El Gobierno, sometido a chantaje por sus socios, no parece vislumbrar un horizonte claro en esta legislatura, que acaba de comenzar. A pesar de las múltiples líneas rojas traspasadas para satisfacer a sus socios de investidura, especialmente después del desplante de ayer con la amnistía, la situación se complica.
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Los tiempos de Sánchez todavía permiten maniobrar, aprovechando las elecciones gallegas para dar a Junts lo que pidan, desviando la atención con una retórica ‘españolista’. Para respaldar sus acciones, el Gobierno se apoya en terminales mediáticas y opinadores de guardia, quienes tratan de convertir la amnistía en una virtud, mientras la población española expresa su rechazo.
A pesar de las críticas y la oposición, el presidente parece ajeno a lo que sucede en el exterior, tal vez creyendo que contribuye positivamente al país con medidas regresivas. La ley de amnistía, tras la derrota parlamentaria, vuelve al inicio, y el Gobierno tiene un mes para satisfacer a Junts, evitando ceder ante la presión independentista cercana a las elecciones gallegas.
La persistencia de una corriente política y mediática que respalda la ley de amnistía, con una interpretación flexible del delito de terrorismo, genera alarma social. Esta estrategia, destinada a obtener votos y poder, no solo transgrede la ética legal, sino que también bordea la extralimitación moral, desafiando la capacidad de asombro de los ciudadanos españoles.
El texto señala una serie de acciones que cuestionan el Estado de Derecho, desde pactos con quienes inicialmente fueron rechazados, hasta indultos a delincuentes golpistas, eliminación de delitos y blanqueo de herederos políticos de terroristas. La inclusión de Puigdemont bajo la amnistía inconstitucional cruza la línea roja del terrorismo, socavando la separación de poderes.
La ley se enreda entre sus propias líneas, ya que Junts busca un texto concluyente que amnistíe todas las situaciones y evite la intervención de los jueces, lo cual va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la separación de poderes.
Aunque la amnistía continuará adelante debido a la demanda que respalda la legislatura, para el PSOE es una noticia desfavorable que su aprobación se retrase y siga acaparando la atención mediática.
La conferencia política que ha celebrado el PSOE en La Coruña este fin de semana tiene varios aspectos que merecen un análisis pormenorizado.
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En primer lugar, tanto el acto en sí como los discursos que se realizaron en él son una muestra fiel del actual ciclo político. Los partidos occidentales a lo largo de los años han utilizado este tipo de convenciones para discutir los temas fundamentales, confrontar visiones opuestas y obtener una síntesis razonable y coherente para la sociedad en general, no sólo para el consumo interno de sus afiliados.
Éste no es el caso del acto de La Coruña. Más bien, todo lo contrario. Un mitin continuo de los dirigentes actuales que buscan protegerse debajo de la figura de su líder, ya que su supervivencia política depende de ello. Un acto en el que el tiempo se empleó en buscar argumentos que sirvan para simular una «normalidad» que dejó de existir hace mucho tiempo.
Es más, hacen creer que estamos ante una “nueva normalidad” mucho mejor que la anterior (por supuesto, combativa y contraria a todo lo que no sea gobernar), ya que supuestamente se asume la pluralidad del Estado, cosa que teóricamente antes no se hacía. Éste es el último giro de guión que los estrategas del presidente han encontrado para apuntalar los días posteriores a la que fue la peor sesión parlamentaria del actual régimen del 78, la del miércoles 10 de enero.
Para intentar convencer a la ciudadanía (especialmente, aquella que está llamada a las urnas en los próximos meses) de que el camino correcto es el suyo, primero necesitan autoconvencerse. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. En el momento en que las convicciones políticas y éticas se ponen al servicio del ciclo político actual, éstas pasan del estado líquido (no podemos decir que vinieran del estado sólido, ya se habían deteriorado suficientemente por el camino de los últimos 20 años) al gaseoso.
En esta transición hay una actitud clave que hace unas semanas pronunciaba una conocida periodista: “si todos los días es todo tan grave, quiere decir que no pasa nada”. Una vez logrado ese convencimiento, viene el momento de vender unos resultados en términos de gestión económica y política social que, salvo en muy pocos aspectos, no han supuesto una mejora real de la vida de los ciudadanos.
No es de recibo que el Gobierno que ha contado con el mayor volumen de recursos económicos de la Historia (en torno a un billón de euros entre gasto público directo y financiación de deuda pública a un coste muy bajo) haya obtenido unos resultados tan pírricos.
Desde 2019, los ingresos de las familias en términos reales han bajado un 2,4% mientras la media europea subió un 1,4% volviendo oficialmente al «club de los países pobres» de la UE al caer nuestra renta per cápita al 85% de la media UE; el único de los grandes países europeos donde la inversión empresarial ha caído mientras la media europea ha subido más de un 10%, la productividad (lo que de verdad hace crecer un país) ha caído un 2,3% entre 2020 y 2022, la deuda del sistema público de pensiones ha pasado de 17.000 millones en 2016 a 106.000 millones al cierre de septiembre de 2023…
Con lo cual, ni siquiera el argumento económico o el de política social pueden justificar que se haga lo que sea necesario para mantener al Gobierno en el poder, instalado en una lógica permanente de «frente amplio». Nunca es fácil que alguien que ostenta la responsabilidad de Gobierno tenga la capacidad de autocrítica, voluntad de enmendar su proceder y rectificar su rumbo atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. No se ha hecho en La Coruña, y probablemente no se haga tampoco en los próximos meses, salvo que se produzca una contundente derrota electoral
Los primeros días de 2024 no traen un panorama tan prometedor como se nos quería hacer creer tanto en lo económico como lo social.
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2023 ha estado marcado por un continuo vaivén político y las sorpresas no han cesado. Con Pedro Sánchez de nuevo en el poder, surgen desafíos importantes que, lejos de ser solucionados, podrían intensificar las divisiones y desequilibrios en el país con las miras puestas en el nuevo año.
El presidente del Gobierno demuestra más habilidad política que enfoque en resolver problemas reales. En lugar de abordar cuestiones cruciales, se han priorizado temas que dividen y polarizan a la sociedad. El énfasis en las cuestiones territoriales y la financiación autonómica puede profundizar las divisiones regionales en lugar de promover la cohesión nacional.
Hablando de la tan promocionada ley de amnistía, su tramitación y aprobación desencadenarán un desequilibrio aún mayor en la independencia judicial y crear más discordia en lugar de restaurar la estabilidad.
Mientras se aumenta el salario mínimo y mejorar las prestaciones por desempleo, se ignora el impacto que esto tiene en la economía. El enfoque en una política fiscal «redistributiva y justa» no consigue ni redistribuir correctamente, ni tampoco la equidad, con lo cual, se traducen en desincentivar la inversión y el crecimiento económico, perjudicando a largo plazo a todos los estratos sociales.
Además, el desacuerdo constante en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja una polarización que afecta gravemente el funcionamiento de la justicia. Ambos lados políticos parecen estar más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar general del país, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial.
El nuevo Gobierno, lejos de ofrecer soluciones reales, parece querer profundizar en las divisiones y desequilibrios existentes en el país. Los desafíos planteados no parecen estar abordándose de manera efectiva, lo que podría augurar un período tumultuoso y poco productivo para el futuro inmediato de la nación.
En el plano económico, nuestro país se enfrenta a un panorama de desaceleración del que tomará parte toda Europa. La economía española experimentó un 2023 que comenzó fuerte (comparando el dato presente con el de sus homólogos europeos), pero mostró una desaceleración gradual a lo largo del año, cerrando con un crecimiento aproximado del 2,3% para el conjunto del año.
A pesar de esto, se evidenció una tendencia a la desaceleración trimestral, reflejada en el estancamiento del empleo, el deterioro de los indicadores de manufacturas y servicios, así como en las exportaciones, incluyendo el sector turístico.
Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros.
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La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses.
El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia.
La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas.
Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia.
Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos.
Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.
Las perspectivas socioeconómicas de China y las señales lanzadas durante la celebración del XX Congreso del Partido Comunista chino confirman los crecientes retos sobre la senda económica global y el orden liberal internacional. Todo ello en un contexto previo en el que la guerra comercial entre EEUU y la potencia asiática iniciada en 2018, la pandemia y la invasión de Rusia de Ucrania han situado a la sociedad en un nuevo ciclo marcado por crecientes incógnitas sobre la evolución del crecimiento, los precios, el diseño de la política económica o los riesgos geopolíticos.
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Bajo el sistema de partido único, el congreso del Partido Comunista Chino, al que asistieron 2296 delegados que representan a 96,7 millones de afiliados, eligió a los miembros del Comité Central que aprobaron la lista de 25 altos funcionarios del politburó y su Comité Permanente, organismo decisorio más poderoso del partido, encabezado por el secretario general.
La «exitosa» celebración del Congreso lo fue para Xi habiendo asegurado un tercer mandato como presidente, algo sin precedentes en la historia del Partido, y consolidando aún más su poder en el politburó del partido. En 2018, el Congreso Popular Nacional aprobó eliminar el límite constitucional de dos mandatos en la presidencia. Este cambio permite a Xi renovar su liderazgo indefinidamente.
Las imágenes del desalojo del anterior jefe del Estado, Hu Jintao, de 79 años, antes de que empezara la sesión de clausura —con independencia de que se debieran a la salud frágil del anciano o fueran una exhibición ejemplarizante de una purga política— constituyen la escenificación de la ruptura con los aires aperturistas que habían caracterizado al régimen chino hasta el ascenso de Xi. En el mundo de extrema opacidad y secretismo de la política oficial china, la ausencia sin explicaciones de Jiang Zemin, de 96 años, y la humillante salida de Hu Jintao, ambos miembros del presídium del Congreso, solo cabe interpretarse como la confirmación práctica de las acerbas prácticas del Gobierno chino.
La ratificación de Xi al frente del partido parece confirmar los temores de algunos analistas de que el PCCh, y por ende China, se aleja cada vez más de la dirección colectiva y se convierte en un ente que depende cada vez más de una única figura sin verdaderos contrapesos.
Lo primero y más obvio es que Xi Jinping sigue a cargo y continuará tanto como quiera o hasta que alguna convulsión política desconocida en el futuro lo desplace. Nadie esperaba seriamente que el resultado de este congreso fuera otro que la continuación de Xi como centro del Partido Comunista.
De hecho, su nuevo equipo está completamente lleno de sus allegados leales. No se ha incluido a nadie con la más mínima perspectiva distinta de Xi. El nombramiento más extraordinario ha sido el de Li Qiang como primer ministro, el líder número 2 del país, y por lo tanto quien gestionará la economía de China.
El refuerzo de la posición de liderazgo de Xi Jinping debe ser preocupante para Occidente. China no tiene distracciones para consolidarse como mayor potencia económica mundial mientras Europa y Estados Unidos se encuentran sumidos en profundas crisis, tanto económicas como políticas. Rusia es la distracción perfecta y los populismos se alzan ante la gran inestabilidad.
El Brexit que se prometía como panacea a todos los males no ha hecho más que agudizar la crisis y dividir la sociedad. También ha engullido a cuatro primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss. El país empieza a parecerse a Italia; un modelo que antes les daba pavor. Muchos ciudadanos y ciudadanas se preguntan a dónde se dirige su país.
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El serio desbarajuste que vive hoy en día la política en el Reino Unido va a tener consecuencias tanto en Escocia como en Irlanda del Norte. Desde ambos territorios se ve al Parlamento de Westminster como un lugar con mucho ruido, que lejos de dar respuestas a estos tiempos de crisis se enfanga en luchas intestinas por el poder. Pero no son solo los ciudadanos de Escocia o de Irlanda del Norte. Todos están hartos, los propios ingleses también lo están.
Olaf Scholz se hunde en las encuestas. Emmanuel Macron está debilitado tras las últimas elecciones legislativas. La derecha gana en Italia con Giorgia Meloni. Liz Truss no ha durado ni un mes y medio. Pedro Sánchez vive elecciones el próximo año. Y desde el inicio de su mandato, a Joe Biden le persigue una profunda falta de popularidad con graves errores de comunicación y estrategia interna. Occidente hace frente a una crisis de liderazgos.
Los ciudadanos de los países más desarrollados sufren las consecuencias de la inestabilidad que asola a Europa con la guerra en Ucrania y el derivado alza de los precios en todo el planeta.
La convulsión en los palacios presidenciales de estos líderes contrasta con la situación en países gobernados por otros abiertamente populistas e iliberales. La guerra en Ucrania ha favorecido al Ejecutivo polaco comandado por el PiS, quien comparte grupo con Vox en la Eurocámara, para mejorar su maltrecha relación con Bruselas. En Hungría, el indomable Víktor Orbán ha declarado el estado de emergencia aumentando sus poderes y haciendo de su oposición a la estrategia europea contra Rusia uno de sus puntos fuertes para ganar apoyo dentro de casa. Y en la lejana Turquía, Recep Tayyip Erdogan está jugando con el veto de Finlandia y Suecia a la OTAN para que estos países extraditen a combatientes kurdos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intenta asumir el liderazgo político de la UE, aprovechando la erosión de la influencia de Berlín y París. Von der Leyen se ha mostrado especialmente activa en promover paquetes de duras sanciones contra Rusia, que siguen la agenda de EEUU que no depende de la energía importada como la UE, pero infravaloró el masivo impacto en las empresas y ciudadanos europeos de esas sanciones y las previsibles represalias rusas.
No hay presidentes en los grandes países occidentales que estén capacitados para revertir las situaciones que atraviesan sus naciones. Mientras, la población asiste atónita a este gran circo de inestabilidad los gobiernos iliberales los atraen con sus discursos populistas, muy atractivos en periodos de tensión constante.
Es cierto que hay variables que afectan al contexto y que son incontrolables, y hasta que estas no estén resueltas Occidente no podrá notar fielmente el reflejo de un liderazgo nuevo moderado que obtenga la estabilidad necesaria en su propio país.
Italia se fractura con la falta de apoyo a Mario Draghi y su posterior dimisión como primer ministro italiano. La complicada situación que atraviesa Europa en estos momentos y que hemos ido repasando en las anteriores newsletters (autonomía estratégica, guerra entre Rusia y Ucrania, subida de tipos de interés, así como escándalos que se suceden en diversos países), está afectando de manera asimétrica a cada país, empezando por Italia.
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La marcha de uno de los hombres con más reconocimiento en Europa en materia económica se ha notado con fuerza en los mercados, con una banca que se hunde y una prima de riesgo disparada. El exbanquero ya ha dicho que no repetirá y el país se acerca a nuevas elecciones. Italia tiene una larga tradición de crisis y en otras ocasiones se ha citado la frase de escritor Ennio Flaiano: “La situación política italiana es grave pero no es seria”.
Esta frase cobra más fuerza desde la irrupción del Movimiento 5 Estrellas (M5E) o de la Liga Norte de Matteo Salvini. Desde 2018, estos movimientos populistas han intervenido en los gobiernos italianos con independencia de su ideología en búsqueda del tan ansiado poder, sin pensar en sus actos y en cómo afectan a la economía y a los ciudadanos. Una tragicomedia política.
Los grandes países del viejo continente no están viviendo su mejor momento político en cuanto a gobiernos se refiere. Boris Johnson ha tenido que abandonar su cargo por su desgobierno en Inglaterra, la política del espectáculo y las fiestas covid, que han acabado forzando su salida del 10 de Downing Street.
La gran potencia alemana tampoco se libra de problemas políticos. Alemana es uno de los países más afectados por la crisis energética provocada por Rusia, y el canciller alemán Olaf Scholz se encuentra en la vuelta a las políticas austeras y proteccionistas propias de una gran crisis. La salida de Merkel, una de las grandes figuras de la política europea en lo que llevamos de siglo ha sido un gran varapalo, ya no solo para el país, también para la Unión Europea. Cuando se inició la guerra, muchos apostaban por Merkel para tomar partido en las negociaciones con su ‘amigo’ Putin. Ya que era la única personalidad política europea con la que el líder ruso tenía una gran relación.
En Francia, a pesar de haber ganado las elecciones, Macron ha perdido la mayoría de la Cámara y tendrá muy complicado gobernar y sacar adelante sus medidas electorales. El ascenso de los populismos y extremismos ha puesto en jaque al Elíseo y la ciudadanía francesa, que ya no confía en Macron, se deja engatusar por enemigos de la libertad y la democracia.
En esta situación de crisis política permanente e inestabilidad, España tristemente fue pionera desde el inicio de la actual legislatura. Aunque es improbable que Sánchez convoque elecciones anticipadas a no ser que un gran escándalo o una situación insostenible en el país lo provoque, es evidente la recta final de la legislatura.
De nuevo, Francia sale de estas elecciones con la sensación de que ‘se han librado’ de lo peor con, probablemente, la mejor opción posible para el electorado: la victoria de Emmanuel Macron.
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El resultado fue lo esperado por las encuestas publicadas los días antes a los comicios, con una victoria para el candidato de centro, con el 58,1% de los votos; aunque lo más destacable (y como también se esperaba) fue la participación, del 72%, la más baja desde 1969.
La figura del presidente francés ha estado en los últimos tiempos muy cuestionada por sus políticas, tanto económicas como sociales, las cuales abría la posibilidad a la ‘moderada’ extrema derecha, y decimos moderada porque todavía existía una opción más iliberal y a la derecha de Marine Le Pen.
Macron y los franceses deben estar contentos sabiendo que han ganado a pesar del ascenso de la extrema derecha, por lo que no hay lugar para celebraciones. Ahora, solo el presidente puede tratar de revertir la actual situación en los próximos cinco años, devolviendo la confianza de los franceses en las políticas moderadas y serias ante el alza de la política del miedo y populismo. El 12 de junio los franceses volverán a acudir a las urnas para las elecciones legislativas, y es aquí donde podremos ver si finalmente Macron podrá gobernar o los partidos extremistas frenarán el progreso de la nación durante los próximos cinco años.
Lo que se dio el pasado fin de semana en Francia es el miedo de todo país europeo a la llegada de los partidos extremistas, iliberales y anti europeístas. El cansancio generalizado de la ciudadanía con su clase política está provocando esta peligrosa tendencia al alza de estas ideas, que llegan tanto a jóvenes como a adultos y que ahora dinamitarán la vida política de Francia, alzándose como segunda fuerza política. Le Pen ha conseguido desde las pasadas elecciones ocupar el hueco de la derecha clásica, como de su modo lo ha logrado Melenchon con la izquierda clásica. Los ciudadanos franceses no pueden caer en el engaño iliberal, que solo perjudicará el crecimiento y avance del país y, en su defecto, de Europa.
Ahora en Francia la vida será diferente, con una cámara de representantes con un gran poder de los extremos y que no pondrán nada fácil la gobernabilidad, igual que sucede en el resto de países en lo que son oposición o en los que presiden, como Polonia y Hungría, y en el que las libertades de las personas se ven menguados por sus políticas iliberales y excluyentes.
Estos cambios de tendencia no son cosa de Francia o de una minoría de naciones, ya que en los resultados de sus pasadas elecciones podíamos apreciar un panorama semejante al nuestro; con cuatro o cinco formaciones apoyadas por un gran número de votantes. Finalmente, en Francia el poder social lo concentran tres grandes partidos, dos extremistas y un partido que ocupa con fuerza el centro político.
El resultado de estas elecciones debe ser un mensaje claro para los partidos constitucionalistas europeos, el electorado se siente infantilizado y termina sucumbiendo ante aquellos políticos que les prometen cambiar la situación a mejor en medio del descontrol que en estos momentos asola Europa, con independencia de los que está ocurriendo en suelo ucraniano. Los partidos moderados y europeistas deben tomar nota y recuperar la confianza de los ciudadanos para devolver a la sombra a los extremistas, ya sean de izquierdas o de derechas.
La irrupción de las ideas rupturistas, tanto con Europa como con las políticas moderadas, es la otra guerra que se está librando en la Unión. Los discursos dinamitadores, agresivos y del miedo, están calando en la sociedad, cansada de que sus políticos no luchen por el bien común, y los partidos constitucionalistas corren el peligro, como en Francia, de verse relegados a la nada. En el caso de España, si crecen los extremos sobre las derechas e izquierdas clásicas, no tenemos un centro fuerte, en la actualidad, que sea capaz de soportar la presión y el discurso de estas formaciones iliberales. Deben (los políticos) y debemos (la sociedad) trabajar y luchar para que esto no suceda, evitando la ruina de nuestros países y del conjunto de Europa.
Va a cumplirse un mes desde que Rusia invadiese Ucrania, allá por el 24 de febrero, y la situación cambia diariamente. Un día nos acostamos con la noticia de que se habilitan corredores humanitarios que dan esperanza para un fin cercano y, sin embargo, amanecemos con nuevas imágenes de ataques a civiles
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Esta situación provoca una cierta sensación de ‘déjà vu’ histórico, recordando al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Preocupa, y mucho, la posibilidad de un nuevo conflicto a nivel mundial y especialmente a los europeos, ya que el campo de batalla presumiblemente sería Europa. Ha estallado la situación tras 8 años en cierta calma tras el conflicto por Crimea.
Ni las crisis económicas de los últimos años, ni tan siquiera la pandemia, han provocado un movimiento de fondo tan importante en términos geopolíticos como el ataque ruso a Ucrania. Especialmente, en las últimas semanas están resurgiendo viejos debates que hasta hace unos pocos meses eran tabú, pero que ahora se hacen ineludibles para ofrecer respuestas a una situación potencialmente más compleja que la actual.
Podemos enumerar cinco debates esenciales: 1) el gasto militar; 2) la energía nuclear; 3) el nuevo orden mundial; 4) la intervención sobre medios y redes de desinformación y 5) la estanflación.
El gasto militar
El envío de armamento para ayudar a la resistencia ucraniana y el aumento del gasto en defensa como miembros de la OTAN, obliga a los miembros de la Unión Europa a repensar sus estrategias militares y, muy especialmente, a cumplir sus obligaciones de inversión en torno al 2% del PIB. La subrogación de la política de defensa a Estados Unidos supone una vulnerabilidad enorme sobre la que Putin está construyendo sus ataques.
El debate está en la calle y en las instituciones; sólo Podemos y los aliados extremos se han opuesto rotundamente, mientras que los grandes partidos (PSOE y PP, aunque con dudas al inicio) han apelado a la responsabilidad y la defensa de Europa siguiendo el discurso del Alto Representante para la Política Exterior europea, Josep Borrell.
Partiendo de la base de que la inmensa mayoría de la población quiere evitar una guerra, debemos estar preparados para poder actuar de forma temprana si ésta ocurre y, con ello, evitar que en un futuro se pueda replicar lo que está ocurriendo en Ucrania.
La energía nuclear
Este alza en los precios energéticos, que son los que han crecido con mayor fuerza y los que más problemas generan para el bolsillo del ciudadano, suscitan la recapacitación acerca de la dependencia energética de terceros países que son enemigos geopolíticos (como es el caso de Rusia), reactivando las olvidadas centrales nucleares.
Una decisión controvertida, ante la que los Estados europeos se encuentran divididos. Aunque las últimas decisiones de la Comisión Europea reposicionan a la energía nuclear como una fuente más de energía de transición hacia el 100% renovable, no supone que todos los Estados deban construir este tipo de infraestructuras, pero sí establece las bases para que los inversores canalicen recursos financieros para alargar la vida útil de las actuales centrales, se siga investigando la energía atómica para uso energético e incluso como en Francia y Reino Unido, se puedan construir nuevos mini reactores.
El nuevo orden mundial
Esta guerra, se puede intuir como una demostración del poder ruso frente la atenta mirada de unos EE.UU que están esperando a que ocurra algo más para entrar directamente. Todo esto es cierto, pero no nos olvidemos de que mientras todo esto ocurre, China sigue construyendo su riqueza y su posición de dominador del nuevo orden mundial, por el que compite con los americanos, gracias a la ‘distracción’ que provoca el conflicto para la sociedad occidental.
Podríamos decir que Vladimir Putin está dispuesto a sacrificar vidas rusas, y de todo aquel que se ponga por delante, para asegurarse un cambio de paradigma que le beneficie como gran aliado de China en el panorama político actual. Y el presidente ruso sabe que esta guerra puede cambiarlo, como lo hizo la II Guerra Mundial o la caída del muro de Berlín.
Lo esperado por los agentes económicos internacionales es que esta guerra cause grandes daños estructurales a la economía mundial y, como comentamos, afecte al paradigma del nuevo orden mundial gracias al clima de gran incertidumbre en Europa.
La desinformación y los límites de la libertad de expresión
Desde el inicio de la invasión rusa en territorio ucraniano, la sociedad ha sufrido un bombardeo de información desmesurada tanto por los canales de información oficiales como por redes sociales. Como en cualquier tema que se encuentre sobre la palestra de la actualidad, la información que llega a la sociedad puede haber sido manipulada, sobre todo a través de redes sociales, donde el escudo de la libertad de expresión protege a todo aquel que pretenda desinformar.
Los medios se han convertido en un agente desinformador más, un arma de guerra empleado para confundir y educar a tu audiencia con las (des)informaciones vertidas desde estas. El ejemplo de Russia Today es, probablemente, el más gráfico de todos con su papel en la guerra. La propaganda se convierte en el pan de cada día y provoca que en Rusia mucha gente no se crea nada de lo que verdaderamente está ocurriendo.
La sociedad no ha querido afrontar la importancia de poner límites a la información, sobre todo cuando es demostrable su falsedad. El papel de los motores de búsqueda y las redes sociales debe ser el de gestor y no el de censor. Es necesario el surgimiento de más medios consolidados y con prestigio que ejerzan la posición de contrapeso de la desinformación, además de un más que inevitable papel de las autoridades públicas por razones de seguridad nacional.
La estanflación
En poco menos de un mes de invasión, Europa ya ha notado grandes cambios en su economía, la subida descontrolada de los precios de los bienes de consumo y los efectos del conflicto en la factura eléctrica y de carburantes.
Este contexto ha provocado que actualmente vivamos un solapamiento de la inflación y el PIB con la subida del precio de la energía. Eso nos lleva a una estanflación; es decir a un estancamiento con inflación, con otro valor añadido, un volumen descomunal de la deuda pública.
El shock actual que vive la economía pide medidas para combatirlo y la sociedad demanda que sus líderes se coloquen a la altura de sus cargos para proteger el poder económico de su ciudadanía.
Las ideas de Podemos y en particular del ministro Garzón pesan demasiado sobre la política española. La industria ganadera española no debe quedar comprometida por culpa de las palabras de un ministro inconsciente, que compromete la industria agroalimentaria de nuestro país, una de las más importantes de la Unión Europea. No podemos comprometer el trabajo de un sector clave para asegurar no sólo el suministro alimentario nacional sino también a nivel europeo.
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Para conocer la situación actual de la ganadería en nuestro país hemos acudido a la información publicada en distintos medios de referencia, aunque no hay datos concretos ya que, dependiendo de las regiones, hay distintos criterios para diferenciar entre una ganadería intensiva o extensiva. De esta forma habría entre 6000 y 7000 granjas intensivas, de las cuales un porcentaje desconocido se consideraría como macrogranja. Estas, representan tan solo entre el 1% y 3% de todas las explotaciones que tenemos en nuestro país y se extienden por casi todo el país, aunque las 3 comunidades con mayor porcentaje de cría intensiva son Cataluña, Aragón y Castilla y León.
Es innegable la existencia de macrogranjas en nuestro país y que hay casos problemáticos en regímenes intensivos, pero estos casos ni son la norma ni han afectado a la calidad de los productos cárnicos españoles. Es imprescindible para el mantenimiento de la calidad de nuestros productos y su fama dentro de la UE, que se deje de exponer las excepciones de las macrogranjas como la norma general en España.
No podemos poner en peligro la forma de vida de tantos y tantos ganaderos a los que sus ingresos dependen de la comercialización de nuestros productos en el exterior. El debate ganadería intensiva vs. extensiva es falaz de la A a la Z. Basta con sacar el concepto de «soberanía productiva agroalimentaria» y el art. 39 del TFUE. Gracias a estos principios fundamentales podemos consumir alimentos de calidad en toda Europa y, teniendo presente que hay casos problemáticos en macrogranjas y en regímenes intensivos que, repetimos, ni son la norma ni han afectado a la calidad de los productos cárnicos españoles.
Debemos tener mucho cuidado al hablar del modo de vida de gran parte de ciudadanos, porque, aunque no se hable directamente de la ganadería extensiva y de algunas intensivas, cuando nos referimos a las macrogranjas, porque pone en peligro a la total producción española al hablar de calidad de producto y ponemos en riesgo nuestro actual modelo de soberanía agroalimentaria. La alternativa actual a esto sería acudir a mercados extracomunitarios de los cuales desconoces totalmente las condiciones de producción, sumado a la cantidad de puestos de trabajo que España perdería.
Ocurrencias como estas las llevamos viendo durante toda la legislatura, tratando de imponer sus gustos a todos los españoles a través, por ejemplo, de medidas impositivas. Tras las palabras de Garzón acerca de la calidad de nuestras ganaderías y de la calidad de sus carnes, Unidas Podemos ha recuperado una de sus medidas ‘estrella’, aplicar un impuesto a los alimentos ‘nocivos’.
Hasta este punto, el gravar alimentos que son perjudiciales para la salud podría parecer una buena medida (repercutirá a la recaudación de Hacienda en unos productos de gran consumo como se ha demostrado gravando los refrescos). El problema entra a la hora de valorar qué productos entran dentro de estas restricciones planteadas por Unidas Podemos, que no explican cuales serán los productos o por qué serán catalogados como ‘no saludables’.
Las nubes se ciernen sobre el sector alimentario debido al intervencionismo gubernamental, sobre todo en su fiscalidad. Este tipo de medidas no harían más que afectar a los ciudadanos con menos recursos, ya que estos alimentos ultraprocesados tienen precios más accesibles. Gravar este tipo de bienes de consumo pone en peligro la libertad de aquellos ciudadanos que no pueden permitirse otro tipo de productos.
No podemos vender el modo de vida de tantos españoles, ya sea en la ganadería como en la compra de alimentos más económicos. Es lícito que se persigan las malas prácticas y se trate de poner en el foco las problemáticas de nuestra sociedad, pero no se puede hablar tan a la ligera poniendo en peligro la supervivencia de parte de la ciudadanía, vendiendo en el exterior casos excepcionales como si fuera una práctica mayoritaria y tratando de cambiar, a su costa, los hábitos de consumo de las personas en favor de sus gustos.
