Acontecimientos que parecían imposibles

La reunión entre Sánchez y Feijóo sobre política exterior y Defensa obliga a recuperar algo que parecía olvidado: el diálogo de Estado en un momento de incertidumbre internacional extrema
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El presidente del Gobierno ha llamado al líder de la oposición para hablar de política internacional y de Defensa después de años sin comunicación relevante entre ambos. Que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sienten a abordar estos asuntos se percibe hoy como una anomalía positiva, síntoma del grado de deterioro institucional alcanzado en los últimos años, cuando el diálogo estratégico entre las principales fuerzas políticas ha sido sustituido por la confrontación permanente.

Probablemente, esta iniciativa sea obligada después de haberse comprometido a participar en un eventual despliegue militar en Ucrania. No se trata de una cuestión menor ni coyuntural, sino de una decisión de enorme calado político, estratégico y moral. En un contexto internacional tan volátil, con una guerra en suelo europeo y con una arquitectura de seguridad en plena revisión, ningún presidente debería dar pasos de este tipo sin compartir información, objetivos y límites con la oposición.

Mayorías, no gestos

Esta iniciativa, como otras de gran calado, debería depender de una mayoría clara y explícita. Por eso resulta inevitable señalar lo que no ha ocurrido: ni convocatoria de elecciones ni propuesta de una moción de confianza que permita al Congreso pronunciarse de forma ordenada sobre la orientación general de la política exterior y de Defensa. Y, aun así, que los líderes nacionales dialoguen sobre estas materias es una buena noticia. España necesita acuerdos amplios que definan marcos generales de actuación, especialmente en ámbitos que no admiten improvisaciones ni cálculos a corto plazo.

Ahora bien, si la conversación se limita a apoyar una cuestión concreta, es obligado un acuerdo general sobre la materia. No se puede pedir respaldo puntual sin ofrecer una visión de conjunto. Más aún en un momento de cambios profundos, donde las certezas de hace apenas unos años han saltado por los aires y donde las decisiones que se tomen hoy condicionarán a varias generaciones.

Requeriría un acuerdo el eventual despliegue de tropas en Ucrania, país europeo amigo y socio, pero también la política de gasto en Defensa y el cumplimiento de las obligaciones asumidas con nuestros socios de la OTAN. Durante demasiado tiempo hemos pospuesto este debate como si fuera incómodo o secundario, cuando en realidad afecta directamente a nuestra credibilidad internacional y a nuestra propia seguridad. No se puede hablar de compromisos militares sin hablar de recursos, planificación y prioridades.

Europa, China y el flanco sur

Tampoco deberían olvidar la necesidad de una política europea común respecto a China, un actor central en el equilibrio global, ni el presidente puede eludir informar al líder de la oposición sobre el cambio de posición respecto a Marruecos. Ese giro, realizado sin consenso ni explicación suficiente, sigue siendo una de las decisiones más opacas y trascendentes de la política exterior reciente, y merece algo más que silencios o apelaciones genéricas al interés nacional.

Venezuela: sin eufemismos

No puede quedar fuera de la conversación el futuro próximo de Venezuela. Y aquí conviene ser claro. Venezuela solo puede avanzar si se produce la liberación de los presos políticos. No valen eufemismos ni fórmulas diplomáticas diseñadas para no molestar. Y después, elecciones libres, con garantías reales, tras un periodo de transición que se apoye en los resultados electorales de los últimos comicios de julio de 2024. Cualquier otra cosa es prolongar una ficción que solo beneficia a quienes se aferran al poder.

Ojalá esta reunión no sea un gesto aislado ni una necesidad táctica impuesta por las circunstancias. Ojalá marque el inicio de una forma distinta de abordar los grandes asuntos de Estado. Porque hay acontecimientos que parecían imposibles no porque lo fueran, sino porque durante demasiado tiempo se decidió que no eran necesarios. Y eso, en política exterior y en Defensa, siempre acaba teniendo un coste.

Illa y Puigdemont, teatro de una humillación 

Lo llaman “normalizar” cuando en realidad es una humillación. El PSC se arrodilla en Bruselas para garantizar a Puigdemont lo único que le importa: impunidad. 

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La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont no es política, es teatro. No se trata de diálogo, ni de reconciliación, ni de responsabilidad institucional. Es la foto obscena de un Estado pidiendo permiso a un prófugo. Illa se desplaza hasta Bruselas para legitimar al hombre que quiso liquidar la democracia española en 2017, y lo hace con la naturalidad del que asume la humillación como método de gobierno. 

La trampa semántica: “normalización” o humillación

Hablan de “normalizar” el independentismo, como si normalizar fuera sinónimo de blanquear delitos. Pero lo que se está consolidando no es la normalidad democrática, sino la anomalía convertida en rutina: amnistiar a quienes se saltaron la ley, convertir el chantaje en un mecanismo legítimo de negociación y dar por hecho que todo —absolutamente todo— es negociable. 

Hoy lo llaman normalización; mañana será institucionalización del privilegio. Y detrás de esa palabra blanda late la realidad dura: España está aceptando que su integridad depende del capricho de quienes quieren romperla. 

La amnistía como tótem 

Todo gira en torno a la amnistía. No hablamos de una ley de convivencia, sino de un traje a medida para que Puigdemont y los suyos recuperen la virginidad política. Falta la pieza clave: la malversación, aún pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso Illa cruza media Europa: no para hablar de presupuestos ni de sanidad, sino para enviar un mensaje claro al prófugo: “no te preocupes, haremos lo necesario para que todo quede limpio”. 

Es la amnistía como tótem: el altar en el que el socialismo se inmola para sobrevivir. 

El PSC convertido en comparsa 

Lo más vergonzoso es ver cómo el PSC, antaño partido de integración y modernización, se ha convertido en sucursal obediente del separatismo. Illa no representa al socialismo catalán: representa a la voz sumisa que ejecuta lo que el independentismo dicta. Y lo hace sin rubor, convencido de que claudicar es gobernar, de que besar la mano del prófugo es la única manera de mantener la silla en el poder. 

La foto de Illa con Puigdemont no normaliza nada: consagra la rendición. No es convivencia, es capitulación. No es política, es sometimiento. Y cada gesto como este envía un mensaje inequívoco: en España, la ley es negociable si tienes los votos para chantajear al Gobierno. 

Esa no es la normalidad que conquistamos en 1978. Esa es la derrota que Sánchez e Illa están dispuestos a asumir para prolongar su poder un minuto más. 

Justicia sitiada: el Fiscal procesado y voz de alarma del Supremo 

La democracia española se desangra cuando quien debía proteger la ley la retuerce, y cuando la máxima autoridad judicial tiene que gritar en público lo que todos sabemos en silencio: que el Estado de Derecho está en peligro. 

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El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está procesado por prevaricación. La noticia debería haber sacudido los cimientos de la democracia y la justicia. No hablamos de un alcalde corrupto, ni de un concejal con sobres en un sobre. Hablamos del hombre que debía garantizar la imparcialidad del Ministerio Público, convertido en sospechoso de haber usado su poder como un arma de favores y represalias. 

Cuando la Fiscalía —que debería estar por encima de la política— se convierte en herramienta de partido, el Estado deja de ser árbitro y pasa a ser parte interesada. Y eso no es un accidente: es una forma de gobierno. 

La Justicia habla porque el silencio ya mata 

En la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo tuvo que hacer lo que nunca debería ser necesario: denunciar públicamente el asedio al Poder Judicial. Lo hizo con palabras medidas, pero el mensaje era brutal: España tiene un sistema en el que los jueces son presionados, los fiscales obedecen al Gobierno y la independencia judicial se ha convertido en un espejismo. 

Cuando la jefa de la máxima institución judicial advierte en público que el Estado de Derecho se tambalea, ya no estamos en una democracia consolidada: estamos en una democracia sitiada. 

El cáncer de la colonización política 

El procesamiento del Fiscal General no es un hecho aislado: es el síntoma de una colonización política sistemática. El Gobierno coloca peones en los órganos de control, retuerce las leyes para blindarse, bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, insulta a los magistrados que no se pliegan, y premia a los que sí lo hacen. 

La Justicia ya no es un poder que limita: es un terreno de conquista. Y en ese terreno, el poder político avanza sin pudor, como si el Estado de Derecho fuera un obstáculo incómodo que se puede arrinconar con decretos, con nombramientos, con presiones mediáticas. 

No es casual que Bruselas haya vuelto a señalar a España como un país con “alto riesgo de corrupción” y deficiencias en la independencia judicial. Desde fuera lo ven con claridad: un fiscal procesado, un Gobierno que ataca jueces, un sistema bloqueado. Pero dentro, nos quieren hacer creer que todo esto es normal, que el ruido es democracia. No lo es. Es degradación institucional planificada. 

La consecuencia más grave 

Cuando los ciudadanos dejan de creer que la Justicia es imparcial, no queda nada. La democracia se reduce a un cascarón vacío: votamos cada cuatro años, pero sabemos que las reglas se pueden torcer después. El ciudadano se convierte en súbdito, porque no tiene a quién acudir: ni al Fiscal, ni a los tribunales, ni al Parlamento. 

Ese es el verdadero peligro de este momento: la sensación de que la ley ya no protege a todos por igual, sino solo a quienes están en el círculo del poder. 

El procesamiento del Fiscal General y el discurso de la presidenta del Supremo son más que noticias. Son un aldabonazo, una advertencia, un grito. La democracia española se está asfixiando entre la corrupción, el clientelismo y la colonización del poder judicial. 

Si los ciudadanos se acostumbran a vivir en un país donde el Fiscal General se sienta en el banquillo y donde los jueces tienen que suplicar independencia en público, entonces la democracia ya habrá muerto sin que nadie haya firmado su acta de defunción. 

Lo que hoy está en juego no es un cargo ni un procedimiento judicial. Lo que está en juego es si España sigue siendo un Estado de Derecho o se convierte, a ojos del mundo y de sus propios ciudadanos, en una parodia de sí misma. 

Los cinco fuegos que acechan a Sánchez al inicio del nuevo curso político

Pedro Sánchez camina sobre una cuerda tan delgada como los apoyos que le sostienen. Entre sombras judiciales, aliados nerviosos y la caída de la clase media, su supervivencia cuelga de decisiones que ya no son políticas, sino existenciales. 

FUENTE: EFE

Tribunales europeos: el juez externo que no perdona 

La Comisión Europea y el Consejo de Europa no solo observan: reprueban. España y Sánchez salen mal parados en los informes sobre el Estado de Derecho, la transparencia y el control del poder judicial. Bruselas subraya la debilidad institucional, la contratación opaca, más de 161 millones de euros en publicidad sin control, y la impunidad persistente en el sistema español. 

No se trata ya de advertencias: son ultimátums. Frente a una mesa sin reformas reales, la Unión Europea puede dictar consecuencias que trascienden la retórica: desde sanciones hasta pérdida de credibilidad estratégica para España en Bruselas. El Tribunal de Justicia, presionado por el retraso en sentencias del TEDH o por la ley de amnistía, mira desde lo alto 

¿Puede Sánchez reaparecer intacto si el tribunal europeo declara un incumplimiento grave? Difícilmente: ese sería el final del discurso de salvación institucional que hasta hoy ha sostenido su relato. 

Los escándalos de corrupción: el nudo gordiano de Sánchez 

Los nombres se acumulan como piedras en su mochila. Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, es acusado de administrar 620.000 € en mordidas por contratos con Acciona. El caso Koldo, el caso Ábalos, siguen siendo trampas que explotan desde el pasado. La familia no está exenta: su esposa, Begoña Gómez, imputada por malversación y uso indebido de fondos en la Complutense, y su hermano David, ya en juicio por un puesto público hecho a medida. 

El entramado revela un sistema de poder que no simplemente se mancha, sino que se corroe desde dentro. No son errores aislados. Son grilletes en la memoria colectiva. 

La clase media al cuello: pobreza como boomerang político 

Aunque los medios no han dejado titulares recios sobre este punto en las últimas semanas, el empobrecimiento de la clase media es un telón de fondo que lo devalúa todo. Los impuestos crecientes, la inflación silenciosa y la precariedad galopante erosionan la legitimidad de quien debía protegerles. 

Sánchez ha transformado la demagogia del buenismo en realidad costosa: subvenciones, subvención por aquí; la economía real se desangra por otro lado. Salvar al régimen, al final, cuesta más que gobernar para el pueblo medio. Cuando la piel notifique que está desprotegida, ya no bastarán promesas. 

Socios parlamentarios al borde del abismo: una coalición en fuga 

No son solo socios; son paracaidistas preparados para saltar. ERC, Junts, Podemos y hasta el BNG muestran señales de fatiga. Junts ha planteado una moción de censura hipotética, aunque instrumental, para obtener más concesiones. El BNG se negó a participar en rondas de respaldo, alegando que el Gobierno no puede pedir fotos de apoyo mientras lo cercan los escándalos. 

No se puede gobernar con socios desmoralizados, porque el día en que quien mira al abismo no esté convencido de que tú sostienes el suelo, el vacío caerá sobre todos. 

Europa observa: debilidad exterior, rendija interior 

Desde Bruselas se eleva el tono: España, “socio debilitado”; política exterior ausente o dudosa; apuesta estratégica ambivalente (Sáhara, defensa); credibilidad en riesgo. A ello se suma la gestión calamarda de incendios y crisis climática interna que exhibe un Estado agotado. La periferia europea reacciona a un Ejecutivo cuyos ecos imitan un bucle sin altavoces. 

Pedro Sánchez ya no está en la arena política. Está en el trapecio, sin red, con los focos encendidos. Cada uno de estos cinco elementos, el escrutinio europeo, la corrupción interna, la desdemocratización social y la alianza frágil, pueden ser la fisura que rompa su equilibrio. 

Sobrevive quien resuelve. ¿Puede el equilibrista Sánchez recomponer estos círculos? Si no lo hace, el espectáculo será el epílogo filosófico de una política que dejó de gobernar para salvar solo la tribuna. 

Cuando cae el centro, cae Europa

El derrumbe del Partido Socialista portugués y el ascenso ultra en el Este de Europa son señales inequívocas: la moderación está en peligro, y España no puede permitirse ignorarlo.

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Europa está perdiendo el equilibrio. No hablamos de mercados o tratados, sino de algo más profundo y más grave: su alma democrática, tejida durante décadas a base de consensos, renuncias mutuas y una apuesta decidida por la moderación frente al extremismo. 

Lo que ha ocurrido en Portugal no es una anécdota electoral ni una mera reorganización parlamentaria: es una grieta en el suelo sobre el que se construyó la democracia portuguesa tras la Revolución de los Claveles. El Partido Socialista, uno de los dos pilares históricos de la gobernabilidad del país, ha sido superado por la extrema derecha. Y no por un descuido o un error táctico: por una desconexión profunda entre las fuerzas del centro y una sociedad que, sintiéndose ignorada o abandonada, ha comenzado a coquetear con los extremos. 

Este no es un fenómeno aislado. Polonia acaba de salir de una década de deriva iliberal, pero el regreso del europeísmo moderado apenas resiste frente a una oposición populista cada vez más agresiva. En Rumanía, el discurso ultra ya no es marginal: es alternativa real de poder. Y todo esto ocurre mientras Bruselas, en su eterna lógica tecnocrática, sigue subestimando la velocidad a la que se descompone el proyecto europeo cuando fallan los diques centristas. 

La lección que Portugal, Polonia y Rumanía nos ofrecen no puede ser más clara: cuando los partidos moderados pierden el contacto con la realidad social, cuando ya no son capaces de ofrecer un horizonte ni de ilusionar, el vacío lo ocupa la furia. No hay espacio político que quede desierto. Allí donde no llegan la política del pacto ni la pedagogía democrática, llegan los que venden certezas absolutas y enemigos claros. 

Por eso el caso portugués debe preocupar especialmente a España. Porque en Portugal no ha ganado la extrema derecha: ha fracasado el centroizquierda. Y eso debería encender todas las alarmas en un país como el nuestro, donde la política también se ha vuelto un tablero de trincheras, donde las posiciones templadas se perciben como debilidad, y donde los discursos del “contra” pesan más que las propuestas del “para”. 

Es hora de que los partidos moderados —los que creen en Europa, en la democracia liberal, en el pluralismo— entiendan que el tiempo de la complacencia ha terminado. El centro no puede limitarse a administrar lo heredado. Tiene que volver a inspirar. Tiene que volver a construir un relato de país, de futuro, de justicia. Y tiene que hacerlo no desde la nostalgia del pasado, sino desde la valentía de afrontar los desafíos del presente: el malestar social, la crisis del clima, la precariedad económica, la desinformación masiva. 

Portugal nos ha dado una advertencia. Polonia y Rumanía, también. España aún está a tiempo. Pero solo si quienes creen en la moderación entienden que no basta con existir: hay que luchar, persuadir y representar. Porque cuando cae el centro, no solo se tambalean los gobiernos. Se tambalea Europa entera. 

La impunidad de Israel y la hipocresía de Occidente

El mundo es testigo de una tragedia humanitaria sin precedentes en Gaza. La ofensiva israelí ha desencadenado una catástrofe con miles de muertos, en su mayoría civiles inocentes, mientras la comunidad internacional observa con una indiferencia alarmante.

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Lo más llamativo es el contraste entre la reacción global ante la invasión rusa de Ucrania y la pasividad con la que se permite la violencia en Palestina. ¿Dónde están las sanciones, las intervenciones humanitarias, los fondos millonarios para frenar la devastación? No aparecen, porque esta vez el agresor es un aliado clave de Occidente. 

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN, estructuras que presumen de defender los derechos humanos, han demostrado ser meros instrumentos al servicio de intereses políticos y económicos. Su respuesta ante la crisis en Gaza ha sido tibia y burocrática, con declaraciones vacías y sin consecuencias reales. 

Cuando Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania, Europa respondió con una batería de sanciones sin precedentes, excluyendo a Moscú de foros diplomáticos y proporcionando ayuda militar a Kiev. Sin embargo, cuando Israel arrasa barrios enteros, bombardea hospitales y priva a la población de recursos esenciales, el discurso se torna ambiguo, con llamados a la «moderación» que no se traducen en acciones concretas. 

La administración de Donald Trump dejó clara su posición desde el principio: un respaldo inquebrantable a Israel. Con el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, Washington reafirmó su papel como protector absoluto del Estado hebreo. Durante su presidencia, Trump no solo bloqueó cualquier intento de condena internacional contra Israel, sino que también recortó fondos a la UNRWA, la agencia de la ONU que brinda apoyo a los refugiados palestinos, ahondando la crisis humanitaria. 

Mientras Europa imponía sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, nunca se planteó penalizar a Israel por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional en Gaza y Cisjordania. La doble moral es evidente: la legalidad internacional solo se aplica cuando conviene a los intereses estratégicos de Occidente. 

Europa y su vergonzosa sumisión 

La Unión Europea, que se apresuró a cerrar filas contra Rusia, hoy actúa con extrema cautela ante la situación en Gaza. Gobiernos que se autoproclaman defensores de los derechos humanos optan por declaraciones vagas, evitando cualquier medida que pueda incomodar a sus aliados. Alemania, Francia y el Reino Unido han demostrado que su compromiso con la justicia es selectivo. No se trata de principios, sino de intereses. 

La pasividad ante la crisis humanitaria en Gaza no es una casualidad, sino el resultado de un cálculo político en el que la vida de los palestinos pesa menos que las alianzas estratégicas. Mientras Europa envió miles de millones en ayuda militar a Ucrania, se niega a imponer sanciones o cortar relaciones comerciales con Israel, a pesar de las evidencias de crímenes de guerra. 

Es innegable que Hamás es una organización terrorista y que Israel tiene derecho a defenderse. El problema es que la respuesta israelí ha ido mucho más allá de una legítima defensa, convirtiéndose en una ofensiva desproporcionada que castiga indiscriminadamente a la población civil. 

Las operaciones militares de Israel han devastado barrios enteros, destruido hospitales y bombardeado refugios de la ONU donde se refugiaban mujeres y niños. Lo que comenzó como una respuesta contra Hamás se ha transformado en un castigo colectivo contra un pueblo que ya vivía en condiciones de extrema precariedad. 

Si la lucha contra el terrorismo fuera realmente el objetivo, Israel habría optado por estrategias más selectivas y menos devastadoras. En lugar de eso, ha convertido Gaza en un escenario de destrucción total, utilizando la existencia de Hamás como justificación para una ofensiva que ignora el costo humano de sus acciones. 

Una crisis humanitaria sin respuesta 

La situación en Gaza no es solo un conflicto militar: es una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente. La falta de acceso a suministros básicos, la destrucción de la infraestructura y el colapso del sistema de salud han dejado a la población en una situación desesperada. Sin embargo, la comunidad internacional sigue paralizada, atrapada en su propia hipocresía y cálculos políticos. 

Europa, que se jacta de ser un baluarte de los derechos humanos, ha demostrado que su indignación solo se activa cuando se trata de ciertos conflictos. Ucrania mereció sanciones y ayuda masiva, pero Palestina solo recibe palabras vacías. La historia juzgará a quienes hoy callan ante esta tragedia. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos más deberán morir antes de que Europa decida aplicar los mismos principios que defendió en Ucrania? O, tal vez, la verdad es más incómoda: esos principios nunca fueron universales, sino simples herramientas de conveniencia política. 

Evitemos el «no es no» en la política española

¡Qué cosas más extrañas suceden en Alemania! Nadie discute que el primer partido tome la iniciativa para formar gobierno. Parece claro que el centro-derecha, ganador de las elecciones, tendrá el apoyo de los socialistas alemanes. Volverán a formar una coalición política amplia, integrando también a los Verdes. Ninguno de los dos ha tenido la tentación de irse con partidos extremistas o enrocarse en el «no es no».

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Parece que Alemania está por encima de los partidos y, desde luego, lo está por encima de las ambiciones personales de sus líderes. Son raros y extraños. No tienen coaliciones inexplicables y parecería imposible que el gobierno se apoyara en delincuentes sin juzgar o políticos que hubieran asaltado el poder.

Probablemente, los alemanes se pongan de acuerdo respecto a Ucrania y Rusia. En España, esa posibilidad no existe. El presidente del Gobierno, rodeado de «pacifistas» que apoyan a Rusia, de antiatlantistas que antes veían en Zelensky una marioneta de EEUU y ahora un obstáculo para la paz, no llamará al líder de la oposición.

Pero no lo hará. Seguiremos asistiendo a una política infantil, irreflexiva e irresponsable.

La diferencia entre Alemania y España no es solo política, sino cultural. En Alemania, los partidos entienden que el poder es un medio para servir al país, mientras que en España es un botín que se reparte sin el más mínimo rubor. Allí, los líderes comprenden que ceder en pos del bien común es una muestra de fortaleza, mientras que aquí, cualquier concesión es vista como una traición. No hay sentido de responsabilidad, solo cálculos electorales y estrategias para mantenerse en el poder.

La seriedad con la que Alemania aborda sus grandes desafíos económicos y estratégicos contrasta con la improvisación y el cortoplacismo español. Berlín entiende que el futuro de Europa está en juego y que las decisiones requieren consenso y planificación. Mientras tanto, en España, seguimos atrapados en debates estériles, en una política de trinchera donde la única prioridad es aniquilar al adversario. No es solo que Alemania nos saque ventaja; es que ni siquiera estamos compitiendo en la misma liga.

Una alianza que amenaza la estabilidad

No hay disimulo posible. Lo que ocurrió en Arabia Saudí no fue una negociación, ni siquiera un intento de mediación, sino un burdo reparto de poder entre dos líderes que tienen más en común de lo que parece: la fascinación por el autoritarismo, el desprecio por el orden internacional y una concepción del mundo propia del siglo XIX. 

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Donald Trump y Vladimir Putin se han sentado a decidir el futuro de Ucrania como si fuera un tablero de ajedrez en el que solo importan sus intereses. No estaban allí para defender la paz, sino para garantizar que Rusia obtenga su botín y que Estados Unidos, bajo el prisma trumpista, saque rédito de la guerra sin importarle la soberanía de un país masacrado por la invasión. Y lo peor: Europa ni está ni se la espera. 

La frase de Trump lo deja claro: «Nunca deberían haberla iniciado. Deberían haber hecho un trato.» Palabras frías, crueles y desprovistas de cualquier atisbo de responsabilidad. Según su lógica, Ucrania es la culpable de haber resistido a la agresión rusa. Deberían haber cedido, rendido, entregado su tierra, sus ciudadanos y su democracia a los designios de Moscú. Es el mismo razonamiento que lleva al matón a justificar la violencia culpando a su víctima por no haberle entregado la cartera a la primera. 

Pero esto no es solo una cuestión de pragmatismo cínico. Es algo mucho más grave: estamos ante la demolición del orden internacional que, con todas sus imperfecciones, ha evitado durante décadas que los imperios vuelvan a hacer y deshacer fronteras a su antojo. La posguerra nos dejó un mundo dividido en esferas de influencia, pero con reglas claras.

Ahora, en pleno siglo XXI, Putin y Trump están dispuestos a dinamitar esas reglas para reinstaurar un nuevo reparto del mundo al estilo del Imperio Británico. Y ya sabemos cómo acabó aquello: siglos de colonización, opresión y guerras interminables. 

Mientras Ucrania se desangra, en Washington y Moscú juegan con su destino sin la más mínima intención de contar con Europa. No es casualidad. Para Trump, la UE no es más que un estorbo burocrático. Para Putin, es un enemigo a debilitar. Juntos, han decidido que el Viejo Continente no tiene voz en su gran partida. 

Pero lo más vergonzoso es la confianza ciega en la palabra de Putin. Trump cree que puede hacer un trato con él, que el Kremlin respetará lo pactado. ¿En qué mundo vive? Rusia ya ha violado todos los acuerdos internacionales previos: desde Budapest en 1994, cuando garantizó la seguridad de Ucrania a cambio de que entregara su arsenal nuclear, hasta Minsk en 2014, que incumplió en cuanto le convenía. Ahora, bajo la bendición de Trump, Putin tendrá vía libre para consolidar su dominio sobre el este ucraniano y, quién sabe, quizás empezar a mirar más allá. 

Y mientras tanto, Europa calla. O peor aún, se divide entre quienes todavía creen que pueden confiar en Estados Unidos como garante de seguridad y quienes, por puro oportunismo, empiezan a coquetear con la idea de aceptar el “nuevo orden” que Moscú y Washington pretenden imponer. Pero la historia nos ha enseñado que ceder ante el autoritarismo nunca es una solución, sino un aplazamiento de conflictos aún mayores. 

Lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino el futuro de todo el equilibrio geopolítico. Si permitimos que Putin dicte las condiciones de la paz con la bendición de Trump, estamos abriendo la puerta a una era en la que las potencias volverán a repartirse el mundo con total impunidad. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. 

Un aviso para Europa

La reciente toma de posesión de Donald Trump para su segundo mandato no fue solo un acto político; también se convirtió en un espectáculo dantesco que reflejó los peligros de una administración que amenaza con desestabilizar no solo a Estados Unidos, sino también al equilibrio global y, sobre todo, de Europa.

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En este contexto, el comportamiento de figuras como Elon Musk y las decisiones comerciales proyectadas contra el viejo continente plantean interrogantes serios sobre el futuro de las relaciones transatlánticas. 

El momento más impactante del acto fue el gesto de Elon Musk, interpretado como un saludo nazi. Aunque sus intenciones podrían ser debatidas, el impacto simbólico fue devastador. En un escenario lleno de tensión, este gesto no solo envía un mensaje de insensibilidad, sino que también fue un reflejo de una radicalización preocupante que Musk ha demostrado en sus discursos recientes. Esta acción, realizada ante una audiencia global, refuerza el temor de que figuras clave de la tecnología estén adoptando posturas extremas en busca de mantener su influencia en una administración que celebra la polarización. 

La toma de posesión también sirvió como un recordatorio del poder de las grandes tecnológicas. Los CEOs de Amazon, Meta, Google, o OpenAI, entre otros, acudieron al evento en un intento por asegurarse de que su influencia sobre la política estadounidense continúe. Este movimiento demuestra que, pese a las tensiones previas entre Trump y Silicon Valley, las grandes corporaciones no dudarán en adaptarse para proteger sus intereses. 

Sin embargo, destacó la ausencia de Bill Gates. Su postura más conciliadora y centrada en el filantropismo lo ha distanciado de estas alianzas. Gates ha criticado públicamente las políticas proteccionistas de Trump y, en particular, su negación del cambio climático. Su ausencia subraya la brecha entre quienes buscan un liderazgo basado en principios globales y quienes están dispuestos a pactar con administraciones divisivas. 

Para Europa, la reelección de Trump representa un peligro palpable. Su postura proteccionista y la amenaza de aranceles del 100% a productos europeos podrían desestabilizar las economías del continente. En sus declaraciones, Trump criticó a España por no alcanzar el gasto mínimo en defensa exigido por la OTAN, situándola en su diana económica. Incluso llegó a confundir al país con un miembro del grupo BRICS, demostrando una falta de comprensión preocupante sobre la geografía política. 

Las políticas arancelarias propuestas, junto con un aumento del nacionalismo industrial, podrían tener consecuencias devastadoras para sectores como la automoción y la tecnología, donde Europa ha sido un actor clave. Además, estas decisiones podrían desencadenar una guerra comercial que minaría aún más la cooperación global. 

El espectáculo ofrecido por la toma de posesión de Trump no es solo un asunto interno de Estados Unidos. Para Europa, es un recordatorio de la importancia de reforzar su unidad frente a un mundo cada vez más polarizado. La combinación de una radicalización simbólica, representada por el gesto de Musk, y unas políticas proteccionistas agresivas son una amenaza directa a la estabilidad y prosperidad del continente. 

Es hora de que los líderes europeos respondan con una estrategia clara que priorice la colaboración interna y la defensa de los valores democráticos. En un momento en que el simbolismo y las decisiones erróneas pueden tener consecuencias globales, Europa debe estar preparada para proteger su posición en el escenario internacional. 

Teresa Ribera: ¿Fracaso de gestión o prudencia política en Europa?  

La decisión del Partido Popular Europeo (PPE) de frenar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea no es una simple barrera en su carrera profesional; es una clara señal de que su trayectoria, especialmente en la gestión de la política climática en España, suscita serias dudas en Europa.

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El trasfondo de esta paralización no responde únicamente a maniobras políticas, sino también a un escrutinio profundo de sus políticas y de su capacidad para gestionar los complejos desafíos europeos de forma eficaz y conciliadora. ¿Es esta medida una muestra de prudencia de la Unión Europea frente a un liderazgo polémico, o una oportunidad perdida para impulsar una agenda ecológica ambiciosa? 

La gestión de Ribera durante la reciente crisis causada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha sido un tema ampliamente debatido en España, y el impacto de su manejo ha trascendido a nivel europeo. La DANA, que provocó graves inundaciones y afectaciones a la infraestructura, dejó al descubierto una serie de carencias en la planificación y respuesta rápida ante desastres naturales, pese a que Ribera ha sido la figura más visible en la defensa de políticas climáticas en España. Su enfoque rígido, centrado en la sostenibilidad a largo plazo, se ha traducido en una gestión que prioriza los objetivos ecológicos, pero que no parece adaptarse con agilidad ante emergencias inmediatas que requieren acción concreta y soluciones prácticas. 

En este sentido, los cuestionamientos del PPE reflejan un temor razonable de que un liderazgo poco flexible, centrado únicamente en objetivos ambientales, pueda afectar la capacidad de respuesta de la Unión Europea frente a eventos extremos. En un continente con una alta diversidad climática y económica, el enfoque de Ribera podría resultar insuficiente o incluso contraproducente si no va acompañado de políticas de adaptación y mitigación de desastres bien articuladas. 

La transición ecológica es un desafío esencial y urgente para todos los países europeos, pero la forma en la que se lleva a cabo puede marcar una diferencia entre el éxito y el fracaso. Las políticas de Ribera han sido percibidas como unilaterales, impulsadas a menudo sin contar con los sectores industriales o agrícolas más afectados. Su postura, considerada por muchos como dogmática, prioriza una agenda “verde” sin ajustar suficientemente sus políticas a las particularidades sociales y económicas del país. Esto no solo ha generado frustración y rechazo entre amplios sectores productivos en España, sino que también se ha traducido en una sensación de desconexión entre las decisiones políticas y las realidades de muchos ciudadanos. 

En el contexto de la Unión Europea, donde las necesidades y prioridades de los países miembros son diversas, una política de transición que no integre las perspectivas económicas y sociales puede erosionar la cohesión del proyecto europeo. Las críticas del PPE no se limitan al ámbito político, sino que representan una preocupación legítima sobre si Ribera tiene la capacidad para conducir una transición ecológica en un contexto donde se requiere una construcción de consensos compleja. La decisión de paralizar su nombramiento podría ser una respuesta a esta falta de pragmatismo en su enfoque. 

Otro de los puntos débiles en la gestión de Ribera ha sido su incapacidad para comunicar de forma efectiva las implicaciones de sus políticas. La falta de una estrategia clara y accesible para explicar los sacrificios y beneficios de la transición ecológica ha contribuido a una percepción de imposición, más que de colaboración. En un contexto europeo, esta carencia de capacidad comunicativa y de negociación puede convertirse en un obstáculo serio. Los estados miembros de la UE no solo buscan un liderazgo técnico, sino también la habilidad para generar confianza y entendimiento entre diversas visiones políticas, económicas y sociales. 

El bloque del PPE, que ha mostrado una inclinación hacia un liderazgo ecológico pragmático y abierto al diálogo, parece estar buscando una figura que no solo entienda la importancia del cambio climático, sino que también sea capaz de conciliar los intereses de todos los países miembros, especialmente aquellos más afectados económicamente por las políticas de transición energética. La falta de consenso en torno a las reformas que Ribera ha intentado implementar en España, particularmente en el ámbito energético, es una señal de alarma para el contexto europeo, donde los retos de consenso son aún mayores. 

La decisión del PPE de frenar el nombramiento de Ribera puede ser vista como una medida prudente, una forma de garantizar que las políticas europeas no se vean dominadas por una perspectiva demasiado centrada en el eje ambiental sin la suficiente consideración hacia los aspectos económicos y sociales. En un continente donde la energía, el empleo y la cohesión social son factores prioritarios, la política climática necesita líderes con visión integral. El enfoque de Ribera, que ha demostrado en diversas ocasiones una tendencia hacia el unilateralismo, podría representar un riesgo para la unidad de la Unión. 

El ascenso de Ribera debería interpretarse no solo como un avance para la agenda ecológica, sino también como un reto para encontrar un liderazgo equilibrado, que responda a las necesidades de todos los ciudadanos europeos. La paralización de su nombramiento no implica necesariamente un rechazo a sus principios, sino una petición de mayor reflexión sobre la manera en que se implementan las políticas de sostenibilidad en el marco de la UE. 

La situación actual plantea una pregunta importante sobre la responsabilidad de Ribera en la gestión climática de España. ¿Es adecuado que una figura que no ha logrado balancear los aspectos ambientales y socioeconómicos en su propio país asuma una posición de liderazgo en Europa? Su ascenso debería ir acompañado de una revisión exhaustiva de sus políticas y de una disposición para adaptar su enfoque hacia una perspectiva más inclusiva y conciliadora. 

En conclusión, la paralización del nombramiento de Teresa Ribera puede ser interpretada como una medida prudente en una Europa que enfrenta grandes retos en la lucha contra el cambio climático, pero que no puede permitirse una transición que excluya o afecte negativamente a los sectores más vulnerables de la población. Europa necesita un liderazgo que entienda que el desarrollo sostenible no solo se logra imponiendo medidas ambientales, sino construyendo alianzas y generando consensos.