La ampliación masiva de la nacionalidad española, el colapso de los consulados y la posible intervención de la Justicia europea en materia migratoria obligan a hacerse una pregunta: ¿está el Gobierno utilizando la nacionalidad y la inmigración como herramientas de estrategia política sin medir sus consecuencias institucionales?
FUENTE: EFE
Hay decisiones que transforman un país durante generaciones. No porque cambien un impuesto o modifiquen una prestación, sino porque alteran algo mucho más profundo: quién forma parte de la comunidad política. Quién pertenece al demos. Quién vota. Quién decide. Quién participa en el futuro colectivo de una nación.
La Ley de Memoria Democrática, a través de una disposición que se ha hecho conocida como ‘ley de nietos’, ha abierto la puerta a que cientos de miles de descendientes de españoles adquieran la nacionalidad. Al mismo tiempo, el Gobierno ha impulsado la mayor regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular de las últimas décadas. Son medidas distintas, con fundamentos jurídicos diferentes y destinatarios completamente distintos. Pero ambas comparten un elemento esencial: amplían de forma muy significativa el cuerpo político del Estado.
Y esa circunstancia, por sí sola, merecería un debate nacional de enorme calado. Sin embargo, no lo ha habido. Como tantas otras decisiones trascendentales de esta legislatura, se ha preferido envolverlas en un relato moral donde cualquier crítica queda automáticamente reducida a una supuesta hostilidad hacia los emigrantes, los descendientes de españoles o los inmigrantes. Así resulta imposible discutir sobre instituciones, porque todo acaba convertido en un juicio de intenciones. Sin embargo, las democracias maduras no desconfían del debate, desconfían de quienes pretenden evitarlo.
Mucho más que conceder la nacionalidad
La primera cuestión que conviene despejar es una caricatura interesada. Nadie discute que España tenga una deuda histórica con parte de su emigración. Tampoco que muchos descendientes de españoles mantengan un vínculo familiar, cultural e incluso sentimental perfectamente legítimo con nuestro país.
La cuestión no es ésa. La cuestión es si una ampliación potencial del cuerpo electoral equivalente a la población de una comunidad autónoma puede aprobarse sin una reflexión institucional sobre sus efectos políticos, administrativos y constitucionales.
Porque adquirir la nacionalidad española no significa únicamente obtener un pasaporte europeo. Significa incorporarse plenamente al sujeto político que decide el rumbo del Estado. Significa votar en elecciones generales, europeas y, en determinados supuestos, autonómicas. Significa participar en decisiones sobre impuestos, pensiones, gasto público o reformas constitucionales.
No parece una cuestión menor y, sin embargo, el debate público ha sido sorprendentemente superficial.
El incentivo que nadie quiere discutir
Aquí aparece probablemente la cuestión central. No porque exista prueba alguna de que quienes obtengan la nacionalidad vayan a votar a un partido concreto. Sería una afirmación imposible de sostener, pero la política nunca legisla en el vacío.
Todo Gobierno conoce perfectamente las consecuencias políticas de ampliar el cuerpo electoral, igual que conoce las implicaciones de una reforma fiscal o de una modificación del sistema electoral. Negar esa evidencia sería ingenuo.
Precisamente por eso sorprende que una decisión de semejante magnitud haya sido presentada casi exclusivamente como un acto de reparación histórica, evitando cualquier discusión sobre sus efectos institucionales.
Las democracias no sólo deben ser imparciales, también deben parecerlo. Y cuando un Gobierno impulsa simultáneamente políticas que amplían el número potencial de futuros electores mientras atraviesa una de las mayores crisis de apoyo parlamentario de su historia, resulta perfectamente legítimo plantear preguntas. No acusaciones. Preguntas.
La transparencia no consiste únicamente en cumplir la ley. Consiste también en explicar por qué determinadas decisiones se adoptan en un determinado momento político.
El Estado que no estaba preparado
Existe además una consecuencia mucho más tangible. Los consulados españoles llevan meses completamente desbordados por el volumen de expedientes derivados de la Ley de Nietos. La Administración exterior acumula retrasos, listas de espera y una presión creciente que está desplazando recursos destinados a otras funciones esenciales.
No se trata simplemente de un problema burocrático. Es el síntoma de un modo de gobernar que se ha convertido en costumbre: primero se anuncia una medida de enorme impacto político. Después se improvisa la estructura necesaria para aplicarla. Más tarde llegan los refuerzos extraordinarios, las contrataciones temporales y las soluciones de urgencia.
Ya ocurrió con los fondos europeos, con el Ingreso Mínimo Vital, con buena parte de la política de vivienda… Ahora sucede también con la red consular.
Cada vez que la Administración pierde capacidad para absorber el volumen de trabajo aparecen riesgos evidentes para la seguridad jurídica, la calidad de los procedimientos y la confianza de los ciudadanos.
Europa empieza a mirar
Mientras tanto, otro frente empieza a abrirse en Luxemburgo. El Tribunal Supremo está valorando plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la regularización extraordinaria de inmigrantes con el Derecho comunitario. No supone que la medida sea ilegal ni tampoco anticipa cuál será el criterio del tribunal europeo.
Pero revela algo mucho más importante.
Los propios órganos jurisdiccionales españoles consideran que existen dudas jurídicas suficientemente relevantes como para consultar a la máxima instancia judicial de la Unión, y eso debería invitar a cierta prudencia.
Porque tanto la política migratoria como las normas sobre nacionalidad ya no pertenecen exclusivamente al ámbito interno de los Estados. Forman parte de un espacio jurídico europeo donde las decisiones nacionales producen efectos que trascienden las fronteras.
Gobernar también exige medir las consecuencias
Quizá el verdadero problema no sea la Ley de Nietos, ni siquiera la regularización extraordinaria. El problema es una forma de ejercer el poder que parece convencida de que cualquier decisión políticamente conveniente acaba encontrando después la forma de encajar administrativamente, constitucionalmente o incluso en el Derecho europeo.
Primero se anuncia, después se ejecuta, y sólo más tarde llegan las preguntas.
Pero hay decisiones que no admiten esa lógica. Porque modificar quién pertenece a la comunidad política de un país no es una política pública más. Es una de las decisiones más profundas que puede adoptar un Estado democrático.
Precisamente por eso merece algo más que un decreto, una campaña de comunicación o un debate reducido a consignas, merece explicaciones. Y, sobre todo, merece responder a todas las dudas razonables antes de pedir a los ciudadanos que simplemente confíen.
