Las ideas de Podemos y en particular del ministro Garzón pesan demasiado sobre la política española. La industria ganadera española no debe quedar comprometida por culpa de las palabras de un ministro inconsciente, que compromete la industria agroalimentaria de nuestro país, una de las más importantes de la Unión Europea. No podemos comprometer el trabajo de un sector clave para asegurar no sólo el suministro alimentario nacional sino también a nivel europeo.
FUENTE: EFE
Para conocer la situación actual de la ganadería en nuestro país hemos acudido a la información publicada en distintos medios de referencia, aunque no hay datos concretos ya que, dependiendo de las regiones, hay distintos criterios para diferenciar entre una ganadería intensiva o extensiva. De esta forma habría entre 6000 y 7000 granjas intensivas, de las cuales un porcentaje desconocido se consideraría como macrogranja. Estas, representan tan solo entre el 1% y 3% de todas las explotaciones que tenemos en nuestro país y se extienden por casi todo el país, aunque las 3 comunidades con mayor porcentaje de cría intensiva son Cataluña, Aragón y Castilla y León.
Es innegable la existencia de macrogranjas en nuestro país y que hay casos problemáticos en regímenes intensivos, pero estos casos ni son la norma ni han afectado a la calidad de los productos cárnicos españoles. Es imprescindible para el mantenimiento de la calidad de nuestros productos y su fama dentro de la UE, que se deje de exponer las excepciones de las macrogranjas como la norma general en España.
No podemos poner en peligro la forma de vida de tantos y tantos ganaderos a los que sus ingresos dependen de la comercialización de nuestros productos en el exterior. El debate ganadería intensiva vs. extensiva es falaz de la A a la Z. Basta con sacar el concepto de «soberanía productiva agroalimentaria» y el art. 39 del TFUE. Gracias a estos principios fundamentales podemos consumir alimentos de calidad en toda Europa y, teniendo presente que hay casos problemáticos en macrogranjas y en regímenes intensivos que, repetimos, ni son la norma ni han afectado a la calidad de los productos cárnicos españoles.
Debemos tener mucho cuidado al hablar del modo de vida de gran parte de ciudadanos, porque, aunque no se hable directamente de la ganadería extensiva y de algunas intensivas, cuando nos referimos a las macrogranjas, porque pone en peligro a la total producción española al hablar de calidad de producto y ponemos en riesgo nuestro actual modelo de soberanía agroalimentaria. La alternativa actual a esto sería acudir a mercados extracomunitarios de los cuales desconoces totalmente las condiciones de producción, sumado a la cantidad de puestos de trabajo que España perdería.
Ocurrencias como estas las llevamos viendo durante toda la legislatura, tratando de imponer sus gustos a todos los españoles a través, por ejemplo, de medidas impositivas. Tras las palabras de Garzón acerca de la calidad de nuestras ganaderías y de la calidad de sus carnes, Unidas Podemos ha recuperado una de sus medidas ‘estrella’, aplicar un impuesto a los alimentos ‘nocivos’.
Hasta este punto, el gravar alimentos que son perjudiciales para la salud podría parecer una buena medida (repercutirá a la recaudación de Hacienda en unos productos de gran consumo como se ha demostrado gravando los refrescos). El problema entra a la hora de valorar qué productos entran dentro de estas restricciones planteadas por Unidas Podemos, que no explican cuales serán los productos o por qué serán catalogados como ‘no saludables’.
Las nubes se ciernen sobre el sector alimentario debido al intervencionismo gubernamental, sobre todo en su fiscalidad. Este tipo de medidas no harían más que afectar a los ciudadanos con menos recursos, ya que estos alimentos ultraprocesados tienen precios más accesibles. Gravar este tipo de bienes de consumo pone en peligro la libertad de aquellos ciudadanos que no pueden permitirse otro tipo de productos.
No podemos vender el modo de vida de tantos españoles, ya sea en la ganadería como en la compra de alimentos más económicos. Es lícito que se persigan las malas prácticas y se trate de poner en el foco las problemáticas de nuestra sociedad, pero no se puede hablar tan a la ligera poniendo en peligro la supervivencia de parte de la ciudadanía, vendiendo en el exterior casos excepcionales como si fuera una práctica mayoritaria y tratando de cambiar, a su costa, los hábitos de consumo de las personas en favor de sus gustos.