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No es la primera vez que desde la extrema izquierda ataca directamente a algún nombre propio, en este caso Juan Roig y en otros anteriores han sido Florentino Pérez o Amancio Ortega. Estos nombres, han hecho de España un país donde el concepto de empresario lleva consigo el de la creación de puestos de trabajo.

La empresa no es una cooperativa donde todos reparten los beneficios. Pero es que, además, Belarra ataca a un Roig que genera casi 100.000 puestos de trabajo, cuya empresa ofrece importantes cursos de formación a sus empleados, que cuentan, además, con el nivel retributivo más elevado de su sector.

Belarra debe abandonar el Gobierno, cosa que por falta de vergüenza no hará. Ese ataque a una parte importantísima de los agentes económicos, además de manera irresponsable y falsa, requiere que el jefe del Ejecutivo la releve, cosa que por falta de decencia no hará. De esta forma, el Gobierno se convierte en suscriptor de ese discurso, porque sino su cese ya se habría producido.

Podemos y Belarra no hacen más que demostrar su incapacidad en un Ejecutivo venido a menos y con la cabeza en las urnas. Tratan de desviar la atención de su gestión a chivos expiatorios para problemas que no saben como paliar. Los empresarios pueden ser grandes socios de Gobierno y han sabido ser capaces de negociar juntos medidas. Este clima de crispación no hace más que repercutir en una ciudadanía que cada vez pasa por más dificultades y un Gobierno que no ayuda a incentivar la economía.

La voluntad de buscar enemigos para estimular el voto bajo la lógica de nosotros contra ellos puede dejar por el camino más víctimas de las necesarias. La profesionalidad del sector de la distribución y los supermercados en general fue fundamental para superar los primeros meses de la pandemia y asegura hoy que opera con unos márgenes de beneficio de entre el 1% y el 3%.

Más allá de la obviedad de que ningún negocio puede regalar sus productos, las declaraciones de la también secretaria general de Podemos son un ejemplo más de una preocupante filosofía que por desgracia resulta habitual en España: la que exige castigar el éxito. Ya sea por envidia o por un intrínseco espíritu picaresco, los españoles parecemos destinados a la mediocridad y a tildar de monstruos a aquellos que triunfan.

Pero es que a Belarra no solo se le han echado encima los empresarios, también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendía al propio Roig diciendo que no le parecía que el foco tuviese que estar sobre la que paga mejor era la manera de situar un problema.

De modo que, si bien la retórica del gobierno sigue insistiendo en ligar la subida generalizada de los precios a un supuesto ensanchamiento de los márgenes de las empresas, algunos altos cargos del Ejecutivo empiezan a desmarcarse de la propaganda y reconocen que, a la vista de las cifras, lo que está pasando es algo muy distinto y, si los precios suben, es porque los costes de producción también lo están haciendo.

Mientras se produce (o no) una revolución sociológica que permita acabar con la mayoría independentista en el actual parlamento catalán, los partidos no nacionalistas cuentan con un espacio muy acotado y con un elevado nivel de incertidumbre a la hora de ejecutar pactos que permitan poner en marcha las políticas necesarias en Cataluña. Es lo que sucede con el PSC y su líder Salvador Illa.

Es evidente que a Illa no le han puesto las cosas fáciles y los independentistas siempre que pueden hacen daño al Gobierno central incluso cuando éste se ‘porta bien’ con ellos (entiéndase la expresión). Pero aquí ha surgido una oportunidad política que no debe perderse. Dado que sacar adelante los Presupuestos catalanes para 2023 es el principal objetivo de la Generalitat, y que eso no es posible sin un apoyo tácito o explícito en la votación del principal partido de la oposición, es el momento de que el PSC imponga todo aquello que es imprescindible para evitar que Cataluña siga ahondando su propio agujero económico, político y social.

El pacto alcanzado entre el PSC y ERC, el cual ahora tiene que materializarse en partidas muy concretas y calendario de proyectos legislativos, abre una puerta que genera muchas incomodidades, no pocas insatisfacciones y en la mayoría de los casos un alto nivel de escepticismo. Ahora bien, mientras no se produzca un cambio electoral de raíz, los partidos no nacionalistas tendrán que seguir gestionando un campo de minas que ni sus propios votantes entenderán en muchas ocasiones. Tanto al PSC como al PP les ha ocurrido en numerosas ocasiones en los últimos años, y su cercanía al nacionalismo les ha hecho cometer graves errores. Pero ahora, la situación es distinta tanto por el cambio de composición del poder como por el grado de deterioro político e institucional al que ha llegado Cataluña.

En los Presupuesto hay más temas de interés, como el macrocomplejo de Hard Rock en Salou o la ampliación del aeropuerto de El Prat; pero el posible referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat Pere Aragonés en su discurso de fin de año es la cuestión más primordial y anómala de estas cuentas. El proceso de ingeniería social del independentismo continúa. Pero como ya pasó durante el último intento de escisión, el sueño y votación de la República de Cataluña pasa por el dinero público. Dinero de unas Cuentas que aún tienen que pasar por el Parlament. Aragonès asegura que la Generalitat en 2023 va a volver a la agitación y la propaganda, que es lo que mejor saben hacer los soberanistas con el dinero público.

Su resistencia la está poniendo a prueba el socio minoritario, que a su vez divide las tensiones en dos facciones: la encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y la que dirigen Irene Montero e Ione Belarra. Conscientes de que las disputas políticas entre socios las ganan siempre los más radicales, Podemos es quien primero mueve ficha, asentando sus posiciones ante la opinión pública para, después, provocar la reacción de los ministros del PSOE sin que haya una crítica pública y estructurada de los mismos que permita corregir el rumbo de la coalición.

Teniendo en cuenta que esta coalición comparte un rasgo diferencial como es la más que patente carencia de principios básicos y bases sólidas de trabajo y experiencia, el terreno de juego se desplaza hacia quién es capaz de crispar más, cómo hacerlo de manera que haya un efecto multiplicador en los medios de comunicación y quién será el que mejor lo pueda capitalizar en términos electorales.

Ante este ‘círculo vicioso’ que tensa cada día más las costuras de la coalición, el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros están haciendo los primeros amagos de desviarse de este rumbo, buscando elementos que puedan legitimar un ‘giro hacia la centralidad’. Obviamente, se trata de táctica electoral, no de un reconocimiento de los errores cometidos y la voluntad de cambiar de políticas.

Apoyados en hacer una lectura al pie de la letra y sin contexto de las cifras de crecimiento económico pasadas (porque las presentes son de 0% o incluso recesión), intentan construir un discurso donde defienden los logros económicos y sociales de estos últimos años, minimizando el coste político y social que ha tenido resistir durante casi cinco años con unos apoyos centrífugos y extremos.

La batalla política de los próximos meses se va a jugar en este terreno: hacer creer a la ciudadanía que haber gobernado con Podemos, haber pactado con Bildu o las múltiples concesiones a ERC han sido males necesarios que no conllevan coste o riesgo alguno para la estabilidad futura de España, porque gracias a ellos se ha obtenido buenos resultados económicos, políticos y diplomáticos.

No hace falta hacer un análisis muy exhaustivo para darse cuenta de que los logros no han sido tales, y que el coste de introducir en el corazón de la gobernabilidad de España a aquéllos que la pretenden destruir es una enorme losa futura que aún hoy no sabemos cómo se podrá gestionar.

A la sociedad española ante el desafío constitucional

La coalición gubernamental, presidida por Pedro Sánchez y apoyada en el Congreso de los Diputados y en el Senado por los grupos parlamentarios independentistas, ha quebrado el proyecto histórico del PSOE comprometido con el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de 1978, expresión genuina del pacto de concordia alcanzado en la transición. No detectamos en la derecha española, energía, propuestas ni discurso adecuados para resolver la actual situación.

Las decisiones de un Gobierno, donde figura coaligada una fuerza política que, fuera de los cauces constitucionales obligados, propugna instaurar un modelo plurinacional de corte confederal, coinciden con la pretensión del secesionismo vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución. Si estos propósitos prosperaran estaríamos a las puertas de un proceso que acabaría destruyendo la nación política española.

Conforme a esta lógica destructiva se están produciendo iniciativas legislativas que propician una mutación que transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes Generales de su primacía democrática, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional y suprime mayorías cualificadas y quórums en el Consejo General del Poder Judicial, rompiendo el sistema de contrapesos irrenunciables que garantizan la autenticidad democrática de nuestra Carta Magna.

La impunidad otorgada, mediante leyes ‘ad hoc’, a los responsables de los hechos sediciosos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017, desprotege penalmente, además, la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas. Las reformas de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, mediante una proposición de ley que elude los informes técnicos consultivos, desapoderan de controles técnico-jurídicos al sistema institucional y permiten a la mayoría parlamentaria favorecer un proceso de demolición de la Constitución, así como del bloque de leyes orgánicas que la desarrollan.

La técnica de vaciamiento de los principios y reglas constitucionales es propia de las democracias que, inicialmente liberales, se pervierten para convertirse en regímenes iliberales. Si persistiera esta dinámica gubernamental y legislativa, el espíritu que animó a los constituyentes para crear en 1978 un Estado social y democrático de derecho, tres poderes del Estado, separados y cooperativos, y una monarquía parlamentaria, se vería seriamente erosionado y el país volvería   a las peores épocas de su historia al declararse fallido, otra vez, el intento de consolidar un régimen de libertades, conforme a los esquemas indeclinables de las democracias. 

Nuestro llamamiento es al PSOE para que recupere su proyecto histórico, que le llevó a contribuir a la elaboración y respaldo de la Constitución de 1978, instando a que alcen la voz los muchos socialistas, hoy silentes, que observan alarmados este proceso de deserción de sus compromisos constitucionales; 

nuestro llamamiento es también al Partido Popular y al resto de las fuerzas constitucionalistas que integran la oposición para que cumplan serena y eficazmente sus deberes irrenunciables sin quiebra alguna; 

nuestro llamamiento es a los medios de comunicación, a los prescriptores de opinión, a los intelectuales y académicos para que aporten reflexiones que contribuyan a detener la intencionada inercia destructiva de la Constitución que protagonizan el Gobierno, sus socios y sus aliados;

y nuestro llamamiento es, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto para que reaccione cívicamente ante estas políticas gubernamentales y legislativas, con especial invocación a los jóvenes, que serían los más dañados por esta erosión. 

Porque recluirnos en la pasividad o la indiferencia sería incompatible con el ejercicio responsable de la ciudadanía. Quien se margine, sintiéndose ajeno a los actuales acontecimientos, cuando crece en todos los países occidentales -y también en España- un fuerte movimiento que entrega los poderes democráticos a pretendidos líderes y sistemas populistas, acabará descubriendo demasiado tarde que se ha encaminado por el sendero de la servidumbre voluntaria, rechazado por la inmensa mayoría de los españoles tras la dictadura.

Barcelona y Madrid, a quince de enero de 2023.

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La vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en mano de Vox, gasta casi 1,2 millones de euros en pagar personal. Sin embargo, la gestión que realizan de las cuentas públicas es de apenas 112.000 euros. Y eso solo es el inicio.

Gallardo carece de funciones operativas, aparte de coordinar relaciones entre la Junta y diversas corporaciones, así como de representar al territorio en ausencia de Mañueco. El líder de la extrema derecha también encabeza a Castilla y León en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas. El político acudió al encuentro del pasado octubre para exhibir un discurso negacionista hablando de “catastrofismo climático” e “ingeniería social verde”, y defendió las “fronteras seguras” y las “familias fuertes” ante sus homólogos europeos. 

 Ahora la extrema derecha cambia el discurso y se piden como si gobernasen en solitario, con aires de grandeza y, por lo visto, desconociendo las medidas que proponen. La gravedad del caso tiene dos caras: frivolizar sobre un asunto emocional y psicológicamente tan decisivo como interrumpir un embarazo es la primera y más evidente. Pero la otra cara tóxica refleja la presión que las posiciones más radicales y extemporáneas de Vox tiene en el partido mayoritario de la derecha española, cuando ya hace tiempo que dejó de hacer bandera política del rechazo al aborto.  

El Partido Popular debe actuar y escapar de las trampas del iliberalismo de la extrema derecha. No debe caer en los mismos problemas que tiene el Gobierno central, cautivo por conveniencias por su socio minoritario. En este último caso han querido saltar y entrar en competencias que no son suyas, como es el caso de la Sanidad de la región. El Partido Popular no debe ser rehén de una ultraderecha empeñada en limitar los organismos democráticos, y erosionar el clima político y social de nuestro país.

Hasta el momento, el matrimonio no estaba siendo un cuento de hadas y deben sentarse a tratar el futuro del Ejecutivo regional; aunque el matrimonio se presume abocado al fracaso. Las consecuencias están a la vuelta de la esquina, al menos en Castilla y León, y pueden salir a relucir en los comicios de mayo, si es que la dirección nacional no evita lo contrario. Ahí se podrá comprobar los efectos de un tsunami que ha ido cogiendo fuerza a medida que han pasado los meses. 

Esto nos vale a los españoles a descubrir la agenda ideológica llevada a la práctica de un partido que nunca había estado en un Gobierno. El PP debe desligarse de esta opción que circula por las mentes electorales ante un panorama tan plural como el español. Este panorama, que nos pone en peligro a todos, debe concienciarnos y ver la realidad en esta gestión.

Ahora Vox amenaza con dejar el Gobierno, sin darse cuenta que les dejan la mayor de las facilidades al PP a evitar un Gobierno supeditado a estas políticas. Lo que ha hecho el vicepresidente es buscar un conflicto interno del gobierno en un asunto que ni siquiera tiene competencias. Ahora el PSOE se ha abierto a permitir que los populares gobiernen en solitario en la comunidad si rompen el pacto con la derecha iliberal, puede ser una oportunidad siempre y cuando el PSOE sea un partido de oposición y favorezca el diálogo en la región.

El PP debe evitar la inestabilidad que transmite su gobierno y la prueba con Vox es suficiente como para pararla. 

Unos minutos en los que los españoles que se quedaron frente al televisor pudieron disfrutar de un producto muy intencionado que arrancó con alusiones a la guerra de Ucrania y sus efectos sobre los más vulnerables en nuestro país, poniéndose en la piel de los que peor lo están pasando frente a esta situación y pidiendo a los gobernantes más trabajo para frenar la permeabilidad del conflicto en nuestra sociedad, que está calando debido a la debilidad de la toma de decisiones.

Hemos perdido un valor que tanto costó forjar y tanto aportó durante la Transición. Me refiero al consenso que ha sido sustituido por una confrontación que va más allá de la lógica disputa entre partidos. La tarea parlamentaria se ha tornado tan bronca que el Diario de Sesiones del Congreso está plagado de expresiones de corte tabernario. La responsabilidad está repartida pero la estrategia de la provocación que con tanto éxito inicial introdujeron en el hemiciclo los portavoces de algunos de los grupos minoritarios -de Gabriel Rufián al Pablo Iglesias de sus primeros tiempos- ha permeado hacia otros partidos. Los diputados se faltan al respeto y no siempre la presidencia de la Cámara acierta a reconducir los debates.

De esta forma entraba en terreno pantanoso, las instituciones. Un tema evidente en el panorama político en el que no creíamos que fuese a entrar, pero esta incamuflable situación afecta a nuestra convivencia como país y él, como jefe de Estado, tuvo que entrar. Felipe VI enumeró de forma explícita tres amenazas: “La división de la sociedad”, “el deterioro de la convivencia” y la “erosión de las instituciones”. La apelación al “espíritu” y los principios que vieron nacer hace ya casi 45 años la Constitución de 1978 que no deben “debilitarse ni caer en el olvido” porque “son un valor único en nuestra historia constitucional y política” no revestía halo alguno de nostalgia sino de ejemplaridad práctica y cotidiana.  

Ignorar los riesgos contra la democracia hoy puede tener consecuencias impredecibles. El escenario internacional pero también el nacional explican la convicción europeísta del Rey, que pidió el mayor compromiso de todos con la democracia y con Europa. No sonó como frase hecha o rutinaria, sino como aviso sobre asechanzas que pueden desequilibrar la estructura institucional de la democracia y arruinar lo que la mayoría probablemente siente como sustrato deseable o, según el Rey, “la serenidad, la paz, la tranquilidad” que tanto contrastan con la agitación política que estamos viviendo.

Que no todos sus actores hayan estado a la altura no significa que en el país que dibujó el Rey no sigan cabiendo todos desde el respeto a la dignidad de las personas, sean cuales sean sus convicciones. La defensa de la voluntad integradora, frente a la pulsión excluyente, pasa por lo que Felipe VI llamó “el lugar donde los españoles nos reconocemos y donde nos aceptamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias”.

Sin duda, tanto en el fondo como en la forma, de los mejores discursos nunca pronunciados por el Rey, un discurso que, además, le posiciona una como el más serio responsable público de su generación y sin duda el que mejor está realizando la función que la constitución le ha encomendado.  

Un hombre que lucho por la España que ahora tenemos y que sería un rara avis a día de hoy en la izquierda tal y como se encuentra en la actualidad. Una figura clave en la Transición y de la lucha sindical de los años 80.

El histórico líder de la UGT, Nicolás Redondo Urbieta, falleció el 4 de enero de 2023 a los 95 años dejando un gran legado a sus espaldas.

«Un imprescindible del sindicalismo en España durante la dictadura, la transición y la democracia», un «sindicalista extraordinario al que este país le estará siempre agradecido», un «luchador por los trabajadores y por las libertades, contra Franco o también contra ETA». Elogios como éstos se acumulan para despedirse de Nicolás Redondo, una de las figuras sin las que no podemos entender la historia del sindicalismo ni del movimiento obrero en España.

Nicolás Redondo siempre trabajo en lucha por las libertades y la democracia. Como su hijo Nicolás Redondo Terreros, el histórico líder de UGT no dudó en significarse contra la cruz gamada que ETA y el régimen nazifascista de Arzallus había impuesto en su propia tierra.

Como tantos y tantos luchadores comunistas, socialistas, anarquistas o sindicalistas, el de Barakaldo formó parte de la Rebelión Democrática, apoyando a organizaciones como Foro de Ermua o Basta Ya, significándose públicamente en una época en la que eso significaba poner tu cabeza en una diana. Firmando manifestos como “No es Cierto” o “Sí, tenemos que decidir”, contra el terror fascista de ETA y las imposiciones etnicistas del Plan Ibarretxe. El 9 de julio de 1980 dejó una frase para la historia: “Hay que luchar contra ETA como se luchó contra el franquismo” y ahora nos hemos olvidado de quien es ETA.

Nicolás era un hombre fiel a sí mismo, nunca traicionó su ideario socialista. Decidió abandonar su escaño parlamentario al verse obligado a convocar una exitosa huelga general contra la política económica del gobierno de Felipe González. En el congreso de Suresnes a Redondo le ofrecieron ocupar la secretaría general del PSOE, pero declinó en favor de Isidoro, el joven abogado laboralista sevillano con mucho gracejo y un piquito de oro. Esa brillante oratoria y las circunstancias del momento cosecharían una brillante victoria electoral en octubre de 1982, gracias al tándem que Felipe formaba con Alfonso Guerra. Esa noche Redondo debió pensar que su renuncia fue muy certera.

Sin embargo, no tardaría mucho en verse decepcionado con el gobierno afín a su sindicato. Felipe se sabía imprescindible para concatenar las victorias electorales y el partido tenía que seguirle a cualquier precio, incluyendo una escisión interna entre felipistas y guerristas, pero su crédito político empezó a declinar al confrontaste con una impactante huelga general. Los obreros decidieron secundar mayoritariamente la convocatoria sindical. El 14D casi provocó la dimisión del presidente socialista, pero lo que se produjo fue la ruptura con su propia fuerza sindical. Para no tener que votar los presupuestos generales Redondo había dejado su escaño antes de convocar, junto a Comisiones Obreras, la histórica huelga general de 1988.

Que la tierra sea leve para los que como Nicolás Redondo han dejado toda una vida de lucha por los trabajadores y por las libertades.

En menos de una semana, el poder moderador del Jefe del Estado a través de su discurso de Nochebuena y la sensatez desplegada por el máximo órgano de garantías constitucionales, han contribuido a relajar la elevadísima tensión y empezar a encauzar una situación de deterioro acelerado del rule of law, del imperio de la ley.

Sin embargo, nos haríamos un flaco favor pensando que lo peor ha pasado, que el riesgo de otra espiral de crisis constitucional es reducido y que a partir de este momento los partidos actuarán con más prudencia. Cuando se abre una crisis tan importante y fraguada durante tantos años de intervencionismo de las mayorías políticas de cada legislatura en la regulación, la evolución de los acontecimientos se vuelve totalmente imprevisible. Tenemos encima de la mesa un volumen suficientemente relevante de asuntos sometidos a recurso de inconstitucionalidad (o que lo van a estar en las próximas semanas) como para descuidar el proceso de renovación de los cargos del Constitucional, o en el caso de asuntos de jurisdicción ordinaria, los respectivos Juzgados y Tribunales donde se necesitan recambios urgentes.

No podemos aspirar a crear un sistema institucionalmente perfecto, pero sí debemos hacer lo posible porque se parezca lo más posible. Éste es el objetivo de la política europea desde sus Tratados Fundacionales y una de las ‘batallas’ que da en países cuyo sistema judicial da muestras de parcialidad política. Precisamente por esto fue muy rápido y contundente el comisario europeo de Justicia nada más conocer con cierto detalle lo que se estaba preparando en las Cortes sin la cobertura constitucional adecuada. Bruselas no se puede permitir ningún escándalo proveniente de España, cuarta economía de la Eurozona y a quien se ha confiado el Ejecutivo comunitario como ejemplo de éxito de los programas puestos en marcha durante esta legislatura, empezando por los propios fondos europeos.

Las autoridades europeas seguirán siendo generosas y condescendientes con las decisiones políticas que se tomen en España, a sabiendas de que algunas puedan ser gravemente perjudiciales a medio y largo plazo. Pero hay una línea roja que no permitirán que se cruce que es convertir algún problema nacional en un problema europeo con escándalo y estrépito fuera de las fronteras españolas. Y, sin duda, la politización del sistema judicial lo es.

2023 es, en suma, un año decisivo para consolidar una verdadera reforma de las instituciones del ámbito judicial, o para continuar profundizando en el deterioro que ha llegado demasiado lejos en 2022. Desde el punto de vista ciudadano, nuestra labor debe centrarse en la defensa de los jueces y su debida independencia, pero con una contraprestación: implementar las reformas necesarias que doten de agilidad a los procedimientos y acabar con la lentitud de las resoluciones judiciales.

Las debilidades de la Unión han salido a relucir con la guerra y ni los países, a priori, más potentes están sabiendo cómo paliar los efectos de una guerra energética y de precios. Por si no fuera poco el contexto, Bruselas se desmorona siendo salpicada por un caso de sobornos con remitente en Qatar. Una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo fue la primera en caer por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar.

En el actual contexto de crisis de legitimidad y gobernanza global de los organismos multilaterales, las declaraciones, audiencias y/o resoluciones del Parlamento Europeo referentes a cuestiones internacionales, por muy declarativas que sean, han ido adquiriendo un importante impacto en terceros países. Esto ha atraído el interés de numerosas dictaduras, con mucho dinero y pocos escrúpulos, para intentar utilizar el Parlamento y a los y las eurodiputadas para lavar su imagen pública internacional o, al menos, para mitigar cualquier crítica que pudiese salir de la Eurocámara. De esta forma, en los últimos años han florecido numerosos grupos de amistad de eurodiputados con las ricas autocracias de Oriente Medio o con países en el punto de mira por las violaciones de Derechos Humanos como Marruecos, de la que dicen que también estaría implicada en este escándalo.

No es un escándalo menor, sacude la sala de máquinas de Europa, y es una señal del peso que allí pueden tener los grupos de presión, que pueden encontrar en los eurodiputados fieles defensores de sus casos a cambio de prebendas. ¿A nadie le pareció sospechoso que solo días antes de su detención, la vicepresidenta, ahora detenida, cantara desde la tribuna las bondades del régimen catarí? Un espeso manto de opacidad ha cubierto siempre a la Eurocámara, cuyos representantes, recordemos, elegimos los ciudadanos europeos. Falta de transparencia en los gastos y en algunas actividades de los europarlamentarios, falta de supervisión. Hasta ahora solo se habían detectado pequeñas infracciones, pero lo que ya se denomina como el Qatargate es un salto cualitativo, preocupante y peligroso.

El problema es que salta a la vista que apenas ha salido a flote la punta del iceberg de un caso que está provocando a la UE un daño de reputación muy difícil de reparar. Un caso que, en fin, evidencia una realidad demoledora: los representantes de la FIFA no son los únicos que se dejaron corromper por los millones de los emires cataríes.

El escándalo de los sobornos refleja la extensión del poder político de Qatar. Desde hace varios años este emirato ha venido consolidando sus redes en el plano internacional. Europa ha sido el epicentro de sus actividades para blindar este reforzamiento. Pero, debe quedar claro, que este Qatargate apenas comienza y sobre todo, que no es la primera ni será la última, donde este formato de juego geopolítico se use en el escenario internacional.

El proyecto común se ha tambaleado en numerosas ocasiones a lo largo de sus más de siete décadas y siempre ha sabido reponerse, o incluso salir reforzado, como en el caso del ‘Brexit’. Sin embargo, unas instituciones que tan difícil han tenido siempre conectar con los ciudadanos no pueden permitirse que se ciña sobre ellas el inmenso nubarrón de la corrupción, esa mancha tan fácil de extender y difícil de limpiar. Bien lo saben los políticos de nuestro país. Y peor aún es que se extienda fuera de las fronteras europeas la sensación de que el olor del dinero puede quebrantar todos los principios. Europa siempre debería ser lo que casi siempre es: un ejemplo. Debería ser ese espejo alto de casa en el que el niño trata de esforzarse y ponerse de puntillas para poder mirarse en él como hacen los adultos e imaginarse que quiere ser como ellos de mayor.