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El país de las leyes que no llegan

El Congreso funciona como un laberinto sin salida: las leyes se atascan, los apoyos se erosionan y el poder se convierte en teatro de decisiones que nunca llegan a serlo. 
FUENTE: EFE

España lleva meses con el motor político gripado. El Ejecutivo presume de crecimiento, pero en el Congreso vive navegando en círculos: no se debaten leyes, se difuminan. En lo que va de año, apenas cinco leyes aprobadas por parte del Gobierno, muchas de ellas redactadas en comisión y aparcadas en el limbo de enmiendas, mientras los plenos terminan antes de tiempo sin actividad legislativa sobresaliente. 

¿Acaso no hay plan social? Sí. ¿Acaso no hay urgencias como vivienda o pobreza infantil? Sí. ¿Acaso no hay consenso social incluso ciudadano? También. Pero, en la práctica, el Congreso es una cámara de espera donde las reformas mueren por inanición política. 

Un Gobierno hecho de pactos imposibles 

Sánchez gobierna con una minoría que depende de socios tan dispares como Junts, ERC, EH Bildu o Sumar. Esa torre de alianzas es frágil y contradictoria: acuerdos contrapuestos que bloquean más que suman. El ejemplo más claro: la Ley del Suelo, impulsada como solución técnica extensamente respaldada, se estrelló contra la imposibilidad de pactar ni siquiera lo evidente. El Ejecutivo bajó los brazos antes de pelearla en la tribuna. 

La agenda social, pedida a gritos por Sumar, languidece. Su portavoz reclama un “impulso” urgente o incluso un reseteo de relaciones con el PSOE: una legislatura demasiado débil para cambiar vidas. 

Proyectos como la regulación del alquiler turístico, la derogación de la ley mordaza o el Estatuto del Becario llevan meses, incluso años, congelados en ponencias, en enmiendas abismales, en falta de voluntad política. No hay discursos: hay excusas. No hay avance: hay miedo a perder aliados o desesperanza por ganar. El Congreso se ha convertido en tumba para las reformas. 

El voto del bloqueo: decreto antiapagón como símbolo 

En el último pleno, el rechazo al decreto antiapagón, apoyado por un bloque extraño: PP, Vox, Junts y hasta Podemos, fue una bofetada simbólica al Ejecutivo. La norma pretendía reforzar el sistema eléctrico, atraer inversiones y proteger a los consumidores tras el gran apagón del 28 de abril. El rechazo no sólo representa un fracaso técnico: es el síntoma de un Parlamento que no coincide en nada esencial con el Gobierno. Ese voto fue el acto más claro de un poder en resistencia total. 

La legislatura se empantana en crisis internas. El escándalo de Santos Cerdán, acusado, ha tensado la coalición entre PSOE y Sumar hasta el punto de ruptura. La reunión de emergencia entre ambos fue un fracaso. Ninguna tregua, ningún acuerdo firme: solo reproches y desorientación. La coalición amenaza con una ruptura si no hay medidas inmediatas. Mientras tanto, leyes bloqueadas (familias, vivienda, empleo) quedan pendientes sin respuesta política eficaz. 

El Gobierno, consciente del atasco, ha adoptado la fórmula de la norma urgente o decreto-ley para sortear el bloqueo. Pero el camino provisional se convierte en norma, y lo ordinario en excepción. Gobernar con decretos deslegitima al Parlamento, instala la discrecionalidad, erosiona la deliberación. El Ejecutivo deja de convocar debates y aprieta botonazos: es la victoria del poder ejecutivo sobre el legislativo. 

Una democracia suspendida de leyes hasta 2027 

A pesar de todo, Sánchez insiste en agotar la legislatura hasta 2027, con mayorías frágiles y sin Presupuesto nuevo. Defiende que el 86 % de las votaciones parlamentarias han sido exitosas, aunque eso incluya nombramientos o decretos triviales. Esta insistencia revela dos cosas: que no piensa convocar elecciones y que redefine gobernabilidad como imposición minimalista en lugar de pacto constructivo. 

España vive una legislatura convertida en espera. Las leyes se atascan, los aliados desertan, los escándalos paralizan. El Congreso ya no es foro democrático: es atril de esperas sin ejecución. 

Solo una refundación del Legislativo puede romper ese ciclo: control real sobre los decretos, calendario cerrado de leyes clave, obligación de pactos claros o elecciones anticipadas. Si no, el país seguirá navegando sin rumbo. Y lo peor de todo: sin gobierno efectivo. 

Porque cuando la política deja de ser sistema y se convierte en espera, no solo pierde su sentido: pierde el tiempo del futuro. 

El riesgo de demolición calculada de Sánchez del Estado de Derecho 

Bajo el mando de Sánchez, el poder no se ejerce para gobernar, sino para destruir desde dentro las instituciones que garantizan igualdad, legalidad y dignidad. Ya no hay un país, hay un feudo político a la carta. 

FUENTE: EFE

España fue una hazaña. En 1977, en un gesto sin parangón en Europa, los españoles decidimos perdonarnos el pasado, mirar al futuro y edificar juntos una democracia donde cupiera la pluralidad sin sacrificar la igualdad. Hoy, ese edificio está siendo demolido a martillazos legislativos por Pedro Sánchez y el sanchismo, que ha hecho del poder una venganza histórica con factura presente. 

Lo que fue una Transición ejemplar es hoy retratada como traición. Lo que fue consenso, se convierte en excusa para el privilegio. Y quien debía ser custodio del pacto, se ha revelado como su mayor saboteador. 

Sánchez ha construido una España de dos velocidades. Una de ciudadanos supeditados a las leyes, y otra de socios privilegiados a los que se les perdonan delitos, se les transfiere impunidad, se les entrega soberanía fiscal y hasta se les reconoce una lengua como divisa de extorsión europea. 

Todo ello sin negociación ni rendición de cuentas. Simplemente a cambio de votos, como si España no fuera una nación, sino un territorio mercadeable. Como si la igualdad fuera un estorbo, y la Constitución, un papel mojado que se puede triturar en cada investidura. 

La degradación institucional es el método, no el error 

Se ha vaciado el Estado de autoridad para convertirlo en un cascarón populista. Se han debilitado los tribunales, colonizado los medios públicos, instrumentalizado el BOE, intimidado a jueces y empoderado a quienes han violado la legalidad. Todo con una sonrisa posmoderna y un maquillaje de modernidad inclusiva. 

No hay error: hay diseño. La justicia ya no se aplica por igual, sino como herramienta de premiación o castigo. La fiscalía obedece al Gobierno. El Parlamento no delibera, ejecuta. La prensa se censura desde el Consejo de Ministros. Y las instituciones que debían limitar el poder se han vuelto trampolines del poder. 

El partido que modernizó España hoy es un cadáver doctrinal habitado por cortesanos. No hay ideología ni programa: hay servilismo, ambición y purgas. No hay debate: hay sumisión. Lo que un día fue una gran fuerza reformista es hoy una agencia de colocación para ministros sin currículo, portavoces sin principios y asesores sin ética. 

La camarilla que rodea a Sánchez no piensa, no disiente, no arriesga: sobrevive. Y ese ambiente putrefacto, de fidelidad ciega y complicidad impune, ha convertido al PSOE en una cueva política donde se premia la obediencia y se castiga la decencia. 

La política exterior ha quedado reducida a una postal. Se desprecian los compromisos europeos, se flirtea con regímenes totalitarios, y se entregan áreas sensibles —como la ciberseguridad o las infraestructuras críticas— a intereses opacos, sin el menor debate público. Mientras Ucrania arde, nuestro gran objetivo en Bruselas es la oficialidad del catalán, como si el mundo debiera adaptarse al chantaje de Esquerra. 

España es hoy un socio incómodo, una democracia en cuarentena, un país cuyo liderazgo genera vergüenza y sospecha a partes iguales. 

Mentir, mentir, mentir: la única política de Sánchez 

El sanchismo ha hecho de la mentira su gramática institucional. Nada de lo prometido se cumple, y todo lo negado se ejecuta con una sonrisa cínica y un argumentario mendaz. Prometió no gobernar con independentistas. Los convirtió en socios preferentes. Prometió no tocar la amnistía. Hoy es ley. Prometió respetar a los jueces. Hoy los insulta y los purga. 

No hay escrúpulo, porque no hay proyecto. Solo hay poder. Poder por el poder. Poder para mantenerse en el poder. Y si para eso hay que incendiar el pacto constitucional, abrir trincheras, falsificar la memoria y dividir al país, se hace. Porque Sánchez no gobierna: ocupa, instrumentaliza, ejecuta. 

La pregunta ya no es si Sánchez es un mal presidente. Es si España sigue siendo una democracia liberal o una fachada decorada con urnas y discursos progresistas detrás de la cual se opera como un régimen clientelar y despótico. 

No hay mayor amenaza para la convivencia que un poder dispuesto a sacrificar el principio de igualdad para seguir gobernando. No hay mayor peligro que un líder que no tiene límites morales, institucionales ni históricos. Y no hay mayor responsabilidad ciudadana que denunciarlo y oponerse, aunque los medios callen, los jueces teman y los partidos se arrodillen. 

Porque si España sigue este camino, la próxima legislatura no será ya una anomalía institucional, sino un punto de no retorno. 

La auotamnistía y los pactos con villanos

Cuando la Moncloa se convierte en bazar de corruptelas y pactos que escapan a la Constitución

FUENTE: EFE 

España no ha sido nunca un jardín de lirios, pero jamás habíamos visto florecer tanta podredumbre con la naturalidad con la que hoy se exhibe. La actual legislatura no nació en el Congreso ni en las urnas: emergió de un cambalache de pasillos oscuros, de una confesión humillante ante la historia y de un trueque que sería cómico si no fuera trágico. 

El Gobierno de Sánchez no es fruto de la voluntad popular, sino el resultado de una transacción vergonzante: votos a cambio de impunidad, silencio a cambio de poder, olvido a cambio de permanencia. La autoamnistía se yergue como el tótem obsceno de este mercado persa institucional. 

La amnistía de 1977 fue un acto fundacional: un perdón mutuo, una tabula rasa que alumbró la democracia y permitió pasar del ruido de sables al murmullo de las urnas. Aquel perdón fue un abrazo colectivo, una apuesta compartida por un porvenir común. Lo que ahora presenciamos no es amnistía, sino una absolución unilateral y espuria, un acto de pura supervivencia. El delincuente pacta con el carcelero y redacta la llave de su propia celda. 

El chantaje como método 

El arte de la política, cuando degenera, no es otra cosa que la administración del chantaje. Sánchez ha erigido su trono sobre una montaña de cesiones, sobre la desfiguración del derecho y la prostitución de los principios. La llamada autoamnistía es el certificado de defunción de la igualdad ante la ley. De un plumazo, se arrebata al pueblo el último bastión de dignidad: la convicción de que nadie, ni el más audaz sedicioso ni el presidente más camaleónico, puede situarse por encima del marco legal. 

Mientras se reparten privilegios en Bruselas y se garabatean decretos para tapar traiciones, el Estado se desangra por dentro. El veneno no es el independentismo, sino el consentimiento pusilánime y artero de un Gobierno dispuesto a vender la nación al mejor postor. La amnistía no redime; consagra la impunidad y corrompe el tuétano de la democracia. 

La legalidad ya no es más que un papel mojado al servicio del oportunismo. El poder legislativo ha sido transformado en un taller de artesanía política donde se modela la ley como quien retuerce un alambre. La justicia, condenada al papel de espectadora muda, contempla el festín de impunidades con la venda ya no en los ojos, sino en la boca. 

Pactos hacia el oportunismo 

Algunos pretenden presentar este proceso como “un paso hacia la convivencia”. Pero la convivencia que se cimenta en la desigualdad es un fraude; el perdón que se concede sin arrepentimiento es una farsa. Aquí no hay reconciliación: hay sumisión y cobardía. No hay altura de miras: hay contabilidad de sillones. 

El actual Gobierno es, en esencia, una cleptocracia sentimental y legal, un club de mercaderes que confunden el Estado con una casa de empeños. Todo se compra, todo se vende, todo se intercambia en la subasta perpetua del poder. 

La historia mirará este capítulo con el mismo asco con el que se observa una rendición sin honra. La autoamnistía es la traición más grave que puede infligirse a un país: la conversión de la ley en papel higiénico para limpiar las manchas de la ambición. 

Hoy, España no se gobierna: se trafica. No se lidera: se mendiga. Y cada día que se prolonga este pacto infame es un latido menos en el corazón de nuestra democracia. 

Aquí no se discute izquierda o derecha, centralismo o periferia. Aquí se dirime si queremos vivir en un país digno o resignarnos a un prostíbulo de conveniencias. 

Así de sencillo. Así de terrible. 

Pedro Sánchez: el huésped permanente de La Moncloa

Pedro Sánchez no gobierna: ocupa. Su única estrategia es resistir. Y su único plan, permanecer de huésped en La Moncloa. FUENTE: EFE

La historia de los liderazgos degradados no empieza con un escándalo, sino con un silencio. Con el consentimiento pasivo de los que miran a otro lado. Con la resignación de quienes confunden la disciplina con la sumisión. Desde hace meses, incluso años, España no tiene un presidente que gobierne: tiene un huésped muy incómodo. Uno que ya no representa a un partido, sino que lo utiliza. Que no lidera una coalición, sino que la somete. Que no construye un proyecto, sino que administra su propia permanencia. 

Pedro Sánchez ha logrado algo insólito en democracia: convertir el poder en un fin en sí mismo. La resistencia como mandato. La supervivencia como doctrina. Cada decisión, cada giro, cada palabra pública se articula con un solo propósito: seguir. Y para ello, ha convertido las instituciones del Estado en una extensión de su voluntad política. 

Del Estado como garante al Estado como herramienta 

La línea entre gobernar y ocupar se cruza cuando el Estado ya no protege a los ciudadanos frente al poder, sino que protege al poder frente a los ciudadanos. Así ha operado Sánchez desde que recuperó el mando del PSOE en 2017. El Tribunal Constitucional, con un presidente que actúa más como ministro sin cartera que como garante de la legalidad, refrenda sin matices una ley de amnistía que hace volar por los aires el principio de igualdad. La Fiscalía General se ha convertido en un parapeto, no en un muro de contención. El Parlamento, reducido a notaría de urgencias. Y los medios públicos, en vehículo propagandístico sin complejos. 

Pero el problema no es solo institucional. Es también moral. España vive en un estado de excepción tácita en el que la mentira es normal, el adversario es enemigo, y la corrupción solo importa si no salpica a los míos. No hay relato de progreso que justifique esto. No hay causa social que lo redima. Porque lo que está en juego no es una legislatura, ni una reforma, ni siquiera un programa: lo que está en juego es el contrato democrático más elemental. 

Huésped sin fecha de salida 

Mientras tanto, Sánchez sigue. Impasible. Con su rostro de serenidad impostada y su discurso de hombre moderno, igualitario, feminista, europeísta. Pero tras el telón, los engranajes chirrían: socios que niegan la existencia del Estado, fugados que imponen condiciones, alcaldes implicados en tramas, asesores enriquecidos al calor del BOE. Y un partido, el PSOE, que guarda silencio. O balbucea excusas. 

No todos. Hay socialistas que no han olvidado lo que significa dignidad. Que aún creen en el pacto constitucional, en la moderación como herramienta de cambio y en la política como servicio público. No son muchos, pero existen. Y su responsabilidad, hoy más que nunca, es dejar de esperar a que todo se derrumbe para actuar. 

Porque esto no es un mal momento del sanchismo. Es su culminación. Es el final lógico de una estrategia basada en eliminar cualquier límite. En convertir el poder en refugio y el desacuerdo en traición. Sánchez no cae porque no comete errores: cae porque ha dejado de representar a nadie que no sea él mismo. 

España necesita aire. Una tregua institucional. Una política de acuerdos sin chantajes. Pero sobre todo, necesita un presidente que crea en algo más que en sí mismo. 

Y esa, a estas alturas, ya no es una opción con Pedro Sánchez. 

El fin de la música empieza cuando suena la caja

El PSOE no necesita elecciones: necesita recuperar el alma. España necesita una izquierda que se mueva al son de otra música.

FUENTE: EFE

No se trata de proteger alcaldes ni de escudar presidentes autonómicos del naufragio electoral que provocaría seguir remolcando el cadáver político de Pedro Sánchez. Se trata, sencillamente, de que este país no puede resistir por más tiempo la música de la mediocridad autoritaria, la corrosión institucional y la ingeniería moral que ha convertido al Gobierno en una maquinaria sectaria e implacable de poder sin escrúpulos.

La última hemorragia ética no proviene de la oposición ni de ningún laboratorio oscuro de “lawfare”: viene del interior del propio aparato socialista. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado de forma contundente a Santos Cerdán —secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez— como uno de los vértices de una red de manipulación de las primarias que auparon al actual presidente al liderazgo del partido en 2014.

Pero eso era solo el comienzo. Lo que ha venido después —y que ahora ya no puede ocultarse ni con propaganda ni con comunicados monocordes— es una sucesión de indicios de corrupción, tráfico de influencias, y amaños en adjudicaciones públicas que retratan a un partido enfermo de poder y de servilismo.

La investigación de la UCO recoge que Cerdán gestionó personalmente el voto doble de un allegado durante las primarias que auparon a Sánchez. No fue un error. Fue una orden textual: “mete las dos papeletas sin que te vea nadie”. ¿Resultado? Un liderazgo nacido de la trampa. Y una dirección que ha construido desde entonces un castillo de lealtades ciegas, de chantajes suaves y de obediencias sin alma. El mismo Cerdán que hoy está imputado por coordinar mordidas de más de 600.000 euros a cambio de contratos públicos, con la ayuda de Koldo García y otras figuras del entorno más estrecho del Gobierno.

Con la música a otra parte

No se trata, por tanto, de adelantar elecciones. Eso sería poner el carro delante de la descomposición. Se trata de que el PSOE tenga el coraje histórico de levantarse ante Sánchez y decirle: “tú no nos representas”. Porque no es el PSOE el que está en el Gobierno: es Sánchez, con su grupo de fieles, que ha usado las siglas centenarias del partido como escudo de impunidad y coartada sentimental. El socialismo español no está llamado a convocar elecciones: está llamado a recuperar su dignidad.

A los socialistas no se les pide que rompan el Gobierno: se les pide que rompan con Sánchez. Que no sigan bailando el rigodón cortesano mientras se pudren las instituciones, mientras la Fiscalía se convierte en trinchera política, mientras el Constitucional deviene en cocina jurídica de conveniencia. Porque hay algo peor que perder el poder: es perder el alma.

España necesita que la izquierda institucional vuelva a casa. Que regrese al pacto, a la Constitución, al respeto por la ley, a la alternancia como principio de higiene democrática. Que abrace de nuevo el reformismo y la sensatez. Y eso, con Pedro Sánchez, es imposible. Lo es porque su proyecto no es político: es personal. Lo es porque su lógica no es democrática: es absolutista. Lo es porque su permanencia no se basa en ideas: se basa en controlarlo todo, hasta el último resorte.

La izquierda democrática no puede ser cómplice. El PSOE no puede seguir rehén. España no puede continuar bajo esta farsa de Estado. La caída de Sánchez no es una urgencia electoral: es una exigencia moral.

Ha llegado la hora de cambiar la música. Porque este baile, si continúa, solo puede terminar en ruina.

Ataque y defensa desde las cloacas del Estado 

De la UCO a la UDEF, pasando por filtraciones y montajes: el uso partidista de las instituciones del Estado como arma política es una práctica transversal que degrada la democracia y envenena la confianza ciudadana. 

FUENTE: EFE

La democracia, cuando se pervierte, no muere con un golpe seco. Se pudre desde dentro. Y el hedor de su descomposición no proviene solo de la corrupción económica, sino de algo más insidioso: la utilización bastarda de las instituciones del Estado como navajas oxidadas contra el adversario político. 

El último capítulo de esta novela negra lo protagoniza Leire Díez, asesora del PSOE, envuelta en una maraña de reuniones con empresarios y abogados para, presuntamente, buscar información que desacreditara a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y a fiscales incómodos. ¿El objetivo? Blindar judicialmente a compañeros de partido —según se desprende de grabaciones filtradas— o, tal vez, simplemente mover fichas en una partida de poder donde las normas solo aplican a los peones. El Partido Popular ha sido rápido en denunciar el escándalo ante la Fiscalía Anticorrupción. Curioso, viniendo del partido que elevó el uso de las cloacas a categoría ministerial. 

No hay inocentes en esta historia. Solo hipócritas. 

¿Al servicio del Estado?

Porque ya en su día fue el PP quien articuló lo que se conoció como la «Operación Cataluña», un proyecto de ingeniería política sustentado en informes apócrifos, policías patrióticos y filtraciones a medida. Desde las entrañas del Ministerio del Interior se fabricaban bulos, se retorcían investigaciones y se intoxicaba a los medios con munición envenenada. La democracia, mientras tanto, iba perdiendo sus costuras. 

Ahora es el PSOE el que coquetea con prácticas similares, como si los resortes del poder vinieran con un manual secreto que instruyera en el uso ilegítimo de herramientas legítimas. Porque eso es lo que estamos viendo: una sistemática contaminación de las instituciones —policía judicial, fiscalía, jueces, prensa— al servicio no del Estado, sino del partido que lo ocupa. 

No se trata ya de que los partidos se tiren los trastos a la cabeza: eso es el pan de cada día en cualquier democracia con algo de pulso. El problema aparece cuando en vez de argumentos se lanzan sumarios filtrados, cuando en lugar de debates se promueven querellas, y cuando las siglas UCO, UDEF o Fiscalía se convierten en armas arrojadizas y no en instrumentos de justicia. 

Esta perversión del sistema no es una anécdota ni una travesura. Es una grieta en los cimientos. Porque cuando el ciudadano deja de confiar en que la justicia es imparcial, cuando sospecha que los cuerpos de seguridad sirven más al ministro de turno que a la ley, cuando los medios dejan de fiscalizar al poder para convertirse en sus voceros… entonces estamos ante una democracia de cartón piedra, mantenida en pie por puro decorado. 

La cloaca institucional, esa red paralela donde se cuecen vendettas, chantajes y favores, no es solo una metáfora oscura: es un modus operandi. Y como toda red clientelar, necesita de silencio, complicidad y poder para sobrevivir. 

Es urgente desmantelar ese sótano húmedo donde se cultiva la podredumbre. Y eso exige una reforma profunda de los mecanismos de control institucional, una regeneración real y no cosmética. Exige que los partidos renuncien al atajo, a la trampa, al montaje. Que dejen de convertir los servicios del Estado en extensiones de su comité electoral. 

¿O acaso la democracia solo sirve mientras no estorbe? 

Si no se pone freno, un día despertaremos y descubrirán que el Estado ya no es de Derecho, sino de derecho a hundir al otro. Que la ley ya no protege, sino que persigue a discreción. Que la política, lejos de ser la noble gestión del bien común, se ha transformado en una guerra sucia librada en los sótanos del sistema. 

Y entonces sí que será demasiado tarde para limpiar. 

La consulta que no consulta: el ensayo general del referéndum permanente

Pedro Sánchez convierte una operación empresarial en un simulacro de referéndum, mientras el Estado de Derecho se diluye entre encuestas y pactos de pasillo.

FUENTE: EFE

Hay gestos que no engañan. Cuando un Gobierno decide convocar una “consulta pública” sobre una operación empresarial como la OPA del BBVA al Sabadell —una herramienta sin amparo jurídico real, sin consecuencias vinculantes, sin más propósito que disfrazar con ropaje democrático lo que no es más que propaganda— uno no puede sino preguntarse: ¿qué es esto si no un ensayo general del referéndum permanente? 

El presidente Sánchez, siempre atento a las musas del tacticismo, ha convertido una operación de mercado —sujeta a leyes, reguladores y accionistas— en un teatrillo deliberativo donde el decorado es la participación ciudadana y el texto lo escribe Waterloo. Porque no nos equivoquemos: esta consulta no es sobre banca ni economía; es sobre poder. Y más específicamente, sobre cómo mantenerse en él al precio que sea. 

Nos dicen que es por transparencia. Que es por responsabilidad. Pero ya no cuela. Estamos ante un nuevo acto de esa larga obra que comenzó cuando el CEO de Telefónica fue cesado en la Moncloa, como si volviéramos a los tiempos en que el Gobierno nombraba a obispos y dictaba a las empresas desde los ministerios.

Hoy asistimos a la siguiente escena: un Ejecutivo que se erige en árbitro moral de la economía privada, que pregunta a los ciudadanos lo que ni la ley ni la lógica del mercado les llama a decidir. Es el populismo empresarial, una variante moderna del intervencionismo de toda la vida, ahora aliñado con encuestas y algorítmica demoscópica. 

Pero, ¿quién cree que esta consulta cambiará algo? Nadie. Y precisamente ahí está el problema. Lo que debería indignar no es sólo el abuso de formas, sino la banalización del fondo. Una democracia madura no se juega en consultas ad hoc que enmascaran cesiones políticas ni se simula con preguntas decorativas.

Si esta fórmula prospera, mañana podríamos consultar sobre fusiones energéticas, pasado sobre la cotización del Ibex y al final —no lo duden— sobre la soberanía nacional. Porque esto no va de bancos, sino de ensayo, error y captura de relato. 

Lo dijimos cuando se arrojó sobre las eléctricas la responsabilidad de un apagón gubernamental. Lo dijimos cuando Beatriz Corredor, después del caos, ni dimitió ni fue cesada. Lo repetimos hoy: un Estado que se parapeta tras las empresas, que delega su deber en la encuesta y que cede su soberanía a los nacionalismos, no gobierna: sobrevive. Y lo hace de forma indigna. 

Mientras tanto, los españoles seguimos atrapados en una comedia bufa donde todo debe pasar por Cataluña, como si la legitimidad nacional necesitase cada día ser convalidada en el Palau o refrendada en Bruselas. Todo, hasta una OPA. Pero no se engañen: esto no es por el Sabadell, es por el poder. Y lo que parece pintoresco es, en realidad, peligroso. La participación fingida es más corrosiva que la dictadura abierta: al menos esta última no se disfraza de virtud. 

Sánchez, que no convoca elecciones porque sabe que las perdería, se entretiene en simularlas bajo otras formas. Hoy consulta si el BBVA puede comprar el Sabadell; mañana nos preguntará si debe seguir gobernando. Pero la respuesta ya la sabe. La pregunta real es cuándo dejaremos de tolerar que un país entero sea rehén de una campaña electoral que nunca termina. 

Señor presidente: no nos tome por idiotas. Si quiere preguntar algo de verdad, convoque elecciones. Lo demás son consultas de atrezo. Son trampantojos. Son, al fin y al cabo, la antesala de una democracia que se desliza, lenta pero segura, hacia el autoritarismo plebiscitario. Y eso, aunque venga envuelto en papel de consulta, no se vota: se denuncia. 

España se desliza por una cornisa diplomática

En la escena internacional contemporánea, marcada por tensiones geoeconómicas y pulsos silenciosos entre potencias, España parece deslizarse por una cornisa diplomática con los ojos entrecerrados, tratando de mantener el equilibrio sin mirar demasiado abajo

FUENTE: EFE

La visita del presidente Pedro Sánchez a China, la tercera en menos de dos años vuelve a encender las alarmas de quienes observan con inquietud cómo España empieza a dar pasos más firmes hacia una relación bilateral que, de no manejarse con extremo cuidado, podría reconfigurar su anclaje estratégico en el mundo occidental. 

No se trata de rechazar el diálogo con China, país ineludible en cualquier ecuación del siglo XXI, sino de cuestionar el marco en que este acercamiento se produce. Porque mientras las economías europeas intentan definir una postura común —entre el pragmatismo económico y la desconfianza sistémica—, España parece optar por una vía propia, más laxa, más solícita, más receptiva. Y en ese gesto, sin decirlo, empieza a dibujar una disyuntiva: ¿hay que elegir entre China y Estados Unidos? 

Esa pregunta es en sí misma peligrosa. El dilema es falso, pero su sola formulación ya muestra la erosión de la claridad estratégica que tradicionalmente ha guiado a los países europeos. España no es una potencia aislada ni tiene la autonomía suficiente para jugar al equilibrista sin consecuencias. Su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN la sitúan en un marco institucional que, por mucho que se flexibilice, sigue descansando en una arquitectura de valores y compromisos compartidos. Y el eje de esa arquitectura, guste más o menos, sigue siendo transatlántico. 

Por eso preocupa que, bajo el velo de la cooperación económica y la atracción de inversiones, se esté abriendo una puerta —o varias— a una redefinición del lugar de España en ese equilibrio. La inversión china, vestida de oportunidad industrial y de modernización energética, llega siempre con letra pequeña. Lo saben bien en Italia, lo empiezan a intuir en Alemania. Una fábrica de electrolizadores o un centro cultural pueden parecer gestos neutros, pero son también instrumentos de influencia, vasos comunicantes de una narrativa global que busca fracturar la unidad europea desde dentro. 

Más aún cuando esa narrativa cuenta con traductores voluntarios en el interior del país, figuras que actúan como bisagras discretas entre intereses ajenos y decisiones domésticas. No hace falta nombrarlas. Basta con seguir el rastro de los elogios, las tribunas, los encuentros diplomáticos paralelos. El poder blando chino no necesita alzar la voz: le basta con susurrar en los oídos adecuados. 

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser el repliegue, pero tampoco la entrega ingenua. España debe defender su soberanía económica, sí, pero sin comprometer su posición geopolítica. Puede y debe negociar con China, pero no desde la ambigüedad, sino desde la solidez de sus alianzas. Y debe recordar que, en el juego de las potencias, la equidistancia es una ilusión: quien se mantiene demasiado tiempo en tierra de nadie acaba convirtiéndose en territorio de todos. 

Europa, por su parte, necesita claridad en su política hacia China, y España debería ser parte activa de esa definición común, no una anomalía. Apostar por la autonomía estratégica no significa abrir la puerta a nuevas dependencias, sino tener la capacidad de decir “sí” o “no” con plena conciencia de lo que implica cada elección. Y para eso, hace falta una brújula, no un péndulo. 

En tiempos de transición global, cuando el poder se redistribuye y las certezas se desdibujan, la política exterior no puede ser coyuntural ni oportunista. Tiene que ser visión. Tiene que ser rumbo. Y ese rumbo, para España, no puede escribirse al dictado de quienes sólo entienden las relaciones internacionales como un tablero de sumisión disfrazado de cordialidad. Porque en diplomacia, como en la vida, hay amistades que cuestan demasiado. 

Cuando la demagogia sustituye a la Justicia 

España está asistiendo a una sustitución de la Justicia por la demagogia. Pedro Sánchez, en su desesperación por mantenerse en la Moncloa, ha vuelto a demostrar que el interés nacional es un mero obstáculo en su hoja de ruta personalista.

FUENTE: IA

Su última ocurrencia: el reparto forzoso de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un truco disfrazado de «solidaridad» que en realidad es una maniobra burda para contentar a sus socios separatistas y perpetuar su frágil mayoría parlamentaria. 

Y ahí está Carles Puigdemont, el prófugo de Waterloo, jugando a ser estadista desde su exilio dorado en Bélgica, exigiendo la transferencia del control migratorio a la Generalitat como si la inmigración fuera otra pieza en su proyecto de ingeniería social identitaria. No nos engañemos: la negociación sobre el reparto de inmigrantes no es un ejercicio de responsabilidad institucional. Es un chantaje político de la peor calaña, que utiliza a los menores como moneda de cambio para que el separatismo siga obteniendo privilegios a costa del resto de España. 

El Gobierno ha trazado un sistema de distribución que, con una máscara de equidad, en realidad favorece descaradamente a Cataluña. Madrid, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso y convertida en la bestia negra del sanchismo, deberá acoger a más de 700 menores, mientras que Cataluña, siempre beneficiada por los caprichos del socialismo y sus cómplices nacionalistas, apenas recibirá entre 20 y 30. Se justifica esta aberración con el supuesto «esfuerzo previo» de la Generalitat en la acogida de inmigrantes. Pero ¿acaso no es esfuerzo también el de otras comunidades que han estado sobrecargadas sin el beneplácito del Estado? ¿O solo Cataluña tiene derecho a decidir cuánto quiere contribuir y bajo qué condiciones? 

Este acuerdo es un escándalo mayúsculo: el Estado español, en vez de garantizar un reparto justo y equitativo, está premiando a aquellos que chantajean, que amenazan y que juegan con la inmigración como si fuera una herramienta de ingeniería política. Y esto no es una opinión, es un hecho. 

La inmigración como caballo de Troya del separatismo 

No seamos ingenuos: detrás de este acuerdo se esconde una jugada estratégica de Puigdemont y los suyos. Junts per Catalunya no quiere una inmigración bien gestionada ni un modelo solidario de acogida. Lo que quiere es poder conceder permisos de residencia y trabajo con la condición de que los inmigrantes se sometan a su programa identitario, lo que en términos prácticos significa que deberán aprender catalán para integrarse. 

La obsesión del separatismo por convertir Cataluña en un feudo excluyente encuentra en la inmigración su nuevo campo de batalla. Si el Gobierno cede y permite que la Generalitat controle el flujo migratorio, asistiremos a un proceso de selección ideológica de los inmigrantes. Puigdemont y su partido buscan un tipo de migración que refuerce su proyecto independentista, donde el conocimiento del catalán será más importante que la voluntad de integración real. Es una instrumentalización descarada de la inmigración para sus propios fines políticos. 

Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP y otras administraciones no alineadas con Sánchez están viendo cómo la decisión se impone por decreto, sin consulta, sin diálogo y sin respeto por su capacidad real de acogida. García-Page en Castilla-La Mancha lo ha denunciado sin tapujos: el Gobierno está imponiendo esta medida sin ninguna política migratoria seria, más preocupado por los equilibrios parlamentarios que por la estabilidad de las regiones que sufrirán las consecuencias de su incompetencia. 

En Baleares, el Govern ha manifestado su rechazo absoluto al reparto. Y con razón. Porque este no es un mecanismo de cooperación, sino un abuso de poder centralista en beneficio de unos pocos. Se pide solidaridad a las comunidades cuando conviene, pero se les niega voz y voto cuando las decisiones se toman en los oscuros pasillos de la Moncloa, donde Sánchez y sus socios separatistas diseñan su siguiente golpe. 

La inmigración debe gestionarse con rigor, justicia y planificación. No con demagogia ni con cálculos políticos. No se puede permitir que el Gobierno use a los menores inmigrantes como fichas en su tablero de alianzas, ni que Cataluña continúe obteniendo privilegios a costa del esfuerzo del resto de España. La acogida de inmigrantes debe responder a criterios claros, con una distribución equitativa basada en la capacidad real de cada comunidad y no en los favores que Sánchez deba devolver a sus socios. 

Si la política migratoria sigue siendo rehén del oportunismo, no solo se estará desmantelando el principio de solidaridad territorial, sino que se estará alimentando una fractura cada vez más insalvable en la cohesión nacional. Y cuando llegue la hora de rendir cuentas, ni Sánchez ni Puigdemont podrán esconderse detrás de sus acuerdos secretos. España ya ha soportado demasiadas traiciones como para tolerar una más. 

La necesidad de verse respaldado 

En política, la batalla por el relato es, muchas veces, más importante que la batalla por las leyes. La gestión puede ser desastrosa, la economía tambaleante, las instituciones erosionadas, pero si se controla la narrativa, si se decide qué se dice y, sobre todo, qué no se dice, el poder se sostiene con una solidez asombrosa

FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA

Pedro Sánchez lo sabe mejor que nadie, su supervivencia política no se basa en la estabilidad institucional ni en la eficacia de su gobierno, sino en la administración cuidadosa de su imagen, en la construcción meticulosa de un discurso que lo presente, siempre, como el único garante posible de la gobernabilidad. Y para esa tarea, tener un canal de televisión a su servicio no es una opción; es una necesidad existencial. 

Durante años, Sánchez ha contado con altavoces mediáticos que han amplificado su mensaje y han atenuado sus fracasos. Pero en política, las lealtades duran lo que dura el interés mutuo, y cuando las grietas comienzan a aparecer, la urgencia por construir un nuevo refugio se vuelve imperiosa. Si un grupo mediático cierra la puerta, otro la abrirá, porque el poder siempre encuentra financiación y el relato siempre encuentra quien lo narre. 

El proyecto de televisión para Sánchez no es una simple apuesta por la comunicación, es una estrategia de supervivencia. En un momento en el que la fragmentación mediática amenaza con hacerle perder el control del discurso, necesita un nuevo pilar que sostenga su relato, que module el debate público a su favor, que le garantice una cobertura favorable cuando más la necesite. La ecuación es sencilla: sin relato, no hay poder. Sin poder mediático, no hay relato. 

No importa dónde se haga la operación, ni quién ponga el dinero. Puede ser una gran corporación de telecomunicaciones con intereses en la estabilidad gubernamental, puede ser una cadena privada dispuesta a negociar su fidelidad a cambio de favores, o puede ser, incluso, el propio aparato del Estado, convertido en maquinaria de propaganda a través de la televisión pública. El canal es el medio, pero el fin es siempre el mismo: garantizar que la historia que llega a los ciudadanos sea la que conviene al inquilino de la Moncloa. 

El modelo es conocido: se rodea la redacción de periodistas dóciles, se fijan las líneas rojas de lo que puede y no puede decirse, se ofrece una programación donde la crítica al poder se diluye en debates encorsetados, donde las preguntas incómodas desaparecen y donde las crisis se convierten en anécdotas. La televisión deja de ser un espacio de información y se transforma en un mecanismo de consolidación del poder. No se trata solo de difundir la propaganda oficial, sino de crear una realidad alternativa en la que los fracasos son matizados, las amenazas externas magnificadas y el líder presentado como el único capaz de sostener el sistema. 

El problema no es solo la existencia de un canal afín, sino el impacto que tiene en el ecosistema mediático en su conjunto. Porque cuando el poder apuesta de manera descarada por una estrategia de control informativo, el resto de medios se ven empujados a una disyuntiva: alinearse o ser desplazados. Las empresas periodísticas, dependientes de licencias, subvenciones y favores, entienden rápidamente el mensaje. No hace falta censura cuando el miedo al aislamiento hace el trabajo. 

España se enfrenta a un dilema grave. La democracia necesita medios independientes, pero la estructura del poder está diseñada para que los medios dependan de él. La prensa libre se sostiene en la pluralidad, pero cuando el Gobierno busca construir su propio aparato mediático, la pluralidad se convierte en un obstáculo a eliminar. 

El hecho de que el presidente de un país busque, de manera tan evidente, asegurarse una plataforma televisiva propia es un síntoma de la degradación institucional que vivimos. Es la prueba de que el poder ya no se ejerce desde la gestión pública, sino desde la manipulación del discurso. No se gobierna resolviendo problemas, se gobierna controlando la percepción de los problemas. Y para eso, la televisión es el arma definitiva. 

En los próximos meses, veremos cómo avanza esta operación. No sabemos todavía qué grupo mediático se prestará a la tarea, pero sabemos que lo hará. Porque el poder siempre encuentra quien lo sirva, y porque Sánchez ha demostrado que es capaz de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el cargo. La pregunta ya no es si tendrá su canal, sino quién estará dispuesto a entregárselo. 

Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un Gobierno, sino la calidad de nuestra democracia. Cuando el poder necesita su propia televisión para sostenerse, es porque ha dejado de confiar en el juicio libre de los ciudadanos. Y cuando un país llega a ese punto, el problema ya no es quién gobierna, sino cómo nos han acostumbrado a aceptarlo sin cuestionarlo.