3 años de desencuentro constitucional… y más de 40 años de democracia

La última semana de octubre ha sido una fiel representación de la fase de inestabilidad y continuos juegos de equilibrios políticos que comenzó en 2019 y que amenaza con prolongarse al menos un año más. En menos de una semana hemos pasado de estar muy cerca del primer gran acuerdo entre los dos principales partidos a estar a años luz del acuerdo por una desconfianza mutua a la que ni el resto de los partidos moderados ni la sede de la soberanía nacional han sabido o querido contribuir a mitigar.

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Esas elecciones fueron un triunfo de la sociedad española, ansiosa de democracia tras tantos años a la sombra del franquismo. Una victoria social que abrió un verdadero Estado de bienestar o la educación pública gratuita hasta los 16 años. Aquel octubre de 1982 en el que la sociedad española se movilizó por el futuro del país.

Enquistar el problema del gobierno de los jueces, ya de por sí manejados por el poder político de turno, ha generado una reacción incluso más disparatada de lo que cabría pensar. En este momento, sólo se habla de táctica política y no de estrategia. El principal partido de la oposición cayó en un error de manual de cualquier negociación abierta como es circunscribir las conversaciones con el Gobierno a la renovación del CGPJ cuando era plenamente consciente de que había otros factores que podían condicionar en el resultado. En el caso del partido dominante de la actual coalición de Gobierno, le traicionó la ambición y la impaciencia por cerrar acuerdos con sus apoyos parlamentarios para el próximo año.

En un terreno tan embarrado y en un nivel tan alto de recelo por ambas partes, es muy difícil lograr una solución si no hay un cambio de negociadores en ambas partes y un cambio total de escenario negociador. Ya ni siquiera serviría una ayuda proveniente de las instituciones europeas, tal como abogábamos hace unos días en esta misma newsletter. Es necesario estudiar qué camino alternativo dentro de la provisionalidad puede establecerse para volver a negociar dentro de un tiempo.

Tristemente, no es la primera vez (y probablemente no será la última) que se produce un desencuentro constitucional tan grave. Precisamente, la perspectiva histórica que da la celebración de los 40 años de la victoria del PSOE en las Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982 ayuda a diferenciar los momentos de grandes acuerdos y profunda voluntad reformista de los momentos de mayor enfrentamiento y diferencias en los partidos que han ido representando las tres cuartas partes de la sociedad española desde 1977. Incluso, los aniversarios de estos acontecimientos clave son buenos indicadores del grado de conflicto. En estos últimos años nos hemos acostumbrado a que la celebración de efemérides clave en la joven democracia española sea una escenificación más del desencuentro constitucional profundo en el que nos encontramos, y un momento especialmente delicado para los líderes históricos que encarnan cada efeméride.

Incluso, algunos liderazgos políticos del pasado, hoy al menos considerados como liderazgos morales, sufren de un pánico escénico que los lleva a no querer verbalizar lo que verdaderamente piensan. Si bien es cierto que hay momentos en que es preferible optar por la corrección política basada en un discurso sin demasiadas complicaciones, no es menos cierto que, una vez que se acepta representar en público un determinado papel, es necesario (incluso podríamos decir imprescindible) dejar muy clara la posición mal que le pese a la mayoría de la audiencia presente.

En un mundo de tendencias polarizadoras, la autoridad moral que da un desempeño acreditado y prolongado de cargos políticos relevantes, más aún si se trata de liderazgos significativos, se hace más necesaria que nunca. Y su buen uso es fundamental para no desgastarse en lo pequeño y actuar en lo grande. Acumular un buen stock de capital político es un proceso lento y complejo, pero perderlo es rápido y sencillo. Por ello, es un valor que debe gestionarse con prudencia, sabiendo cuándo y cómo tiene que tomar una posición de riesgo que ayude a acabar con la deriva radical tanto en los discursos como en la acción política, en el fondo y en la forma (sin ir más lejos, el tipo de apoyos políticos). En algunos casos, es preferible dar un paso atrás y buscar un foro diferente.

Más prudencia con la política presupuestaria

La semana pasada, el Ejecutivo presento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la peculiaridad de ser el de mayor gasto público de la historia de nuestro país. Previsiblemente será aprobado en la Cámara Baja, no sin antes algunos ajustes presumiblemente provenientes de los socios de la coalición

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Este Presupuesto puede tener mayor importancia de lo normal, y es que el calendario de las próximas elecciones generales puede hacer que se ejecute no solo en 2023, sino que se prorrogue hasta 2024, por lo que serían unas Cuentas con virtualidad bianual. 

Sorprende que en la actual situación el Gobierno se centre en incrementar el gasto muy por encima del crecimiento nominal de la economía, mientras en Europa sobrevuelan los fantasmas de las pasadas crisis. Berlín, París y Roma miran con miedo al cielo en la actual situación económica internacional, apostando por unas políticas de gasto público mucho más austeras después de navegar a merced de las políticas monetarias del BCE, inundando de liquidez el sistema. Una política expansiva que ha fomentado la inflación actual, que es la gran amenaza de la prosperidad europea. 

Ahora el BCE puso en marcha, con mucho retraso, una política monetaria restrictiva que choca frontalmente con las políticas presupuestarias expansivas que ha venido alentando Bruselas y que nuestro país ha suscrito sin miramientos. En este contexto, donde el último informe del Banco de España describía esta semana con tintes mucho más dramáticos, el Gobierno acaba de presentar su proyecto de Presupuestos, unos PGE demasiado expansivos que ignoran nuestro contexto por completo, porque, digámoslo, no son los Presupuestos que España necesita y que le vendrían bien al país en estos momentos, sino los que convienen a la coalición para tratar de ganar la reelección a finales del próximo año. 

El problema de las Cuentas es que la previsión sobre la que se sustentan sea creíble. Solo 24 horas antes de aprobarlos, la vicepresidenta económica ya rebajó esa previsión de crecimiento al 2,1% del PIB. Pero apenas 24 horas después, el Banco de España desautorizó ese dato, al fijar su propia previsión en el 1,4%, siete décimas menos, y aún menos el FMI con un 1,2%. Unas pocas décimas en el ‘Libro Amarillo’ es mucho dinero.

En consecuencia, las estimaciones de ingresos no financieros contenidas en el proyecto son papel mojado. la reducción del crecimiento es muy importante, porque significa no solo que vas a crecer menos, y por tanto vas a recaudar menos, sino que no vas a crear empleo, al contrario, con lo que ello significa en términos de recaudación. De modo que el capítulo de ingresos está inflado y normalmente serán inferiores, incluso muy inferiores, a pesar del efecto de la inflación y de los fondos Next Generation. 

Con los gastos ocurre lo contrario. Unas prácticas particularmente llamativas en el caso de las cuentas de la Seguridad Social, con ingresos sobreestimados para poder hacer frente a la enorme cuantía del gasto reconocido. Y para dar dinero público primero hay que quitárselo al contribuyente. Pensionistas, trabajadores públicos (la masa salarial del Estado supera los 25.000 millones) y rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros son los grandes beneficiarios de esta política.

Cuadrar esas cuentas va a ser tarea difícil. Y si no cuadran, seguiremos aumentando la deuda pública que, antes o después tendremos que pagar. Será bueno que no nos instalemos en el pan para hoy hambre para mañana. 

Escapar de los ‘egos’ europeos

Como si fuera un padre o una madre hacia sus hijos al echarles una bronca se refirió Josep Borrell a los cuerpos diplomáticos europeos. Fue un discurso correctivo en un momento de incertidumbre con la guerra en Ucrania como telón de fondo. La burocracia de la Unión Europea no está siendo ágil y, por el contrario, está siendo arrogante y lenta, en palabras del propio Borrell.

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Esta reprimenda al más puro estilo paternalista es un tirón de orejas necesario para la política europea. El propio Borrell lo ejemplificó de la forma más clara posible con un simple: “A veces, sabía más de lo que estaba pasando en algún lugar leyendo los periódicos que leyendo sus informes. Los informes llegan a veces demasiado tarde”, cuando la función de los diplomáticos europeos es llegar antes que nadie para informar de la situación en tiempo real de un país.

La guerra de Ucrania es un ejemplo ya que, cuando el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llama a Borrell para decirle que la invasión estaba a punto de ocurrir, mientras la Unión Europea aún lo negaba. La falta de previsión ante un conflicto enquistado desde la entrada de los rusos en Crimea en 2014, desconociendo cuán efectiva sería la resistencia de los ucranianos o la capacidad de escalada de Putin.

La política europea y su capacidad de ordenar aquello que tienen que hacer sus diplomáticos, tiene una gran responsabilidad en el correcto funcionamiento y desarrollo del continente por lo que el desempeño de su actividad es crucial para poder atacar los problemas antes de que estos sucedan o, al menos, tener un plan de actuación para cuando ocurran. En este tipo de casos no se habla por hablar, y menos cuando se trata de una celebración y el de Borrell haya sido el discurso inaugural.

Europa tiene problemas y la organización debe estar lo más engrasada posible para salir de esta situación. “Este no es un momento en el que os vamos a mandar flores a todos diciéndoles que sois preciosos, trabajáis muy bien y estamos muy contentos, somos una gran familia”, llegó a ironizar en su discurso el exministro socialista de Asuntos Exteriores.

Por muy duro que parezca era algo que el alto comisionado quiso decir. Un tirón de orejas avisado al inicio de su discurso. “No quiero culpar ni avergonzar, pero esto es algo que tengo que decirles”. Crónica de una bronca anunciada.

Pero no se quedó ahí, Borrell fue más allá cuando toco referirse a la intervención de los funcionarios de la UE, cuya “arrogancia es legendaria” en los países pobres de África, América Latina o Asia, estaban enfureciendo a naciones que deberían ser cortejadas como aliadas en lugar de sermoneadas.

“Tratamos de exportar nuestro modelo, pero no pensamos lo suficiente en cómo los demás lo percibirán. Y les dices: ‘Este es un modelo, es el mejor, así que tienes que seguirlo’. Por razones culturales, históricas y económicas, esto ya no se acepta”, dijo Borrell y les espetó: “Recuerden esta frase: Es la identidad, estúpido”.

Esta última frase, es imprescindible ya que cada vez más, algunas identidades están surgiendo y dispuestas a ser reconocidas y aceptadas y no fusionadas dentro del enfoque ‘Occidental’. Europa está perdiendo la empatía y debe poner atención en el resto del mundo. Hay que dejar de pensar que sabemos mejor que es lo que interesa a otros y no nos preocupamos por conocerlo. ¿Cómo se pueden corregir todos estos problemas? ¿Qué deben hacer entonces los embajadores de la UE? El jefe de la diplomacia de la UE lo resume en esta regla de oro: «Tomen más la iniciativa. Prepárense para ser audaces».

La radiotelevisión pública no puede ser del que gobierna

Durante varias legislaturas hemos podido observar casi las mismas leyes de educación que cambios en la dirección de Radio Televisión Española. La última salida de José Manuel Pérez Tornero como presidente de la casa reabre una vez más la batalla por el control que los gobiernos tienen y quieren para hacer con la televisión pública un elemento más de su propaganda política.

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La profesión no es lo que era, la polarización política ha polarizado aún más si cabe al poder mediático convirtiendo a los periodistas en siervos de partidos políticas y empresas. Muchos pensarán: “¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la radio y televisión pública?” Sencillo, porque la pagamos entre todos y merecemos que los contenidos de esta sean de calidad; ya sea esta informativa, documental, cultural, histórica o educativa.

Por no decir que, fuera del poder propagandístico que de por sí un medio tiene, es un arma informativa para la protección de la ciudadanía, la cual el Ejecutivo pudo haber utilizado para educar sobre los cuidados del coronavirus. Una campaña que no se hizo en los medios y que sí se hace desde la DGT.

Es muy discutible que el tinte político de las opiniones vertidas en RTVE sea predominantemente conservador, como apuntaban miembros del consejo de administración de la casa. En nuestro paisaje mediático, de hecho, es palpable la hegemonía de las posiciones cercanas al Gobierno de coalición y a sus socios parlamentarios. Además, sobran los ejemplos que ilustran una patente afinidad entre la línea editorial de la Corporación y el Gobierno.

Lo que realmente parece querer la principal fuerza de intervención en los medios (compuesta, fundamentalmente, por personas del entorno de Podemos) es una identificación total de RTVE con la doctrina del Ejecutivo de coalición. Una aspiración más propia de regímenes en los que la información es controlada por el Gobierno. Un ejemplo más de la obsesión por obtener el apoyo de los medios públicos y privados cuando su gestión no resulta espontáneamente merecedora de buena prensa.

No es de extrañar que Pablo Iglesias quisiese en su momento hacerse con el control de RTVE. Esta semana en un programa de radio de máxima audiencia, tanto Iglesias como Carmen Calvo, dos ex vicepresidentes del Gobierno durante esta legislatura, defendieron la organización de los contenidos y contertulios en función de la representación política vigente, una suerte de cuotas partidistas con las que ejercer control sobre el medio público. Se recuerdan pocos episodios tan liberticidas como éste sin que haya comportado una condena rotunda ni del propio ente público ni tampoco del resto de medios de comunicación públicos y privados.

No es cosa de este Gobierno, eso está claro, se puede apreciar como los Ejecutivos de las regiones con televisiones públicas también meten mano de forma clara a las cadenas a modo de propaganda. Los medios y el periodismo deben garantizar la libertad de los españoles, no la buena imagen de unos políticos que no les dejan trabajar. La muerte de la información y, por tanto, de la democracia.

Por una mediación efectiva de la UE ante situaciones de deterioro institucional

El día 3 de octubre tenemos que presentar ante Europa una renovación del Consejo General del Poder Judicial que llevamos retrasando años. Los informes de Bruselas han ido viendo la inacción de los políticos de nuestro país para negociar y no ha quedado más remedio que Bruselas intervenga en el proceso como árbitro para solventar una situación de deterioro institucional como ésta.

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El martes 27 de septiembre se presentó en Madrid el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con un reto no imposible pero muy complejo: sentar a los dos grandes partidos en la misma mesa para terminar una renovación que lleva pausada 4 largos años. Todas las esperanzas por parte del Gobierno, del propio gobierno de los jueces y de las asociaciones judiciales están puestas en el Comisario que tiene tras de sí importantes episodios negociadores en la política interna de su país.

«Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas», dijo Reynders hace unos días desde Bruselas preguntado por el objetivo de su viaje a Madrid. El Comisario de Justicia considera urgente que se pongan en marcha los nuevos nombramientos y que se acometa «muy rápidamente» una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ.

Sobre esto último, parece que el PSOE no va a presentar demasiada oposición, una vez que se ha abierto a poder negociar que en el futuro la carrera judicial tenga un papel más activo en la elección de los miembros del gobierno de los jueces. El PP exige antes de sentarse a negociar la renovación que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar inmediatamente después la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del Consejo. Los socialistas consideran esta exigencia una excusa más del PP para no proceder a la renovación; lo que está claro es que ambos se protegen en sus excusas para no ser el primero en reconocer que ha torcido el brazo.

La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace años que el retraso en la renovación del CGPJ es un motivo de preocupación por la «posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización» y reclama la urgente renovación del gobierno de los jueces con el sistema vigente y que después se modifique el método de elección para evitar futuros bloqueos por falta de acuerdos políticos, como la actual.

Una mediación efectiva

Gobierno y oposición no han parado de lanzarse reproches durante la visita del Comisario, pero es responsabilidad compartida que no se haya avanzado durante estos años. Es muy preocupante que haya que defender una suerte de mediación europea ante situaciones de grave deterioro institucional, más aún cuando nuestro país es el siguiente en coger el relevo de la presidencia de la Unión Europea. Nuestra situación no es comparable a la de Hungría o Polonia, donde se vulnera la independencia judicial con asiduidad. Pero no nos podemos permitir que se nos pueda encasillar con países gobernados por iliberales. Tenemos una fecha límite para el lunes 3 de octubre y no parece que la vista del Comisario vaya a adelantar demasiado los acontecimientos.

En paralelo a la visita del comisario europeo de Justicia, el CGPJ celebrará este jueves un pleno ordinario al que Lesmes quiere llevar el informe que encargó al Gabinete Técnico del Consejo sobre su eventual sucesor. Desde el CGPJ no ocultan su malestar por que la futura dimisión de su presidente eclipse la visita del Comisario europeo. A su juicio, es improcedente someter a conocimiento de los vocales este informe, algo que, en su opinión, el Pleno del CGPJ tendría que ver una vez que él no esté y no precisamente en este momento. “Si se va, lo que él opine deja de ser relevante porque los que nos quedamos con el marrón somos nosotros”, recogen los medios desde fuentes del organismo.

Las consecuencias de que los partidos centrales abandonen su posición

Las Elecciones Generales celebradas en Italia han reabierto una de las cuestiones básicas del futuro político no sólo del país transalpino sino también de otros Estados Miembros de la UE como España.

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Ése es el caso de Giorgia Meloni en Italia, pero éste ha sido el caso de Pablo Iglesias y los restos de su formación en España en los últimos años. Como si se tratara de una ley del péndulo, esta situación sigue siendo un gran desafío para lo que Europa significa. La extrema derecha italiana ha culminado este domingo la cadena de tentativas anteriores de formaciones expresamente nacional-populistas y euroescépticas en países de larga tradición democrática. En Suecia, hace 15 días, la ultraderecha fue la segunda fuerza más votada y, antes del verano, Marine Le Pen perdió la presidencia de Francia, pero multiplicó por diez su número de escaños (de 8 a 89). 

Italia ha sido el caldo de cultivo de los grandes cambios políticos de Europa durante estos años, su gran inestabilidad nos ha permitido ver los grandes cambios que se produce en el imaginario de una sociedad cuando la situación nos es buena. Tomar decisiones a la ligera en busca de cambio cuando la coyuntura general no es buena solo desune, polariza. España se enfrenta este próximo curso a procesos electorales que locales y regionales donde podremos empezar a ver un atisbo del rumbo que puede coger nuestro país de cara a unas elecciones generales.

España se enfrenta este próximo año a procesos electorales locales y regionales donde podremos empezar a ver un atisbo del rumbo que puede coger nuestro país de cara a unas elecciones generales que llegarían en los meses siguientes. En cualquier caso, un tiempo más que prudencial para que los partidos centrales presenten una propuesta creíble de futuro que orille a los extremos. Algunos primeros elementos ya están apareciendo con una orientación electoral clara como es tocar los impuestos.

Dejando España y volviendo a dos cuestiones básicas de lo que ha ocurrido en Italia. ¿Cómo se explica esta victoria del otro extremo del espectro político italiano? Giorgia Meloni llega al poder gracias a una “tormenta perfecta”, una extraña confluencia de escenarios malos para la democracia. Se da tras la conformación y luego la caída en 2022 del gobierno de unidad del tecnócrata Mario Draghi, quien fue apoyado por casi todos los partidos con la excepción del partido Hermanos de Italia (FDI, por su sigla en italiano) de Meloni. De la noche a la mañana, Meloni se convirtió en la principal figura y luego principal candidata de la oposición al gobierno. Un nombre desconocido que ha conseguido desplazar a Salvini a la consideración de derecha moderada en su país y que puede significar la apertura, aún más si cabe, de los extremos políticos.

Sin embargo, hoy las preguntas principales no son si Meloni es neofascista o si el fascismo está regresando al poder de la misma manera (no es el caso). El interrogante debería ser cuánto daño puede hacer a Italia y la Unión Europea (UE) una coalición liderada por Meloni, que intentará contar con el exlíder del Consejo de Ministros, Mario Draghi, para ganarse el beneplácito (al menos económico) de la UE y no ser abrasados a sanciones como Hungría o Polonia, ante un gobierno que promete de todo menos tranquilidad.

70 años de luces y sombras

La pasada semana murió ‘Queen Elizabeth II’ tras 70 años de reinado. La monarca que no estaba destinada a serlo y menos de una manera tan temprana. A los 25 años se convirtió en Reina tras la muerte de su padre, que llegó a la corona tras la abdicación de su hermano, quien cedió el derecho para casarse con una mujer divorciada, algo que era inaceptable para la monarquía inglesa de la época por motivos políticos y religiosos

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Su coronación se produjo en dos años después de la muerte de su padre, en junio de 1953, en medio de un gran periodo de austeridad provocado por la II Guerra Mundial. Desde su llegada a Palacio, Isabel siempre ha actuado como una figura muy institucional y constitucional, trabajando con seriedad sobre su derecho a consultar, aconsejar y advertir, pero sin inmiscuirse más allá. Sabía que era jefa de Estado, pero no de Gobierno.

Buckingham se abrió con el paso de los años hacia una entidad menos formal y cercana a aquella sociedad, destruyendo la mística impenetrable de la realeza pero que logró aumentar el apoyo del país hacia la monarquía. En 1977, el Jubileo de plata fue celebrado con entusiasmo en las calles. El afecto por la monarquía parecía seguro y gran parte de eso se debía a la propia reina. Año tras año, Isabel II siguió cumpliendo con sus deberes, viajando y promoviendo los intereses británicos.

Desde que ascendió al trono, la monarquía de la reina Isabel II cobró la popularidad más alta que se haya visto por más de 70 años. Según un sondeo de Ipsos Mori para Kings’s College de Londres, el 76 % de los británicos se declaró satisfecho con la Corona y solo el 17 % optó por la República.

No todo fue color de rosa

Pero la admiración no es unánime. Para algunos, su muerte ha despertado recuerdos de la historia en ocasiones sangrienta del gobierno colonial: atrocidades contra los pueblos indígenas, el robo de estatuas y artefactos de las naciones de África occidental, oro y diamantes del sur de África e India, esclavitud y opresión.

Mientras muchos lideres de antiguas colonias se deshacen en elegios tras su fallecimiento, otros tantos atacan su papel una vez muerta y por lo que le recriminan no solo no haber reconocido los “crímenes” perpetrados por su familia, sino que “fue una orgullosa abanderada de estas atrocidades”, califican políticos sudafricanos.

Entre las extrañas posesiones de la reina se incluían minas de oro, huevos Fabergé y una cantidad inabarcable de tierras. Como cabeza la Corona, también cuenta con palacios y castillos como el de Balmoral. La reina fue siempre muy reacia a hacer público su patrimonio, una fortuna privada que superaría los 400 millones de euros según las estimaciones y que se dispararía hasta los 14.300 millones si englobamos todo el patrimonio real. Desde 1993, Isabel II quiso sentar precedente y pagar impuestos. Por eso los británicos se llevaron las manos a la cabeza cuando, en los Papeles del Paraíso, aparecieron inversiones millonarias a través de uno de los ducados de la reina en fondos offshore de las Islas Caimán y Bermudas que más tarde no aparecían reflejados en las cuentas anuales.

No todo fue fácil en estos 70 años. Acusaciones de racismo, infidelidades, excesos, fetichismos, divorcios… Isabel II ha tenido que hacer frente a numerosas polémicas durante su mandato, con todo lo que ello conlleva en un mundo en el que tienen prohibido hasta jugar al Monopoly. Sin entrar en amarillismos ni polémicas fuera de lo que fuera exclusivamente su actividad monárquica, la serie ‘The Crown’ refleja todo lo documentado de su vida, con todo lo que ello ha supuesto.

Construir una mayoría electoral que rompa el statu quo nacionalista

Cataluña y España, una división. Una guerra imaginaria en las cabezas de los independentistas que desde los distintos gobiernos no se le ha dado la suficiente importancia que se le debía dar y, cuando ha habido que actuar, se ha actuado tarde. Más aún cuando se trata de hacer equilibrios muy complejos para lograr los apoyos suficientes en la Cámara Baja que mantengan unos meses más con vida la actual Legislatura.

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El derecho a tener como lengua vehicular el castellano en la escuela catalana no sólo es una cuestión jurídica sino, ante todo, de derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución y los tratados internacionales. Cuando tanto los tribunales como la principal fuerza de la oposición en Cataluña declararon que el castellano volvería a ser lengua vehicular de la educación en Cataluña, se celebró con cierta calma. Sin embargo, el líder de la oposición, Salvador Illa, sabía que esto no era verdad y que estaría sujeto a los pactos que el Gobierno de coalición realizase con los independentistas.

Se cumplirá, en principio, lo que el equipo adoctrinador del Gobierno de la Generalitat quería: desoír la voz de las familias que pedían ejercer el derecho a que sus hijos pudieran tener una educación en castellano en España, impensable para algunos. Este curso, los 27 centros de educación pública de Cataluña en las que se impartía una (solo una) asignatura en castellano, gracias a las peticiones y manifestaciones de familias, tampoco impartirán asignaturas en castellano. Esto es celebrado por el consejero de Educación, Josep González Cambray, como una ‘batalla ganada contra España’.

El clasismo del nacionalismo catalán solo permitirá estudiar en su lengua a aquellos que puedan pagar una educación privada o concertada, degradando al resto a la imposición de la lengua a modo de “limpieza étnica”, como menciona Juan Claudio de Ramón. Emplazar a la obligatoriedad convierte al Ejecutivo catalán en un régimen, que pretende desplazar fuera de la región a aquellos que no ‘crean en la causa’ independentista.

Han demostrado de lo que son capaces, ejerciendo toda la presión del independentismo sobre aquellas personas que no quieren que se pisoteen sus derechos como españoles y catalanes. Han degradado a Cataluña y su intención de seguir haciéndolo parece no tener fin.

Este tipo de situaciones son inexplicables en el contexto internacional. ¿Cómo explicar en Europa que en España hay una región en la que la educación pública no enseña en la lengua oficial del Estado? Y aún más difícil, ¿cómo es posible que el Gobierno estatal lo permita?

El domingo 18 de septiembre saldrán a la calle los catalanes a los que el Govern está vulnerando sus derechos como españoles. Desde el resto del país estaremos apoyando a aquellos que acudan a manifestarse. Cataluña se ha cansado de la dictadura lingüística y Barcelona acogerá la protesta. ‘Escuela de Todos’ se ha encargado de organizar esta manifestación con una intención clara: que se aplique el 25% de castellano que indica la ley. Una mezcla entre el ‘realismo mágico’ de García Márquez y el ‘esperpento’ de Valle-Inclán, que provoca que lo que nos rodea carezca de sentido alguno, y que sean los propios españoles los que tengan que pedir no sentirse excluidos de la enseñanza pública del país.

La movilización social debe dar paso a la estrategia política. Es imprescindible transformar el enfado con la vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía catalana en la construcción de una mayoría electoral sobre la marca o marcas políticas que ocupen un espacio de centralidad y, con esa valentía, romper con el statu quo nacionalista. Es evidente que existe una mayoría más que suficiente de ciudadanos catalanes hartos de esta situación, pero que o bien no lo expresan cuando van a votar (excepto un porcentaje notable de los votos que está extraordinariamente fragmentado en este momento) o bien su expresión es la abstención. 

¿Será capaz el principal partido de la oposición en Cataluña de identificarse de una vez con sus ciudadanos e instrumentar esa mayoría suficiente? ¿O tendrá que ser otra marca o marcas y otros liderazgos que lo hagan? Ahí está la batalla de los próximos meses mientras la Justicia vaya haciendo su trabajo en materia de ejecución de la sentencia última.

El uso (y abuso) de la figura del real decreto-ley

Desde 2018, España ha sufrido un aumento desmesurado de normas aprobadas a través de la figura del real decreto-ley. El actual Gobierno ha roto todos los récords históricos en proporción a los años de Gobierno y, en el año y medio que queda para el término de la legislatura, se espera que continúe usando este mecanismo que se critica muy duramente cuando se está en la oposición, pero se usa (y abusa) cuando se está en el Gobierno.

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En cuatro años, esto es, de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, a día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado más de 120 decretos-ley. Sólo les supera los gobiernos de Felipe González con 130, eso sí, en 14 años de mandato, y José María Aznar con 127, en ocho. El récord se mantiene de forma porcentual, pero es más que probable que se superen las cifras totales en tan solo una legislatura.

Si bien es cierto que la pandemia obligó a tomar decisiones de emergencia que debían aplicarse de manera inmediata y su paso por las Cámaras ralentizaría su entrada en vigor, esto debe aplicarse en situaciones de excepcionalidad, nunca de forma normal. El Gobierno de coalición ha aprovechado esta circunstancia para aplicar medidas legislativas sin pasar por el Congreso cuando no había motivos para que no fuese así.

Más allá de la urgencia, las formas y el rigor son fundamentales. Esto no ha sido respetado por el Gobierno que, incluso cuando el Tribunal Constitucional se los tumba, quedan ahí flotando como si nada hubiera pasado. En ocasiones parece que el decreto-ley es un instrumento creado a la medida del presidente y su uso se ajustase más a sus imperiosas necesidades que a las del país mismo. Claro ejemplo fue la urgencia de colocar a Pablo Iglesias en la comisión de control del CNI.

Pero siempre que se analiza esta cuestión, aparecen enseguida las voces defensoras que esgrimen el argumento de que una parte sustancial de los reales decretos-ley convalidados en el Congreso pasan después a tramitarse como proyectos de Ley. Efectivamente esto es así, pero incluso en esta estrategia usada por los grupos minoritarios para condicionar su voto favorable a la convalidación a cambio de poder modificar posteriormente la norma introduciendo enmiendas, el Gobierno ha conseguido convertir este proceso en una ‘vía muerta’ legislativa. Nada le impide al Ejecutivo jugar a dilatar los plazos de tramitación de ese proyecto de ley indefinidamente a base de prórrogas.

De hecho, ya está pasando. Si ir más lejos con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuyo decreto se aprobó en marzo, así como su tramitación como proyecto de ley, de la que poco se sabe hasta la fecha. Suma y sigue: el decreto de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis del Covid; medidas en materia de empleo agrario; otras de apoyo al sector cultural y de carácter tributario o de medidas sociales en defensa del empleo y así hasta decenas de ellos.

Podemos, Sánchez y la pérdida de influencia en Latinoamérica

Desde la llegada de Podemos a la política española la relación entre nuestro país y Latinoamérica sufrió un cambio en la influencia y la cooperación entre ambos. Las relaciones históricas y la importancia de la lengua siempre han sido el punto de unión que ha favorecido política y económicamente a ambos agentes. El cambio de paradigma político a nivel mundial con la irrupción de los populismos europeos en el poder político se extrapoló a la perfección en las frágiles democracias del sur de América.

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Si hay algo que caracteriza a Podemos es su facilidad para revolver las aguas con una pasmosa sencillez y su influencia en los populismos de extrema izquierda es la tormenta perfecta. Pablo Iglesias incluye en el discurso político los movimientos revolucionarios de la región y afea el papel de nuestro país “conquistador”. Estas circunstancias alimentan el discurso del restablecimiento y del daño de nuestro país por parte de los líderes populistas de estos países.

El Descubrimiento y Conquista de América se convierten en el relato de nación española en el símbolo por antonomasia de las glorias imperiales españolas, tanto que la fiesta nacional española, 12 de octubre, celebra el día del primer desembarco de Cristóbal Colon en tierras americanas; en los americanos, por el contrario, con variaciones de unos a otros países, en símbolo de la destrucción de sus naciones por otra ajena y extraña, la española.

En la actualidad, parece que el mayor o menor éxito de las políticas españolas hacia América Latina, como consecuencia, no depende tanto de la voluntad española, en general siempre favorable a su fortalecimiento, como con los cambios político-ideológicos latinoamericanos, que históricamente han alternado momentos de clara hispanofilia con otros de no menos clara hispanofobia. Esto explicaría que, a pesar del incremento de los intercambios de todo tipo, desde económicos hasta académicos de las últimas décadas, España pocas veces ha estado tan ausente de la vida pública latinoamericana y ha sido menos influyente que en los últimos años.

Los recientes viajes de Pedro Sánchez a Latinoamérica tratan de romper con años de odio, proferido por sus ahora socios de Gobierno, en un momento de gran inestabilidad en Europa, buscando abrir frontera con España como principal aliado para conseguirlo. El problema es que Sánchez ha empleado sus viajes para desplazar a Podemos y se ha dedicado a estrechar lazos y felicitar a los nuevos ejecutivos populistas de la izquierda de la región y el Caribe. España debe abogar e influenciar para que en la región se recupere la senda de la moderación, no fomentar los desgobiernos.

Las relaciones de España con la América hispana no son una opción. El hermanamiento es más histórico y social que político y la amistad se ha mantenido siempre, incluso en las etapas más negras a un lado y otro del Atlántico. Una amistad que también debe ser pragmática porque la digitalización acelerada provocada por la pandemia y los retos medioambientales abren un gran abanico de posibilidades en una región potencialmente muy dinámica. Es cierto que, según un reciente informe del Banco Mundial, las cicatrices del covid tardarán en desaparecer y, aunque se esperan crecimientos superiores al 2% en 2022 y 2023, los resultados regionales siguen estando entre los más bajos del mundo. Sin embargo, América Latina y el Caribe contribuyen con solo el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y tienen enormes ventajas comparativas en la economía verde y energías renovables, de las que España puede y debe ser partícipe.