Una lectura europea de las alternativas al ‘colapso energético’

Europa y gran parte del mundo está viviendo una crisis energética sin precedentes en su historia. La falta de energía agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a los precios ante las dificultades de obtener estos recursos.

FUENTE: EFE

Esto lleva apreciándose desde antes de principios de año, con el fin de los momentos más complicados de la pandemia y el alza en la inflación de la crisis económica posterior. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, en Europa, especialmente, se abre una nueva vía de problemas para la estabilidad socioeconómica provocada por la falta de materias primas y de energía, la cual volvió a afectar a los precios del mercado de bienes y servicios.

Aquí en España, por si fuera poco, hemos actuado más tarde que el resto de países de nuestro entorno, lo que ha afectado a nuestra posición relativa. El paquete de medidas del Gobierno se ha demostrado insuficiente y el equipo de Pedro Sánchez no ha conseguido abrir nuevas vías para mejorar la situación de los españoles. A esto, se le unió un conflicto que no se esperaba en el país, la soberanía del Sahara Occidental, antigua colonia española, y por la cual mantienen gran tensión Argelia y Marruecos; lo que ha acabado por provocar una subida de precio del gas argelino y una caída extraordinaria de su contribución al abastecimiento total de España, sobre el cual teníamos un trato preferencial.

En las últimas semanas es cuando más se está notando la crisis energética y las perspectivas preocupantes para el invierno. Lo que eran conjeturas sobre la posición de Francia, Alemania y Reino Unido hace unos meses, hoy son realidad y mañana serán motivo de restricciones severas en el suministro de gas. Cada semana que pasa, el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas europeos pulveriza récords históricos, acelerando la provisión de reservas para el invierno pero con enormes limitaciones tanto de capacidad como de cerrar contratos a precios razonables más allá del mes de enero próximo.

Por un lado, la posición de Alemania es extremadamente frágil y se hace evidente cada día hasta qué punto la competitividad de su economía era fuertemente dependiente de tener una energía muy barata y de un único proveedor que era improbable que fallase (Rusia). En este sentido, busca de manera desesperada poner en marcha medidas que, primero, aseguren el suministro en los próximos meses presionando para que se ejecuten infraestructuras vitales como el Midcat (a financiar con fondos europeos, pero con el freno continuo de Francia y la dificultad de ponerlo en marcha en España) o la paralización del cierre de las centrales nucleares que aún no están desmanteladas. Y, después, moderar el consumo de gas y el impacto sobre la factura tanto de la industria como de los consumidores domésticos (anuncios de bajadas de impuestos, combinadas con subidas específicas por nivel de consumo).

Por otro lado, la posición de Francia también está revelando peligrosas fragilidades debido a las necesidades de conservación y reparación del parque de generación nuclear. Dado que en este país (y también en Alemania) el precio mayorista de la electricidad no se traslada ni de manera inmediata ni tampoco en todo su impacto (las tarifas se fijan por contratos bilaterales a plazo), los consumidores no han notado todavía el mayor impacto por la subida de precios, pero lo tendrán en los próximos meses aunque de manera amortiguada.

Será necesario, por tanto, buscar vías alternativas para asegurar el suministro y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los consumidores. En el caso de España, se interpreta como un «triunfo» el llamado tope del precio del gas, bajo el cual el mercado mayorista de electricidad en España es sustancialmente menor que el de otros mercados europeos. No cabía esperar algo distinto, teniendo en cuenta que el gas es una energía de enorme importancia en el mix eléctrico español. Pero hay que ser muy conscientes de que la compensación que hoy se le paga a las centrales de gas para que no suban el precio lo estamos pagando, una parte, en el precio diario minorista (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, el 40% de los consumidores domésticos) y el resto se irá repercutiendo en los contratos de electricidad a precio fijado cuando toquen ser renovados.

De una forma u otra, obviamente, quienes notaremos estos incrementos seremos los consumidores finales, que usamos a diario la energía para todo lo que tiene que ver con la vida: cocinar, transportarnos, limpiar, ocio… No estamos a salvo y las previsiones no son nada alentadoras.

Las empresas no aguantan este tirón. Estos precios, sumados a la falta de materiales, también las deja en jaque. El consumidor no consume y las empresas no sobreviven, mientras la clase política se preocupa de trivialidades y de echarse los males de unos y otros, lo que no resuelve ni un solo problema.

Ya hemos empezado con el racionamiento energético que prometía Bruselas y en invierno será peor. De momento, las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez hace una semana ya han iniciado una nueva batalla política en nuestro país. Desde hace unos días se han empezado a aplicar las primeras regulaciones, que vivirán su segunda fase en septiembre y de la que probablemente haya más fases.

Empezando por los empresarios, estás medidas generan un gran desconcierto por las diferencias que hay entre los distintos negocios y sus actividades. No tiene sentido que un negocio en el que se conservan alimentos frescos tengo la misma temperatura que una peluquería.

Es indiscutible que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro energético en línea con las indicaciones de los Veintisiete. En el caso español dista mucho de lo que debiera haber sido: un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones.

Ya veremos si, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, estas medidas son inconstitucionales, siendo España uno de los países europeos con mayor iluminación pública de Europa, superando a países como Francia, Alemania o Italia. El problema de la iluminación de los escaparates de los locales, una vez cerrados, no desincentivará el turismo ni hará menos seguras nuestras calles, ese enfoque es menor.

Qué debería hacer el Gobierno y no hace para bajar el precio de la luz

La solución pasa por un cambio eficiente y con celeridad; contundente, pero con seguridad jurídica. 

Fuente:EFE

En primer lugar, es necesario incentivar la entrada masiva de fuentes de energía limpia a corto y medio plazo que contrarresten la enorme dependencia que tenemos del gas: fomento de las energías renovables apoyadas en sistemas de almacenamiento tecnológicamente maduros como las centrales de bombeo reversible, retirar el castigo vía impuestos y cánones a la hidroeléctrica y la nuclear o introducir más cogeneración, entre otros. En segundo lugar, cubrir con un déficit transitorio los enormes costes que están asumiendo 10,7 millones de consumidores, en su mayor parte familias vulnerables, de bajos ingresos, acogidas a programas de ayudas como el bono social o que están bajo esquemas de protección pública. En tercer lugar, una planificación a largo plazo de inventarios de materias primas para asegurar en todo momento el suministro. En cuarto y último lugar, fomentar la venta a largo plazo de energía y una mayor liquidez en los mercados que sirva para cubrir riesgos de enorme magnitud como inviernos más duros o mayor dependencia de menor número de productores que utilizan sus materias primas como arma geopolítica.

Éste es el camino que sí soluciona el problema de fondo de la energía en España, a diferencia de las propuestas conocidas esta semana que introducen más inseguridad jurídica, hunde las expectativas de inversiones en energías renovables y nos hace más dependientes de la coyuntura internacional, concretamente de la injerencia rusa en Europa. La nueva crisis propiciada por el aumento del precio de la luz ha provocado una ola de soluciones con poca garantía de éxito y con las que se intenta distrae la atención de la población culpabilizando a las compañías eléctricas, evadiendo de esta forma la responsabilidad de la política energética. A causa de esta mala praxis, podemos terminar sufriendo un problema mayor al que sufrimos actualmente, con nuevos récords en el precio de la electricidad prácticamente a diario.

Con el actual funcionamiento del mercado eléctrico (el famoso ‘mercado marginalista’) se han conseguido precios muy bajos para las familias y las empresas durante años, pero la cantidad de impuestos y tasas existentes en el recibo de la luz nos ha llevado a ser el quinto país de la Unión Europea donde más se paga por la energía doméstica. La solución no pasa por confiscar el beneficio de las empresas privadas (en muchos casos inexistente porque la mayor parte de la energía generada la tienen vendida a un precio fijo), sino por reducir el gravamen de la energía y apostar por soluciones alternativas a las que no les hemos dado cabida hasta ahora.

Estas políticas suponen cambios inmediatos para no agravar más aún la situación en la que nos encontramos los españoles. El Gobierno debe abogar por un sistema mixto de energía, incentivando lo que durante años se ha hecho bandera (las energías renovables) pero sin dejar el ‘cabo suelto’ de la energía de respaldo, lo que permite que no se produzcan apagones, siendo esto también uno de los puntos clave a los que están sujetos los famosos fondos de la Unión Europea. Estas modificaciones pasan por adaptarse ya, a través de políticas energéticas serias y no de desviar la atención con medidas que no hacen más que retrasar lo inevitable, mientras sigue aumentando el recibo de todos los españoles. Los políticos han de reconocer su error y el Gobierno y sus socios parlamentarios ser responsables con una situación que se puede resolver en el corto plazo. Los españoles no merecen seguir siendo engañados mientras pagan un precio desorbitado por servicios básicos y de primera necesidad.

El populismo con el que se está tratando el problema no hace más que seguir empeorando una situación ya compleja de por sí, medidas semejantes a la ‘expropiación’ de los beneficios de las empresas mientras estas registran pérdidas millonarias no tiene sentido alguno. Los españoles no han hecho nada para encontrarse en una situación de vulnerabilidad que pone en peligro la supervivencia económica de muchas familias de nuestro país, necesitamos soluciones eficientes y las necesitamos ya.