La reciente celebración del congreso de Junts en Calella, donde Carles Puigdemont ha reafirmado su liderazgo y redirigido la estrategia de su partido hacia una «ofensiva» para la independencia, vuelve a poner en evidencia el peligroso camino que está tomando la política española bajo el gobierno de Pedro Sánchez.
FUENTE: EFE
Lejos de representar un esfuerzo de reconciliación o integración, el apoyo intermitente de Junts revela una estrategia de supervivencia política en la que la unidad de España y el respeto por la Constitución parecen estar a la venta al mejor postor.
El pacto originario entre el PSOE y un partido que nunca ha renunciado a su agenda independentista es un ataque directo a la cohesión territorial y la estabilidad democrática de España. Carles Puigdemont, en su intervención, dejó claro que la independencia sigue siendo el objetivo principal de Junts.
Sin embargo, con el pragmatismo estratégico que le caracteriza, ha sugerido que ahora su partido busca una posición «de centralidad» que permita desestabilizar al Govern de Salvador Illa en Cataluña y al mismo tiempo mantener una posición de fuerza en sus negociaciones con el PSOE.
Es lamentable que Pedro Sánchez prefiera hipotecar el interés de la mayoría en beneficio de una alianza política que ni siquiera representa a la mayoría de los catalanes. Según los últimos datos de participación, menos de la mitad de la militancia de Junts acudió a las urnas para votar en este congreso, lo que demuestra el poco respaldo popular con el que cuenta el proyecto político de Puigdemont.
Aun así, con apenas siete diputados en el Congreso, su influencia en Madrid es desproporcionada, al punto de que el futuro del Gobierno depende de las exigencias de un grupo minoritario que amenaza la unidad territorial. Esta dependencia del Gobierno de Sánchez de un político como Puigdemont, que se encuentra prófugo de la justicia española, deja una cicatriz profunda en la legitimidad de nuestras instituciones.
Puigdemont, quien abandonó España tras la declaración unilateral de independencia en 2017, ahora vuelve como presidente de Junts con una agenda que incluye la «ofensiva» para desestabilizar y conquistar espacios políticos en Cataluña. El hecho de que un partido nacionalista, con una agenda rupturista, se considera un «socio necesario» para el PSOE pone en riesgo la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema democrático y en la capacidad de sus líderes para preservar la integridad territorial de España.
Por otro lado, la situación es aún más grave al considerar el carácter de las demandas de Junts en temas fundamentales, como inmigración, vivienda y fiscalidad. En su reciente congreso, el partido de Puigdemont ha propuesto exigencias que incluyen el catalán como requisito para permisos de residencia y una política fiscal ambigua. Este tipo de propuestas, que se asemejan a la xenofobia y se desmarcan de la inclusión social, no solo dañan la cohesión social en Cataluña, sino que también podrían tener un impacto negativo en toda España. La falta de contundencia por parte del Gobierno en estos temas solo refuerza la percepción de que la estabilidad del país ha quedado subordinada a las demandas de Junts y que el PSOE prefiere asegurar su mandato que actuar en defensa de los valores constitucionales.
Sánchez, lejos de adoptar una postura firme para preservar la unidad de España, ha optado por buscar apoyo en una figura que continúa huyendo de la justicia y que carece de credibilidad. El mensaje de Junts es claro: quieren la independencia, pero esta vez adoptan una estrategia de chantaje y presión sobre el Gobierno central. Mientras Junts expresa la debilidad de un Gobierno en minoría, Sánchez parece estar dispuesto a ceder en cuestiones que comprometen no solo la unidad territorial, sino también la estabilidad económica y la integridad de nuestro sistema democrático.
España no puede permitirse que un Gobierno basado en la cesión y la complicidad con aquellos que abogan por la ruptura territorial siga marcando el rumbo político del país. El PSOE tiene el deber de defender el marco constitucional, pero ha preferido aliarse con quienes socavan las bases de nuestro sistema. Es urgente que España recupere una política centrada en el interés común, una política que respete la Constitución y que no dependa de los caprichos de partidos cuya agenda pone en riesgo nuestra unidad.