide del poder se asume que la polarización es rentable, el sistema entero se ve arrastrado hacia una lógica de trincheras. La democracia deja de ser un espacio de mediación para convertirse en un campo de batalla simbólico donde ganar justifica casi cualquier medio.
Instituciones bajo presión
La deriva autoritaria no se mide solo por decisiones ejecutivas, sino por el desgaste progresivo de las instituciones. Minneapolis evidenció hasta qué punto Trump está dispuesto a tensionar el equilibrio federal, a desacreditar autoridades locales legítimas y a presentar cualquier límite a su actuación como una amenaza al país.
Ese es el salto cualitativo: no se trata de mano dura frente al delito, sino de la construcción de un liderazgo que se sitúa por encima de las reglas cuando estas no convienen. El presidente no como garante del sistema, sino como intérprete exclusivo de la voluntad popular. Todo lo demás —tribunales, prensa, gobiernos estatales— pasa a ser sospechoso.
La tentación americana
Durante décadas, Estados Unidos se presentó como un referente democrático precisamente por su capacidad de absorber el conflicto sin romperse. Minneapolis muestra lo contrario: que también allí existe la tentación de sacrificar pluralismo por control, derechos por eficacia, deliberación por espectáculo.
Trump no inventa el malestar, pero lo instrumentaliza. No crea la violencia, pero la utiliza. Y al hacerlo, cruza una línea peligrosa: la que separa gobernar en democracia de gobernar contra ella.
Cuando el remedio es peor que la enfermedad
El desorden es un problema. La violencia lo es aún más. Pero la respuesta autoritaria no los soluciona: los cronifica. Un poder que se alimenta del miedo acaba necesitándolo para sobrevivir. Y cuando eso ocurre, la excepción deja de ser provisional y se convierte en identidad política.
Minneapolis no es solo una ciudad en crisis. Es un aviso. Porque cuando un líder utiliza el caos para reforzarse, lo que está en juego no es el orden público, sino la salud misma de la democracia.
El Gobierno de Sánchez ha hecho de la huida permanente su forma de gobernar: cuando llega el fallo, siempre hay un culpable… excepto quien manda
FUENTE: EFE
Cuando llegó la hora de los adultos, estos no comparecieron. España está gobernada desde hace años por un grupo de adolescentes políticos cuyo único programa real es ‘estar’. No gobernar mejor, no asumir costes, no rendir cuentas: simplemente permanecer. Detentan —porque lo ostentan de forma cada vez más despótica— el poder apoyándose en una batería de herramientas retóricas y organizativas propias del populismo contemporáneo, suficientes para controlar el día a día de un país que se desliza, casi sin ruido, por una pendiente de degradación institucional.
Ese sistema funciona mientras nada se tuerce. Mientras el relato aguanta. Mientras los problemas pueden ser reinterpretados, desplazados o atribuidos a terceros. El problema surge cuando la realidad irrumpe con la fuerza de lo tangible: un tren que descarrila, una red eléctrica que falla, carreteras cada vez más inseguras, servicios públicos que se deterioran, infraestructuras envejecidas que ya no admiten parches. Ahí el discurso empieza a resquebrajarse.
El ventilador de la culpa
La ‘era Sánchez’ está jalonada de crisis gestionadas siempre del mismo modo: nadie en la cúspide asume responsabilidad política. Nunca. La respuesta sistemática es activar el ventilador de la culpa. Buscar un cargo intermedio, una empresa concesionaria, una comunidad autónoma, un gobierno anterior o una circunstancia imprevista. Todo vale con tal de que la responsabilidad no ascienda.
Este mecanismo ha funcionado en situaciones excepcionales. Pandemias, catástrofes naturales, episodios extremos permiten diluir responsabilidades porque el ciudadano medio, saturado de información y miedo, tiene dificultades para pensar en términos contrafactuales: qué decisiones se tomaron, cuáles no, qué se pudo hacer de otro modo. Siempre hay margen para la coartada.
Pero el problema para el Gobierno es que no todo es un cisne negro.
Cuando lo extraordinario es lo cotidiano
¿Qué ocurre cuando lo inesperado no es una pandemia, sino algo tan común como el deterioro del sistema ferroviario? ¿Qué sucede cuando los apagones, los accidentes o el colapso de servicios dejan de ser episodios aislados y se convierten en síntomas? Que ya no hace falta un ejercicio intelectual sofisticado. El ciudadano no necesita informes ni comisiones para entender lo evidente: si las infraestructuras fallan de forma recurrente, es porque no se mantienen, no se invierte y no se gestiona bien.
Aquí no hay relato que aguante. No hay ‘herencia recibida’ creíble tras más de seis años en el poder. No hay adversario al que culpar cuando los presupuestos han sido diseñados, aprobados y ejecutados por el mismo Gobierno que hoy busca responsables ajenos. Y no hay excusa cuando los avisos han sido constantes y las prioridades presupuestarias han ido por otro lado.
Propaganda, control y redes de poder
Durante años, el Ejecutivo ha confiado en que el control del relato sería suficiente. Uso intensivo de los medios a través del presupuesto público y su regulación en el BOE, colonización de organizaciones supuestamente civiles convertidas en grupos de presión, creación de realidades paralelas en ámbitos clave como el mercado laboral, la educación o las pensiones. A ello se suma una ambición de transformación social acelerada, no siempre respaldada por la capacidad real del Estado, y una negativa persistente a afrontar problemas estructurales como la inmigración ilegal o el déficit de vivienda.
Ese ecosistema se completa con redes de reparto de poder y dinero público que hoy ya no son una sospecha política, sino un objeto de investigación judicial. Todo ello ha servido para resistir. Para sobrevivir. Pero no para gobernar mejor.
El tren como metáfora
El problema de los trenes no es solo técnico. Es simbólico. Representa el punto en el que la irresponsabilidad política choca con la experiencia directa del ciudadano. Cuando alguien pierde horas, conexiones, seguridad o confianza, el discurso deja de importar. Y cuando además aparece —o aparece la sospecha— una correlación entre el deterioro del servicio público y el desvío de recursos, el daño ya no es solo material: es moral.
Por eso esta vez será más difícil escapar. Porque aquí no hay que imaginar escenarios alternativos. Basta con mirar alrededor.
Gobernar es responder
Asumir responsabilidades no es dimitir a la primera dificultad, pero tampoco es esconderse siempre detrás de otros. Gobernar implica responder, explicar, corregir y, llegado el caso, pagar un precio político. Lo que distingue a un Gobierno adulto de uno adolescente no es la ausencia de errores, sino la forma de enfrentarlos.
La irresponsabilidad permanente puede funcionar durante un tiempo. Pero cuando los fallos se acumulan y afectan a lo esencial, el castillo de naipes se viene abajo. Y entonces ya no basta con buscar culpables: alguien tiene que asumir que mandar también significa responder.
La reunión entre Sánchez y Feijóo sobre política exterior y Defensa obliga a recuperar algo que parecía olvidado: el diálogo de Estado en un momento de incertidumbre internacional extrema
FUENTE: EFE
El presidente del Gobierno ha llamado al líder de la oposición para hablar de política internacional y de Defensa después de años sin comunicación relevante entre ambos. Que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sienten a abordar estos asuntos se percibe hoy como una anomalía positiva, síntoma del grado de deterioro institucional alcanzado en los últimos años, cuando el diálogo estratégico entre las principales fuerzas políticas ha sido sustituido por la confrontación permanente.
Probablemente, esta iniciativa sea obligada después de haberse comprometido a participar en un eventual despliegue militar en Ucrania. No se trata de una cuestión menor ni coyuntural, sino de una decisión de enorme calado político, estratégico y moral. En un contexto internacional tan volátil, con una guerra en suelo europeo y con una arquitectura de seguridad en plena revisión, ningún presidente debería dar pasos de este tipo sin compartir información, objetivos y límites con la oposición.
Mayorías, no gestos
Esta iniciativa, como otras de gran calado, debería depender de una mayoría clara y explícita. Por eso resulta inevitable señalar lo que no ha ocurrido: ni convocatoria de elecciones ni propuesta de una moción de confianza que permita al Congreso pronunciarse de forma ordenada sobre la orientación general de la política exterior y de Defensa. Y, aun así, que los líderes nacionales dialoguen sobre estas materias es una buena noticia. España necesita acuerdos amplios que definan marcos generales de actuación, especialmente en ámbitos que no admiten improvisaciones ni cálculos a corto plazo.
Ahora bien, si la conversación se limita a apoyar una cuestión concreta, es obligado un acuerdo general sobre la materia. No se puede pedir respaldo puntual sin ofrecer una visión de conjunto. Más aún en un momento de cambios profundos, donde las certezas de hace apenas unos años han saltado por los aires y donde las decisiones que se tomen hoy condicionarán a varias generaciones.
Requeriría un acuerdo el eventual despliegue de tropas en Ucrania, país europeo amigo y socio, pero también la política de gasto en Defensa y el cumplimiento de las obligaciones asumidas con nuestros socios de la OTAN. Durante demasiado tiempo hemos pospuesto este debate como si fuera incómodo o secundario, cuando en realidad afecta directamente a nuestra credibilidad internacional y a nuestra propia seguridad. No se puede hablar de compromisos militares sin hablar de recursos, planificación y prioridades.
Europa, China y el flanco sur
Tampoco deberían olvidar la necesidad de una política europea común respecto a China, un actor central en el equilibrio global, ni el presidente puede eludir informar al líder de la oposición sobre el cambio de posición respecto a Marruecos. Ese giro, realizado sin consenso ni explicación suficiente, sigue siendo una de las decisiones más opacas y trascendentes de la política exterior reciente, y merece algo más que silencios o apelaciones genéricas al interés nacional.
Venezuela: sin eufemismos
No puede quedar fuera de la conversación el futuro próximo de Venezuela. Y aquí conviene ser claro. Venezuela solo puede avanzar si se produce la liberación de los presos políticos. No valen eufemismos ni fórmulas diplomáticas diseñadas para no molestar. Y después, elecciones libres, con garantías reales, tras un periodo de transición que se apoye en los resultados electorales de los últimos comicios de julio de 2024. Cualquier otra cosa es prolongar una ficción que solo beneficia a quienes se aferran al poder.
Ojalá esta reunión no sea un gesto aislado ni una necesidad táctica impuesta por las circunstancias. Ojalá marque el inicio de una forma distinta de abordar los grandes asuntos de Estado. Porque hay acontecimientos que parecían imposibles no porque lo fueran, sino porque durante demasiado tiempo se decidió que no eran necesarios. Y eso, en política exterior y en Defensa, siempre acaba teniendo un coste.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera certifica algo más grave que un desacuerdo técnico: el Gobierno intenta imponer un sistema hecho a medida de Cataluña y lo hace contra todos, incluso contra los suyos.
FUENTE: EFE
Lo ocurrido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue una negociación fallida, sino la constatación pública de un atraco político. El Gobierno llevó una propuesta de financiación autonómica que solo aceptó una comunidad: Cataluña. Todas las demás, sin excepción, la rechazaron. Cuando un sistema que afecta al corazón del Estado autonómico solo beneficia y convence a quien sostiene parlamentariamente al Ejecutivo, no estamos ante una reforma: estamos ante un pago.
No hay maquillaje técnico que oculte el hecho central. El Consejo no fracasó porque falten ajustes o más reuniones, sino porque el modelo nace viciado en su origen. No es un sistema pensado para garantizar igualdad, suficiencia o solidaridad, sino para cumplir un compromiso político previo con el independentismo catalán. El resto del país fue convocado no a decidir, sino a tragar.
Cataluña primero, los demás después
El Gobierno ha normalizado una lógica peligrosa: Cataluña negocia en bilateral, obtiene un trato singular y después se convoca al conjunto de las comunidades para ratificarlo. Eso no es federalismo ni cogobernanza; es jerarquía política. El mensaje implícito es demoledor: quien tenga capacidad de chantaje parlamentario tendrá financiación a la carta; quien no, que se conforme.
No estamos ante una discrepancia ideológica, sino ante una quiebra del principio de igualdad entre españoles. El sistema propuesto consagra que el acceso a recursos públicos no dependa de necesidades objetivas ni de criterios compartidos, sino del peso político de cada territorio en el Congreso. Eso no es descentralización: es mercadeo institucional.
Ni siquiera los socios compran el atraco
Lo más revelador del episodio es que el rechazo no procede solo de las comunidades gobernadas por la oposición. Ni siquiera dentro del propio Gobierno hay entusiasmo por este modelo. Desde Sumar se han marcado distancias evidentes con el trato preferencial a Cataluña, conscientes de que legitimar este esquema supone asumir un coste político y moral difícil de justificar.
Cuando una reforma estructural no cuenta con el respaldo territorial, no tiene consenso parlamentario amplio y genera incomodidad en el propio bloque gubernamental, el problema ya no es político: es de legitimidad. El Ejecutivo está dispuesto a tensar el sistema autonómico con tal de conservar el poder.
Cataluña, sola y beneficiada
Que Cataluña sea la única comunidad que avala el nuevo sistema no es un accidente; es la prueba del diseño. Es el único territorio para el que el modelo funciona porque es el único para el que el modelo ha sido pensado. Esa soledad no es injusticia histórica: es privilegio político.
El Gobierno pretende presentar esta situación como resistencia conservadora o falta de visión solidaria del resto. Es falso. Lo que rechazan las comunidades es convertirse en comparsas de un acuerdo que las perjudica y que consagra una desigualdad estructural permanente.
Cuando el Estado se gobierna a base de excepciones
La financiación autonómica necesita una reforma profunda, nadie lo discute. Lo que no necesita es convertirse en un instrumento de supervivencia parlamentaria. Gobernar a base de excepciones, singularidades y tratos preferenciales no fortalece el Estado: lo erosiona.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera no rechazó solo un modelo económico. Rechazó la idea de que España pueda sostenerse como un Estado donde uno cobra primero, cobra más y decide, y los demás pagan el precio del equilibrio político.
Esto no es diálogo territorial. Es un atraco con acta oficial. Y cuando el Gobierno decide que la igualdad es negociable, lo que está en juego no es la financiación autonómica, sino la propia arquitectura del Estado.
Ahora más que nunca reafirmamos nuestro compromiso por la libertad del pueblo venezolano y el fin del régimen chavista. Hoy más que nunca, libertad para ese pueblo orgulloso, valiente y sometido desde hace dos décadas a un régimen que usurpó el poder hace un año y medio y sobre el cual Estados Unidos ha desplegado su fuerza de ataque.
Es el momento para la democracia en Venezuela que ha luchado por ella con todas sus fuerzas. Apelar al Derecho Internacional cuando lo que había al frente del país era un régimen ilegítimo que ha usado la fuerza sin contemplaciones contra su pueblo vulnerando los derechos humanos básicos reconocidos en los tratados internacionales es, cuanto menos, un error y un intento de desenfocar la realidad. La prioridad es la restauración de la democracia arrebatada al pueblo venezolano en la época de Chávez y mantenida subyugada por una coalición de delincuencia internacional con Maduro, los hermanos Rodríguez o Cabello al mando.
Hoy expresamos nuestro deseo de que los más de 8 millones de venezolanos en el exilio -el mayor éxodo del siglo XXI- puedan volver a su país. Hoy más que nunca los venezolanos deben sentir todo el apoyo de los demócratas españoles verdaderos y no de los impostados que, muy probablemente, saldrán en los próximos días conforme se vea una transición pacífica.
Esperamos que, cuanto antes, los venezolanos puedan expresarse libremente, posibilidad negada por la dictadura, sus adláteres ideológicos y los que se han aprovechado de su la miseria para hacer negocios. Que se materialice la decisión de las urnas que hicieron presidente a Edmundo González Urrutia con más del 75% de los votos tal como refrendaron las actas auditadas y publicadas por los más prestigiosos observadores políticos internacionales como el Centro Carter; la vuelta de María Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz, símbolo moral y de prestigio de los demócratas venezolanos y la salida de agentes tóxicos como algunos expresidentes bien conocidos por todos nosotros y potencias extranjeras anti democráticas.
Cuando la cultura deja de ser política de Estado y se convierte en instrumento de supervivencia del poder
FUENTE: EFE
Hay una forma de gobernar que no consiste en administrar, sino en ocupar simbólicamente. No sólo se gobierna el presupuesto y el BOE. También el relato, el lenguaje, los espacios culturales y la proyección exterior. En la legislatura en curso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la política cultural y la acción exterior cultural en un campo de experimentación ideológica donde el objetivo no es fortalecer instituciones sino reordenar significados, repartir guiños identitarios y pagar peajes políticos con dinero, prestigio y credibilidad del Estado.
Nada de lo ocurrido es casual, ni tampoco aislado. Hay un hilo conductor claro: la cultura como moneda de cambio hasta el punto de entregar el Ministerio de Cultura a Sumar y como cortina de humo permanente. Este camino ya lo hemos visto durante años en las instituciones culturales catalanas, donde el prestigio e impacto de las principales instituciones de la cultura, historia y tradición catalanas ha acabado en el sumidero.
Empecemos por el Instituto Cervantes. Bajo la dirección de Luis García Montero, la principal institución de proyección cultural de España ha dejado de ser un instrumento de diplomacia lingüística para convertirse en un actor político con agenda propia. El enfrentamiento público con la Real Academia Española no es una anécdota personal ni una pelea de egos, sino el síntoma de algo más profundo: el intento de debilitar las instituciones normativas clásicas en favor de una visión ideologizada del idioma, menos centrada en la lengua común y más cómoda con la fragmentación simbólica que exige el discurso plurinacional. El daño no es inmediato, pero es corrosivo: cuando el Estado se pelea consigo mismo en el exterior, pierde autoridad.
El mismo patrón se repite en Casa Árabe. Lo que debería ser un centro estratégico de diplomacia cultural en una región clave se convirtió durante la dirección de Irene Lozano en un artefacto mal gestionado, financieramente frágil y políticamente irrelevante. No hablamos de errores administrativos, sino de una lógica de nombramientos basada en afinidades políticas y no en competencia profesional. El resultado: déficit estructural, pérdida de foco y descrédito institucional. Cuando la cultura se gestiona como premio de consolación para cargos del entorno presidencial, deja de cumplir su función exterior y pasa a ser un problema interno.
De Marca España a la nada
Ese modo de entender la acción exterior no fue una anomalía puntual, sino la prolongación de una forma de actuar ya ensayada con anterioridad. Hubo un tiempo en que España intentó articular, con mayor o menor fortuna, una política coherente de reputación internacional bajo el paraguas de Marca España. No era un proyecto perfecto, pero partía de una idea sensata: un país también se defiende fuera con estabilidad institucional, continuidad y una imagen reconocible. Todo eso saltó por los aires cuando el Gobierno decidió rebautizarlo como España Global, no para fortalecerlo, sino para vaciarlo de contenido y convertirlo en otro artefacto ideológico al servicio del momento político.
La dirección de Irene Lozano fue paradigmática de ese proceso. España Global dejó de ser una política de Estado para transformarse en un discurso defensivo, reactivo y cada vez más irrelevante, obsesionado con apagar fuegos internos y justificar al Gobierno en el exterior antes que en proyectar una imagen sólida del país. El desenlace fue previsible: pérdida de peso, confusión de objetivos y, finalmente, su práctica desaparición sin debate público ni evaluación alguna. No se sustituyó por nada mejor; simplemente se dejó morir. Como tantas otras iniciativas de esta legislatura, la proyección internacional de España pasó de ser una estrategia a convertirse en un estorbo, y cuando estorba, se elimina en silencio.
Pero donde la instrumentalización alcanza niveles casi caricaturescos es en la exportación internacional del debate territorial español. La obsesión del Gobierno por convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea no responde a una estrategia cultural realista, sino a una necesidad parlamentaria. Es política interna disfrazada de diplomacia. Se movilizan recursos, capital político y paciencia de socios europeos (con alguno de ellos con graves problemas de lenguas regionales que provocan movimientos nacionalistas) para una causa que no genera consenso fuera de España y que transmite una imagen inequívoca: un Estado más preocupado por satisfacer a sus socios internos que por actuar con seriedad en los foros internacionales.
Lo mismo ocurre con la propuesta de otorgar protagonismo directo a Cataluña y al País Vasco en organismos como la UNESCO. Más allá de la viabilidad técnica, el mensaje es claro y profundamente problemático: el Estado se ofrece como intermediario de su propia fragmentación. No se trata de promover cultura, sino de legitimar internacionalmente una narrativa política concreta. Se confunde descentralización con descomposición simbólica, cooperación cultural con representación cuasi estatal. El coste no es inmediato, pero el precedente es letal.
Institucionalización e instrumentalzación de la cultura
En paralelo, el Ministerio de Cultura, bajo Ernest Urtasun, ha optado por una estrategia aún más explícita: la resignificación permanente. Museos nacionales convertidos en espacios de reeducación ideológica, patrimonio histórico tratado como material sospechoso y una pulsión constante por revisar, reinterpretar y, llegado el caso, desmontar el relato cultural común. No se trata de actualizar museos —eso es necesario—, sino de someterlos a una lógica militante que entiende la historia como culpa y la cultura como campo de batalla. El riesgo no es solo intelectual, sino institucional: cuando los grandes museos pierden su función de conservación y estudio para convertirse en plataformas discursivas, dejan de ser fiables y empiezan a ser prescindibles.
A todo esto se suma un goteo constante de decisiones menores, pero significativas: políticas de subvención con criterios identitarios, premios culturales con sesgo ideológico evidente, acción exterior selectiva en América Latina según afinidades políticas y una constante tendencia a confundir pluralismo con alineamiento. La cultura deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un arsenal simbólico al servicio del poder.
La consecuencia de este modelo no es una cultura más rica ni una proyección exterior más fuerte, sino justo lo contrario: instituciones debilitadas, prestigio erosionado y una política cultural sin vocación de permanencia. Todo está pensado para resistir una legislatura, no para construir décadas.
Y aquí está la clave política: cuando el Gobierno pierde terreno electoral, cuando el relato económico se agota o cuando la aritmética parlamentaria se vuelve asfixiante, la cultura aparece como refugio. Se agitan banderas simbólicas, se reabren debates identitarios y se desplaza la atención hacia conflictos morales o históricos. No es casualidad. Es método.
La cultura debería ser una política de Estado nacida de un acuerdo intertemporal entre los dos partidos que concitan a más del 70% del respaldo electoral. Sin embargo, en esta legislatura, la cultura se ha convertido en una coartada. Y cuando un país utiliza su patrimonio, su lengua y su proyección exterior como moneda de cambio coyuntural, el precio no lo paga el Gobierno de turno, sino la Nación.
Tras la derrota del PSOE en Extremadura, la agenda pública gira de golpe: causas del PP reactivadas, condenas por corrupción y un freno judicial al caso que rodea a la mujer del presidente. La justicia debe actuar siempre, pero nunca convertirse en cortina de humo.
FUENTE: EFE
Hay días en los que la política española parece escrita con una coreografía demasiado precisa como para atribuirla al azar. Días en los que los acontecimientos no solo se suceden, sino que se ordenan, se encadenan y se refuerzan mutuamente con una eficacia narrativa que desarma cualquier explicación ingenua. El día después de la derrota socialista en Extremadura fue uno de ellos.
El resultado electoral fue claro, rotundo y difícil de maquillar. No se trató de un simple desgaste ni de un ajuste marginal, sino de un aviso serio que cuestiona el rumbo político del Gobierno y, sobre todo, la desconexión creciente entre el PSOE y una parte sustancial de su electorado tradicional. Apenas digerido el golpe, la conversación pública giró bruscamente de dirección. Ya no se hablaba de urnas, de errores estratégicos ni de responsabilidad política. Se hablaba de tribunales.
En cuestión de horas, la actualidad judicial tomó el mando del relato. Se anunció que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y figura emblemática de una etapa de poder hoy ampliamente cuestionada, será juzgado por presuntos delitos vinculados al Canal de Isabel II. Al mismo tiempo, se conocieron condenas firmes a varios exalcaldes madrileños por su implicación en la trama Púnica, una de las expresiones más descarnadas de la corrupción política de los últimos años. Y, casi en paralelo, un tribunal superior frenó la iniciativa del juez que pretendía investigar de forma masiva los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, marcando límites claros a la instrucción.
Todo el mismo día. Todo después de Extremadura.
Conviene insistir, para evitar lecturas interesadas, en una premisa básica: la justicia debe actuar siempre, sin atender a calendarios electorales ni a consecuencias políticas. Nadie sensato puede cuestionar el derecho —y el deber— de los tribunales a juzgar delitos, por antiguos que sean, ni a corregir excesos procesales cuando se producen. Pero tan importante como la independencia judicial es la honestidad del debate público que se construye alrededor de esas decisiones.
Porque una cosa es la actuación legítima de la justicia y otra muy distinta el uso político de sus tiempos, de sus resoluciones y de su impacto mediático. Y ahí es donde las coincidencias empiezan a resultar, como mínimo, incómodas.
Los casos del PP que resurgen no son nuevos. Llevan años transitando despachos, sumarios y aplazamientos. Las condenas de Púnica llegan más de una década después de destaparse la trama. El juicio a Ignacio González se anuncia cuando los hechos investigados pertenecen a otra época política. Nada de eso invalida su importancia, pero sí plantea una pregunta legítima: ¿por qué ahora ocupa todo el espacio?
La respuesta no está en los tribunales, sino en la política. Cuando un Gobierno sufre una derrota electoral clara y carece de un relato convincente para explicarla, la tentación de refugiarse en la corrupción ajena es casi automática. Es un mecanismo conocido: desplazar el foco, reactivar viejas sombras del adversario y reconstruir el marco moral desde el que presentarse como mal menor.
En ese contexto, la resolución que limita la investigación sobre el entorno familiar del presidente adquiere una dimensión simbólica inevitable. No porque pruebe nada —no lo hace— ni porque implique privilegios demostrables, sino porque refuerza el contraste. Severidad retrospectiva con los adversarios políticos; extrema cautela cuando la investigación roza al poder en ejercicio. La justicia puede ser impecable en ambos casos, pero la percepción pública no es un detalle menor en democracia.
El riesgo es evidente: convertir a los tribunales en un escenario más de la batalla política. No porque los jueces lo pretendan, sino porque los partidos aprenden a leer, amplificar y encuadrar cada decisión según convenga. Cuando eso ocurre, la justicia pierde centralidad como poder independiente y gana protagonismo como instrumento narrativo. Y ese es un terreno resbaladizo.
La derrota de Extremadura no se corrige recordando, una vez más, los pecados del pasado del PP. Tampoco se neutraliza blindando el presente frente a cualquier sospecha incómoda. Las urnas hablan de otra cosa: de fatiga, de desencanto y de una percepción creciente de que el poder se ha vuelto autorreferencial, más preocupado por sobrevivir que por gobernar.
Demasiadas coincidencias no prueban conspiraciones. Pero sí hacen desconfiar del relato. Y en una democracia madura, desconfiar del relato oficial no es atacar al Estado de derecho, sino ejercerlo. Porque la justicia debe ser siempre un pilar, nunca una cortina. Y la política, cuando pierde elecciones, debería mirarse primero en el espejo antes de señalar al archivo judicial del adversario.
