La cultura como coartada

Hay una forma de gobernar que no consiste en administrar, sino en ocupar simbólicamente. No sólo se gobierna el presupuesto y el BOE. También el relato, el lenguaje, los espacios culturales y la proyección exterior. En la legislatura en curso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la política cultural y la acción exterior cultural en un campo de experimentación ideológica donde el objetivo no es fortalecer instituciones sino reordenar significados, repartir guiños identitarios y pagar peajes políticos con dinero, prestigio y credibilidad del Estado.

Nada de lo ocurrido es casual, ni tampoco aislado. Hay un hilo conductor claro: la cultura como moneda de cambio hasta el punto de entregar el Ministerio de Cultura a Sumar y como cortina de humo permanente. Este camino ya lo hemos visto durante años en las instituciones culturales catalanas, donde el prestigio e impacto de las principales instituciones de la cultura, historia y tradición catalanas ha acabado en el sumidero.

Empecemos por el Instituto Cervantes. Bajo la dirección de Luis García Montero, la principal institución de proyección cultural de España ha dejado de ser un instrumento de diplomacia lingüística para convertirse en un actor político con agenda propia. El enfrentamiento público con la Real Academia Española no es una anécdota personal ni una pelea de egos, sino el síntoma de algo más profundo: el intento de debilitar las instituciones normativas clásicas en favor de una visión ideologizada del idioma, menos centrada en la lengua común y más cómoda con la fragmentación simbólica que exige el discurso plurinacional. El daño no es inmediato, pero es corrosivo: cuando el Estado se pelea consigo mismo en el exterior, pierde autoridad.

El mismo patrón se repite en Casa Árabe. Lo que debería ser un centro estratégico de diplomacia cultural en una región clave se convirtió durante la dirección de Irene Lozano en un artefacto mal gestionado, financieramente frágil y políticamente irrelevante. No hablamos de errores administrativos, sino de una lógica de nombramientos basada en afinidades políticas y no en competencia profesional. El resultado: déficit estructural, pérdida de foco y descrédito institucional. Cuando la cultura se gestiona como premio de consolación para cargos del entorno presidencial, deja de cumplir su función exterior y pasa a ser un problema interno.

De Marca España a la nada

Ese modo de entender la acción exterior no fue una anomalía puntual, sino la prolongación de una forma de actuar ya ensayada con anterioridad. Hubo un tiempo en que España intentó articular, con mayor o menor fortuna, una política coherente de reputación internacional bajo el paraguas de Marca España. No era un proyecto perfecto, pero partía de una idea sensata: un país también se defiende fuera con estabilidad institucional, continuidad y una imagen reconocible. Todo eso saltó por los aires cuando el Gobierno decidió rebautizarlo como España Global, no para fortalecerlo, sino para vaciarlo de contenido y convertirlo en otro artefacto ideológico al servicio del momento político.

La dirección de Irene Lozano fue paradigmática de ese proceso. España Global dejó de ser una política de Estado para transformarse en un discurso defensivo, reactivo y cada vez más irrelevante, obsesionado con apagar fuegos internos y justificar al Gobierno en el exterior antes que en proyectar una imagen sólida del país. El desenlace fue previsible: pérdida de peso, confusión de objetivos y, finalmente, su práctica desaparición sin debate público ni evaluación alguna. No se sustituyó por nada mejor; simplemente se dejó morir. Como tantas otras iniciativas de esta legislatura, la proyección internacional de España pasó de ser una estrategia a convertirse en un estorbo, y cuando estorba, se elimina en silencio.

Pero donde la instrumentalización alcanza niveles casi caricaturescos es en la exportación internacional del debate territorial español. La obsesión del Gobierno por convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea no responde a una estrategia cultural realista, sino a una necesidad parlamentaria. Es política interna disfrazada de diplomacia. Se movilizan recursos, capital político y paciencia de socios europeos (con alguno de ellos con graves problemas de lenguas regionales que provocan movimientos nacionalistas) para una causa que no genera consenso fuera de España y que transmite una imagen inequívoca: un Estado más preocupado por satisfacer a sus socios internos que por actuar con seriedad en los foros internacionales.

Lo mismo ocurre con la propuesta de otorgar protagonismo directo a Cataluña y al País Vasco en organismos como la UNESCO. Más allá de la viabilidad técnica, el mensaje es claro y profundamente problemático: el Estado se ofrece como intermediario de su propia fragmentación. No se trata de promover cultura, sino de legitimar internacionalmente una narrativa política concreta. Se confunde descentralización con descomposición simbólica, cooperación cultural con representación cuasi estatal. El coste no es inmediato, pero el precedente es letal.

Institucionalización e instrumentalzación de la cultura

En paralelo, el Ministerio de Cultura, bajo Ernest Urtasun, ha optado por una estrategia aún más explícita: la resignificación permanente. Museos nacionales convertidos en espacios de reeducación ideológica, patrimonio histórico tratado como material sospechoso y una pulsión constante por revisar, reinterpretar y, llegado el caso, desmontar el relato cultural común. No se trata de actualizar museos —eso es necesario—, sino de someterlos a una lógica militante que entiende la historia como culpa y la cultura como campo de batalla. El riesgo no es solo intelectual, sino institucional: cuando los grandes museos pierden su función de conservación y estudio para convertirse en plataformas discursivas, dejan de ser fiables y empiezan a ser prescindibles.

A todo esto se suma un goteo constante de decisiones menores, pero significativas: políticas de subvención con criterios identitarios, premios culturales con sesgo ideológico evidente, acción exterior selectiva en América Latina según afinidades políticas y una constante tendencia a confundir pluralismo con alineamiento. La cultura deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un arsenal simbólico al servicio del poder.

La consecuencia de este modelo no es una cultura más rica ni una proyección exterior más fuerte, sino justo lo contrario: instituciones debilitadas, prestigio erosionado y una política cultural sin vocación de permanencia. Todo está pensado para resistir una legislatura, no para construir décadas.

Y aquí está la clave política: cuando el Gobierno pierde terreno electoral, cuando el relato económico se agota o cuando la aritmética parlamentaria se vuelve asfixiante, la cultura aparece como refugio. Se agitan banderas simbólicas, se reabren debates identitarios y se desplaza la atención hacia conflictos morales o históricos. No es casualidad. Es método.

La cultura debería ser una política de Estado nacida de un acuerdo intertemporal entre los dos partidos que concitan a más del 70% del respaldo electoral. Sin embargo, en esta legislatura, la cultura se ha convertido en una coartada. Y cuando un país utiliza su patrimonio, su lengua y su proyección exterior como moneda de cambio coyuntural, el precio no lo paga el Gobierno de turno, sino la Nación.