¡Qué cosas más extrañas suceden en Alemania! Nadie discute que el primer partido tome la iniciativa para formar gobierno. Parece claro que el centro-derecha, ganador de las elecciones, tendrá el apoyo de los socialistas alemanes. Volverán a formar una coalición política amplia, integrando también a los Verdes. Ninguno de los dos ha tenido la tentación de irse con partidos extremistas o enrocarse en el «no es no».
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Parece que Alemania está por encima de los partidos y, desde luego, lo está por encima de las ambiciones personales de sus líderes. Son raros y extraños. No tienen coaliciones inexplicables y parecería imposible que el gobierno se apoyara en delincuentes sin juzgar o políticos que hubieran asaltado el poder.
Probablemente, los alemanes se pongan de acuerdo respecto a Ucrania y Rusia. En España, esa posibilidad no existe. El presidente del Gobierno, rodeado de «pacifistas» que apoyan a Rusia, de antiatlantistas que antes veían en Zelensky una marioneta de EEUU y ahora un obstáculo para la paz, no llamará al líder de la oposición.
Pero no lo hará. Seguiremos asistiendo a una política infantil, irreflexiva e irresponsable.
La diferencia entre Alemania y España no es solo política, sino cultural. En Alemania, los partidos entienden que el poder es un medio para servir al país, mientras que en España es un botín que se reparte sin el más mínimo rubor. Allí, los líderes comprenden que ceder en pos del bien común es una muestra de fortaleza, mientras que aquí, cualquier concesión es vista como una traición. No hay sentido de responsabilidad, solo cálculos electorales y estrategias para mantenerse en el poder.
La seriedad con la que Alemania aborda sus grandes desafíos económicos y estratégicos contrasta con la improvisación y el cortoplacismo español. Berlín entiende que el futuro de Europa está en juego y que las decisiones requieren consenso y planificación. Mientras tanto, en España, seguimos atrapados en debates estériles, en una política de trinchera donde la única prioridad es aniquilar al adversario. No es solo que Alemania nos saque ventaja; es que ni siquiera estamos compitiendo en la misma liga.
La reciente gira de Pedro Sánchez por África, supuestamente diseñada para gestionar la crisis migratoria, representa una oportunidad perdida y una muestra más de la miopía política que ha caracterizado su ejecutivo. Si bien tanto el Gobierno como la oposición han reconocido la necesidad urgente de atraer inmigrantes para cubrir la demanda laboral en España, el enfoque actual sigue siendo insuficiente y, en muchos aspectos, contraproducente.
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En vez de abordar las causas de la migración o de establecer políticas integrales que aprovechen el potencial de la juventud africana, la gira de Sánchez se ha limitado a gestos diplomáticos vacíos que no resuelven los problemas estructurales.
El hecho de que tanto el gobierno de Sánchez como el PP coincidan en la necesidad de atraer mano de obra inmigrante debería haber sido un catalizador para una política migratoria robusta y bien articulada. Sin embargo, lo que hemos visto es un enfoque superficial que no aborda la realidad del mercado laboral español ni las expectativas de los jóvenes africanos. La “migración circular”, promovida por Sánchez, es un claro ejemplo de esta falta de visión.
Este programa, que permite a los trabajadores migrantes desempeñar trabajos temporales en España antes de regresar a sus países, ha demostrado ser un parche más que una solución. No solo es insuficiente para cubrir la demanda laboral en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios, sino que también subestima las aspiraciones de los jóvenes africanos, que buscan estabilidad y oportunidades reales de progreso.
Es alarmante que, a pesar de la experiencia acumulada, el gobierno español siga insistiendo en políticas que claramente no funcionan. El programa de migración circular es un buen ejemplo de ello: en lugar de evolucionar hacia un enfoque más inclusivo y ambicioso, se sigue apostando por una solución temporal y limitada. Este tipo de políticas no solo son ineficaces, sino que también son injustas, tanto para los migrantes como para la economía española.
Los empresarios españoles, que necesitan desesperadamente trabajadores para mantener a flote sus negocios, se ven obligados a lidiar con una burocracia ineficiente y con programas que no cubren sus necesidades. Por su parte, los jóvenes africanos se encuentran atrapados en un ciclo de migración temporal que no les ofrece ni estabilidad ni oportunidades de integración.
La falta de una estrategia coherente y de largo plazo refleja la naturaleza reactiva y cortoplacista del actual Ejecutivo. En lugar de planificar a largo plazo y establecer políticas que puedan gestionar eficazmente la migración, el gobierno de Sánchez parece estar más preocupado por responder a las crisis a medida que surgen. Esto no solo es ineficaz, sino también peligroso. Sin una visión clara y un plan de acción a largo plazo, la presión sobre el mercado laboral y sobre las comunidades locales seguirá aumentando, con el riesgo de generar tensiones sociales y políticas que podrían haberse evitado con una gestión más sensata y previsor.
Lo más preocupante es que, al centrarse únicamente en la gestión a corto plazo de la migración, el gobierno de Sánchez está desperdiciando una oportunidad única para forjar una relación más sólida y beneficiosa con África. En lugar de ver a la juventud africana como una carga o como un recurso temporal, España debería estar trabajando para integrarla plenamente en su economía y en su sociedad. Esto no solo ayudaría a cubrir las necesidades del mercado laboral español, sino que también contribuiría a estabilizar las regiones de origen de estos migrantes, reduciendo así la presión migratoria en el futuro.
Un enfoque verdaderamente visionario implicaría la creación de programas de formación y empleo que no solo preparen a los jóvenes africanos para trabajar en España, sino que también les ofrezcan la oportunidad de establecerse y prosperar en el país. Esto requeriría una inversión sustancial, tanto en España como en los países de origen, pero los beneficios a largo plazo serían enormes: una fuerza laboral joven y capacitada, una relación más sólida con África y una reducción de las tensiones migratorias.
La gira de Pedro Sánchez por África ha sido una oportunidad desperdiciada para replantear la política migratoria española y para establecer un nuevo marco de cooperación con África. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario un cambio radical en cómo se abordan las políticas migratorias. No basta con gestionar las crisis a medida que surgen; es imperativo que España adopte un enfoque más proactivo y estratégico que vea a la juventud africana no como un problema a resolver, sino como un socio estratégico en la construcción de un futuro común.
Si el gobierno de Sánchez no es capaz de ofrecer una respuesta a la altura de estos desafíos, no solo estará fallando a los jóvenes africanos y a los empresarios españoles, sino también al propio futuro de España como una nación moderna, inclusiva y próspera. Es hora de dejar de lado las soluciones temporales y las políticas reactivas y de empezar a construir un futuro basado en la integración, el desarrollo y la cooperación.
En este inicio de curso político en España, es imprescindible recordar de dónde venimos para reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos. Las últimas elecciones generales reflejaron un escenario claro: el Partido Popular (PP) ganó, y aunque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo un resultado decente si se compara con las autonómicas y municipales.
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La realidad es que lo que debería haber sido un escenario de estabilidad democrática y acuerdos constructivos, se ha transformado en un pacto de incertidumbre y descrédito.
En cualquier democracia madura, habría sido esperable que, tras las elecciones, los dos grandes partidos nacionales buscaran un acuerdo para asegurar un gobierno estable o, en su defecto, convocar nuevamente a las urnas para que el pueblo decidiera. No obstante, Pedro Sánchez optó por una vía diferente y altamente polémica: pactar con Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña que sigue fugado de la justicia española. Esta decisión, no solo sorprende y decepciona, sino que también rompe con la tradición democrática de diálogo y consenso que se había logrado en los últimos cuarenta años.
Nunca en la historia reciente de España habíamos visto que un gobierno se sostuviera en acuerdos con quienes desafían abiertamente el Estado de Derecho. La negociación con Puigdemont, un prófugo de la justicia, que se realizó fuera de nuestras fronteras, en lugares como Waterloo y Ginebra, es una mancha en la historia democrática de España. Este acto pone en entredicho los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución.
El PSOE, un partido que durante décadas ha representado a la izquierda moderada y constitucionalista, parece ahora haber perdido su brújula moral al firmar acuerdos con aquellos que han intentado fragmentar el país. Este hecho es comparable a los momentos más oscuros de nuestra historia, como cuando los Borbones entregaron la corona española a Napoleón debido a conflictos internos, como destacan algunos historiadores. ¿Es este el camino que queremos para España? ¿Una nación que se divide internamente y negocia sus principios en la oscuridad?
Entre los acuerdos más preocupantes de esta alianza con los independentistas está la propuesta de una Ley de Amnistía redactada por los mismos que violaron la Constitución en 2017. Una ley que muchos consideran inconstitucional y que destruye el principio de igualdad ante la ley. Este principio, que es un pilar fundamental de cualquier democracia, se ve ahora comprometido. España se enfrenta a la peligrosa realidad de que ya no todos los ciudadanos son iguales ante la justicia; la ley se convierte en un instrumento de negociación política, y no en el reflejo del interés general y la protección de los derechos de todos los españoles.
Algunos analistas han comparado esta situación con la reciente historia de otras democracias que han sufrido retrocesos democráticos debido a la manipulación del sistema judicial para fines partidistas. Este escenario es una señal de alarma para todos los que valoran la justicia y la igualdad.
Por si fuera poco, este verano se ha aprobado un Concierto Económico que rompe el principio de igualdad económica y de oportunidades para todos los españoles. La Constitución de 1978, que ha sido la base del periodo democrático más largo y estable de la historia de España, se ve amenazada por cambios que se están realizando “por la puerta de atrás”, como si de un golpe institucional se tratara. Este acuerdo, que otorga privilegios económicos a ciertas comunidades, atenta contra la solidaridad entre regiones y establece una brecha que recuerda a épocas premodernas, cuando la nación no estaba cohesionada.
El Gobierno, en vez de fortalecer la unidad y trabajar por el interés de todos, parece haber optado por políticas que nos retrotraen al siglo XVII, cuando el Estado no tenía el concepto de nación que se desarrolló en la Europa de la Ilustración y la Razón. ¿Cómo es posible que un gobierno que se autoproclama progresista esté promoviendo un modelo que fragmenta y crea ciudadanos de primera y segunda clase?
La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá este gobierno desafiando la voluntad popular, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? Nos encontramos en un momento oscuro de nuestra historia política reciente. Un momento que requiere no solo de reflexión, sino de acción decidida. España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en su sistema democrático. Y la única forma de lograrlo es convocando nuevas elecciones.
Los españoles merecen un gobierno que actúe con principios, que defienda la democracia y que respete el Estado de Derecho. No podemos seguir permitiendo que se tomen decisiones en contra de los valores que han sostenido a nuestra sociedad durante décadas. Por ello, es fundamental que se convoquen elecciones de inmediato. Que el pueblo hable y decida el futuro de este país. Porque solo a través de un proceso limpio y democrático, España podrá salir de este agujero de incertidumbre y volver a mirar al futuro con optimismo y unidad. ¡Elecciones ya!
Los venezolanos no se han resignado ante el robo descarado de sus votos y, con ellos, de su dignidad. Maduro, escoltado por lo peor de cada casa, se proclamó presidente sin vergüenza. Un sentimiento desconocido para un personaje que ha mantenido un régimen cleptómano y empobreciendo un país rico como pocos en el siglo XX.
Por Nicolás Redondo Terreros
Ha pasado Venezuela de ser un país que, sin duda, despilfarró parte de su inagotable riqueza, a un país mendigo, del que se han ido millones de sus ciudadanos por sentir la falta de libertad y no tener nada que llevarse a la boca.
Lo más execrable suele permitir que sobresalgan ejemplos extraordinarios de belleza y dignidad. A Maduro le hace contrapunto María Corina Machado a la voluntad de silenciar a la sociedad venezolana. Representa la valentía de los que han decidido no callar, sino alzar la voz.
Los venezolanos han luchado contra la dictadura de Maduro y contra la indiferencia que ha impuesto el “socialismo para ricos” que domina parte de la izquierda occidental. Han pasado desapercibidos los millones de personas que han huido de Venezuela, los secuestros y detenciones de los opositores, cuando no el asesinato en la propia Venezuela o lejos del país de Bolívar.
Son ellos los que nos ha enseñado el valor del sacrificio, de la dignidad, de la libertad que les falta. Por eso, merecen toda nuestra atención y nuestra solidaridad más militante, más cuando sabemos que ya hay muertos en las calles de Caracas. Hoy vemos el verdadero rostro del dictador. No es sólo un botarate que baila bachata en los mítines o que dialoga con los pájaros y las vacas. Es un fiel y cruel servidor de una multinacional iliberal que arraiga en países como Cuba o Irán.
Siempre nos hemos preguntado cómo sistemas execrables han podido tener el apoyo de personas relevantes, pues un ejemplo de esa alianza a veces inverosímil lo tenemos en directo en Venezuela. Vemos cómo los últimos 10 años el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado sin dudas y sin matices al régimen de Maduro. Nos dijo engolado que mucha gente hablaba de Venezuela sin conocer el país, sin darse cuenta de que es posible hoy en día estar perfectamente informado sin visitar el país y, en todo caso, todos podemos hablar de todo y sobre todo de la libertad y de la dignidad de un pueblo hermano.
Zapatero, cuando escribo esta nota, no ha hablado. Teniendo en cuenta la infinitud del universo (como él se encargaba de describir en un mitin inenarrable en San Sebastián) puede que esté en Gamínides intentando pasar desapercibido. Pero las señales de indignidad, de relaciones inconfesables con un régimen cleptómano y autoritario, están ahí para quien quiera verlas.
Hoy la militancia por la libertad y la democracia de España respecto al “pucherazo” de Maduro pasa por retirar nuestro embajador temporalmente hasta que se reponga la voluntad de los venezolanos (por menos y por cuestiones muy privadas hemos retirado sin fecha un embajador en Argentina). La única manera de influir en la buena dirección es la presión internacional y a esa acción pacífica, democrática y ética, España no puede renunciar. Desde luego también pasa por una reflexión seria y honrada de los socialistas españoles. ¿Puede el PSOE seguir manteniendo en sus filas a una persona que ha apoyado, por los motivos que sean, una “pucherazo” a favor de un dictador?
Hemos visto como los neocomunistas se ha felicitado por el golpe de Estado protagonizado por Maduro. Pero esto no me sorprende. Esa comunión entre comunistas y dictaduras no ha sido infrecuente en la historia del siglo XX. Sin embargo, es imposible que los socialistas miremos para otro lado cuando uno de los nuestros, embozado en bellas palabras que pierden todo su significado en sus labios apoya una dictadura.
Zapatero puede rectificarme con una declaración rechazando a Maduro y todo su séquito. Si lo hace, me alegraré. Pero si sigue oculto y callado o vuelve a hablar del “valor de la palabra o del diálogo”, sabremos que su posición está junto a los líderes autoritarios e iliberales.
El año de Pedro Sánchez desde las elecciones del 23 de julio de 2023 ha sido un periodo de turbulencias y decisiones controvertidas que han dejado a España en una situación incierta.
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Tras la debacle del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Sánchez tomó la audaz decisión de adelantar las elecciones generales al verano, en un intento desesperado por mantener el control político en un momento de creciente descontento social.
El contexto electoral de julio, inusual por realizarse en plenas vacaciones, fue interpretado como una táctica para reducir la participación y así minimizar el impacto del descontento generalizado. Sánchez convocó un Consejo de Ministros para disolver las Cortes Generales apenas días después de los resultados adversos de mayo, mostrando una clara prioridad en su estrategia política sobre el bienestar del país.
El año siguiente, la gestión de Sánchez estuvo marcada por maniobras políticas y controversias. Uno de los aspectos más criticables ha sido su dependencia de alianzas con partidos radicales de izquierda y separatistas. Estas coaliciones han generado una inestabilidad constante y han erosionado la confianza pública. Las concesiones hechas a estos socios, incluyendo indultos y negociaciones opacas, han sido vistas como sacrificios de la integridad gubernamental a favor de la supervivencia política.
La economía ha sido otro punto débil en la gestión de Sánchez. Aunque el gobierno ha promocionado cifras de crecimiento y creación de empleo, muchos de estos logros han sido superficiales. La inflación sigue afectando el poder adquisitivo de las familias españolas, y las políticas de gasto público parecen más orientadas a comprar votos que a establecer un plan serio de recuperación económica. Esta percepción de falta de sostenibilidad ha aumentado la preocupación entre los ciudadanos sobre el futuro económico del país.
En el ámbito internacional, Sánchez ha intentado proyectarse como un «actor global». Su rol en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y diversos encuentros internacionales han tenido un impacto limitado en la política doméstica y han sido percibidos como intentos de desviar la atención de los problemas internos. Este enfoque ha hecho poco por mitigar las críticas hacia su gestión nacional y ha dejado a España con la sensación de que sus problemas internos no están siendo adecuadamente abordados.
Otro elemento crítico en el año de Sánchez ha sido la semana de reflexión que se tomó tras la derrota en mayo. Durante este periodo, se esperaba que Sánchez reconsiderara su estrategia y buscara formas de reconectar con la ciudadanía. Sin embargo, la decisión de adelantar las elecciones fue vista como un movimiento calculado para mantener su posición, más que un esfuerzo genuino por rectificar el rumbo de su gobierno.
Además, los problemas personales no han estado ausentes en este periodo tumultuoso. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se ha visto envuelta en procesos judiciales que han generado aún más controversia. Las investigaciones en las que está implicada y su próxima declaración judicial han añadido otra capa de distracción y desconfianza en el liderazgo de Sánchez. Estos escándalos personales han exacerbado la percepción de un gobierno más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de los ciudadanos.
La situación con los socios de gobierno ha sido caótica. La falta de cohesión y la continua fragmentación de la izquierda han debilitado la posición de Sánchez. Las disputas públicas con Podemos y Sumar, y los desacuerdos constantes, han impedido una gobernabilidad efectiva. La incapacidad de Sánchez para mantener un frente unido dentro de su propio bloque político ha exacerbado la percepción de un gobierno en crisis.
Esta semana, esta inestabilidad quedó aún más patente cuando Junts, el partido independentista catalán, puso en peligro la legislatura con su amenaza de retirar su apoyo al gobierno. Esta situación subraya la fragilidad de las alianzas de Sánchez y la dependencia crítica de partidos que tienen agendas específicas y, a menudo, opuestas a los intereses nacionales. El miércoles, en un intento de calmar las aguas, Sánchez se reunió con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Esta visita busca asegurar el apoyo de los partidos independentistas catalanes, pero también resalta la continua dependencia de Sánchez en fuerzas políticas que priorizan la secesión sobre la unidad nacional
Desde las elecciones del 23 de julio de 2023, el Gobierno ha estado marcado por la inestabilidad, la mala gestión y una desconexión evidente con las necesidades reales de los ciudadanos. Su enfoque en mantener el poder a toda costa, a expensas de la integridad y la cohesión nacional, ha dejado a España en una situación precaria y con un futuro incierto bajo su liderazgo. Este periodo ha puesto de manifiesto las debilidades de un gobierno más preocupado por la supervivencia política que por el servicio al país.
El panorama político del País Vasco está experimentando cambios significativos con la emergencia de EH Bildu y sus implicaciones, lo cual está dando lugar a un debate profundo y sustancial. Durante décadas, el tejido político vasco ha estado moldeado por las corrientes nacionalistas, pero ahora se está gestando un cambio de paradigma que desafía las percepciones arraigadas y redefine el equilibrio de poder.
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La última encuesta de Sigma Dos, publicada por El Mundo, ha proyectado un escenario inesperado: EH Bildu, la coalición de izquierda abertzale, surge como el partido más votado, desplazando al tradicionalmente dominante Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esta transformación no solo evidencia una reconfiguración del espacio político vasco, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la gobernabilidad y el futuro de la región.
Durante más de una década, el PNV ha sido el actor principal en la política vasca, consolidando su posición como el partido hegemónico. Sin embargo, los resultados proyectados por la encuesta indican un cambio significativo en esta narrativa. EH Bildu, liderado por el candidato Peio Otxandiano, se alzaría con una potencial victoria electoral, estimándose que obtendría entre 26 y 27 escaños en el Parlamento vasco, superando así al PNV en número de representantes.
Esta ascensión de Bildu representa un desafío directo al statu quo político establecido en la región. No solo cuestiona la supremacía histórica del PNV, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre la estabilidad y la gobernabilidad futura del País Vasco. La posibilidad de que EH Bildu se convierta en el partido más votado sugiere un cambio de preferencias entre los electores vascos, así como un creciente respaldo a la agenda política de la coalición abertzale.
Sin embargo, este ascenso no está exento de controversia y preocupación. EH Bildu, heredero político directo del terrorismo, es objeto de críticas y cuestionamientos por parte de amplios sectores de la sociedad vasca. Si bien la coalición ha optado por la vía política en los últimos años, su retórica separatista y su pasado vinculado al terrorismo generan inquietud y desconfianza entre amplios sectores de la población.
Para hacerse «normales» y «elegibles» se ocultan estratégicamente en ciertos lugares políticos que acaparan voto como las asociaciones culturales de cada pueblo o comarca que reivindican lo «local», el ecologismo, el feminismo, el sindicalismo o el decrecimiento económico, entre otros. Además, un factor que juega a su favor es la dinámica demográfica, tal como ha advertido en diversas ocasiones nuestro fundador José María Múgica.
Mientras tanto, la emergencia de Bildu plantea un desafío estratégico para el resto de los actores políticos en la región. El PNV se enfrenta a la perspectiva de perder su posición dominante y, con ello, su capacidad para influir en la agenda política vasca.
El Partido Socialista, tradicional aliado del PNV, pero cuya aspiración histórica ha sido sustituirlo en su hegemonía, se encuentra en una situación delicada, ya que podría necesitar negociar con EH Bildu para formar un gobierno estable, un escenario que algunos consideran problemático dada la historia y las posturas políticas de la coalición abertzale.
En este contexto, el futuro político del País Vasco se presenta como un terreno fértil para la incertidumbre y la negociación. Los líderes políticos enfrentan el desafío de encontrar soluciones viables que garanticen la estabilidad y el bienestar de la región, al tiempo que respeten las aspiraciones y demandas de una sociedad diversa y compleja.
Las razones que llevan al ascenso de Bildu
En medio de este escenario de cambio y desafíos, es crucial analizar más a fondo las causas subyacentes de la ascensión de EH Bildu y las implicaciones que esto tiene para el futuro político del País Vasco. La coalición independentista ha sabido capitalizar una serie de factores que han moldeado el panorama político en la región en los últimos años.
En primer lugar, el desencanto con las formaciones políticas tradicionales ha sido un factor determinante en el ascenso de EH Bildu. Muchos votantes han expresado su frustración con el estancamiento político, la corrupción y la falta de respuestas efectivas a los desafíos sociales y económicos que enfrenta la región. En este contexto, EH Bildu ha logrado presentarse como una alternativa fresca y comprometida con el cambio, atrayendo a aquellos que buscan una ruptura con el statu quo establecido.
Además, la habilidad de EH Bildu para articular una narrativa política coherente y movilizadora ha sido fundamental para su éxito electoral. La coalición abertzale ha sabido conectar con las aspiraciones y demandas de amplios sectores de la sociedad vasca, especialmente entre los jóvenes y aquellos que se identifican con un sentimiento de identidad nacional vasca. Su mensaje de soberanía, justicia social y defensa de los derechos civiles ha resonado en un contexto marcado por la polarización política y la búsqueda de un horizonte de cambio.
Por otro lado, el declive del PNV y la fragmentación del espectro político han contribuido al surgimiento de EH Bildu como una fuerza política relevante. Aunque el PNV sigue siendo una fuerza dominante en la región, su capacidad para mantener su hegemonía se ha visto cuestionada en los últimos años. La falta de renovación generacional, las divisiones internas y la pérdida de conexión con amplios sectores de la sociedad vasca han debilitado su posición, abriendo espacio para la emergencia de nuevas fuerzas políticas, como EH Bildu.
Sin embargo, la consolidación de EH Bildu como el partido más votado también plantea una serie de desafíos y dilemas para el futuro político del País Vasco. La coalición abertzale enfrenta el desafío de pasar de ser una fuerza de protesta a una fuerza de gobierno, lo que requerirá habilidad política y capacidad de negociación para construir alianzas y consensos en un entorno político altamente fragmentado. ¿Será algo posible teniendo en cuenta sus orígenes y su empeño por llevar a Euskadi a la independencia y al socialismo?
Faltan unos cien días para las elecciones al Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto fin a meses de suspense anunciando su candidatura para continuar en el cargo al frente de las listas del Partido Popular Europeo (PPE).
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Los populares europeos están movilizándose para consolidarse como la fuerza principal en la Unión Europea (UE) y debilitar la posición habitualmente ocupada por sus rivales socialistas. El creciente descontento sugiere un posible aumento significativo en el apoyo a la extrema derecha, que aspira a obtener un número sin precedentes de escaños.
El próximo Parlamento Europeo contará con 720 escaños, 15 más que en la actualidad debido a la salida del Reino Unido. Las encuestas anticipan una Cámara inclinada hacia el centroderecha. Von der Leyen ha comenzado a moderar las medidas y propuestas que generan mayor oposición entre los ciudadanos y los gobiernos, buscando asegurar un buen resultado electoral y obtener el respaldo de los líderes de los Veintisiete para un segundo mandato de cinco años. Posteriormente, necesitará la aprobación como presidenta de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo, con el respaldo de, al menos, 361 eurodiputados (más de la mitad).
En 2019, su elección se decidió por apenas nueve votos, y sin los 13 diputados del húngaro Orbán no habría sido posible. Von der Leyen aún enfrenta cierta oposición dentro de su propio partido, especialmente en Francia. También ha mostrado disposición a colaborar con la extrema derecha, siempre y cuando esta no vaya en contra de los intereses de la UE y no mantenga una relación cercana con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Sin embargo, su gestión no ha sido exenta de críticas. Durante los últimos cinco años, ha implementado políticas de endeudamiento costosas y una estrategia ambiental que podría desindustrializar el continente, al mismo tiempo que impone regulaciones que pueden afectar el crecimiento económico. Bajo su liderazgo, la UE ha quedado rezagada en comparación con otras regiones del mundo, y las perspectivas de recuperación durante un segundo mandato son escasas.
En los últimos años, la UE ha experimentado un deterioro económico más pronunciado en comparación con sus principales competidores, en gran parte debido a la gestión de la Comisión por parte de la presidenta Von der Leyen. Tres problemas principales han contribuido a esta situación. En primer lugar, el aumento significativo del endeudamiento de la Comisión, con el lanzamiento del Fondo de Recuperación Covid de 700.000 millones de euros y la emisión de bonos. Aunque se esperaba que estimulara el crecimiento económico y rescatara a economías como la italiana, hasta ahora ha mostrado resultados limitados y ha generado preocupaciones sobre la forma en que se pagarán esos préstamos.
Además, el lanzamiento del costoso Nuevo Pacto Verde tenía como objetivo convertir a Europa en líder mundial en la lucha contra el cambio climático y mejorar la competitividad de sus industrias. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes, con la industria automotriz europea en declive y una dependencia creciente de importaciones chinas en el sector de energías renovables.
La UE necesita urgentemente impulsar su crecimiento económico, ya que se está quedando rezagada en sectores clave y sus sistemas de bienestar enfrentan dificultades crecientes. Para lograrlo, deben implementarse políticas que fomenten la innovación, la inversión y la creación de empleo, especialmente en tecnología, energía renovable y atención médica. También se requieren medidas para abordar los desequilibrios económicos entre los países miembros y promover una mayor integración económica y social.
La sostenibilidad de los sistemas de bienestar europeos necesita una revisión cuidadosa y posiblemente una reforma para mantener servicios de calidad sin acumular deudas insostenibles. Es esencial que la UE adopte un enfoque colaborativo y proactivo, trabajando con gobiernos nacionales, el sector privado y otras partes interesadas para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible en toda la región.
A Sánchez no le importa Galicia, solo quiere que no gane el PP y que ese resultado pueda abocar a Feijóo a forzar su salida de la dirección nacional de su partido.
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El presidente del Gobierno es sabedor de la tranquilidad que puede ocasionar a su difícil juego de equilibrios para la gobernabilidad una reestructuración de la cúpula de sus rivales, y probablemente tendrá incluso preparados los discursos por si eso llega a pasar.
Pero primero están los comicios y el PP parece jugarse la mayoría absoluta que mantenía en los últimos años y más después de la revelación de Feijóo en la que reconoció tres cosas: primero, que Junts le ofreció votar a favor de su investidura si aceptaba la amnistía, y aunque el PP estudió la oferta, la rechazó en 24 horas por considerarla «inconstitucional»; segundo, expresó que será complicado demostrar judicialmente la acusación de terrorismo contra Puigdemont; y tercero, y más importante, afirmó que si llega al gobierno, indultaría al líder independentista siempre y cuando éste se someta a la Justicia y a la Constitución.
«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda» rezaba la nota aclaratoria del domingo 11 de febrero. El incendio ya era imposible de sofocar.
Aunque Galicia no es un territorio de suma importancia histórica en cuanto a los resultados electorales se reflejan en los partidos nacionales, la situación actual es distinta a otras.
Esa tranquilidad de la que hablábamos al principio si la situación se desboca por completo y provoca una salida de urgencia de Feijóo, puede ser lo más peligroso para los españoles. La situación de un Gobierno sin oposición beneficia políticamente a Sánchez en cuanto a que aumenten las propuestas legislativas descabelladas que poner encima de la mesa, provocando una situación de descontrol.
Mientras, en el PP suenan las alarmas por una situación que se hubiese celebrado como un mundial deportivo en la actual dirección de Ferraz. ¿De qué no son capaces después de se haya firmado una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas?
Por si alguien no recuerda, durante los últimos cinco años, Sánchez ha ejercido un impacto destructivo en España, en parte debido a nuestra pasividad. Permitimos que llevara a cabo una moción de censura respaldada por individuos cuestionables. Le permitimos conceder indultos a Junqueras, rehabilitar a Otegi y elevar a la prominencia a Pablo Iglesias, promoviendo un programa que muchos consideran comunista, restrictivo de libertades y simpatizante del terrorismo.
Permitimos que criminalizara a la oposición, estableciera cordones sanitarios contra partidos constitucionales y colocara a sus aliados en todas las instituciones estatales. Lo dejamos imponer confinamientos y cierres de negocios para encubrir la propagación de un virus, contribuyendo a su difusión inicial al negarse a suspender las actividades del 8M.
Permitimos que humillara a las víctimas de ETA al liberar a sus perpetradores, malgastara dinero público en fines clientelistas y descuidara la economía productiva en favor de un sistema que premia la inactividad y la dependencia del Estado a cambio de votos continuos.
También permitimos que reviviera el espectro de Franco para deslegitimar a una parte significativa de la población, tachando de fascista a cualquiera que criticara su errática gestión, su política empobrecedora y su inclinación por el engaño y la corrupción. Todo esto, con el objetivo totalitario de perpetuar su mandato, blanquear a sus aliados corruptos y obstaculizar cualquier alternancia en el poder.
La difícil aritmética que ha originado el resultado del 23-J ha llevado a los dos grandes partidos a buscar nuevas alianzas para, o bien, mantenerse en el poder (el Gobierno de coalición pasado) o bien alcanzar el Gobierno (el Partido Popular).
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En las últimas semanas han ido apareciendo diferentes combinatorias, especialmente durante el proceso de constitución de la Mesa de las Cortes Generales. Pero si hay un denominador común en todas ellas es la presencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un actor de sobra conocido por los ciudadanos, protagonista indiscutible de la política española de las últimas décadas, pero sobre el cual se ha creado una mística que lo sobreestima.
Los resultados de las Elecciones Municipales, primero, y las Generales después, han colocado al PNV en el momento más crítico de los últimos 25 años. A finales de los años noventa, la hegemonía del PNV estuvo seriamente cuestionada por la mayoría pujante de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que a punto estuvieron de gobernar. Una década después el PSE consiguió arrebatar el Gobierno vasco al PNV con el apoyo en el Parlamento Vasco del PP y UPyD, pero esto no le supuso un problema estructural al PNV porque creía que el nuevo Gobierno era débil y, como mucho, duraría una legislatura que desembocaría en una nueva retornando al poder (como así terminó sucediendo). La crisis estructural la habían tenido entre 1998 y 2001 y ahí recurrieron como salvavidas a alianzas con los sectores nacionalistas más radicalizados, incluyendo a HB (el pacto de Estella).
Ahora, a unos meses de celebrarse las Elecciones Autonómicas vascas en 2024, el PNV ha entrado en otra crisis estructural, pero a esta vez sus competidores no son los dos partidos constitucionalistas sino el heredero del terrorismo, EH Bildu. Sólo un somero análisis de tendencias demoscópicas y demográficas en el País Vasco muestra hasta qué punto EH Bildu tiene por delante un crecimiento tendencial notable, mientras que el PNV muestra lo contrario. Por tanto, es más que evidente el problema y éste obliga a una reflexión interna donde ya han aparecido voces discrepantes con los comportamientos de la actual dirección.
Dicho de otra forma: los resultados del 23-J han colocado al PNV entre la espada y la pared. La “espada” de seguir dando su apoyo tácito o explícito al presidente del Gobierno en funciones, con el desgaste que supone compartir la misma mesa con EH Bildu que no ha puesto ninguna condición explícita a su apoyo (por ejemplo, el caso de Navarra). Y la “pared” de apoyar a un Gobierno en solitario del PP con el desgaste electoral que puede suponer a ambos lados. Una situación, se mire por donde se mire, sin salida medianamente aceptable.
Sin embargo, en el momento de más presión e incluso agobio para sus dirigentes, el PNV ha conseguido romper la situación usando para ello al Lehendakari Urkullu, de la misma forma que Ibarretxe y su “Plan” a principios de los 2000. Romper el eje de coordenadas constitucional básico es la vía que el PNV ha encontrado para descargar toda la presión que las urnas y las circunstancias políticas les había puesto en sus hombros en los del candidato a la investidura, primero, y después en el actual presidente del Gobierno en funciones.
Este movimiento cuenta con varios apoyos, permitiéndole al PNV tomar ventaja con respecto a EH Bildu en Madrid y fijando una posición útil muy similar a los postulados de fondo del PSC (que han contado con una mayoría amplia de electores) ante el conflicto entre Junts per Catalunya y ERC por la hegemonía independentista en Cataluña. Al mismo tiempo, provoca ruido y marejada de fondo en el resto de las autonomías, en especial las gobernadas por el PP.
De una manera muy clara y, a la vez, muy cruda, ha quedado al descubierto el horizonte que nos espera en los próximos años si no se produce en algún momento un pacto de los dos grandes partidos. Las condiciones básicas para el pacto de investidura irán mutando hacia compromisos mucho más rompedores. Desde la amnistía hasta el referéndum no vinculante, pasando por la creación de un estatus fiscal especial para Cataluña como cimiento básico de la transmutación de España en una organización confederal (y, por tanto, asimétrica) de amplias desigualdades. La forma de hacerlo es emprender una vía paralela de ruptura del actual pacto constitucional sin tener que pasar por el camino que la Constitución establece para su reforma, ya que la inmensa mayoría de la sociedad española ni lo apoyará ni lo aceptará de manera directa.
Es preferible hacerlo de manera escondida, amortiguando los efectos y su visibilidad pública para que el votante siga pensando que nada o casi nada está pasando, y que incluso lo que pasa es beneficioso para todos, tal como escribíamos hace unos días en esta misma newsletter. Las fuerzas centrífugas saben que en la política actual, la herramienta más poderosa es la “reforma silenciosa” para que el votante mediano español no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si se da cuenta, que sea demasiado tarde para poder ser corregido.
Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.
FUENTE: EFE
Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.
El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna.
Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía. Los llamados «progresistas» nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.
Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.
Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.
La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.
