Archivos del autor: alfonsobellohuidobro

Lo que antes se negociaba con dos, ahora se negocia con cuatro

Los últimos comicios elevan el coste, tanto económico como político, de la formación del próximo Gobierno. Dentro del bloque de apoyo al presidente del Gobierno en funciones, lo que antes se negociaba con dos (ERC y Bildu) ahora debe negociarlo con cuatro (ERC, Junts, Bildu y PNV) de manera imprescindible, buscando cada voto en cada votación

FUENTE: EFE

Los independentistas y nacionalistas ya le han mandado sus exigencias al candidato del PSOE, sabiendo que ningún otro estará dispuesto a explorar los recovecos legales para poderlas conseguir, y se escudan en no querer pactar con Vox para intentar no manchar una imagen que lleva tiempo embarrada. 

Siempre se ha pactado con estos partidos, eso es cierto. Y ha habido numerosos gobiernos en la historia reciente que han requerido su apoyo; pero ni el contexto, ni las circunstancias actuales, permiten (por moral y ética) dejarse hacer más daño por quien quiere quemar la casa común en la que vive pensando que ese fuego no afectará a su habitación. 

Pere Aragonès tomó la iniciativa frente a Carles Puigdemont y fijó este martes la agenda de un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para ir de forma conjunta a la investidura de Pedro Sánchez.  

El interlocutor de Puigdemont pidió que se acabe con los déficits fiscal, de infraestructuras y de servicios públicos en Cataluña, es decir, la condonación del dinero que recibieron del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde 2012, y también reclamó el fin de lo que el independentismo llama “represión”.

Un eufemismo para referirse a una solución –imposible en nuestro Estado de Derecho– que evite juzgar a cientos de cargos y activistas del independentismo por los múltiples delitos del 1-O. Y por supuesto, ERC exigió una solución al ‘conflicto político’ mediante un referéndum de autodeterminación. 

Una propuesta con la que pone en juego no sólo la investidura de Pedro Sánchez, sino también el liderazgo del separatismo catalán. La propuesta de Aragonès quedaría de antemano descartada si no fuera el PSOE a quien se dirige. El presidente catalán tiene motivos para confiar en que ninguna negativa de los socialistas, y menos aún de Pedro Sánchez, es definitiva. 

Desde el PNV también ha puesto precio a tus votos, mientras que Bildu dará su voto “gratis” a un Gobierno de Sánchez. Los nacionalistas vascos han pedido un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco a cambio de sus votos. “Sánchez necesita a los catalanes y a los vascos. Eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir este melón», comentó el líder de los nacionalistas vascos en una entrevista que publicó el lunes el diario El País. 

Los nacionalistas harán gala de ser un partido «previsible» y mantendrá las reclamaciones que Sánchez ya se comprometió a activar en diciembre de 2019 cuando firmó un documento de 12 puntos con Andoni Ortúzar. Un documento que en su punto cuarto incluía «adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales» de Cataluña y Euskadi.

Cuatro años después, los cinco diputados del PNV podrían respaldar una investidura de Sánchez, pero con mayor concreción en este objetivo y la inclusión de «garantías» en todo lo que forme parte del acuerdo… hasta que se celebren las Elecciones autonómicas en mayo del próximo año.

Estimados Pedro y Alberto… 

Por si había alguna duda, a día de hoy el PP y el PSOE están en un punto de imposible entendimiento y este breve intercambio epistolar, que fue bonito de leer por el vocabulario con el que ambos se han interpelado, en realidad nos aleja más de una gobernabilidad estable entre los dos grandes partidos. 

FUENTE: EFE

Siguiendo las formalidades de la tradición epistolar española, los candidatos a la presidencia del Gobierno dirigiéndose mutuamente como «estimado Pedro», «estimado Alberto», han mostrado importantes errores cada uno en su campo en los últimos días. En el caso del líder popular, demostró durante días estar en una realidad distinta, intentando un acercamiento que había quedado descartado desde la misma noche de las Elecciones del 23-J. Recientemente ha persistido en el error de no asumir con coherencia los pactos que firma con Vox en las autonomías, concretamente, en el caso de Aragón.

Mientras, el presidente del Gobierno en funciones ha dejado paso a sus segundos niveles para preparar como mínimo los apoyos de investidura, evidenciando una de las «bombas de relojería» existentes en el actual Estado autonómico como es la enorme deuda que sólo cuatro CC.AA tienen con el Estado y la posibilidad de que, o bien impaguen, o bien se les condone dicha deuda en parte o en su totalidad. Al mismo tiempo, las vacaciones privadas en Marruecos (considerado por la prensa del país como un «acto de buena voluntad»), el préstamo «gratuito» de los diputados de Bildu en el Parlamento de Navarra y la negativa a una gran coalición para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, complementan el escenario.

En el interior de las cartas también se esconden mentiras en forma de medias verdades, como que en nuestro país debe gobernar quien haya ganado las elecciones. Aquí el problema no es ese, sino en con quién gobiernas, que es el mayor problema de Sánchez. La carta de Núñez Feijóo pudiese estar enfocada a una investidura en segunda vuelta de Sánchez bajo ciertas condiciones, para alejar a los extremos de la gobernabilidad. Intentar, al menos, dejar esa puerta abierta si la situación se volviese imposible.

Pero la respuesta de Sánchez fue la esperada, alegando que las elecciones eran para medir el sentir general de la población en torno a su proyecto político, aceptando implícitamente que el PSOE no volverá a tener una mayoría cualificada sino que a lo que puede (y debe) aspirar de aquí al futuro es a ser la fuerza política de cabecera de un nuevo «Pacto de San Sebastián». Este punto merecerá un análisis más en profundidad, especialmente para medir los riesgos de seguir esta estrategia y preguntarse por qué la actual dirección del PSOE ha renunciado a ser una fuerza de mayorías que vayan más allá de los 120-130 diputados.

En definitiva, lo que ha quedado más que claro es que estas cartas son el único canal de comunicación entre los dos líderes, renunciando a una interlocución a una escala superior. Lo que llaman «perseguir la gobernabilidad» es pensar al minuto siguiente en qué concesiones son necesarias para garantizar unos meses más de Gobierno… hasta que el año que viene tanto en el País Vasco como en Cataluña (de manera anticipada) celebren comicios.

Las servidumbres del pasado más reciente que impedirán un gran acuerdo

A falta de un leve porcentaje por escrutar, ya se vislumbra en el horizonte la imposibilidad de formar un Gobierno estable para cualquiera de los grandes partidos. PP y PSOE tienen muy difícil articular una coalición de aliados y la gobernabilidad del país ha quedado vendida al independentismo tras el debate del miércoles, que ha dado como claro perdedor a Núñez Feijóo, cuyo electorado ha emigrado a Vox, después de que éste cancelase su campaña electoral y no acudiese a la cita organizada por RTVE.

FUENTE: EFE

La dispersión del voto, en este caso, ha perjudicado sobremanera al centro derecha y el panorama político nos encamina ahora a un ejercicio de responsabilidad nunca antes visto por los grandes partidos como sería o bien una abstención para gobernar sin una mayoría parlamentaria; o bien la repetición electoral, cuyos efectos podrían ser incluso más regresivos para con la posibilidad de formar un Ejecutivo serio. Pero ¿podría ser también un acuerdo amplio entre los dos grandes partidos, cuya suma de diputados vuelve a estar por encima de los 250 diputados?

Debería ser el momento de dejar a un lado las diferencias y luchar por lo que debería unirnos: España. Núñez Feijóo le tendió la mano a Sánchez en el debate para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Sánchez debería mostrar altura de miras y que, a pesar de no haberlo demostrado en los últimos cinco años, saber hacer política de Estado y poner sus intereses por detrás de la Nación es lo que debería producirse.

Los votantes no quieren volver a las urnas ni otro gobierno Frankenstein, da igual de qué lado sea éste. A pesar de que tanto Sánchez como Núñez Feijóo hayan aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones, han perdido un voto centrista, huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que buscar puntos de encuentro.

En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia, ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Ahora, con una posible repetición electoral en el horizonte, tanto España como Sánchez dejan una mala imagen hacia el exterior durante la presidencia española de turno en la Unión Europea. Un ejercicio de falta total de responsabilidad, al que ya estamos acostumbrados con el señor Presidente. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo con una repetición electoral para el Ejecutivo, ya en funciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos.  Y el miedo que la ha podido movilizar ahora con Vox ya no tendrá la misma fuerza que en unos meses. Del mismo modo, la extrema derecha podría aumentar su poder después de que muchos hayan ejercido un voto útil con Núñez Feijóo.

No es el momento de abandonar, sino más bien el de seguir luchando. De lo contrario, las consecuencias económicas y sociales a las que se enfrenta nuestro país pueden ser muy perjudiciales para la ciudadanía.

Jugar a un futuro de repetición electoral no es aceptable

Gracias al input que nos dan los sondeos diarios de cuatro casas demoscópicas distintas, podemos vemos la evolución de la intención de voto con bastante claridad. Tras el descalabro del presidente del Gobierno en el debate a dos, apelar al «manual de resistencia» como fórmula de permanencia en el poder y jugar con un futuro inmediato de repetición electoral no es aceptable.

FUENTE: EFE

El PSOE tiene por delante un camino complejo para esta última semana de campaña, basando su relato en la «igualdad en las urnas» para tratar de levantar a un electorado que todavía le apoya y que no está del todo convencido de qué hacer el 23-J. Núñez Feijóo le tendió la mano al presidente del Gobierno en el debate a dos para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Obviamente la propuesta fue rechazada por el Presidente.

Después de rechazar por enésima vez esta petición de gobierno sin condiciones de los extremos, las intenciones de Sánchez parecen enfocarse en evitar que Núñez Feijóo gobierne en caso de que él no pueda hacerlo. Durante la campaña electoral, ha convertido los pactos tanto de un bloque como del otro en un tema central, lo que ha llevado a que todos los partidos caigan en la dinámica del «y tú más». Esto implica que se equipara, de alguna manera, el hecho de pactar con Vox (una formación plenamente constitucional, independientemente de si gusta o no) con pactar con EH Bildu y ERC. 

El primero, EH Bildu, representa la cara política de ETA y nunca ha condenado sus actividades terroristas. Por otro lado, ERC cuenta con dirigentes de alto nivel que han sido condenados por el Tribunal Supremo debido a su implicación en un intento de golpe contra el orden constitucional. A pesar de haber sido indultados, no dudan en afirmar que volverían a hacerlo. 

Tanto Sánchez como Núñez Feijóo han aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones del 23-J. Quieren evitar perder ese voto centrista que ha quedado huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que en buscar puntos de encuentro. 

El bloqueo tras las elecciones es una posibilidad que parece asomarse al final del túnel. Esa es una realidad en cuantas ocasiones Sánchez ha sido candidato socialista a la presidencia; la primera, tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 donde Rajoy obtuvo 123 escaños por 89 él, y que obligó con su «No es No. ¿Qué parte del No, no ha entendido señor Rajoy?» a la primera repetición electoral desde 1978.  

Tras la repetición electoral del 26 de junio, el PP volvió a obtener la victoria con 137 escaños, mientras que la posición de Sánchez se debilitó aún más, quedándose con tan solo 84 escaños. Ante su firme decisión de seguir bloqueando la investidura del claro vencedor en dos ocasiones, su propio partido decidió destituirlo en un convulso Comité Federal. Después de recuperar el liderazgo de su partido, se vio obligado a repetir las elecciones en abril de 2019, ya que necesitaba pactar con todos sus socios actuales en la dirección del Estado, algo que previamente había rechazado aceptar. En noviembre de 2019, se repitieron nuevamente las elecciones y, tan solo 48 horas después, se llegó a un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias. 

En caso de que esta situación se vuelva a dar, tanto España como Sánchez darán una imagen pésima hacia el exterior en la presidencia española de turno en la Unión Europea. Sería un ejercicio de falta total de responsabilidad, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados con esta política de bloques. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo en caso de unas segundas elecciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos. Y el miedo que la movilizó en 2019 con Vox ya no tiene la fuerza que tuvo en su momento. 

Que no se tenga que dar esta situación. El próximo domingo nos vemos en las urnas. 

Saber ceder (y dónde hacerlo) 

Es posible echar a independentistas y populistas. Es posible hacer política de Estado, cediendo por el bien de la ciudadanía.

FUENTE: EFE

El caso de la ciudad de Barcelona ha supuesto un antes y un después en la dinámica de pactos, investiduras y nuevos gobiernos. La alternativa merecía un esfuerzo extraordinario, por compleja que pudiera parecer, para evitar que la Ciudad Condal continúe su particular escalada de destrucción. Xavier Trías, subordinado a los designios del fugado Puigdemont y vinculado a la corrupción de décadas de la derecha soberanista, era el mejor posicionado hasta el último momento, en el que los populares decidieron dar su apoyo a los socialistas.

Collboni no es Sánchez. Éste, de un perfil más moderado, ha sido sacado de la posición de segundo sin competencias reales que ha ocupado durante ocho años de gobierno local de Colau y los Comunes. Ya en 2015 se aceptó por parte del PSC y del PSOE a los Comunes y a Podemos, respectivamente, como aliados válidos a pesar de situarse en uno de los extremos del espectro político. Ocho años después, la ruptura ha venido más por una cuestión de gestión (más bien, de ausencia de gestión y deterioro permanente de los Gobiernos municipales y autonómicos que han compartido) que por las diferencias notables existentes en materia ideológica.

Una vez hecho el movimiento de la investidura, queda ahora por ver la capacidad de colaboración entre los dos grandes partidos constitucionalistas, y recuperar así la ciudad, paliando los déficits que se ha generado a la ciudad con el último gobierno municipal.

Mientras tanto, el ruido del cambio en Cataluña parece haber llegado a la Generalitat. El papel de Salvador Illa en este acuerdo, que repetirá como candidato en Cataluña, puede ayudarle a conseguir su objetivo de ganar. Las convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña está en la cabeza de Aragonés y pensar que serán este otoño es más que posible.

Illa sabe que solo hay una manera de lograr el objetivo y ha experimentado con Barcelona. A día de hoy el PP puede ayudar a que los socialistas eviten a los independentistas y los números solo podrían dar con los Comunes y ellos para echar a los independentistas de la Generalitat. Más o menos lo mismo que ha pasado en Barcelona, por lo que no es descabellado que se pueda reeditar un apoyo semejante en los próximos comicios.

Las prioridades en política nacional y de Estado pasan por defender el constitucionalismo y arrancar de raíz los iliberalismos y populismos en las zonas más tensionadas políticamente. A este juego es al que los dos grandes partidos en Cataluña parece que se acercan o, al menos, demuestran con los primeros pasos que están en esta clave.

Es importante que tanto PSOE como PP muestren que son independientes de los extremos por el bien del Estado. Esta vez ha sido el PP el que le ha dado una victoria al PSOE en varios ayuntamientos importantes para que el que ganase no fuese el malo. Estos comportamientos son la definición de hacer política en un país que la tiene olvidada, con un vago recuerdo del gobierno vasco de hace más de diez años. 

Ahora, con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, si las encuestas se traducen en una victoria del PP, y a este le diese con Vox para sumar una mayoría absoluta, ¿haría Sánchez un ejercicio similar a sabiendas de que es imposible Gobernar y que unas segundas elecciones con el escenario económico actual podrían ser muy perjudiciales para el país? 

El sesgo sociológico que aún causa la política de bloques

España no termina de deshacerse de la «política de bloques» instaurada hace ya más de seis años por el sesgo sociológico que sigue introduciendo en la opinión pública

FUENTE: EFE

Tras una legislatura llena de problemas en la coalición de Gobierno, el país necesita un cambio y renovación en sus instituciones. Los extremos lo complican todo y una vez comienzan a gobernar se desinflan y parte de su electorado vuelve a la realidad, como ha pasado con la izquierda radical. La extrema derecha, en cambio, es muy joven en los gobiernos y las encuestas reflejan un posible protagonismo en la configuración del futuro Gobierno, incluso aunque esté registrando una tendencia demoscópica decreciente.

El horizonte de las próximas tres semanas apunta a dos posibles escenarios: un resultado que permita una colaboración entre los dos grandes partidos, teniendo el dominante la capacidad de ser investido sin el apoyo tácito o explícito de algunos de los extremos; o un resultado ajustado donde el ganador de las elecciones requiera la concurrencia del extremo más próximo.

El afán de poder de los extremos y su ego político les impide pactar sin tener su pedazo de tarta. La extrema derecha puede comenzar a sufrir lo mismo que le ha pasado a Unidas Podemos y que, tras su paso por los gobiernos municipales y regionales en los que ha estado, ha visto su marca desinflada una vez el electorado ha podido comprobar las ineficiencias de su gestión. 

Muchos españoles confiaron en la extrema izquierda y sus líderes, que entraban al Gobierno prometiendo acabar con la ‘casta’. El discurso en los extremos es atractivo hasta que demuestran su inutilidad política. El propio Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas, demostró que, a pesar de poder tener un cierto control teórico, era ajeno al funcionamiento práctico del sistema. 

No se puede cambiar el mundo por mucho que conozcas un mapa y , a nivel narrativo, los tonos que emplean las formaciones extremistas las acerca más de lo que las separa.

La extrema derecha no es ajena a los errores de gestión, obviamente, y en el poco tiempo que llevan dentro de Castilla y León, única región donde se puede examinar su funcionamiento dentro de un gobierno. La vicepresidencia de Castilla y León, que ocupa Juan García-Gallardo desde hace año y medio, está siendo más conocida por errores y salidas de tono que por aciertos.

La reducción del “gasto superfluo”, uno de los principales objetivos de Vox en su discurso, cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos ‘a dedo’. O el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se emplea para políticas es de 112.000 euros. 

Estas situaciones en el Gobierno no se dejan pasar y Vox, con su líder a la cabeza, no ha sabido estar a la altura incluso antes de entrar. Las principales medidas y políticas de Vox están ligadas a un discurso populista, en el que se esconden para no tener que responder o exponer las medidas que no tienen y que hacen que un país funcione.  

Izquierdas y derechas, iliberales y populistas, cuanto más lejos mejor. Con la extrema izquierda hemos visto la primera prueba, y ojalá no tener que contrastarla en una segunda vuelta sólo por comprobar como funciona su antítesis política. Estos partidos suelen generar gran apoyo cuando empiezan, hasta que realmente se demuestra que no valen más que para crispar y dividir más a los españoles. 

El nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política

Mañana volvemos a las urnas con un profundo malestar social que inunda el espacio político. En estas elecciones, en las que se solía valorar más las gestiones de los mandatarios con cierta ‘independencia’ de unas siglas que en clave nacional, se ha convertido en una oportunidad para mostrar el descontento existente de dos formas: el trasvase de voto entre partidos y, sobre todo, la abstención.

FUENTE: EFE

Pero la crispación, que sigue avanzando con múltiples micro casos de corrupción con el voto por correo, es la gota que colma el vaso de la paciencia del votante que, abandonado por los líderes a los que confió su voto en los comicios previos, busca alternativas fuera de los bloques que se consolidaron entre 2018 y 2019. 

Aquí, las consecuencias son claras y es en este escenario que el voto de protesta o reactivo puede tener más consecuencias, hasta el punto de provocar un cambio significativo. La abstención de los electores no sólo hace perder las elecciones al partido gobernante principal, sino que también supone una herida profunda a largo plazo. Y el voto de castigo -a favor de alguno de los adversarios- lo puede llevar al cementerio político. Es lo que estuvo a punto de pasarle al PSC durante los años del procés, que rozó la irrelevancia cuando sus electores migraron hacia Ciudadanos y tiñeron de naranja el famoso «cinturón rojo» de Barcelona. 

Por tanto, esta decisión es una cuestión de oferta. Si existe una oferta suficientemente razonable, habrá ese trasvase de voto. Si no lo hay, el «ejército» de votantes más nutrido será el de la abstención. En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Los pactos con los herederos de los terroristas e independentistas van a provocar que muchos socialistas no voten porque políticamente tampoco están cercanos al Partido Popular y tampoco los actuales votantes de Ciudadanos, quienes probablemente terminen por cerrar, en muchos territorios, su vida como partido mientras el electorado de centro, también descontento, tendrá que migrar a otras opciones o abstenerse por no verse representados en ninguna otra fuerza política. Según las encuestas es una constante que los partidos que más van a sufrir la abstención son los mencionados anteriormente, creando un nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política.

La cuestión central viene con la ley electoral, la cual otorga una «prima por abstención» a los partidos más pequeños, que son los extremos, dándole poder a insignes provocadores de la crispación y la situación política actual de España. En este sentido, los dos grandes partidos miran continuamente de reojo a estas formaciones porque en varios territorios dependerán de sus votos para gobernar.

España, sus regiones y sus municipios se merecen un PSOE a la altura de la ciudadanía de la izquierda constitucionalista, actualmente abandonados, políticamente, por su partido. En estas regiones y municipios hay candidatos que están a la altura de su electorado, pero que seguramente se verán perjudicados por las políticas del Gobierno. Y los hay que han sido críticos con la cúpula del Gobierno por muchos motivos, entre ellos por sus pactos y políticas.  

Ahora es la ciudadanía quien decide, ya que con el voto se pueden frenar algunas de esas políticas regresivas. El otro día cerraba un artículo, en El Mundo, César Antonio Molina que a su fin decía: “Sí, alguien, ahora o después, debe evitar el naufragio total del Partido Socialista de siempre. Hay que recuperar de nuevo el Estado de derecho, exigir el cumplimiento de las leyes (toda la justicia está en huelga), volver a la verdad, prosperar sin dañar a nadie, elevar la educación y la sanidad, crecer económicamente, rescatar la concordia, pues la democracia es el acuerdo de que no vamos a matarnos por lo que nos separa, sino que vamos a discutirlo.” 

Retos y desafíos de España ante la presidencia europea 

A partir del 1 de julio España ocupará la presidencia del Consejo de la Unión Europa. Una presidencia rotatoria entre los países de la UE y que durará hasta el 31 de diciembre. Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la UE en esa institución. 

FUENTE: EFE

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados «Tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El Trío fija los objetivos a largo plazo y elabora un programa común con los temas y principales asuntos que abordará el Consejo en un periodo de dieciocho meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral con mayor detalle. 

Por el momento el Gobierno todavía no ha presentado sus objetivos, de los que se conocen someramente sus tres ejes principales: autonomía estratégica, estrechar las relaciones entre Europa y Latam e implantar una agenda social europea. Es una oportunidad que debería valer para mostrar de lo que España, como país, puede ser capaz. 

Es momento de combinar el ejercicio neutral de la presidencia de turno con la búsqueda de consensos que vayan bien a las prioridades nacionales. Sin pasarse, pero suele haber margen para elevar propuestas, aunque en la última ocasión España se quedó con las ganas, porque lo peor de la crisis iniciada en 2008 estaba arrasando y había apuestas comunes que anteponer. 

Los expertos del Real Instituto Elcano coinciden con los ejes que el ministro Albares presentó hace meses, y añaden que el gran reto del año que acabamos de estrenar es el de mantener la unidad y coherencia, que serán puestas a prueba por la crisis energética, la inflación y otros precios a pagar por confrontar al agresor en el conflicto de Ucrania, o sea, a Rusia, que se ha convertido en un rival estratégico. 

La guerra ha alterado la arquitectura general de la relación entre la UE y el resto del continente, pero los Veintisiete, a través de las sanciones a Moscú y las ayudas a Kiev, han mostrado una contundencia que no podía darse por descontada cuando comenzaron los ataques. Además, se ha abierto la puerta al proceso de entrada de Ucrania en la UE, aunque es lento y, desde luego, no culminará en el semestre español.

Sí que ha reactivado otros debates, como la apertura mayor a los Balcanes occidentales o la creación de la Comunidad Política Europea, que parecía un invento temporal de Francia pero tiene visos de consolidarse como un órgano funcional para insertar en la cooperación política continental a potencias regionales alejadas de Bruselas, de Reino Unido a Turquía. 

En España habrá un debate importante sobre el futuro de Europa y una mayor integración. Hay países que la quieren acelerar y países que no la ven, “reacios al cambio”. Como Ucrania también ha puesto sobre el tapete, se puede lograr la unidad, pero con esfuerzo, porque cada cual tiene sus intereses. Hace falta una intensa labor de acercamiento en los meses por venir, cuando además viene el final del actual ciclo político, hay las elecciones europeas en primavera y también algunas nacionales de peso, como las de Grecia (junio) y Polonia (noviembre), más la propia España. 

Hay cosas concretas alcanzables, destaca Elcano: el deseo de llegar a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales antes de que acabe 2023, ya que en 2024 se desactivaría la cláusula general de escape, el reparto completo de los fondos Next Generation, que tienen que estar disponibles, todos, para diciembre de este año, y avances en la Ley Europea de Chips o la de Materias Primas Fundamentales. Solo queda que Sánchez esté a la altura de este cometido. 

A la cola y a la contra 

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros. 

FUENTE: EFE

La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses. 

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia. 

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas. 

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia. 

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. 

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

El bulo (que no es) de la cita previa

El otro día asistimos a un acalorado debate en el Congreso donde hemos podido presenciar un nuevo ataque de ira del ministro Escrivá, señal inequívoca de la inseguridad que provoca no estar de acuerdo con sus propios planteamientos.

FUENTE: EFE

El ministro de Seguridad Social acostumbra a tomar posiciones airadas, sea en las Cortes o incluso en las redes sociales, cuando alguien le lleva la contraria. Es lo que ha sucedido en estos días pasados en el Congreso tras la acusación por parte de la oposición sobre el hecho de que hay que pedir cita previa para ser atendido en las oficinas de la Seguridad Social, así como las advertencias de que algunos autónomos tendrían que devolver las ayudas por cese de actividad que recibieron al comienzo de la pandemia. 

El problema es que la primera acusación es bastante fácil de comprobar en la web de la propia Seguridad Social, en la que se indica claramente que «la atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita», aunque ahora el ministro Escrivá trate de enmendar su error diciendo que “al 25% de personas se las atiende directamente”, sobre todo a colectivos vulnerables y a realizar trámites urgentes. Lo que está claro es que el mensaje de la web del sistema no es una recomendación, sino más bien una orden. Escrivá ha errado. 

Este modelo de citas, que lleva instaurado desde inicio de año, buscaba instaurar un orden y agilidad a la Administración que solo ha conseguido empeorar la asistencia. Con un sistema colapsado en el momento con más empleados públicos de la historia, algo digno de analizar más que de intentar desmentir, el clásico “vuelva usted mañana” se ha instaurado hasta en la vía telemática. 

La cita previa obligatoria pudo tener algún sentido en el momento inicial del caos que supuso la pandemia, pues se trataba de evitar las aglomeraciones y de salvar la vida de las personas.  Hoy en día, y pasada ya esta situación, ni tiene sentido ni cobertura legal. Por ello, sorprende la generalización que se está produciendo de este sistema. En rigor, solo debería tener sentido cuando se preste un servicio muy específico que requiera una especial atención a la persona, pero no en los registros administrativos ni en la generalidad de las Administraciones públicas. 

Esta herramienta se ha convertido en un trámite más que no está previsto expresamente en las normas que regulan los procedimientos administrativos.  Provoca un deterioro de los servicios públicos que solo encuentra explicación en una mala gestión y planificación por parte de los responsables y de los directivos públicos que la implantan. 

Lo más grave de esta situación son las acusaciones, recogidas por el periódico ‘El País’, de ciudadanos que tienen que recurrir a un “mercado negro de citas” para conseguir sentarse delante de un funcionario. La pandemia nos ha dejado la secuela de la cita previa, provocando la insuficiencia productiva del funcionariado, que han visto relajada su jornada con atenciones más espaciadas dejando como consecuencia el cuello de botella existente en la actualidad. 

En fin, la pandemia ya no puede justificar que se cambien los métodos de trabajo en la Administración. Es posible que exista una falta de funcionarios en muchas Administraciones, pero la solución no puede ser la cita previa obligatoria, sino una adecuada planificación del servicio y un redimensionamiento de las plantillas de personal.