El nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política

Mañana volvemos a las urnas con un profundo malestar social que inunda el espacio político. En estas elecciones, en las que se solía valorar más las gestiones de los mandatarios con cierta ‘independencia’ de unas siglas que en clave nacional, se ha convertido en una oportunidad para mostrar el descontento existente de dos formas: el trasvase de voto entre partidos y, sobre todo, la abstención.

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Pero la crispación, que sigue avanzando con múltiples micro casos de corrupción con el voto por correo, es la gota que colma el vaso de la paciencia del votante que, abandonado por los líderes a los que confió su voto en los comicios previos, busca alternativas fuera de los bloques que se consolidaron entre 2018 y 2019. 

Aquí, las consecuencias son claras y es en este escenario que el voto de protesta o reactivo puede tener más consecuencias, hasta el punto de provocar un cambio significativo. La abstención de los electores no sólo hace perder las elecciones al partido gobernante principal, sino que también supone una herida profunda a largo plazo. Y el voto de castigo -a favor de alguno de los adversarios- lo puede llevar al cementerio político. Es lo que estuvo a punto de pasarle al PSC durante los años del procés, que rozó la irrelevancia cuando sus electores migraron hacia Ciudadanos y tiñeron de naranja el famoso “cinturón rojo” de Barcelona. 

Por tanto, esta decisión es una cuestión de oferta. Si existe una oferta suficientemente razonable, habrá ese trasvase de voto. Si no lo hay, el “ejército” de votantes más nutrido será el de la abstención. En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Los pactos con los herederos de los terroristas e independentistas van a provocar que muchos socialistas no voten porque políticamente tampoco están cercanos al Partido Popular y tampoco los actuales votantes de Ciudadanos, quienes probablemente terminen por cerrar, en muchos territorios, su vida como partido mientras el electorado de centro, también descontento, tendrá que migrar a otras opciones o abstenerse por no verse representados en ninguna otra fuerza política. Según las encuestas es una constante que los partidos que más van a sufrir la abstención son los mencionados anteriormente, creando un nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política.

La cuestión central viene con la ley electoral, la cual otorga una “prima por abstención” a los partidos más pequeños, que son los extremos, dándole poder a insignes provocadores de la crispación y la situación política actual de España. En este sentido, los dos grandes partidos miran continuamente de reojo a estas formaciones porque en varios territorios dependerán de sus votos para gobernar.

España, sus regiones y sus municipios se merecen un PSOE a la altura de la ciudadanía de la izquierda constitucionalista, actualmente abandonados, políticamente, por su partido. En estas regiones y municipios hay candidatos que están a la altura de su electorado, pero que seguramente se verán perjudicados por las políticas del Gobierno. Y los hay que han sido críticos con la cúpula del Gobierno por muchos motivos, entre ellos por sus pactos y políticas.  

Ahora es la ciudadanía quien decide, ya que con el voto se pueden frenar algunas de esas políticas regresivas. El otro día cerraba un artículo, en El Mundo, César Antonio Molina que a su fin decía: “Sí, alguien, ahora o después, debe evitar el naufragio total del Partido Socialista de siempre. Hay que recuperar de nuevo el Estado de derecho, exigir el cumplimiento de las leyes (toda la justicia está en huelga), volver a la verdad, prosperar sin dañar a nadie, elevar la educación y la sanidad, crecer económicamente, rescatar la concordia, pues la democracia es el acuerdo de que no vamos a matarnos por lo que nos separa, sino que vamos a discutirlo.” 

Editorial: ¿Es posible una política objetiva?

La votación en el Congreso del decreto de reforma laboral es una fiel representación del problema de fondo y forma que tiene el proceder actual de la política española. Mientras la ‘vieja mayoría’ que ha sostenido al Gobierno de coalición hasta la fecha no termina de disolverse, la conformación de una mayoría amplia que rompa la actual dinámica, no termina de nacer. De hecho, el intento de escenificar la capacidad del PSOE de tejer nuevas alianzas más transversales se ha saldado con una votación caótica y un resultado de un sólo voto de diferencia que provocará un conflicto jurídico en las próximas semanas.

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Más allá del resultado que se produzca en el trámite de enmiendas como proyecto de Ley, la clave son los escenarios que han rodeado a la votación y los partidos, los cuales tienen ante sí una situación en la que la estrategia política se torna fundamental en los próximos meses. ¿Sería posible ver una política objetiva? Es evidente que con la cuestión de la reforma laboral ha brillado por su ausencia.

Ni las posiciones a favor ni en contra han valorado con objetividad qué cambia y qué no esta reforma con respecto al marco regulatorio establecido en 2012 y que se ha ido modificando con los pronunciamientos de los tribunales en la última década: convenios colectivos centralizados, ultraactividad, desaparición de la temporalidad, subcontratas, formación… 

Es indudable que la búsqueda de consensos y alianzas amplias entre políticos representantes de los españoles, sindicatos y patronales es no sólo deseable sino obligada. Sin embargo, no puede darse el mismo valor político a un acuerdo refrendado por una amplia mayoría de las Cortes que un pacto llevado por la mínima y con serias dificultades de implantación. O lo que es peor: el intento de minusvalorar el papel del Congreso para que no tocara el texto pactado.

La confluencia de todos estos factores señalados indica la dificultad de una transición urgente de los apoyos de los partidos extremos a una alianza que vaya más allá de la suma de 185 o 190 diputados que ha conseguido el Gobierno de coalición en estos dos años de mandato. En este marco, irrumpe con fuerza el papel de un bloque conformado por partidos minoritarios que han ido entrando y saliendo del bloque de investidura: Más País, Compromís, PdeCat, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Si a ello se añade el posible papel de Ciudadanos como sustituto del apoyo de ERC al Gobierno, el escenario en vez de objetivarse se hace más complejo. En el caso del bloque de investidura, los socios más fuertes del Gobierno no han visto satisfechas sus demandas para con el texto de la reforma y han decidido votar que no. Esta decisión por parte de los aliados políticos (e interesados) del Gobierno deja muy tocado a Moncloa, ya que peligra la aprobación de más medidas hasta el final del mandato al tratarse de una de las reformas más ‘importantes’ del Ejecutivo y una de las grandes promesas de coalición.

Con la polarización y la búsqueda de objetivos puramente electoralistas por parte de los partidos, es complicado analizar los pros y los contras de esta reforma. Esta podría haber sido una gran oportunidad para los partidos liberales de hacer bloque y tratar de separarse de los extremos iliberales cambiando la dinámica de apoyos del Gobierno. En primera instancia Ciudadanos no se juntaría con Unidas Podemos y lo ha hecho apelando a la responsabilidad de la negociación con los agentes sociales y asegurando a España 12.000 millones de euros de Europa por su aprobación. 

Todo esto forma parte de la estrategia política electoral, ya que dentro de poco habrá elecciones generales y todos los partidos se están preparando para este contexto. Previo a la votación y por cómo se han mostrado estos partidos, se puede vislumbrar un poco sus intenciones en este sentido: El PSOE, tratando de atraer a partidos de diversas ideologías para tratar de aglutinar a sus votantes en Sánchez; Unidas Podemos, presentando a Díaz para unos comicios en los que llegaría vendiendo una super reforma cuando es más bien descafeinada; Ciudadanos, tratando de recuperar el centro político mostrándose para pactar con derechas e izquierdas; Partido Popular, mostrándose contrario al Gobierno en cualquier tema para mostrarse como única alternativa al actual Gobierno; y Vox, que no cambia su forma de actuar viendo que su forma de actuar le está aupando en las encuestas. 

Ahora toca ver si tras lo vivido el jueves 4 de febrero en el Congreso, los incentivos de los partidos (y, en especial, del socio mayoritario de la coalición) cambian hacia una mayor objetividad del debate. Es probable que cierto movimiento en esta dirección se produzca conforme las presiones de los socios europeos se incrementen hacia un mayor grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al recibir los fondos europeos.

¿Qué ocurre cuando las coaliciones se rompen?

Tras las coaliciones rotas en Madrid y Murcia, y los múltiples problemas de la coalición de gobierno central, ha llegado el punto y final para la de la región castellanoleonesa. Los problemas que ocasionan estos ceses de acuerdos pueden ser varios y en las circunstancias actuales debemos analizar la complejidad de este tipo de figuras.

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El entretenido panorama político español de los últimos años, con la irrupción de los partidos de la llamada ‘nueva política’, se ha caracterizado por una sensación permanente de incertidumbre, fenómeno que se intensifica si descendemos en los diferentes niveles de Administración. 

Las coaliciones se han convertido en un asunto de discusión política diaria. Con un sistema de partidos crecientemente polarizado y con una ley electoral que acoge el sistema D’Hondt, era de esperar que las coaliciones que han dominado la gobernabilidad de nuestro país hasta la fecha, se rompieran por múltiples razones. 

Ante esto, se dibuja en los próximos meses un escenario que podríamos calificar como una contienda para conservar u obtener el trono de hierro autonómico y local, justificado principalmente por la importancia de ostentar la presidencia autonómica o el bastón de mando de la alcaldía. 

Debilidades de la figura de la ‘coalición’ 

En primer lugar, las coaliciones entrañan consecuencias que no siempre son las deseadas. El argumento principal utilizado suele ser la afirmación de que la suma de los dos resultados en comicios anteriores por ambos partidos será la suma que se obtendrá con la coalición. Esto no parece ser del todo cierto debido a las experiencias previas, como la fusión entre IU y Unidas Podemos que no dio los resultados esperados. En diciembre de 2015 Podemos obtuvo 3.198.584 votos e IU 926.783 votos; seis meses más tarde en junio de 2016 la coalición Podemos-IU-Equo obtuvo 3.227.123 votos. 

Otro hecho que conviene tener en cuenta es la fractura que puede llegar a suponer dentro de los propios partidos. Los partidos son, a menudo, estructuras rígidas. La toma de decisiones no siempre se antoja fácil y las luchas internas pueden avivarse con facilidad. Asimismo, al haber acuerdo, sólo se presentará una lista y, por ello, habría la mitad de oportunidades para formar parte de la misma. Este último, que parece no tener demasiada enjundia, es el escollo a resolver más complicado por parte de la dirección de los partidos. 

Por todo ello, los partidos deben valorar qué va a tener mejores consecuencias para sus formaciones o, por el contrario, seguir por el camino marcado por la improvisación del día a día. Deben efectuar un ejercicio de ponderación, esto es si llevar a cabo la coalición –con los potenciales problemas que le puede acarrear– o seguir siendo estructuras tradicionales no adaptadas al nuevo sistema de partidos. 

Causas de las brechas 

Las brechas que se pueden generar entre los partidos pueden provocarse por causas electoralistas o políticas. En el primero de los casos las decisiones suelen ser tomadas por el partido mayoritario, en nuestro país suelen ser PP y PSOE, frente a los aliados. Esto ocurre principalmente en el ámbito regional, cuando uno de estos grandes partidos engulle en las encuestas al aliado más débil para tratar de gobernar en mayoría o con apoyos puntuales de otros partidos sin la necesidad de verse con estos en una misma estructura ejecutiva. Al ver estas encuestas, los grandes partidos pueden tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas (como en Castilla y León) para sacar el máximo rédito posible a estos resultados. 

En el segundo caso, las divergencias suelen venir causados por la falta de cumplimiento de los programas conjuntos entre unos y otros, provocando sentimientos de ‘traición’. En casos como los sucedidos en nuestro país en los últimos meses, se han provocado mociones de censura por motivaciones varias. Esos sentimientos de incumplimiento de las promesas en relación a los apoyos, así como el miedo a esos adelantos electorales que puedan provocar la reducción de la representación, provocan que los partidos puedan buscar una moción de censura (como en Murcia) para evitar el adelanto electoral, o incluso mantenerse en el gobierno regional con otro aliado. 

Consecuencias en otros territorios 

Una vez se han roto las coaliciones, ya sea a través de una moción de censura o un adelanto electoral, las coaliciones formadas entre esos grupos pueden verse afectadas en otros territorios (ya sea a nivel regional o local). Esto puede cambiar la morfología política de un país debido al desgaste de las relaciones entre las cúpulas de los partidos tras diversos movimientos como ha ocurrido en nuestro país. Esto no tiene porqué darse siempre y cuando los pactos entre partidos sean sólidos en estas regiones o localidades.