En el corazón de la política exterior española se ha desatado una tormenta de desconfianza e incertidumbre. En apenas unos días, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ejecutado una purga de embajadores que, lejos de responder a un criterio técnico o estratégico, se inscribe en un patrón de capricho y vendetta personal.
FUENTE: EFE
Un golpe de mano impropio de una democracia consolidada, más cercano a la inestabilidad de repúblicas fallidas que a la seriedad que se espera de un Estado con siglos de historia diplomática.
El cese fulminante del embajador en Bélgica, Alberto Antón, supuestamente por haber sucumbido al sopor durante un discurso del propio Albares, no es más que un síntoma de una enfermedad más profunda. Si antaño la diplomacia se regía por la mesura, la prudencia y la previsibilidad, hoy se rinde ante la susceptibilidad del ministro, que parece confundir la lealtad institucional con la pleitesía personal. No hay margen para la profesionalidad cuando la norma se dicta desde el despecho.
La destitución de Juan González-Barba en Croacia tampoco ha pasado desapercibida. Su pecado: escribir un artículo en el que ensalzaba la función del Rey en la política exterior, una verdad indiscutible que, al parecer, hirió la piel fina del ministro. Un país que degrada a sus diplomáticos por expresar opiniones que, lejos de desafiar la política oficial, la refuerzan, no puede sino verse abocado al descrédito internacional. ¿Qué confianza pueden tener nuestros aliados en un servicio exterior a merced del capricho?
La purga ministerial ha encendido todas las alarmas entre los profesionales de la carrera diplomática. La Asociación de Diplomáticos Españoles ha alzado la voz con una misiva en la que reclama, con inusual contundencia, transparencia y garantías en los nombramientos y ceses. No es una cuestión menor. Sin un marco reglado, sin criterios objetivos y verificables, España se arriesga a transformar su política exterior en un teatro de lealtades personales, donde la capacidad y el mérito son irrelevantes frente a la docilidad y la sumisión.
El problema no es solo la arbitrariedad, sino el efecto corrosivo que tiene sobre una institución que debería ser pilar de estabilidad. La diplomacia requiere continuidad, previsibilidad y profesionalidad. Albares, en cambio, ha sembrado el miedo. La sensación de que ningún embajador está seguro, de que cada palabra debe ser medida con escrúpulo para no despertar el enojo del ministro, es el peor veneno para la eficacia de la acción exterior. España no puede permitirse una diplomacia servil y atemorizada.
El daño es profundo y no se arregla con comunicados tibios ni con justificaciones burocráticas. España necesita urgentemente un Reglamento de la Carrera Diplomática que blinde el servicio exterior contra el capricho del inquilino de turno en el Palacio de Santa Cruz. La política exterior no puede depender del ego de un ministro ni del vaivén de sus humores. No se trata solo de una cuestión de justicia con los profesionales de la diplomacia, sino de la imagen y el peso internacional de España. Un país que ningunea y humilla a sus propios embajadores es un país que proyecta debilidad.
Albares haría bien en recordar que su poder es efímero, que los ministros pasan y las instituciones quedan. Su legado, de seguir por esta senda, será el de un hombre que, en su afán de control absoluto, erosionó la confianza en el servicio exterior español. Y la confianza, una vez destruida, rara vez se recupera.
Mientras tanto, nuestros diplomáticos, antaño embajadores de un país respetado, se ven hoy reducidos a piezas de un tablero movedizo, donde la lógica ha sido reemplazada por la arbitrariedad. Un escenario en el que cualquier destitución parece posible, en el que la incertidumbre se ha convertido en norma. Y en diplomacia, la incertidumbre es sinónimo de decadencia.