La macroconvocatoria de jueces y fiscales reabre un debate que va mucho más allá de las oposiciones. El problema no es una figura jurídica que existe desde hace décadas. El problema es la creciente desconfianza sobre quién decide, cómo decide y para qué decide en un momento de deterioro institucional evidente.
FUENTE: EFE
El Gobierno presentó esta semana la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia: 700 plazas en total, de las cuales 575 corresponden al acceso tradicional por oposición y 125 al denominado cuarto turno para juristas con más de diez años de ejercicio profesional.
La reacción fue inmediata. En redes sociales, medios jurídicos y asociaciones profesionales volvió a aparecer una palabra que lleva meses instalada en el debate sobre la Justicia española: control.
Y aquí conviene empezar por una precisión importante. Porque una parte de la discusión pública está siendo deliberadamente simplificada.
El cuarto turno no es una invención reciente. No nace con Félix Bolaños. No aparece ahora para beneficiar a nadie en concreto. Está previsto desde hace décadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y responde a una lógica perfectamente razonable: permitir el acceso a la magistratura de abogados, profesores universitarios, letrados o juristas de reconocida trayectoria profesional que puedan aportar experiencia acumulada fuera de la carrera judicial ordinaria.
La existencia del mecanismo no es el problema, la pregunta relevante es otra: ¿Por qué una figura jurídica perfectamente normal genera hoy semejante nivel de sospecha?
La confianza es el verdadero asunto
La respuesta tiene poco que ver con las oposiciones y mucho con el contexto político.
Las instituciones no funcionan únicamente por lo que dicen las leyes. Funcionan también por la confianza que generan quienes las aplican. Y en España esa confianza lleva años deteriorándose.
El ciudadano medio observa cómo el Tribunal Constitucional corrige o avala decisiones de enorme trascendencia política con mayorías cada vez más previsibles. Observa cómo la renovación de los órganos judiciales se convierte en negociación partidista. Observa cómo ministros, diputados y dirigentes políticos cuestionan públicamente resoluciones judiciales cuando les resultan incómodas. Incluso la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha advertido recientemente sobre presiones incompatibles con un Estado de Derecho.
En ese clima, cualquier modificación relacionada con el acceso a la judicatura deja de analizarse técnicamente y empieza a interpretarse políticamente.
No porque necesariamente exista una operación de control, sino porque una parte creciente de la sociedad considera plausible que pudiera existir. Y cuando una democracia alcanza ese punto, el problema ya no es jurídico. Es institucional.
El precedente europeo que nadie debería ignorar
La experiencia comparada ofrece una lección bastante clara: los procesos de deterioro institucional rara vez comienzan con ataques frontales a la independencia judicial. Normalmente llegan revestidos de modernización, eficiencia, democratización o necesidad de adaptación.
Ocurrió en Hungría. Ocurrió en Turquía. Ocurrió en Venezuela. Siempre con matices distintos y en contextos diferentes, pero siguiendo un patrón parecido: modificar gradualmente los mecanismos de selección, promoción o supervisión de jueces hasta generar una dependencia creciente respecto del poder político.
España está infinitamente lejos de esos escenarios, pero precisamente por eso conviene hablar de ellos antes de llegar. Las democracias sólidas no esperan a que aparezca el problema para proteger sus contrapesos. Lo hacen cuando todavía funcionan.
El error de los dos relatos
El debate actual se ha instalado en dos caricaturas igualmente inútiles.
La primera sostiene que cualquier modificación impulsada por el Gobierno forma parte de una estrategia deliberada para colonizar la Justicia.
La segunda afirma que toda preocupación sobre la independencia judicial es simple resistencia corporativa o conservadurismo disfrazado.
Ninguna de las dos explicaciones resulta satisfactoria.
La convocatoria publicada esta semana responde también a una necesidad objetiva. España arrastra déficits estructurales de jueces y fiscales, elevados niveles de litigiosidad y problemas de saturación en numerosos órganos judiciales. La ampliación de plantillas es una demanda ampliamente compartida.
Pero reconocer esa necesidad no obliga a ignorar una realidad igualmente evidente: la confianza institucional se ha erosionado de forma significativa durante los últimos años.
Y cuando eso ocurre, las reformas dejan de medirse únicamente por sus intenciones declaradas. Empiezan a medirse por los incentivos que generan y por las garantías que ofrecen frente a posibles abusos futuros.
La cuestión de fondo
Quizá el problema no sea el cuarto turno, quizá tampoco sea esta convocatoria concreta, quizá el problema sea algo mucho más profundo…
Durante años la política española ha normalizado la ocupación partidista de espacios que deberían inspirar neutralidad. Empresas públicas, organismos reguladores, instituciones independientes, medios públicos, fiscalías, tribunales constitucionales o consejos de administración han terminado atrapados en una lógica de bloques donde cada nombramiento se interpreta como una victoria política.
Cuando eso sucede durante demasiado tiempo, la sospecha acaba contaminándolo todo. Incluso aquello que podría tener una justificación perfectamente razonable. Por eso el debate de esta semana no trata realmente sobre oposiciones; trata sobre confianza.
Y la confianza institucional es uno de esos bienes que tardan décadas en construirse y apenas unos años en deteriorarse.
La independencia judicial no desaparece el día que deja de existir. Empieza a desaparecer el día que una parte significativa de los ciudadanos deja de creer en ella. Esa es la frontera que una democracia inteligente nunca debería permitirse cruzar.