Desde 2018, España ha sufrido un aumento desmesurado de normas aprobadas a través de la figura del real decreto-ley. El actual Gobierno ha roto todos los récords históricos en proporción a los años de Gobierno y, en el año y medio que queda para el término de la legislatura, se espera que continúe usando este mecanismo que se critica muy duramente cuando se está en la oposición, pero se usa (y abusa) cuando se está en el Gobierno.
FUENTE: EFE
En cuatro años, esto es, de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, a día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado más de 120 decretos-ley. Sólo les supera los gobiernos de Felipe González con 130, eso sí, en 14 años de mandato, y José María Aznar con 127, en ocho. El récord se mantiene de forma porcentual, pero es más que probable que se superen las cifras totales en tan solo una legislatura.
Si bien es cierto que la pandemia obligó a tomar decisiones de emergencia que debían aplicarse de manera inmediata y su paso por las Cámaras ralentizaría su entrada en vigor, esto debe aplicarse en situaciones de excepcionalidad, nunca de forma normal. El Gobierno de coalición ha aprovechado esta circunstancia para aplicar medidas legislativas sin pasar por el Congreso cuando no había motivos para que no fuese así.
Más allá de la urgencia, las formas y el rigor son fundamentales. Esto no ha sido respetado por el Gobierno que, incluso cuando el Tribunal Constitucional se los tumba, quedan ahí flotando como si nada hubiera pasado. En ocasiones parece que el decreto-ley es un instrumento creado a la medida del presidente y su uso se ajustase más a sus imperiosas necesidades que a las del país mismo. Claro ejemplo fue la urgencia de colocar a Pablo Iglesias en la comisión de control del CNI.
Pero siempre que se analiza esta cuestión, aparecen enseguida las voces defensoras que esgrimen el argumento de que una parte sustancial de los reales decretos-ley convalidados en el Congreso pasan después a tramitarse como proyectos de Ley. Efectivamente esto es así, pero incluso en esta estrategia usada por los grupos minoritarios para condicionar su voto favorable a la convalidación a cambio de poder modificar posteriormente la norma introduciendo enmiendas, el Gobierno ha conseguido convertir este proceso en una ‘vía muerta’ legislativa. Nada le impide al Ejecutivo jugar a dilatar los plazos de tramitación de ese proyecto de ley indefinidamente a base de prórrogas.
De hecho, ya está pasando. Si ir más lejos con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuyo decreto se aprobó en marzo, así como su tramitación como proyecto de ley, de la que poco se sabe hasta la fecha. Suma y sigue: el decreto de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis del Covid; medidas en materia de empleo agrario; otras de apoyo al sector cultural y de carácter tributario o de medidas sociales en defensa del empleo y así hasta decenas de ellos.