La catástrofe natural ocurrida en La Palma durante este último mes deja muchas preguntas en el aire y muchas necesidades en distintos organismos para evitar que situaciones como esta se vuelvan a gestionar de una forma tan tardía, y más contando que esas erupciones ya se esperaban después de semanas de actividad sísmica continua en la isla.
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Tras el panorama que se vivió en la capital de España en enero de este año con la borrasca Filomena, a lo que se suman otros acontecimientos de alto poder destructivo vividos en los últimos meses y años, debe mover a la reflexión de los organismos públicos para articular planes de gestión de catástrofes que vayan más allá de lo que actualmente se hace, evitando paralizar la vida de las zonas afectadas y poder estar preparados de forma previa a que ocurran sucesos que, a día de hoy, son relativamente fáciles de detectar a través de los distintos mecanismos tecnológicos con los que contamos en la actualidad.
Según distintos medios, el Gobierno se encuentra preparando un plan específico para cubrir los daños que esta catástrofe cause en La Palma, pero es necesario hacer una revisión a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, porque ha quedado claro durante este año que no funciona y no cubre bien las actuaciones en caso de situaciones límite como el volcán de la isla y la borrasca Filomena. El Ejecutivo debe ponerse manos a la obra y preparar una regulación que pueda comprender todas las situaciones que se pueden dar para poder cubrir de la forma más profesional estas situaciones.
Este plan debe estar ligado a un buen sistema de previsión de estos sucesos para que gobiernos y empresas tengan la capacidad de anticiparse lo necesario. Para ello, existen sistemas, tanto públicos como privados, que pueden ser el mayor aliado para poder solventar estas situaciones. Programas como el Sentinel 2 (pareja de satélites que forma parte del sistema Copernicus EMS) pueden ser de gran ayuda. Este es el sistema puesto en marcha por la Unión Europea y su agencia espacial (ESA), un instrumento que ha sido rápidamente ‘invocado’ por los servicios de Protección Civil. Todo, con el objetivo de seguir la pista al magma volcánico, así como a los efectos secundarios que deje a su paso camino al mar. Copernicus es un programa que, en resumen, proporciona información y referencias geoespaciales en situaciones como esta o en otro tipo de catástrofes naturales.
Tras casi un mes, continuamos con una situación de máximo riesgo y las nuevas grietas no paran de expulsar lava. Esto ha provocado nuevas evacuaciones, superando ya las 6.800 personas según apuntan distintos medios de comunicación, y no se descarta que en los próximos días haya que sacar a más gente de sus casas. Planes de prevención y regulación de estas situaciones podrían haber ayudado y adelantado estas labores de evacuación antes de dejar a las personas en un riesgo para sus vidas. En general, la actuación de protección civil en la movilización de distintos núcleos poblacionales a espacios seguros ha sido un éxito y, en este caso, la posibilidad de herramientas para poder variar la dirección de la lava es totalmente nula. La posibilidad de mayores refuerzos en los primeros compases de la catástrofe, hubieran dado un mayor aire a todos los voluntarios y profesionales que se vieron desbordados durante los primeros días.
Ahora, tocará ver como desde el Gobierno y los organismos europeos se compensa a los afectados por el volcán de La Palma. Miles de personas que lo han perdido todo: sus hogares, sus trabajos, cultivos y animales que eran su forma de vida y una cantidad incalculable de recuerdos que se funden al paso de la lava. La movilización de recursos económicos será esencial para poder empezar de nuevo y tratar de devolver el optimismo a una población devastada por los efectos de esta catástrofe. Los palmeros se recuperarán y volverán más fuertes que nunca.
Hace 10 días que el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros la regulación del precio de los alquileres junto a una serie de medidas de calado. Este acuerdo se enmarca dentro del pacto de gobierno con Unidas Podemos bajo la etiqueta de un gran cambio social, pero, ¿en qué consiste realmente esta nueva medida?
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El principal pilar se basa en la regulación de los precios, una regulación que es prácticamente igual a la primera Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1946, durante el franquismo, y que estuvo vigente hasta 1985, con Felipe González. Nadie puede dudar de la magnitud del problema de la vivienda en España y, sobre todo, en las grandes ciudades. En tan sólo un lustro, del 2015 al 2020, el precio se dobló: creció un 52% de media en toda España, aunque en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, la subida fue incluso más pronunciada (60% y 68%, respectivamente).
Traducido en números, esto significa que, si por una vivienda de unos 80 metros cuadrados se pagaba de media en el 2015 unos 568 euros, en el 2020 se paga por la misma 852. Y esto, insistimos, es tan sólo la media. Buscar algo por menos de 900 euros en ciudades como Barcelona es prácticamente imposible y eso que con la pandemia bajaron algo los precios. Pero esta medida, lejos de poder servir como un bálsamo para las personas que sufren para pagar un alquiler, puede empeorar el panorama y mucho.
¿Es necesaria una regulación?
Pues depende de cómo se mire y según las prioridades que queramos atacar primero. ¿Cómo de necesario es una regulación en este aspecto? De nuevo lo importante es analizar, dónde y en qué condiciones, y con quién nos queremos comparar.
Desde hace más de una década, España tiene un problema con el mercado inmobiliario. Se muestran cifras de viviendas en alquiler en los países más ricos de Europa y se comparan erróneamente con las nuestras. Según los datos de Eurostat, el 86% de los españoles vive en una casa de su propiedad frente al 51% de los alemanes.
Es cierto que una proporción muy baja de vivienda en alquiler puede significar que este mercado tiene problemas, esto ocasionaría una falta de oferta; sumado a precios muy altos en determinadas localizaciones y el complicado acceso para los jóvenes. También es cierto que la obsesión con la vivienda en propiedad tiene efectos en otras variables: por ejemplo, supone un freno a la movilidad y reduce el dinamismo en el mercado laboral. Pero también debemos recordar que un porcentaje elevado de las viviendas en propiedad apunta a un país de pequeños propietarios, en el que las familias de renta media-baja han accedido a la vivienda, con lo que eso supone de amortiguador para las crisis y para los períodos de reducción de ingresos (por ejemplo, durante la jubilación). Porque en otros países, esas cifras de vivienda en propiedad y de patrimonio entre las clases más bajas se miran desde lo lejos.
¿Cómo afecta la medida?
El principal argumento del Gobierno para aplicar esta es que, si los alquileres son altos, sólo hay que fijarlos por decreto o, en su defecto, obligar a los propietarios a bajarlos. Todo esto enfrascándose en la idea de que así lo han hecho grandes ciudades como Berlín o Londres. Por muy lógico que esta medida pueda parecer, sobre todo en el ámbito social. Pues no lo es en absoluto.
Que muchas ciudades europeas se hayan puesto a controlar precios por decreto lo único que quiere decir es que media Europa tiene políticos tan cortoplacistas como los nuestros, ya que regular los precios de la vivienda no se ha conseguido en ninguna ciudad con semejantes medidas como las de España. Lo que ocurriría puede ser todo lo contrario: las políticas de control de precios del alquiler han sido históricamente un desastre y han tenido consecuencias catastróficas para las ciudades en el largo plazo. Según diversos análisis realizados por economistas, esta medida es una de las técnicas más eficientes para empeorarlo todo.
¿Soluciona el problema?
Por todo lo que hemos relatado hasta ahora, la Ley seguramente no tendrá ningún impacto en el control de precios de alquiler y éstos seguirán subiendo. Tampoco se beneficiarán los jóvenes; en realidad, podrían salir bastante perjudicados. Ya que esta ayuda sólo se dará si los jóvenes trabajan y los contratos de alquiler no superen, en principio, los 600 euros mensuales o los 900 en algunos casos, lo cual en ciudades como Barcelona o Madrid es prácticamente imposible; aparte del efecto que esta ley ocasionaría en el mercado.
En realidad, parece que todo lo que no sea construir vivienda pública social servirá para bastante poco para controlar uno de los principales problemas que tenemos hoy en España.
Desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre, se reúnen en la localidad de O Grove, en Galicia, una multitud de personajes de la política actual y pasada en nuestro país, para repasar a través de tres jornadas las cuestiones más relevantes del panorama político actual. En esta 3ª edición del Foro La Toja, presidido y organizado por el exministro Josep Piqué, que también fue el moderador de varias de las charlas de estos días.
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De este encuentro debemos resaltar la presencia en el último día del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, cuyo discurso fue dirigido hacia una intervención a favor de que la UE se proyecte más hacia América, aprovechando las relaciones históricas, culturales, comerciales e idiomáticas que España y Portugal tienen con los países iberoamericanos, aunque sin descuidar también los vínculos con África. El mandatario luso advirtió también del riesgo de que Europa se encierre en sí misma.
“Portugal y España deben garantizar una Europa abierta al Atlántico; tienen una misión histórica evitando su excesiva continentalización. Nuestros dos países están bien preparados para hacerlo, tanto a través del Atlántico Norte y del Atlántico Sur”, asegura Antonio Costa.
Las acertadas palabras del mandatario luso deben ser escuchadas, tanto por España como por Europa, para poder fortalecernos mutuamente y asegurar el desarrollo de todas estas regiones aprovechando el puente idiomático existente con España y Portugal. Desde ‘La España que Reúne’ ponemos en valor estas palabras y nos suscribimos totalmente a ellas, ya que siempre nos ha preocupado la evolución de los países de Iberoamérica, debido a los crecientes problemas de iliberalismo en los países de habla hispana y portuguesa. El peligro del iliberalismo en estos países debe ser tomado con gran importancia por Europa, tratando de garantizar el correcto funcionamiento de las democracias en la región para favorecer un buen ecosistema de colaboración y de desarrollo en América Latina.
El contexto actual es bastante problemático para el avance de estas relaciones. En este último tiempo ha aflorado una corriente entre los países latinoamericanos con España debido al papel de nuestro país en sus territorios, demandando el perdón de unos actos que, sin dudar de la comisión de malas prácticas cometidas por los españoles, fueron cometidas hace casi 600 años y cuyo daño es actualmente irreparable. Desde algunos de estos países no se tiene en cuenta la labor de estos viajeros, que ayudaron a los habitantes de las distintas regiones, proporcionando grandes avances en todas las facetas del desarrollo de sus vidas hasta el momento que llegaron los españoles.
Las posibilidades de crecimiento son enormes y la colaboración fundamental gracias a la cantidad de puntos en común que ambos países (España y Portugal) tienen respecto a los países de Iberoamérica. Esta situación no puede pasar desapercibida por Europa, que centra sobre todo sus relaciones con China y Estados Unidos, descuidando la importancia de estos países y los beneficios que pueden generar para ambas partes. Como bien decía Costa, España y Portugal deben garantizar una Europa abierta y menos dependiente de las dos grandes potencias mundiales.
Esta, es una buena oportunidad para que Pedro Sánchez recupere parte de la importancia perdida por España durante esta legislatura y trate de cuidar sus relaciones con estos países y proyectarlas en Europa, todo ello de la mano de un gran socialista como es Antonio Costa. El reto no es pequeño, pero la situación merece gente que remangue y se sitúe a la altura de la situación.
La catastrofe natural de La Palma ha sacado lo mejor de las personas con innumerables acciones por parte de personas y asociaciones de todo el país para poner de forma desinteresada toda la ayuda que está en su mano y que, sin duda, necesita la isla..
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De nuevo y por desgracia, ha sacado también lo peor de algunos políticos, que no han sopesado las consecuencias de algunas de sus decisiones y palabras para tratar de calmar los ánimos, los cuales han terminado alterando
Los casos más sonados hasta el momento han sido la de la ministra de Turismo, Reyes Maroto; el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida y el senador ‘popular’ Rafael Hernando. Sus resbalones o grandes fallos han sido producidos por distintas y desafortunadas acciones que, creemos que sin ánimo de causar malestar en los españoles, esperamos que no se produzcan más por parte de nuestros representantes políticos.
En el caso de la primera, la ministra Reyes Maroto tuvo un desafortunado comentario con respecto a la erupción de Cumbre Vieja. La ministra de Turismo definió el volcán como un «espectáculo maravilloso» y un reclamo turístico aprovechable, mientras cientos de personas veían como perdían todo lo que tenían. De esta forma, la ministra de Turismo ha querido priorizar la tranquilidad del turismo sobre las cientos de familias que están sufriendo en la incertidumbre que rodea a la isla desde hace varias semanas y sin dejar de obviar la peligrosidad de este suceso en las vidas humanas, ya sean turistas o no.
Por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su proposición de ayuda a La Palma no ha gustado demasiado a los madrileños, que han visto como el responsable de su ciudad ha ofrecido todos los medios a su disposición para tratar de paliar o controlar los efectos de las erupciones. Esto no debería ser en ningún caso un resabalón, el problema viene cuando hablamos de su gestión el pasado año con la llegada de la borrasca Filomena. Durante el temporal el alcalde prometió a los madrileños la movilización inmediata de todos los recursos para evitar el colapso de la capital de España, lo cual no llego a ser cierto y fue utilizado por el alcalde popular en una maniobra contra el gobierno de Pedro Sánchez.
El último de los casos lo protagoniza el senado Rafael Hernando, que criticó con dureza que los ministros y el propio Pedro Sánchez se acercasen a La Palma a “hacerse la foto” cuando miembros de su partido acudieron del mismo modo a la isla en un acto considerado previamente por él como una falta de respeto a los afectados y una frivolidad ya que su presencia no iba a hacer más que estorbar.
Es una vergüenza que hasta en las grandes catástrofes los políticos de los dos grandes partidos de nuestro país, que deberían ser ejemplo de saber estar y de ejemplo democrático, no hagan más que actuar de forma irresponsable para con sus actos y palabras. La política no es un circo mediático y no pueden ser las figuras políticas las que quieran convertirlo en ello para recibir un rédito partidista y, como decía el señor Hernando, frívolo. La sociedad está muy descontenta con el trabajo de nuestros políticos y es por cosas como estas. Señorías, tomen conciencia de sus actos antes de que sea demasiado tarde.
Tras la incertidumbre y la emoción del día electoral viene la reflexión sobre el camino a tomar a la vista de la situación en la que han puesto los electores a las formaciones políticas.
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Por Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo
La primera observación que debe interesar en España es el procedimiento que se pone en marcha para la formación del nuevo Gobierno. En Alemania no existe un encargo del Presidente de la República al ganador de las elecciones. El iter político funciona de otro modo. En este momento se han abierto negociaciones previas entre los verdes y los liberales para “sondear” (Sondierungsgespräche) las posibilidades que existen de un trabajo en común. Cuando se haya alcanzado un acuerdo básico entre ellos vendrá la apertura del diálogo con los partidos mayoritarios, el SPD y la CDU-CSU.
Se determinará así cuál de ellos va a ostentar la cancillería.
A partir de estos acuerdos, un grupo numeroso de expertos designados por los partidos se centrará en la tarea de redactar el documento del programa del Gobierno pormenorizado y detallado (Koalitionsvertrag) que al final ha de ser aprobado por los diputados encargados de la negociación. Todo este proceso no se lleva a cabo en un par de sesiones sino que requiere un tiempo dilatado que se mide, no por fines de semana sino por meses. Al final, ya firmado por los partidos que van a integrarse en la coalición, se publica (ahora en la red).
Así, todos los ciudadanos que lo deseen pueden comprobar a qué se ha comprometido el partido político al que ha votado y figura en la coalición de Gobierno. Y podrá seguir el grado de su cumplimiento y de su incumplimiento, un material indispensable para administrar su voto en la próxima cita electoral. El votante alemán dispensa a los partidos una fidelidad medida, no la propia del can doméstico, y en cualquier caso, al disponer de dos votos, no es infrecuente que los distribuya entre formaciones políticas distintas.
Como se puede advertir nada que ver con el temerario espectáculo que nos ofrecieron los partidos políticos que hoy forman la coalición del Gobierno de España, cuyos líderes se fundieron en un abrazo apretado a las veinticuatro horas de haberse conocido los resultados. Bien es verdad que, como eran “muy de izquierdas”, el entendimiento estaba asegurado …
Todo parece indicar que el candidato del SPD, Olaf Scholz, será el futuro canciller en una coalición con verdes y liberales que también nos puede servir de ejemplo. En aquella tierra no se practica el “no es no” sino el “vamos a estudiar en qué podemos ponernos de acuerdo”. Las directrices básicas de la política alemana no van a verse alteradas, no olvidemos que una parte de la prensa (Der Spiegel, por ejemplo) publicó la semana anterior a las elecciones un amplio reportaje bajo el título “La merkelización de Olaf Scholz”. En la CDU-CSU las aguas bajan turbias como se ha demostrado en la bélica elección del presidente del Grupo Parlamentario que, sin embargo, ha sido pacífica en el SPD.
Como seguidor de los debates en la televisión de los candidatos – a tres- he advertido un elemento positivo que es el respeto de los contendientes, en este caso, un Scholz hierático, un Laschet que practica bien la ironía y una Baerbock divertida contemplando cómo se fustigaban sus oponentes. Y un elemento negativo: la ausencia de referencias a Europa o a la política internacional cuando Alemania es actor principal en ambos escenarios.
Solo hay una circunstancia en el proceso electoral en el que Alemania puede aprender de España: la precisión y la celeridad con que se dan a conocer los resultados.
Procede añadir que ha pasado casi desapercibido el hecho de que en Berlín se han celebrado elecciones para el Parlamento de ese Land (Abgeordnetenhaus) que sesiona en el imponente edificio que albergó en el pasado el Parlamento de Prusia. La coalición gobernante ha estado durante los últimos años formada por SPD, Verdes, y Linke (La Izquierda). El SPD ha quedado en primer lugar seguido por los Verdes.
Curiosidad añadida es que, al mismo tiempo que el berlinés votaba en la elección federal y en la de su Land, votaba en un referéndum – no vinculante- para permitir la socialización de empresas inmobiliarias especialmente poderosas. No apoyaban el sí más que Die Linke con entusiasmo y los Verdes con la boca pequeña. El SPD aconsejaba el “no”. Pero ha salido el “sí” y ya veremos cómo se administra esa victoria por el Gobierno del Land que se forme.
También se han celebrado elecciones regionales en Mecklenburgo-Antepomerania. Un Land con vistas al Báltico que cuenta con un millón setecientos mil habitantes. El gran vencedor de la jornada electoral ha sido el SPD, cuya líder, Manuela Schwesig ya era la presidenta del Land. En segundo lugar, pero muy lejos, ha quedado la extrema derecha de la “Alternativa para Alemania”.
En torno a las Navidades se habrán constituido el Gobierno federal y el de Berlín. Menos complicación va a ofrecer el de Mecklenburgo-Antepomerania.
El mundo laboral tiene un sentido de sencilla complejidad. Su filosofía se cimienta en la pura necesidad de recursos humanos que tiene cualquier producción del tipo que sea, será mayor o menor, dependiendo de cómo la técnica influye en ella y aun así esta también precisará de esa mano de obra.
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Así pues en este proceso sucede que el ciclo de la vida va transformando las capacidades físicas y mentales que tenemos, y llega el momento que nos imposibilita, de una forma u otra, continuar activos en el mundo laboral; es en este momento cuando se genera la necesidad de que se produzcan unos ingresos que nos permitan seguir manteniendo nuestro nivel de vida; esto es lo que denominamos: pensión por jubilación que puede incrementarse con los ahorros que hayamos podido producir, quien haya tenido esa posibilidad.
El tema de las pensiones ha sido un motivo de debate permanente, en especial porque en este periodo democrático se ha convertido en un instrumento político que se utiliza para criticar al gobierno de turno, y con poca capacidad para generar escenarios que den garantía a algo de tanta importancia y consistencia como es esta cuestión, que tiene una incidencia social, en la fase final de las personas, y a la vez económica, pues es un importante porcentaje del PIB que se genera.
Lo cierto es que la sociedad evoluciona en todos los sentidos y uno de ellos es la demografía en un incremento constante, no en balde los avances en medicina, la depuración en la alimentación y las formas de vida, permiten que estemos ya superando la media de los 80 años de vida, y por tanto incrementando el gasto en las pensiones, añadiendo además que somos un país con un claro envejecimiento.
Pero todo esto no es óbice para que existan fórmulas que vayan adecuando el sistema de pensiones al modelo societario y laboral de cada momento, pues el abandono de este servicio nadie lo contempla y sería de tal repercusión que se derivaría en una explosión social de índole incalculable.
El modelo: quienes trabajan pagan las pensiones de los que están jubilados, depende de la cantidad de trabajadores activos que haya en cada momento. En la actualidad estamos en un desequilibrio de una cierta importancia: incremento de jubilados y no aumento de trabajadores. Sin embargo, podíamos ir transformando el sistema del destino de las cotizaciones de tal forma que lo pagado por cada trabajador, en un porcentaje determinado, se convierta en su propio fondo de pensiones, no obstante, esto debería hacerse teniendo en cuenta que una parte tendría una consideración más de impuesto que de tasa, pues se destinaría a la protección de quienes no han podido tener su propia pensión.
Igualmente el Estado debería garantizar una mínima pensión a todos los españoles y eso continúa llamándose impuestos, hagamos de ellos nuestro orgullo y prestigio, pues pensemos sobre esta cuestión: ¿qué preferiríamos pagar una cantidad importante de impuestos porque ingresamos mucho, o no pagar porque nuestros ingresos son escasos?, sin duda yo deseo pertenecer al primer grupo, imaginar la fortuna que es pagar impuestos como consecuencia de no tener problemas económicos.
Pues deberíamos pensar cómo somos capaces de componer un modelo donde se mezclen cotizaciones, impuestos y mayor edad de jubilación, y puedo asegurarles que no solo saldrá la solución a este momento, además habrá mayor demanda de puestos de trabajo. Las pensiones son la esencia de la sociedad del bienestar que deseamos vivir.
Desde el miércoles de esta semana, se reúnen en la localidad de O Grove, en Galicia, una multitud de personajes de la política actual y pasada en nuestro país, para repasar a través de tres jornadas las cuestiones más relevantes del panorama político actual. En esta 3ª edición del Foro La Toja, presidido y organizado por el exministro Josep Piqué, que también fue el moderador de varias de las charlas de estos días.
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La apertura de este foro corrió a cargo del Rey Felipe VI, que advirtió que en un momento de recuperación “hemos de ser especialmente sensibles y atentos con quienes peor lo han pasado” durante la pandemia. El monarca también pidió especial atención a Iberoamérica como región fundamental en la defensa de los valores del multilateralismo y de la democracia ya que, para él, “cuando los analistas hablan de la erosión del mutilateralismo, del retorno de las tendencias proteccionistas, del poder de las técnicas de desinformación, de la volatilidad del orden internacional o del decaimiento de los valores tradicionales como fenómenos que están ocurriendo, es precisamente cuando más debemos hacer para defender la libertad y los valores que nos han permitido la democracia, cuando hay que avanzar en la construcción de sociedades abiertas”.
En esta primera jornada, y en relación a las primeras palabras del rey, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, presente también en el Foro La Toja, considera que América Latina, España y Portugal tienen “una forma de ser y estar en el mundo”. “Hay 500 millones de personas que hablan español y esa voz se tiene que oír”, dijo. El ministro anunció que cuando España asuma la presidencia de la UE en el segundo semestre del 2023 va a defender su relación con los territorios latinoamericanos, como defendía el monarca.
Fondos europeos y recuperación
Del mismo modo y en esta primera jornada, La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cree que España está frente a una «oportunidad extraordinaria e histórica» para acometer un proceso de transformación social y económico gracias al impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Estamos en una nueva fase, la recuperación está en marcha y es muy intensa», ha enfatizado la responsable económica del Gobierno, tras avanzar que «es el momento» de tomar decisiones necesarias para construir una España más verde, solidaria, digital, inclusiva y justa.
Rajoy – González, ejemplo para el PP y PSOE actuales
Ya en la segunda jornada de este encuentro, el plato principal de los tres días de evento residía en el encuentro entre los expresidentes, Mariano Rajoy y Felipe González, que han repasado el actual panorama político nacional. Ambos se encontraron en enorme sintonía en sus argumentos, defensa de la Constitución y rechazo a fórmulas en Cataluña que supongan el menoscabo de la conformación actual de España. De sus loas en favor del bipartidismo, la alternancia y el entendimiento entre las dos grandes formaciones políticas del país de sus intervenciones en los años anteriores, los dos ex mandatarios siguieron por la misma senda argumental poniendo hoy el foco en el encuentro que hasta mañana continua en la isla pontevedresa en la necesidad de alcanzar consensos entre PSOE y el PP, censurando por tanto que no se estén logrando. En este sentido, la falta de consenso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue uno de los temas más criticados por ambos a la falta de labor negociadora de sus partidos.
En términos económicos, El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha definido este jueves como «un prudente alegre» respecto al futuro de la economía española, siempre que «se hagan las cosas bien» y se genere «una cierta seguridad y certidumbre»; mientras que el también expresidente Felipe González ha pedido que haya consensos para la aplicación de los fondos europeos.
González ha reclamado también acuerdos para «optimizar» los recursos procedentes de la UE. «Si no lo hacemos bien se acabará la oportunidad. Y hacerlo bien es hacerlo de acuerdo. Si hay que equivocarse en algo, que sea con acuerdo», ha reclamado sobre lo que cree que puede dar a España «mucha credibilidad» entre sus socios internacionales.
Rajoy ha reconocido la importancia de estos fondos y ha remarcado la diferencia respecto a la respuesta que se dio desde Europa a la crisis del año 2008, destacando la suspensión del pacto de estabilidad y la respuesta del Banco Central Europeo, que cree que en la crisis anterior «se hizo el loco y ahora está actuando inteligentemente».
Esta buena sintonía entre ambos, unido a sus reclamaciones para el acuerdo entre los grandes ambos partidos históricos, son temas que, desde ‘La España que Reúne’ venimos reclamando desde hace tiempo, para fomentar la unión entre Partido Popular y Partido Socialista en la toma de las grandes decisiones de nuestro país, así como de garantizar el orden constitucional en España.
Política Territorial
Los presidentes autonómicos de la Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, y las juntas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Ximo Puig, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han pedido «rigor» al Gobierno para una financiación autonómica equitativa. En este contexto, el presidente valenciano ha incidido en la necesidad de que cada comunidad «piense en el interés general, además de en el de su territorio». Así, ha apostado por un sistema de financiación «basado en el rigor» y ha planteado un nuevo pacto que permita modernizar el país. De este modo, ha propuesto una revisión de acuerdos de 1981 en el que participen las comunidades.
Feijóo ha coincidido con Puig en la necesidad de abordar la financiación autonómica con «rigor» y ha puesto el foco en que, «si el 40% del gasto de las comunidades» se deriva del mantenimiento de los servicios sanitarios, resulta «un disparate plantear un sistema de financiación en base a la población». Además, ha señalado que las comunidades a las que más «perjudica» el sistema de reparto actual son Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras Galicia, Cataluña y Madrid «están en la media».
García-Page ha remarcado que se deben «aplicar criterios con sensatez» y tener en cuenta el reparto de la población y el coste que conlleva la prestación de servicios en localidades pequeñas en la financiación autonómica, ya que, de lo contrario, se abandonarán. De hecho, ha constatado la «desigualdad» que conlleva esta situación y ha asegurado que «sigue habiendo emigración del interior hacia el Levante».
Cierre de la III edición del Foro La Toja
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este viernes, durante su intervención en la jornada de clausura del Foro La Toja, la necesidad de alcanzar grandes «acuerdos de Estado» a medio y largo plazo para afrontar los desafíos que presenta el futuro tras la pandemia y que, a su juicio, son la «transición ecológica, la digitalización de la economía, el cambio de modelo energético, y la actualización del modelo educativo».
Para ello, Sánchez ha avisado de que hace falta «contar con el concurso de todos», pensar «en el medio y largo plazo» y «movilizar los recursos necesarios para lograr» esos objetivos. A este respecto, ha señalado que es imprescindible una «fiscalidad justa» para consolidar el Estado del Bienestar.
El presidente ha aprovechado su intervención final para hacer un repaso de las medidas que está impulsando el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus y para reclamar al resto de partidos e instituciones «unidad» y colaboración a la hora de afrontar reformas ineludibles que, a su juicio, solo se van a poder completar» si se asumen como «proyectos de país”
Desde ‘La España que Reúne’ queremos dar valor a iniciativas como estas que buscan el intercambio de opiniones para favorecer el avance de nuestro país. Foros como el del exministro Piqué dan valor a la democracia y a los ideales constitucionalistas y de diálogo que hemos defendido siempre desde esta asociación, son necesarios más eventos como este en nuestro país para poder seguir mejorando. Los grandes partidos deben hacer caso de sus líderes históricos y buscar la unidad desde los dos grandes partidos de siempre.
La solución pasa por un cambio eficiente y con celeridad; contundente, pero con seguridad jurídica.
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En primer lugar, es necesario incentivar la entrada masiva de fuentes de energía limpia a corto y medio plazo que contrarresten la enorme dependencia que tenemos del gas: fomento de las energías renovables apoyadas en sistemas de almacenamiento tecnológicamente maduros como las centrales de bombeo reversible, retirar el castigo vía impuestos y cánones a la hidroeléctrica y la nuclear o introducir más cogeneración, entre otros. En segundo lugar, cubrir con un déficit transitorio los enormes costes que están asumiendo 10,7 millones de consumidores, en su mayor parte familias vulnerables, de bajos ingresos, acogidas a programas de ayudas como el bono social o que están bajo esquemas de protección pública. En tercer lugar, una planificación a largo plazo de inventarios de materias primas para asegurar en todo momento el suministro. En cuarto y último lugar, fomentar la venta a largo plazo de energía y una mayor liquidez en los mercados que sirva para cubrir riesgos de enorme magnitud como inviernos más duros o mayor dependencia de menor número de productores que utilizan sus materias primas como arma geopolítica.
Éste es el camino que sí soluciona el problema de fondo de la energía en España, a diferencia de las propuestas conocidas esta semana que introducen más inseguridad jurídica, hunde las expectativas de inversiones en energías renovables y nos hace más dependientes de la coyuntura internacional, concretamente de la injerencia rusa en Europa. La nueva crisis propiciada por el aumento del precio de la luz ha provocado una ola de soluciones con poca garantía de éxito y con las que se intenta distrae la atención de la población culpabilizando a las compañías eléctricas, evadiendo de esta forma la responsabilidad de la política energética. A causa de esta mala praxis, podemos terminar sufriendo un problema mayor al que sufrimos actualmente, con nuevos récords en el precio de la electricidad prácticamente a diario.
Con el actual funcionamiento del mercado eléctrico (el famoso ‘mercado marginalista’) se han conseguido precios muy bajos para las familias y las empresas durante años, pero la cantidad de impuestos y tasas existentes en el recibo de la luz nos ha llevado a ser el quinto país de la Unión Europea donde más se paga por la energía doméstica. La solución no pasa por confiscar el beneficio de las empresas privadas (en muchos casos inexistente porque la mayor parte de la energía generada la tienen vendida a un precio fijo), sino por reducir el gravamen de la energía y apostar por soluciones alternativas a las que no les hemos dado cabida hasta ahora.
Estas políticas suponen cambios inmediatos para no agravar más aún la situación en la que nos encontramos los españoles. El Gobierno debe abogar por un sistema mixto de energía, incentivando lo que durante años se ha hecho bandera (las energías renovables) pero sin dejar el ‘cabo suelto’ de la energía de respaldo, lo que permite que no se produzcan apagones, siendo esto también uno de los puntos clave a los que están sujetos los famosos fondos de la Unión Europea. Estas modificaciones pasan por adaptarse ya, a través de políticas energéticas serias y no de desviar la atención con medidas que no hacen más que retrasar lo inevitable, mientras sigue aumentando el recibo de todos los españoles. Los políticos han de reconocer su error y el Gobierno y sus socios parlamentarios ser responsables con una situación que se puede resolver en el corto plazo. Los españoles no merecen seguir siendo engañados mientras pagan un precio desorbitado por servicios básicos y de primera necesidad.
El populismo con el que se está tratando el problema no hace más que seguir empeorando una situación ya compleja de por sí, medidas semejantes a la ‘expropiación’ de los beneficios de las empresas mientras estas registran pérdidas millonarias no tiene sentido alguno. Los españoles no han hecho nada para encontrarse en una situación de vulnerabilidad que pone en peligro la supervivencia económica de muchas familias de nuestro país, necesitamos soluciones eficientes y las necesitamos ya.
Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra.
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En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.
Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la «identidad densa y absoluta» de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy «ser autóctono» sea «saber negociar con el miedo».
En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos.
Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España
Fuente:EFE
Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.
No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.
Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.
Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.
El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.
En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:
