Una lectura europea de las alternativas al ‘colapso energético’

Europa y gran parte del mundo está viviendo una crisis energética sin precedentes en su historia. La falta de energía agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a los precios ante las dificultades de obtener estos recursos.

FUENTE: EFE

Esto lleva apreciándose desde antes de principios de año, con el fin de los momentos más complicados de la pandemia y el alza en la inflación de la crisis económica posterior. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, en Europa, especialmente, se abre una nueva vía de problemas para la estabilidad socioeconómica provocada por la falta de materias primas y de energía, la cual volvió a afectar a los precios del mercado de bienes y servicios.

Aquí en España, por si fuera poco, hemos actuado más tarde que el resto de países de nuestro entorno, lo que ha afectado a nuestra posición relativa. El paquete de medidas del Gobierno se ha demostrado insuficiente y el equipo de Pedro Sánchez no ha conseguido abrir nuevas vías para mejorar la situación de los españoles. A esto, se le unió un conflicto que no se esperaba en el país, la soberanía del Sahara Occidental, antigua colonia española, y por la cual mantienen gran tensión Argelia y Marruecos; lo que ha acabado por provocar una subida de precio del gas argelino y una caída extraordinaria de su contribución al abastecimiento total de España, sobre el cual teníamos un trato preferencial.

En las últimas semanas es cuando más se está notando la crisis energética y las perspectivas preocupantes para el invierno. Lo que eran conjeturas sobre la posición de Francia, Alemania y Reino Unido hace unos meses, hoy son realidad y mañana serán motivo de restricciones severas en el suministro de gas. Cada semana que pasa, el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas europeos pulveriza récords históricos, acelerando la provisión de reservas para el invierno pero con enormes limitaciones tanto de capacidad como de cerrar contratos a precios razonables más allá del mes de enero próximo.

Por un lado, la posición de Alemania es extremadamente frágil y se hace evidente cada día hasta qué punto la competitividad de su economía era fuertemente dependiente de tener una energía muy barata y de un único proveedor que era improbable que fallase (Rusia). En este sentido, busca de manera desesperada poner en marcha medidas que, primero, aseguren el suministro en los próximos meses presionando para que se ejecuten infraestructuras vitales como el Midcat (a financiar con fondos europeos, pero con el freno continuo de Francia y la dificultad de ponerlo en marcha en España) o la paralización del cierre de las centrales nucleares que aún no están desmanteladas. Y, después, moderar el consumo de gas y el impacto sobre la factura tanto de la industria como de los consumidores domésticos (anuncios de bajadas de impuestos, combinadas con subidas específicas por nivel de consumo).

Por otro lado, la posición de Francia también está revelando peligrosas fragilidades debido a las necesidades de conservación y reparación del parque de generación nuclear. Dado que en este país (y también en Alemania) el precio mayorista de la electricidad no se traslada ni de manera inmediata ni tampoco en todo su impacto (las tarifas se fijan por contratos bilaterales a plazo), los consumidores no han notado todavía el mayor impacto por la subida de precios, pero lo tendrán en los próximos meses aunque de manera amortiguada.

Será necesario, por tanto, buscar vías alternativas para asegurar el suministro y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los consumidores. En el caso de España, se interpreta como un «triunfo» el llamado tope del precio del gas, bajo el cual el mercado mayorista de electricidad en España es sustancialmente menor que el de otros mercados europeos. No cabía esperar algo distinto, teniendo en cuenta que el gas es una energía de enorme importancia en el mix eléctrico español. Pero hay que ser muy conscientes de que la compensación que hoy se le paga a las centrales de gas para que no suban el precio lo estamos pagando, una parte, en el precio diario minorista (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, el 40% de los consumidores domésticos) y el resto se irá repercutiendo en los contratos de electricidad a precio fijado cuando toquen ser renovados.

De una forma u otra, obviamente, quienes notaremos estos incrementos seremos los consumidores finales, que usamos a diario la energía para todo lo que tiene que ver con la vida: cocinar, transportarnos, limpiar, ocio… No estamos a salvo y las previsiones no son nada alentadoras.

Las empresas no aguantan este tirón. Estos precios, sumados a la falta de materiales, también las deja en jaque. El consumidor no consume y las empresas no sobreviven, mientras la clase política se preocupa de trivialidades y de echarse los males de unos y otros, lo que no resuelve ni un solo problema.

Ya hemos empezado con el racionamiento energético que prometía Bruselas y en invierno será peor. De momento, las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez hace una semana ya han iniciado una nueva batalla política en nuestro país. Desde hace unos días se han empezado a aplicar las primeras regulaciones, que vivirán su segunda fase en septiembre y de la que probablemente haya más fases.

Empezando por los empresarios, estás medidas generan un gran desconcierto por las diferencias que hay entre los distintos negocios y sus actividades. No tiene sentido que un negocio en el que se conservan alimentos frescos tengo la misma temperatura que una peluquería.

Es indiscutible que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro energético en línea con las indicaciones de los Veintisiete. En el caso español dista mucho de lo que debiera haber sido: un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones.

Ya veremos si, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, estas medidas son inconstitucionales, siendo España uno de los países europeos con mayor iluminación pública de Europa, superando a países como Francia, Alemania o Italia. El problema de la iluminación de los escaparates de los locales, una vez cerrados, no desincentivará el turismo ni hará menos seguras nuestras calles, ese enfoque es menor.

Los cinco debates tabú que la geopolítica obliga a retomar

Va a cumplirse un mes desde que Rusia invadiese Ucrania, allá por el 24 de febrero, y la situación cambia diariamente. Un día nos acostamos con la noticia de que se habilitan corredores humanitarios que dan esperanza para un fin cercano y, sin embargo, amanecemos con nuevas imágenes de ataques a civiles

FUENTE: QUINO

Esta situación provoca una cierta sensación de ‘déjà vu’ histórico, recordando al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Preocupa, y mucho, la posibilidad de un nuevo conflicto a nivel mundial y especialmente a los europeos, ya que el campo de batalla presumiblemente sería Europa. Ha estallado la situación tras 8 años en cierta calma tras el conflicto por Crimea.

Ni las crisis económicas de los últimos años, ni tan siquiera la pandemia, han provocado un movimiento de fondo tan importante en términos geopolíticos como el ataque ruso a Ucrania. Especialmente, en las últimas semanas están resurgiendo viejos debates que hasta hace unos pocos meses eran tabú, pero que ahora se hacen ineludibles para ofrecer respuestas a una situación potencialmente más compleja que la actual.

Podemos enumerar cinco debates esenciales: 1) el gasto militar; 2) la energía nuclear; 3) el nuevo orden mundial; 4) la intervención sobre medios y redes de desinformación y 5) la estanflación.

El gasto militar 

El envío de armamento para ayudar a la resistencia ucraniana y el aumento del gasto en defensa como miembros de la OTAN, obliga a los miembros de la Unión Europa a repensar sus estrategias militares y, muy especialmente, a cumplir sus obligaciones de inversión en torno al 2% del PIB. La subrogación de la política de defensa a Estados Unidos supone una vulnerabilidad enorme sobre la que Putin está construyendo sus ataques.

El debate está en la calle y en las instituciones; sólo Podemos y los aliados extremos se han opuesto rotundamente, mientras que los grandes partidos (PSOE y PP, aunque con dudas al inicio) han apelado a la responsabilidad y la defensa de Europa siguiendo el discurso del Alto Representante para la Política Exterior europea, Josep Borrell. 

Partiendo de la base de que la inmensa mayoría de la población quiere evitar una guerra, debemos estar preparados para poder actuar de forma temprana si ésta ocurre y, con ello, evitar que en un futuro se pueda replicar lo que está ocurriendo en Ucrania. 

La energía nuclear

Este alza en los precios energéticos, que son los que han crecido con mayor fuerza y los que más problemas generan para el bolsillo del ciudadano, suscitan la recapacitación acerca de la dependencia energética de terceros países que son enemigos geopolíticos (como es el caso de Rusia), reactivando las olvidadas centrales nucleares. 

Una decisión controvertida, ante la que los Estados europeos se encuentran divididos. Aunque las últimas decisiones de la Comisión Europea reposicionan a la energía nuclear como una fuente más de energía de transición hacia el 100% renovable, no supone que todos los Estados deban construir este tipo de infraestructuras, pero sí establece las bases para que los inversores canalicen recursos financieros para alargar la vida útil de las actuales centrales, se siga investigando la energía atómica para uso energético e incluso como en Francia y Reino Unido, se puedan construir nuevos mini reactores. 

El nuevo orden mundial 

Esta guerra, se puede intuir como una demostración del poder ruso frente la atenta mirada de unos EE.UU que están esperando a que ocurra algo más para entrar directamente. Todo esto es cierto, pero no nos olvidemos de que mientras todo esto ocurre, China sigue construyendo su riqueza y su posición de dominador del nuevo orden mundial, por el que compite con los americanos, gracias a la ‘distracción’ que provoca el conflicto para la sociedad occidental. 

Podríamos decir que Vladimir Putin está dispuesto a sacrificar vidas rusas, y de todo aquel que se ponga por delante, para asegurarse un cambio de paradigma que le beneficie como gran aliado de China en el panorama político actual. Y el presidente ruso sabe que esta guerra puede cambiarlo, como lo hizo la II Guerra Mundial o la caída del muro de Berlín.  

Lo esperado por los agentes económicos internacionales es que esta guerra cause grandes daños estructurales a la economía mundial y, como comentamos, afecte al paradigma del nuevo orden mundial gracias al clima de gran incertidumbre en Europa.  

La desinformación y los límites de la libertad de expresión

Desde el inicio de la invasión rusa en territorio ucraniano, la sociedad ha sufrido un bombardeo de información desmesurada tanto por los canales de información oficiales como por redes sociales. Como en cualquier tema que se encuentre sobre la palestra de la actualidad, la información que llega a la sociedad puede haber sido manipulada, sobre todo a través de redes sociales, donde el escudo de la libertad de expresión protege a todo aquel que pretenda desinformar. 

Los medios se han convertido en un agente desinformador más, un arma de guerra empleado para confundir y educar a tu audiencia con las (des)informaciones vertidas desde estas. El ejemplo de Russia Today es, probablemente, el más gráfico de todos con su papel en la guerra. La propaganda se convierte en el pan de cada día y provoca que en Rusia mucha gente no se crea nada de lo que verdaderamente está ocurriendo. 

La sociedad no ha querido afrontar la importancia de poner límites a la información, sobre todo cuando es demostrable su falsedad. El papel de los motores de búsqueda y las redes sociales debe ser el de gestor y no el de censor. Es necesario el surgimiento de más medios consolidados y con prestigio que ejerzan la posición de contrapeso de la desinformación, además de un más que inevitable papel de las autoridades públicas por razones de seguridad nacional. 

La estanflación

En poco menos de un mes de invasión, Europa ya ha notado grandes cambios en su economía, la subida descontrolada de los precios de los bienes de consumo y los efectos del conflicto en la factura eléctrica y de carburantes.

Este contexto ha provocado que actualmente vivamos un solapamiento de la inflación y el PIB con la subida del precio de la energía. Eso nos lleva a una estanflación; es decir a un estancamiento con inflación, con otro valor añadido, un volumen descomunal de la deuda pública. 

El shock actual que vive la economía pide medidas para combatirlo y la sociedad demanda que sus líderes se coloquen a la altura de sus cargos para proteger el poder económico de su ciudadanía. 

El tejido productivo a los dos años del estado de alarma

Desde el estallido de la pandemia en nuestro país, hace dos años por estas fechas, tanto la ciudadanía como las empresas españolas, en su mayoría pymes y autónomos, se han desenvuelto en un mar de desconcierto e incertidumbre que aún hoy continúa.

FUENTE: RTVE

El Gobierno actuó en su momento como pudo, pero no fue suficiente para salvar a todos aquellos que se vieron en una situación que les impedía seguir trabajando, pero al mismo tiempo debían seguir manteniendo sus costes fijos de estructura.

Tras dos años de lucha constante, están empezando a llegar fondos europeos para revertir los efectos estructurales de la crisis, lo que es positivo, pero este inicio de la recuperación ha coincidido con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia con un desgaste acelerado de las cuentas de resultados por la situación energética, de suministros y de transporte. En el último año, el precio de la luz ha subido un 900%, pasando de 54 euros/MWh en el mismo periodo del año pasado, a superar los 500 euros/MWh. Con respecto al precio de los carburantes, es evidente un incremento del 35% desde el inicio del año 2022. Este aumento en productos imprescindibles para la actividad empresarial y el desarrollo normal de la vida cotidiana pone en jaque, una vez más, la supervivencia de los negocios más pequeños.

No estamos ante una situación fácilmente resoluble a corto plazo. Se necesita más sensibilidad y acción por parte del Gobierno, el cual está retrasando semana a semana la toma de decisiones para atacar este problema que afecta diariamente a las familias y las empresas, sobre todo a las pymes y autónomos que conforman el 98% del tejido productivo español. El problema se lleva enquistando desde hace más de un año y la salud de los negocios pequeños está agotándose. Las ayudas prometidas ya se esperan insuficientes y no hay previsión de medidas de calado que realmente frenen el avance de una crisis que afecta a los bolsillos de todos los españoles.

El Ejecutivo puede tomar medidas, y reducir impuestos a estos bienes de forma extraordinaria, como piden las asociaciones empresariales, siendo un punto de partida para reducir la presión sobre la ciudadanía y evitar el paro de sectores fundamentales, como está empezando a ocurrir. Esconderse tras de Europa a la espera de soluciones conjuntas, no es lo que quiere la ciudadanía. Se acaba la paciencia y la capacidad de pago de muchas familias.

Es imprescindible una mayor coordinación entre Ministerios, la cual es un paso para buscar un «pacto de rentas» que reduzca las presiones inflacionistas, pero empezando por una revisión fiscal a carburantes, electricidad y gas. Por un lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retrasa las decisiones al Consejo Europeo de final de mes, que será trascendente para conocer la posición de Europa respecto a la regulación del gas y del ‘pool’ eléctrico; mientras el ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió que este tema se discutiese en el próximo Consejo de Ministros para tratar de evitar paros en la actividad.

Es necesario actuar antes de que se produzca un daño estructural mayor en la economía española.