Europa y gran parte del mundo está viviendo una crisis energética sin precedentes en su historia. La falta de energía agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a los precios ante las dificultades de obtener estos recursos.
FUENTE: EFE
Esto lleva apreciándose desde antes de principios de año, con el fin de los momentos más complicados de la pandemia y el alza en la inflación de la crisis económica posterior. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, en Europa, especialmente, se abre una nueva vía de problemas para la estabilidad socioeconómica provocada por la falta de materias primas y de energía, la cual volvió a afectar a los precios del mercado de bienes y servicios.
Aquí en España, por si fuera poco, hemos actuado más tarde que el resto de países de nuestro entorno, lo que ha afectado a nuestra posición relativa. El paquete de medidas del Gobierno se ha demostrado insuficiente y el equipo de Pedro Sánchez no ha conseguido abrir nuevas vías para mejorar la situación de los españoles. A esto, se le unió un conflicto que no se esperaba en el país, la soberanía del Sahara Occidental, antigua colonia española, y por la cual mantienen gran tensión Argelia y Marruecos; lo que ha acabado por provocar una subida de precio del gas argelino y una caída extraordinaria de su contribución al abastecimiento total de España, sobre el cual teníamos un trato preferencial.
En las últimas semanas es cuando más se está notando la crisis energética y las perspectivas preocupantes para el invierno. Lo que eran conjeturas sobre la posición de Francia, Alemania y Reino Unido hace unos meses, hoy son realidad y mañana serán motivo de restricciones severas en el suministro de gas. Cada semana que pasa, el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas europeos pulveriza récords históricos, acelerando la provisión de reservas para el invierno pero con enormes limitaciones tanto de capacidad como de cerrar contratos a precios razonables más allá del mes de enero próximo.
Por un lado, la posición de Alemania es extremadamente frágil y se hace evidente cada día hasta qué punto la competitividad de su economía era fuertemente dependiente de tener una energía muy barata y de un único proveedor que era improbable que fallase (Rusia). En este sentido, busca de manera desesperada poner en marcha medidas que, primero, aseguren el suministro en los próximos meses presionando para que se ejecuten infraestructuras vitales como el Midcat (a financiar con fondos europeos, pero con el freno continuo de Francia y la dificultad de ponerlo en marcha en España) o la paralización del cierre de las centrales nucleares que aún no están desmanteladas. Y, después, moderar el consumo de gas y el impacto sobre la factura tanto de la industria como de los consumidores domésticos (anuncios de bajadas de impuestos, combinadas con subidas específicas por nivel de consumo).
Por otro lado, la posición de Francia también está revelando peligrosas fragilidades debido a las necesidades de conservación y reparación del parque de generación nuclear. Dado que en este país (y también en Alemania) el precio mayorista de la electricidad no se traslada ni de manera inmediata ni tampoco en todo su impacto (las tarifas se fijan por contratos bilaterales a plazo), los consumidores no han notado todavía el mayor impacto por la subida de precios, pero lo tendrán en los próximos meses aunque de manera amortiguada.
Será necesario, por tanto, buscar vías alternativas para asegurar el suministro y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los consumidores. En el caso de España, se interpreta como un “triunfo” el llamado tope del precio del gas, bajo el cual el mercado mayorista de electricidad en España es sustancialmente menor que el de otros mercados europeos. No cabía esperar algo distinto, teniendo en cuenta que el gas es una energía de enorme importancia en el mix eléctrico español. Pero hay que ser muy conscientes de que la compensación que hoy se le paga a las centrales de gas para que no suban el precio lo estamos pagando, una parte, en el precio diario minorista (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, el 40% de los consumidores domésticos) y el resto se irá repercutiendo en los contratos de electricidad a precio fijado cuando toquen ser renovados.
De una forma u otra, obviamente, quienes notaremos estos incrementos seremos los consumidores finales, que usamos a diario la energía para todo lo que tiene que ver con la vida: cocinar, transportarnos, limpiar, ocio… No estamos a salvo y las previsiones no son nada alentadoras.
Las empresas no aguantan este tirón. Estos precios, sumados a la falta de materiales, también las deja en jaque. El consumidor no consume y las empresas no sobreviven, mientras la clase política se preocupa de trivialidades y de echarse los males de unos y otros, lo que no resuelve ni un solo problema.
Ya hemos empezado con el racionamiento energético que prometía Bruselas y en invierno será peor. De momento, las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez hace una semana ya han iniciado una nueva batalla política en nuestro país. Desde hace unos días se han empezado a aplicar las primeras regulaciones, que vivirán su segunda fase en septiembre y de la que probablemente haya más fases.
Empezando por los empresarios, estás medidas generan un gran desconcierto por las diferencias que hay entre los distintos negocios y sus actividades. No tiene sentido que un negocio en el que se conservan alimentos frescos tengo la misma temperatura que una peluquería.
Es indiscutible que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro energético en línea con las indicaciones de los Veintisiete. En el caso español dista mucho de lo que debiera haber sido: un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones.
Ya veremos si, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, estas medidas son inconstitucionales, siendo España uno de los países europeos con mayor iluminación pública de Europa, superando a países como Francia, Alemania o Italia. El problema de la iluminación de los escaparates de los locales, una vez cerrados, no desincentivará el turismo ni hará menos seguras nuestras calles, ese enfoque es menor.
