Qué debería hacer el Gobierno y no hace para bajar el precio de la luz

La solución pasa por un cambio eficiente y con celeridad; contundente, pero con seguridad jurídica. 

Fuente:EFE

En primer lugar, es necesario incentivar la entrada masiva de fuentes de energía limpia a corto y medio plazo que contrarresten la enorme dependencia que tenemos del gas: fomento de las energías renovables apoyadas en sistemas de almacenamiento tecnológicamente maduros como las centrales de bombeo reversible, retirar el castigo vía impuestos y cánones a la hidroeléctrica y la nuclear o introducir más cogeneración, entre otros. En segundo lugar, cubrir con un déficit transitorio los enormes costes que están asumiendo 10,7 millones de consumidores, en su mayor parte familias vulnerables, de bajos ingresos, acogidas a programas de ayudas como el bono social o que están bajo esquemas de protección pública. En tercer lugar, una planificación a largo plazo de inventarios de materias primas para asegurar en todo momento el suministro. En cuarto y último lugar, fomentar la venta a largo plazo de energía y una mayor liquidez en los mercados que sirva para cubrir riesgos de enorme magnitud como inviernos más duros o mayor dependencia de menor número de productores que utilizan sus materias primas como arma geopolítica.

Éste es el camino que sí soluciona el problema de fondo de la energía en España, a diferencia de las propuestas conocidas esta semana que introducen más inseguridad jurídica, hunde las expectativas de inversiones en energías renovables y nos hace más dependientes de la coyuntura internacional, concretamente de la injerencia rusa en Europa. La nueva crisis propiciada por el aumento del precio de la luz ha provocado una ola de soluciones con poca garantía de éxito y con las que se intenta distrae la atención de la población culpabilizando a las compañías eléctricas, evadiendo de esta forma la responsabilidad de la política energética. A causa de esta mala praxis, podemos terminar sufriendo un problema mayor al que sufrimos actualmente, con nuevos récords en el precio de la electricidad prácticamente a diario.

Con el actual funcionamiento del mercado eléctrico (el famoso ‘mercado marginalista’) se han conseguido precios muy bajos para las familias y las empresas durante años, pero la cantidad de impuestos y tasas existentes en el recibo de la luz nos ha llevado a ser el quinto país de la Unión Europea donde más se paga por la energía doméstica. La solución no pasa por confiscar el beneficio de las empresas privadas (en muchos casos inexistente porque la mayor parte de la energía generada la tienen vendida a un precio fijo), sino por reducir el gravamen de la energía y apostar por soluciones alternativas a las que no les hemos dado cabida hasta ahora.

Estas políticas suponen cambios inmediatos para no agravar más aún la situación en la que nos encontramos los españoles. El Gobierno debe abogar por un sistema mixto de energía, incentivando lo que durante años se ha hecho bandera (las energías renovables) pero sin dejar el ‘cabo suelto’ de la energía de respaldo, lo que permite que no se produzcan apagones, siendo esto también uno de los puntos clave a los que están sujetos los famosos fondos de la Unión Europea. Estas modificaciones pasan por adaptarse ya, a través de políticas energéticas serias y no de desviar la atención con medidas que no hacen más que retrasar lo inevitable, mientras sigue aumentando el recibo de todos los españoles. Los políticos han de reconocer su error y el Gobierno y sus socios parlamentarios ser responsables con una situación que se puede resolver en el corto plazo. Los españoles no merecen seguir siendo engañados mientras pagan un precio desorbitado por servicios básicos y de primera necesidad.

El populismo con el que se está tratando el problema no hace más que seguir empeorando una situación ya compleja de por sí, medidas semejantes a la ‘expropiación’ de los beneficios de las empresas mientras estas registran pérdidas millonarias no tiene sentido alguno. Los españoles no han hecho nada para encontrarse en una situación de vulnerabilidad que pone en peligro la supervivencia económica de muchas familias de nuestro país, necesitamos soluciones eficientes y las necesitamos ya.