Se acercan las vacaciones de Semana Santa y, aunque la situación sanitaria de nuestro país ha mejorado considerablemente desde febrero, continúa siendo delicada y con riesgos de nuevos rebrotes en algunas autonomías. El retraso europeo en el programa de vacunación (con diferencias cada vez mayores con otras áreas como Reino Unido o Estados Unidos) unido a los errores de gestión en el caos de medidas regionales, aboca de nuevo a España a perder el inicio del «año turístico» que empieza con la Semana Santa. Es uno de los periodos turísticos más importantes para un país que depende el 12% de su riqueza y, en esta ocasión, las comunidades autónomas, a excepción de Madrid que luchará hasta el último momento para no cerrar, no permitirán el acceso de ciudadanos de otras regiones de España.
(FUENTE: EFE)
En este momento, España está experimentando una bajada en la incidencia acumulada de casos de coronavirus y muchas regiones han comenzado a suavizar sus restricciones y de esta forma tratar de que el sector de la hostelería, el comercio y el turismo pueda respirar. Durante este primer año de pandemia, la hostelería ha perdido más de 300.000 empleos y unos 65.000 negocios han tenido que cerrar. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el sector se mantiene atento ante las nuevas decisiones de Gobierno y CC.AA, y cruza los dedos para que las limitaciones puedan relajarse lo suficiente como para empezar a revertir la situación, especialmente si se mantiene el flujo de ciudadanos de la Unión Europea, predominantemente galos y alemanes, para que puedan entrar a nuestro país para disfrutar de estas fechas, siempre acreditados por una prueba PCR negativa.
Ahora mismo, los hosteleros de todo el país tiemblan ante la inseguridad regulatoria que provoca en sus negocios esta situación, que ya se está prolongando más de un año. El sector turístico no se puede mantener, a nivel nacional, con las reservas de extranjeros que concentran su actividad en puntos muy marcados en zonas de costa. Mientras tanto, el Gobierno llega a estas fechas sumido en un profundo caos interno que les ocupa más que reflotar la economía. Con las medidas tomadas para apoyar al turismo no es suficiente para que muchos negocios puedan llegar con vida a ese tan ansiado verano, en el que sí se espera que la situación del sector pueda, por fin, empezar a reflotar.
En estas semanas previas a la Semana Santa, las asociaciones de hosteleros han organizado concentraciones para pedir nuevas ayudas ante una situación que les desborda y de la que no son responsables, mientras que son de los sectores que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. No puede ser que, en España, el sector con mayor importancia en la economía esté viviendo de promesas que no se cumplen y de la esperanza de salir pronto de esta situación.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe entrar activamente a resolver los problemas de un sector que no ha parado de pedir desesperadamente ayuda y al que se ha obviado durante meses, sin un plan de ayudas serio para la importancia del turismo en nuestro tejido productivo. El concepto de «ayudas» debe mutar hacia el de «indemnizaciones» debido a una situación sobrevenida que provocó el cierre de muchas actividades y restricciones severas en otras. Precisamente en estos últimos días se ha presentado una de las primeras iniciativas de reclamación al Estado por daños, encabezada por las cadenas hoteleras Meliá y NH, que reclaman 200 millones al Estado. Habrá que analizar con cierto detenimiento el recorrido de este tipo de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Aunque éstas no tuvieran demasiado recorrido jurídico, tienen todo el sentido económico.
El acuerdo del PSOE y Ciudadanos en Murcia ha provocado el efecto de un terremoto de máxima intensidad en la política española. La consecuencia inmediata del acuerdo nocturno fue la esperada convocatoria de elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Puede que Ayuso estuviera esperando una oportunidad para convocar estos comicios, dado que su relación con Aguado estaba cargada de tensión desde el principio del pacto, al haber confundido el candidato de Ciudadanos la coalición de gobierno con la cohabitación en el ejecutivo madrileño; pero la excusa murciana la redime ante ella de las acusaciones que se podrían hacer si hubiera convocado en otro momento y sin estos antecedentes. La reacción de Ayuso, a su vez, en otra onda concéntrica más fuerte que su epicentro, descoloca de tal manera al partido naranja que le ha convertido en irrelevante, justo cuando las posiciones centrales son más necesarias que nunca en el espectro político nacional.
(FUENTE: EFE)
El PSOE, también desconcertado después de zigzagueos judiciales, propone un candidato que estaba en la pista de salida de la política madrileña, reconociendo de antemano una esperanza electoral limitada. Pocas críticas se pueden hacer cabalmente a Gabilondo y menos después del sacrificio que suponía enfrentarse a la señora Ayuso, aupada a las máximas cuotas de popularidad en Madrid debido a una política diferenciada, que ha favorecido la consecución de objetivos económicos en medio de una crisis generalizada. Su sacrificio parece mayor desde la interpretación fría de las últimas decisiones de Pablo Iglesias. Tal vez Gabilondo y los socialistas deberían pensar que el primer perjudicado de la radicalidad sea el PSOE y que, desde luego, Iglesias no será nunca un socio fiable, desde el momento que considera a los socialistas un engorroso obstáculo para sus pretensiones últimas, que puede ser útil en determinadas coyunturas, pero al que no se le puede tener como aliado estratégico.
Los discursos preelectorales ya estaban cargados de sectarismo y eran disruptivos respecto a nuestro reciente pasado y cargados de una terrible e infantil simpleza: socialismo o libertad, fascismo o democracia. Pero, en este río revuelto, Pablo Iglesias vio la oportunidad, tal vez también la necesidad, de dar una vuelta de tuerca a la política española. Es el primer caso en el que el partido minoritario provoca una remodelación gubernamental, sin la aprobación previa del presidente del Gobierno. Se libera de las responsabilidades trabajosas y aburridas de la gestión, electrifica la política española con su candidatura y aglutina el voto a la izquierda del PSOE; salvando a su partido del riesgo de convertirse en irrelevante… en fin, impone una dinámica extremista y radical a la política madrileña y, como no, también a la española. Hemos vuelto al “no pasarán” y al “hemos pasado” del chotis. Justo lo contrario a por lo que hemos trabajado, por lo que se han esforzado las generaciones anteriores a la nuestra, se tambalea y corre el claro riesgo de derrumbarse ante nuestros ojos.
Todo parecía que seguiría un patrón, sin percatarnos que la política española, además de sufrir un rapto de sectarismo, está pilotada por personajes enfermos de soberbia, guiados por una consideración sobre sí mismos ridícula y desproporcionada, que les convierte a algunos de ellos en grotescas figuras del esperpento valleinclanesco. Todos los cálculos de Iglesias, que pasan por su santa y temeraria voluntad se le vienen abajo porque Errejón, al que no había consultado la ‘okupación’ de su partido, le ha dado con las puertas en las narices, satisfaciendo un deseo largamente esperado. Así que el noble arte de la política, entre los vaivenes murcianos, las ocurrencias ‘pablistas’, la dignidad quebrada de Ciudadanos; se ha convertido en un vodevil, en el que la sustancia reside en lo grotesco, donde la risa es provocada por el ridículo al que están sometidos los personajes. Las crisis pueden provocar grandes desastres y tener su origen en causas dramáticas, pero también las puede impulsar el ridículo egoísmo de los personajes, la incapacidad y el endiosamiento de unos actores que hace menos de una década solo eran conocidos en los bares de sus respectivas facultades universitarias. En nuestro caso es lo grotesco del origen del drama que vivimos.
Creímos que la crisis podría sobrevenir por la debilidad de las instituciones, la destrucción de la virtuosa división de los tres poderes o por el desistimiento provocado de alguno de ellos; pero aparece con la fuerza de lo irremediable en los partidos políticos, muy especialmente en los partidos nacionales, en los que debería basarse la pluralidad y la estabilidad de la democracia española; sencillamente entre la dignidad y la podredumbre moral, entre la gran política y el sectarismo más nauseabundo. Últimamente los políticos españoles han elegido lo peor.
En estos momentos más que nunca, corriendo el riesgo de ser mal entendidos por unos y por otros, reivindicamos la moderación y el reformismo, la recuperación del espacio de centralidad en la política de nuestro país.
Podemos conformarnos con lo que sucede, podemos justificarlo, podemos disminuir la envergadura de la gravedad de lo ocurrido, como a menudo hemos hecho en el pasado ante calamidades que no llegamos a comprender, pero la España que Reúne no vacilará ahora; seguiremos señalando los riegos que corremos de volver a un pasado que creímos postergado para siempre. No dudaremos en oponernos a las políticas que se enfrentan a la concordia y al abrazo fraternal que nos dimos para concluir la dictadura franquista. Haremos acopio de coraje para reivindicar la política que nos ha permitido vivir el más largo y próspero periodo de nuestra historia reciente.
Es momento de que demos un paso adelante pidiendo el compromiso público de quienes han perdido el confortable paraguas de unos partidos que parecen desbocados, excitados por el sectarismo y la irresponsabilidad. Es el momento de rebelarse individual y colectivamente contra la espiral de radicalidad que domina la política nacional. No es el momento de una política minúscula, aguada y sin fuste. Por el contrario, es el momento de defender honestamente los principios de las democracias representativas. Denunciamos el peligro de volver a ensimismarnos en la miseria doméstica, de desatender los grandes retos que tienen todos los países desarrollados, pero muy especialmente del nuestro. Una política extremadamente ideologizada a la derecha y a la izquierda provocará grandes emociones, pero dejaremos de prestar atención a “las cosas” que hacen una sociedad más próspera, más justa y más libre. Vemos lo que sucede a la política española con la resignación de lo que ya hemos vivido, con la indignación que provoca la repetición de los errores que, por nuestra historia, jamás pensamos que se volverían a cometer. No podemos estar alegres ante esta llamada a la confrontación y al frentismo. Alcemos la voz los que seguimos creyendo que la política se debe basar en principios, tener en cuenta los intereses de la sociedad y sus respectivos retos. Hagamos esfuerzos redoblados por recuperar el espíritu de la Transición, la aventura de mejorar España, de fortalecer nuestra relación con nuestros socios europeos y nuestra presencia en el mundo, en unos momentos en los que, según como nos enfrentemos a la revolución tecnológica, a la imparable globalización y la extensión a los últimos rincones de nuestras vidas de la inteligencia artificial, estaremos con los países que progresan o los que quedarán paralizados en los límites de la Historia.
El pasado 13 de marzo se cumplió un año de la declaración, por parte de Pedro Sánchez, del Estado de Alarma en todo el territorio nacional a causa del coronavirus. Desde entonces, la pandemia ha cambiado nuestro modo de vida bajo confinamientos, toques de queda y limitaciones severas de nuestra actividad. En aquella fecha, el Ejecutivo de Sánchez asumió poderes extraordinarios en un país que no esperaba que la situación fuese a tener las consecuencias que finalmente ha tenido. En un año, la pandemia ha acabado con la vida de muchos amigos y familiares: más de 70.000 fallecidos y 3,2 millones de contagios.
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Tras doce meses, el país sigue sumido en una profunda crisis sociosanitaria a la espera de que los planes de vacunación sean efectivos y podamos, poco a poco, recuperar la normalidad y salir por fin de esta situación de pesimismo en la que se encuentran sumidos gran cantidad de españoles, a los que esta crisis se lo ha arrebatado todo. La situación económica, al igual que la ciudadanía, está intentando aguantar el chaparrón, a la espera de la llegada de los fondos para la reconstrucción de la Unión Europea. Mientras, la deuda ya supera el 120% del PIB y el déficit se sitúa en el 11%.
Muchos españoles se preguntan qué sentido tiene que el Gobierno siga manteniendo vigente el estado de alarma, que otorga los máximos poderes al Ejecutivo en situaciones de excepcionalidad. Haciendo balance, seguir aplicando esta medida carece de sentido práctico y, por el contrario, continuar con su empleo obstaculiza el correcto funcionamiento de la democracia parlamentaria en nuestro país y de sus instituciones; a la vez que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez poder repartir responsabilidades con las autonomías por la gestión de la pandemia.
Las comunidades autónomas se encuentran condicionadas por un Ejecutivo que ha tratado de apartarse del problema, vendiendo en la segunda prórroga la idea de una cogobernanza con las regiones que nunca ha funcionado como debía en estas circunstancias. Como tampoco se ha vuelto a realizar ninguna conferencia de presidentes autonómicos desde el mes de octubre, habiendo vivido entre medias la tercera ola del virus.
El mantenimiento en vigor de esta figura de excepción constitucional no permite el correcto funcionamiento de las juntas autonómicas, que no pueden actuar sin tener que recurrir a la condicionalidad del estado de alarma, lo que ralentiza la velocidad de actuación de las regiones a la hora de afrontar un problema. El Ejecutivo no se ha preocupado, en un año de pandemia, en preparar herramientas jurídicas complementarias para evitar el colapso de unas autonomías, las cuales no pueden hacer frente a la situación de forma autónoma para que sus acciones puedan favorecer a la ciudadanía.
Los partidos constitucionalistas en la oposición critican la falta de liderazgo de Sánchez y la irresponsabilidad que supone un estado de alarma de seis meses habiendo legislación suficiente para que las autonomías puedan adoptar medidas para frenar el avance de la pandemia, a la vez que el Ejecutivo no ha establecido en este tiempo un plan nacional para evitar la llegada de nuevas oleadas del virus sin la necesidad de actuar bajo el amparo del estado de alarma. La posibilidad de una nueva prórroga del estado de alarma por parte del equipo de gobierno acentuaría la sensación, más si cabe, de la aplicación de un estado de excepción encubierto, lo que sería un escándalo político, democrático y constitucional.
En estos momentos, nos encontramos en una situación de alta volatilidad política en el panorama nacional. Es momento de que todos los partidos que creen en el espíritu del 78 sean responsables y se pongan de acuerdo por el bien común de todos los españoles. Es la oportunidad de recuperar la buena política y fundamentar las bases para la recuperación con un acuerdo de mayorías en el que se tenga en cuenta, de verdad, a los españoles. Hay que actuar de forma responsable dejando de lado el circo político que, a la vez que la pandemia, lleva un año aterrorizando a los españoles, que ven como sus representantes no han dado la talla.
Estas semanas se está jugando una partida de ajedrez entre el PSOE y el PP con Unidas Podemos atendiendo al tablero. Un tira y afloja en el que ninguna de las dos partes quiere ceder sin la posibilidad de conseguir algún rédito que vender a su electorado como una victoria sobre el rival, pero cuando Unidas Podemos entra dentro de las negociaciones la partida se complica. En este momento del tira y afloja, tanto Sánchez como Casado, han ejecutado un enroque para proteger a su rey dejando la partida empatada a la espera de nuevos movimientos del ‘rival’.
FUENTE: EFE
La última semana de febrero comenzaba bien para el electorado constitucionalista, que veía como en muy poco tiempo el PP y PSOE se sacaban de la chistera la renovación del Consejo de Administración de RTVE sin mucho revuelo y dejaban parte del terreno pisado para comenzar a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una gran noticia tras este primer año de pandemia en el que no han cesado los reproches entre ambos partidos responsabilizándose entre ellos de no querer sentar se negociar seriamente y desenquistar la situación.
La pregunta ahora es: ¿Qué está pasando para que no salga adelante la negociación del CGPJ? Para los populares no hay cabida para los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada dentro del organismo judicial por su evidente vinculación ideológica con el partido morado, lo que les hace incompatibles con el principio de imparcialidad que, se pretende, tengan los miembros del CGPJ. Es aquí dónde los partidos presentes en el Gobierno se cierran en banda, acusan al PP de no querer sentarse a negociar seriamente cómo si hicieron con RTVE en la misma semana, algo que Pedro Sánchez, en la reanudación de las ruedas de prensa en Moncloa, calificó como “una falta de voluntad” de la oposición y les pide diálogo y no vetos para sacar adelante la negociación.
Este no es un problema solo del PP de no querer a los jueces propuestos por Unidas Podemos, sino de la propia formación morada por el inmovilismo que han generado dentro de los partidos que componen el Ejecutivo para con sus letrados y con el que sientan el pretexto para acusar a la formación de Casado de no querer sacar la renovación adelante. Sánchez debe darse cuenta que, con el PSOE y Podemos, no puede sacar adelante la reforma del CGPJ; necesitan ponerse de acuerdo y salir de este enroque que, claramente no lleva a ninguna parte.
De esta forma, la situación de inmovilismo generada por la proposición de candidatos intolerables para alguna de las partes pueda ejercer un efecto rebote no deseado, con una guerra de opciones politizadas en el que ninguna de las partes quiera aceptar las proposiciones del otro. La única forma de salir de esta situación es la de la negociación entre partidos, algo que algunos no han entendido; esto no es un tira y afloja y, para conseguir revertir el bloqueo, deben entrar todos los grupos políticos, no solo Gobierno y oposición.
PSOE y PP deben tomar consciencia de la necesidad de cerrar el acuerdo y son conocedores de que, entre ambos, pueden conseguirlo en el Congreso para acabar con dos años y medio de bloqueo en el sistema judicial. Sánchez tiene que darse cuenta de que es Podemos quien se está cerrando y salir al paso de las circunstancias para pactar de una vez la renovación de un CGPJ que represente a los españoles. Solo saliendo del enroque político entre PP y PSOE, podremos, como país, avanzar hacia una política de mayorías y constitucionalista, y este no es mal momento para comenzar.
«El separatismo catalán continúa siendo fuente de la inestabilidad política en España». Con esta contundente frase titulaba la agencia de calificación crediticia Fitch (especializadas en evaluar la solvencia de países y empresas) uno de sus últimos informes sobre España, advirtiendo de que la violencia se puede convertir en un recurso político permanente en Cataluña.
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Esto afecta por ende a la gobernabilidad y estabilidad del resto de España ante la imposibilidad de que se resuelva la crisis institucional en la que lleva instalada Cataluña desde mucho antes del 1-O, a cuya resolución no ha contribuido el resultado de los últimos comicios.
Normalizar una situación de inestabilidad y tensión política es un escenario que sólo aquellos que carecen de aversión al riesgo pueden tolerar. Éste no es el caso ni de los ciudadanos y ni mucho menos de los empresarios, los cuales esta semana hicieron un llamamiento alto y claro a los Gobierno tanto autonómico como nacional para, primero, acabar con los graves disturbios que durante varias noches han arrasado el centro de Barcelona y, después, reconstruir el marco político con un gobierno estable que comience la difícil labor de revertir la deriva secesionista y recupere el camino de la convergencia económica y social de esta importante zona de nuestro país.
Una movilización tan intensa y clara de los empresarios catalanes es un hecho histórico, lo cual revela el hartazgo de años de deterioro acelerado de las estructuras productivas, inseguridad jurídica permanente y pérdida de liderazgo económico frente a otras zonas más pujantes del sur de Europa. En este sentido, la visita del Rey Felipe VI a la planta de SEAT no sólo es el símbolo de que las instituciones del Estado que todavía funcionan y se toman en serio que somos un Estado de Derecho trabajan para fortalecer un sector económico estratégico como es la industria del automóvil, sino que supone la muestra más evidente de que es necesario un cambio de rumbo que pasa inexcusablemente por «soltar lastre» de los socios de investidura de Pedro Sánchez.
Podemos y ERC están utilizando la debilidad de los partidos constitucionalistas tras lo ocurrido en las urnas para fomentar una movilización bajo el pretexto de un rapero, cuyo objetivo es presionar a Sánchez para lograr el indulto a los presos del procés y poder realizar el denominado «referéndum pactado». Mientras que esta fuerza de presión sea la que condicione la gobernabilidad de España, la inestabilidad será la norma y no la excepción, cuando lo que deberíamos es intentar parecernos en cuanto a gestión política a la «excepción portuguesa» que, en los últimos tiempos gracias al Gobierno Draghi en Italia y la pacificación política en Grecia, convierten a España en la «excepción» y así es como lo están entendiendo los inversores aplicando incrementos en la prima de riesgo.
Desde que se confirmó la salida de Salvador Illa del Gobierno para centrarse en la campaña electoral en Cataluña, algunos miembros del Ejecutivo emplearon distintos canales oficiales de la Moncloa para ensalzar las cualidades de su ya excompañero en este contexto electoral, algo que rompe totalmente con lo amparado bajo la Ley Electoral.
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El primero en meter la pata fue el ministro de Interior, que empleó la cuenta de Twitter de su ministerio para reconocer a Illa. Posteriormente se eliminó el tuit y Grande-Marlaska salió a enmendar su error, conocedor de la norma que había vulnerado. Pero esto no se queda aquí, ya que tanto Pedro Sánchez como el propio Illa han glosado los méritos del candidato del PSC desde actos gubernamentales.
En su artículo 50.2, reza que «desde la convocatoria de las elecciones» está «prohibido» usar recursos o medios públicos para hacer «alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones». El problema no es tanto lo que se dice, sino dónde y cuándo. Es importante resaltar que la Junta Electoral es el de todo el periodo electoral, que comienza cuando entra en vigor el decreto de convocatoria. No hay excusas que valgan en el Gobierno y todo aquel que haya caído en este error ha de ser investigado y sancionado de la forma que más conveniente considere el órgano regulador.
Esto encaja perfectamente con las palabras y medios dedicados para ensalzar al candidato y, lo peor, no es la primera vez que se emplean desde el PSOE las instituciones públicas para lanzar mensajes en contexto electoral. Sánchez lo sabe porque es reincidente; en 2019 la Junta Electoral abrió al presidente un expediente sancionador por emplear Moncloa para dar una entrevista como candidato del PSOE a las generales; lo que suponía un uso de la escenografía asociada al Gobierno de la Nación en una “manifestación con connotación electoralista” en donde también hizo alusiones a sus logros, justo lo que prohíbe la ley.
¿Es esto tan grave? ¿Por qué tiene la Junta Electoral tanto celo en la neutralidad del poder público? En primer lugar, por principio democrático. Y por mandato constitucional, en segundo. El artículo 103 de la Carta Magna asegura que la ley garantizará «la imparcialidad» en el ejercicio de «las funciones» de los servidores públicos, y que la Administración se regirá por la «objetividad»; algo que no se ha respetado desde un partido que, a priori, defiende el cumplimiento de la Constitución del 78. Señorías del Partido Socialista, ¡dejen en paz a las instituciones del Estado y respeten el cumplimento de la Carta Magna!
Los resultados de las elecciones en Cataluña han revelado una tendencia peligrosa en la sociedad española, la pérdida de confianza en las fuerzas constitucionalistas en la región. El aumento del independentismo no ha sido suficiente para el electorado que, de normal hubiera ido a votar, no fuese ni a sabiendas de las posibilidades de mayoría absoluta del secesionismo. En la noche del pasado domingo no ha habido ganadores, solo pierde España.
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Desde entonces, la situación en la región se ha vuelto todavía más insostenible; sumado al estallido de las revueltas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento del terrorismo; más dos multas por injurias y calumnias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, llegando la onda expansiva de violencia derivada de este conflicto al resto de España. Estas circunstancias vienen motivadas por los socios de Sánchez en la investidura: Podemos y ERC, que han utilizado la debilidad de los partidos constitucionalistas tras lo ocurrido en las urnas para hacer un llamamiento a la movilización bajo el pretexto del rapero, escondiendo así sus principales objetivos con las revueltas: presionar a Sánchez para lograr el indulto a los presos y poder realizar el referéndum independentista; algo que está fuera de todo poder de decisión del presidente, dado que, volvemos a recordar; todo esto que piden populistas e independentistas no se encuentra comprendido dentro del marco constitucional.
Sánchez no puede caer en la debilidad y, no solo debe salir a condenar las protestas, también debe cerrar la puerta a las exigencias de ERC y Podemos. Tras estos comicios, los partidos constitucionalistas han salido debilitados, a excepción del PSC que ha sido el partido más votado, pero que ni aún así podrá gobernar, en un contexto en el que independentistas y comunes están negociando para formar un gobierno regional de amplia mayoría absoluta. El PSOE no debe entrar en provocaciones, ni dejarse amenazar por aquellos que quieren destruir nuestro país. Sánchez debe ponerse a trabajar por España para intentar, junto con aquellos partidos que defienden el respeto a la Constitución del 78, labrar un futuro mejor para nuestro país y resolver este conflicto.
Cataluña lleva cuatro años bajo el manto del miedo y la violencia provocado desde las instituciones a aquellos electores más cercanos al ideario independentista. Ya son más de cuatro años en los que en Cataluña se ha hecho una política en la que solo se ha comprendido a aquel que apoya la causa, olvidando a más de la mitad de la ciudadanía e incluso menospreciando a todos aquellos que no seguían y siguen los dogmas de los Puigdemont, Mas, Turull, Torra, Junqueras… Se ha acallado bajo un clima de extrema violencia e inseguridad en las calles a todos aquellos catalanes que, sencillamente, no querían abandonar España.
Fuera del delito constitucional que han infringido y tratan de infringir a diario estos políticos, se han olvidado de su labor principal que es trabajar para el bien común, algo que no hace ninguna falta decir y que todos sabemos que no hacen. A estos se le han sumado tras estas elecciones la firma de Podemos en Cataluña, que no le bastaba con tratar de dinamitar el país desde dentro del Gobierno sino que también quieren tener su parte de culpa en la anticonstitucionalista causa de la independencia, chapó.
Todo esto que vemos en Cataluña se ve traducido al clima social y político en el resto de España, la ruptura en el Gobierno es más que evidente, en buena parte por esto, y cada día con una nueva riña entre los de Sánchez y los de Iglesias. Un país como España no puede funcionar así y si Podemos no quiere ayudar al país habrá que buscar nuevos socios que den estabilidad a nuestra nación para salir de una de las etapas más duras de los últimos años y poder encaminar una reconstrucción de la idea de nación para acabar con la historia negra que ha tenido el pueblo catalán en los últimos tiempos
Es momento de que los constitucionalistas se reúnan y trabajen juntos para hacer una oposición responsable en Cataluña, y sienten las bases para trabajar y poder llegar a acuerdos en el Congreso. La adversidad debe unir a aquellos que trabajan por el bien común y no separarse, como viene siendo la tónica habitual de estos últimos años en nuestro país. El punto de partida debe ser la recuperación de la confianza del electorado catalán para poder lograr el éxito como país contra aquellos que solo buscan fracturarnos con sus ambiciones personales y políticas.
En estas últimas semanas, ha ocurrido lo impensable en el panorama político nacional; algo que, así de primeras, sorprende a la mayoría de españoles. Los hechos tienen lugar en el Congreso de los Diputados con motivo de la votación sobre la gestión de los fondos europeos, una de las cuestiones más importantes de la actualidad política a nivel nacional.
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En pleno contexto de elecciones en Cataluña, los apoyos por excelencia del PSOE y Podemos para aprobar sus medidas en la Cámara se vinieron abajo, volviendo a dejar en evidencia las intenciones partidistas de los socios catalanes de Pedro Sánchez y, cuándo el Ejecutivo ya lo daba todo por perdido, ya que solo contaba con el ‘sí’ de EH Bildu y de Más País, de repente aparece VOX para salvar al Gobierno de coalición y asegurar tranquilidad a Sánchez e Iglesias tras lo ocurrido en Italia, donde este mismo punto ha hecho caer al equipo de gobierno de Giuseppe Conte.
Puede parecer una situación sorprendente dada la dureza siempre empleada por el partido de Santiago Abascal contra todas y cada una de las medidas que el Gobierno lanza en el Congreso, pero nada más lejos de la realidad. Desde VOX, Espinosa de los Monteros asegura que la decisión está tomada de forma que empresarios y comerciantes puedan recibir el dinero cuanto antes.
Desde los medios de comunicación no se ha dado demasiada importancia a este hecho, más allá de calificarlo como una “pura acrobacia circense”. Cuesta creer que en el contexto político actual algo suceda de forma aleatoria, como así lo están queriendo vender desde VOX, el Ejecutivo de coalición y los medios de comunicación.
Esta situación no solo nos sorprende dentro de España. Hay que recordar que desde Bruselas se mira con lupa todos nuestros movimientos, ya que estamos a la cola de Europa en la gestión referente a la crisis del coronavirus, y esta abstención ha debido provocar en el seno de la Comisión Europea cierta sorpresa, como es lógico, ante algo que no se esperaba en ninguno de los escenarios. Con esto, Europa, dónde no gustan un pelo los extremismos, pondrá más atención si cabe en el reparto de unos fondos aprobados por Podemos y facilitados por Vox.
Solo nos queda esperar cual será el rédito político que esperan sus señorías de VOX con la abstención, pero está claro que no ha sido una situación normal y que no debe pasar desapercibida para la ciudadanía. Los extremismos son peligrosos en política y en este caso, que se han unido, supuestamente, a cambio de ‘nada’; más aún. El PSOE ha de recuperar su posición en el panorama político nacional y hablar con aquellos que trabajan en defensa del país bajo los términos amparados por el marco constitucional del 78.
Manuel Castells no ha dejado de echar balones fuera desde que han llegado los problemas a su ministerio. Castells es un reputado académico que no ha sabido adaptarse a sus cargos ministeriales y, por su actitud en las escasas y breves apariciones públicas que ha tenido al frente de la cartera de Universidades, está claro que tampoco a las circunstancias actuales.
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“Estamos viviendo un escenario completamente caótico en materia de exámenes en la Universidad, donde cada centro y cada Comunidad Autónoma está fijando criterios distintos a la hora de verificar los conocimientos necesarios para superar este primer cuatrimestre del curso 2020/2021; sin que haya detrás un plan suficientemente sólido que permita, en tiempo de pandemia, un proceso examinador riguroso, con todas las garantías necesarias tanto sanitarias como, sobre todo, académicas. Precisamente, en momentos como éste, es cuando más se necesita una autoridad moderadora central que marque unas pautas comunes a todos los centros universitarios, incluso bajo el paraguas del estado de alarma. Pero esa dejación de funciones es hoy una cruel realidad y quien la encabeza es un ministro prácticamente desaparecido: Manuel Castells”
De esta forma califica nuestro Secretario General y profesor universitario, Javier Santacruz, la forma de garantizar la seguridad, tanto académica como sanitaria, existente actualmente en el sistema universitario, perpetrado por el ministro más ausente de la democracia.
Los rectores no le apoyan y los alumnos tampoco; y es normal cuando, en un año, no ha trabajado en medidas para poder garantizar la seguridad en el ámbito estudiantil y sanitario a sabiendas que esta situación podía volver a darse; entonces, ¿qué ha hecho este hombre al frente de su ministerio? Y lo que es peor, ¿cuánto va a durar esta situación y qué se va a hacer para subsanar los errores cometidos por Castells? Los exámenes prosiguen y la inseguridad en todos los ámbitos de alumnos, profesores y trabajadores de los centros universitarios de nuestro país, también.
En poco más de un año, Castells se ha convertido en uno de los ministros peor valorados por la población española, y es normal si hacemos un breve repaso de su actividad durante este, corto pero intenso, periodo al frente del ministerio de Universidades. El ministro que menos se deja ver, estuvo la primera parte del año encerrado en su bunker hasta bien entrada la pandemia, con los primeros exámenes de junio, ahí como todo estaba cerrado, no había vuelta de hoja, ni tampoco mucho problema en la toma de decisiones en su ámbito por parte de Manuel Castells, se relajó y solo volvió a aparecer ya a finales de este 2020 para decir que quería una universidad gratuita, algo que el mismo ya ha desechado; pero en ningún momento salió a presentar medidas contra el virus.
Una vez llegados los exámenes y sin este protocolo, totalmente necesario, para proteger a alumnos, profesores, personal universitario en general; y sin olvidarse de proteger y defender de forma correcta la evaluación de contenidos a los universitarios, algo que no se ha hecho por parte del ministerio, entrando en guerra con los rectores de todas las universidades de España y solo defendido por aquellos que, sin un mecanismo de evaluación competente, se han aupado académicamente en sus grados.
Una vez terminados los exámenes, pasa la ventisca y la opinión pública se vuelve a olvidar de este ministro ‘nini’, al que recordaremos de nuevo cuando lleguen los exámenes de mayo-junio y, si la situación no ha mejorado en demasía, vuelva a saltar a la palestra. Lo normal en esta ocasión, como ya debió haber ocurrido en verano, sería que desde el ministerio se cree un protocolo de actuación que comprenda toda esta casuística derivada del coronavirus y adaptarse a las necesidades académicas, sin descuidar la compleja situación sanitaria y, de una vez por todas, realizar el trabajo que, como ministro, le corresponde a Manuel Castells.
Cerramos la primera semana de marzo habiendo descendido notablemente en el ranking de vacunaciones global. El problema de una mayor rapidez en la inmunización de la población no está sólo en España, sino que es un rasgo característico de la estrategia de vacunación de la Unión Europea con respecto a otros países que van mucho más avanzados como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido o el líder indiscutible que ya ha vacunado a casi todos sus ciudadanos: Israel.
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La importancia de determinadas industrias estratégicas como es el caso de la farmacéutica y el control de la producción y almacenaje de los principios activos y otros insumos vitales, se revela más importante que nunca ante situaciones como la actual. Mientras Reino Unido ha administrado 31,82 dosis por cada 100 habitantes al cierre de esta semana, las grandes economías del euro como España, Alemania, Italia y Francia han aplicado entre 7,13 (el caso de Francia) y 8,68 (el caso de España), según los datos que recoge Statista.
Pero no sólo es un problema para Europa (y, en particular, para España) la lentitud en el ritmo de vacunación. También lo es la forma en que se está vacunando, donde están proliferando multitud de casos de fraude dentro de algunas instituciones para saltarse los protocolos marcados desde Sanidad para la vacunación. No es un problema de siglas, ya que se está viendo que es un problema general de uso fraudulento de los medios públicos que pone en riesgo la campaña de vacunación y el acceso de la población con mayor riesgo, que es la que se está vacunando en estos momentos. No sería tolerable que no puedan recibir la cura lo antes posible por culpa de las actitudes individuales irresponsables de unos políticos que se aprovechan de su cargo, los cuales deben abandonar sus cargos y sus responsabilidades dentro de la política.
Los españoles ya estamos cansados; si bien sabemos que la política es necesaria para el avance de la sociedad, la clase política no está dando la talla por ninguno de los frentes que hay abiertos en este momento, que no son pocos, poniendo en riesgo a la población. Estos políticos se han olvidado de su papel, que no es otro que trabajar por mejorar la vida de sus gentes, atendiendo a sus necesidades y no a los intereses propios. Últimamente cuesta verlo así y parece que es exactamente lo contrario.
Necesitamos políticos responsables y con vocación que, de verdad, busquen solucionar los problemas de España, independientemente de la agrupación política que representen. Para el sociólogo alemán Max Weber, el político ha de mantener su postura entre una ‘ética de convicción moral’ y una ‘ética de responsabilidad’. La convicción moral se refiere a las creencias internas inquebrantables que un político debe sostener. La responsabilidad es la necesidad diaria de usar los medios de Estado de una manera en la cual se preserve la paz para un bien mayor que es el progreso: esto es ser político.
