Desde el estallido de la pandemia en nuestro país, hace dos años por estas fechas, tanto la ciudadanía como las empresas españolas, en su mayoría pymes y autónomos, se han desenvuelto en un mar de desconcierto e incertidumbre que aún hoy continúa.
FUENTE: RTVE
El Gobierno actuó en su momento como pudo, pero no fue suficiente para salvar a todos aquellos que se vieron en una situación que les impedía seguir trabajando, pero al mismo tiempo debían seguir manteniendo sus costes fijos de estructura.
Tras dos años de lucha constante, están empezando a llegar fondos europeos para revertir los efectos estructurales de la crisis, lo que es positivo, pero este inicio de la recuperación ha coincidido con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia con un desgaste acelerado de las cuentas de resultados por la situación energética, de suministros y de transporte. En el último año, el precio de la luz ha subido un 900%, pasando de 54 euros/MWh en el mismo periodo del año pasado, a superar los 500 euros/MWh. Con respecto al precio de los carburantes, es evidente un incremento del 35% desde el inicio del año 2022. Este aumento en productos imprescindibles para la actividad empresarial y el desarrollo normal de la vida cotidiana pone en jaque, una vez más, la supervivencia de los negocios más pequeños.
No estamos ante una situación fácilmente resoluble a corto plazo. Se necesita más sensibilidad y acción por parte del Gobierno, el cual está retrasando semana a semana la toma de decisiones para atacar este problema que afecta diariamente a las familias y las empresas, sobre todo a las pymes y autónomos que conforman el 98% del tejido productivo español. El problema se lleva enquistando desde hace más de un año y la salud de los negocios pequeños está agotándose. Las ayudas prometidas ya se esperan insuficientes y no hay previsión de medidas de calado que realmente frenen el avance de una crisis que afecta a los bolsillos de todos los españoles.
El Ejecutivo puede tomar medidas, y reducir impuestos a estos bienes de forma extraordinaria, como piden las asociaciones empresariales, siendo un punto de partida para reducir la presión sobre la ciudadanía y evitar el paro de sectores fundamentales, como está empezando a ocurrir. Esconderse tras de Europa a la espera de soluciones conjuntas, no es lo que quiere la ciudadanía. Se acaba la paciencia y la capacidad de pago de muchas familias.
Es imprescindible una mayor coordinación entre Ministerios, la cual es un paso para buscar un «pacto de rentas» que reduzca las presiones inflacionistas, pero empezando por una revisión fiscal a carburantes, electricidad y gas. Por un lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retrasa las decisiones al Consejo Europeo de final de mes, que será trascendente para conocer la posición de Europa respecto a la regulación del gas y del ‘pool’ eléctrico; mientras el ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió que este tema se discutiese en el próximo Consejo de Ministros para tratar de evitar paros en la actividad.
Es necesario actuar antes de que se produzca un daño estructural mayor en la economía española.