España ya sabe lo que es pactar con la extrema derecha.
La vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en mano de Vox, gasta casi 1,2 millones de euros en pagar personal. Sin embargo, la gestión que realizan de las cuentas públicas es de apenas 112.000 euros. Y eso solo es el inicio.
Gallardo carece de funciones operativas, aparte de coordinar relaciones entre la Junta y diversas corporaciones, así como de representar al territorio en ausencia de Mañueco. El líder de la extrema derecha también encabeza a Castilla y León en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas. El político acudió al encuentro del pasado octubre para exhibir un discurso negacionista hablando de “catastrofismo climático” e “ingeniería social verde”, y defendió las “fronteras seguras” y las “familias fuertes” ante sus homólogos europeos.
Ahora la extrema derecha cambia el discurso y se piden como si gobernasen en solitario, con aires de grandeza y, por lo visto, desconociendo las medidas que proponen. La gravedad del caso tiene dos caras: frivolizar sobre un asunto emocional y psicológicamente tan decisivo como interrumpir un embarazo es la primera y más evidente. Pero la otra cara tóxica refleja la presión que las posiciones más radicales y extemporáneas de Vox tiene en el partido mayoritario de la derecha española, cuando ya hace tiempo que dejó de hacer bandera política del rechazo al aborto.
El Partido Popular debe actuar y escapar de las trampas del iliberalismo de la extrema derecha. No debe caer en los mismos problemas que tiene el Gobierno central, cautivo por conveniencias por su socio minoritario. En este último caso han querido saltar y entrar en competencias que no son suyas, como es el caso de la Sanidad de la región. El Partido Popular no debe ser rehén de una ultraderecha empeñada en limitar los organismos democráticos, y erosionar el clima político y social de nuestro país.
Hasta el momento, el matrimonio no estaba siendo un cuento de hadas y deben sentarse a tratar el futuro del Ejecutivo regional; aunque el matrimonio se presume abocado al fracaso. Las consecuencias están a la vuelta de la esquina, al menos en Castilla y León, y pueden salir a relucir en los comicios de mayo, si es que la dirección nacional no evita lo contrario. Ahí se podrá comprobar los efectos de un tsunami que ha ido cogiendo fuerza a medida que han pasado los meses.
Esto nos vale a los españoles a descubrir la agenda ideológica llevada a la práctica de un partido que nunca había estado en un Gobierno. El PP debe desligarse de esta opción que circula por las mentes electorales ante un panorama tan plural como el español. Este panorama, que nos pone en peligro a todos, debe concienciarnos y ver la realidad en esta gestión.
Ahora Vox amenaza con dejar el Gobierno, sin darse cuenta que les dejan la mayor de las facilidades al PP a evitar un Gobierno supeditado a estas políticas. Lo que ha hecho el vicepresidente es buscar un conflicto interno del gobierno en un asunto que ni siquiera tiene competencias. Ahora el PSOE se ha abierto a permitir que los populares gobiernen en solitario en la comunidad si rompen el pacto con la derecha iliberal, puede ser una oportunidad siempre y cuando el PSOE sea un partido de oposición y favorezca el diálogo en la región.
El PP debe evitar la inestabilidad que transmite su gobierno y la prueba con Vox es suficiente como para pararla.