El día 3 de octubre tenemos que presentar ante Europa una renovación del Consejo General del Poder Judicial que llevamos retrasando años. Los informes de Bruselas han ido viendo la inacción de los políticos de nuestro país para negociar y no ha quedado más remedio que Bruselas intervenga en el proceso como árbitro para solventar una situación de deterioro institucional como ésta.
FUENTE: EFE
El martes 27 de septiembre se presentó en Madrid el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con un reto no imposible pero muy complejo: sentar a los dos grandes partidos en la misma mesa para terminar una renovación que lleva pausada 4 largos años. Todas las esperanzas por parte del Gobierno, del propio gobierno de los jueces y de las asociaciones judiciales están puestas en el Comisario que tiene tras de sí importantes episodios negociadores en la política interna de su país.
“Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas”, dijo Reynders hace unos días desde Bruselas preguntado por el objetivo de su viaje a Madrid. El Comisario de Justicia considera urgente que se pongan en marcha los nuevos nombramientos y que se acometa “muy rápidamente” una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ.
Sobre esto último, parece que el PSOE no va a presentar demasiada oposición, una vez que se ha abierto a poder negociar que en el futuro la carrera judicial tenga un papel más activo en la elección de los miembros del gobierno de los jueces. El PP exige antes de sentarse a negociar la renovación que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar inmediatamente después la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del Consejo. Los socialistas consideran esta exigencia una excusa más del PP para no proceder a la renovación; lo que está claro es que ambos se protegen en sus excusas para no ser el primero en reconocer que ha torcido el brazo.
La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace años que el retraso en la renovación del CGPJ es un motivo de preocupación por la “posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización” y reclama la urgente renovación del gobierno de los jueces con el sistema vigente y que después se modifique el método de elección para evitar futuros bloqueos por falta de acuerdos políticos, como la actual.
Una mediación efectiva
Gobierno y oposición no han parado de lanzarse reproches durante la visita del Comisario, pero es responsabilidad compartida que no se haya avanzado durante estos años. Es muy preocupante que haya que defender una suerte de mediación europea ante situaciones de grave deterioro institucional, más aún cuando nuestro país es el siguiente en coger el relevo de la presidencia de la Unión Europea. Nuestra situación no es comparable a la de Hungría o Polonia, donde se vulnera la independencia judicial con asiduidad. Pero no nos podemos permitir que se nos pueda encasillar con países gobernados por iliberales. Tenemos una fecha límite para el lunes 3 de octubre y no parece que la vista del Comisario vaya a adelantar demasiado los acontecimientos.
En paralelo a la visita del comisario europeo de Justicia, el CGPJ celebrará este jueves un pleno ordinario al que Lesmes quiere llevar el informe que encargó al Gabinete Técnico del Consejo sobre su eventual sucesor. Desde el CGPJ no ocultan su malestar por que la futura dimisión de su presidente eclipse la visita del Comisario europeo. A su juicio, es improcedente someter a conocimiento de los vocales este informe, algo que, en su opinión, el Pleno del CGPJ tendría que ver una vez que él no esté y no precisamente en este momento. “Si se va, lo que él opine deja de ser relevante porque los que nos quedamos con el marrón somos nosotros”, recogen los medios desde fuentes del organismo.