Desde 2018, España ha sufrido un aumento desmesurado de normas aprobadas a través de la figura del real decreto-ley. El actual Gobierno ha roto todos los récords históricos en proporción a los años de Gobierno y, en el año y medio que queda para el término de la legislatura, se espera que continúe usando este mecanismo que se critica muy duramente cuando se está en la oposición, pero se usa (y abusa) cuando se está en el Gobierno.
FUENTE: EFE
En cuatro años, esto es, de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, a día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado más de 120 decretos-ley. Sólo les supera los gobiernos de Felipe González con 130, eso sí, en 14 años de mandato, y José María Aznar con 127, en ocho. El récord se mantiene de forma porcentual, pero es más que probable que se superen las cifras totales en tan solo una legislatura.
Si bien es cierto que la pandemia obligó a tomar decisiones de emergencia que debían aplicarse de manera inmediata y su paso por las Cámaras ralentizaría su entrada en vigor, esto debe aplicarse en situaciones de excepcionalidad, nunca de forma normal. El Gobierno de coalición ha aprovechado esta circunstancia para aplicar medidas legislativas sin pasar por el Congreso cuando no había motivos para que no fuese así.
Más allá de la urgencia, las formas y el rigor son fundamentales. Esto no ha sido respetado por el Gobierno que, incluso cuando el Tribunal Constitucional se los tumba, quedan ahí flotando como si nada hubiera pasado. En ocasiones parece que el decreto-ley es un instrumento creado a la medida del presidente y su uso se ajustase más a sus imperiosas necesidades que a las del país mismo. Claro ejemplo fue la urgencia de colocar a Pablo Iglesias en la comisión de control del CNI.
Pero siempre que se analiza esta cuestión, aparecen enseguida las voces defensoras que esgrimen el argumento de que una parte sustancial de los reales decretos-ley convalidados en el Congreso pasan después a tramitarse como proyectos de Ley. Efectivamente esto es así, pero incluso en esta estrategia usada por los grupos minoritarios para condicionar su voto favorable a la convalidación a cambio de poder modificar posteriormente la norma introduciendo enmiendas, el Gobierno ha conseguido convertir este proceso en una ‘vía muerta’ legislativa. Nada le impide al Ejecutivo jugar a dilatar los plazos de tramitación de ese proyecto de ley indefinidamente a base de prórrogas.
De hecho, ya está pasando. Si ir más lejos con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuyo decreto se aprobó en marzo, así como su tramitación como proyecto de ley, de la que poco se sabe hasta la fecha. Suma y sigue: el decreto de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis del Covid; medidas en materia de empleo agrario; otras de apoyo al sector cultural y de carácter tributario o de medidas sociales en defensa del empleo y así hasta decenas de ellos.
Chavismo puro y duro. Aparte de las prebendas que obtienen los “socio de investidura”, con los que no iba a pactar nunca. Por eso en Cataluña se persigue y prohíbe el hablar en español. Y tenemos a comunistas sentados en el Consejo de Ministros. Todos los embajadores acreditados lo saben.
La imposicion del monolinguismo en Cataluña es un atentado a los derechos humanos de la mayoría de la población catalana, una vulneración grave de la Constitución española y una prueba de la posición insostenible del actual PSOE y del Gobierno de la Nación que están traicionando sus propios principios por mantenerse en el poder gracias a los votos de ERC que les chantajea continuamente .
Se necesita una reacción mucho más drástica no solo de la población catalana que bastante está haciendo sino de los partidos de oposición y especialmente del que es la alternativa a este gobierno . EL Partido Popular debe tomar la iniciativa y emprender una campaña de desprestigio en Europa de este Gobierno y de ERC destapando su carácter sectario e inconstitucional y desmontando todas sus mentiras como esa de que no hay problemas en Cataluña con la lengua y la que pregona que los catalanes tienen el mismo nivel en español que en catalán .
El Partido Popular debe cambiar su tibieza en este terreno .No le sirvió de nada a Rajoy . Los nacionalismos ,tanto el catalán como el vasco han aprendido en nuestra democracia que cuanto más piden ,más obtienen y que sólo se trata de ser cada vez más extremistas para conseguir lo que , no se equivoque nadie ,quieren obtener : la independencia de facto pagada por el resto de los españoles perteneciendo nominalmente a un Estado que no ejerce sus competencias y que no les exija su contribución sobre todo económica . Ser los de primera clase aprovechándose del resto que quedarían siempre en desventaja . Y uno de los vectores principales para conseguir que sus postulados se hagan realidad es que el independentismo sea mayoritario y para eso la lengua es un instrumento .Que nadie hable castellano o español, que se rompan las relaciones con otras partes de España ,que los emigrantes o charnegos se asimilen y acepten la lengua y después la ideología ( suelen ir juntas) y se conviertan en sus principales defensores por el módico precio de ser aceptados como catalanes y los que no : muerte civil .