Los últimos días de 2022 han servido para pacificar mínimamente una situación política muy peligrosa que sólo tuvo como freno la intervención del Tribunal Constitucional paralizando la reforma unilateral y contraria a la Carta Magna del mecanismo de nombramiento de los magistrados del Alto Tribunal.
En menos de una semana, el poder moderador del Jefe del Estado a través de su discurso de Nochebuena y la sensatez desplegada por el máximo órgano de garantías constitucionales, han contribuido a relajar la elevadísima tensión y empezar a encauzar una situación de deterioro acelerado del rule of law, del imperio de la ley.
Sin embargo, nos haríamos un flaco favor pensando que lo peor ha pasado, que el riesgo de otra espiral de crisis constitucional es reducido y que a partir de este momento los partidos actuarán con más prudencia. Cuando se abre una crisis tan importante y fraguada durante tantos años de intervencionismo de las mayorías políticas de cada legislatura en la regulación, la evolución de los acontecimientos se vuelve totalmente imprevisible. Tenemos encima de la mesa un volumen suficientemente relevante de asuntos sometidos a recurso de inconstitucionalidad (o que lo van a estar en las próximas semanas) como para descuidar el proceso de renovación de los cargos del Constitucional, o en el caso de asuntos de jurisdicción ordinaria, los respectivos Juzgados y Tribunales donde se necesitan recambios urgentes.
No podemos aspirar a crear un sistema institucionalmente perfecto, pero sí debemos hacer lo posible porque se parezca lo más posible. Éste es el objetivo de la política europea desde sus Tratados Fundacionales y una de las ‘batallas’ que da en países cuyo sistema judicial da muestras de parcialidad política. Precisamente por esto fue muy rápido y contundente el comisario europeo de Justicia nada más conocer con cierto detalle lo que se estaba preparando en las Cortes sin la cobertura constitucional adecuada. Bruselas no se puede permitir ningún escándalo proveniente de España, cuarta economía de la Eurozona y a quien se ha confiado el Ejecutivo comunitario como ejemplo de éxito de los programas puestos en marcha durante esta legislatura, empezando por los propios fondos europeos.
Las autoridades europeas seguirán siendo generosas y condescendientes con las decisiones políticas que se tomen en España, a sabiendas de que algunas puedan ser gravemente perjudiciales a medio y largo plazo. Pero hay una línea roja que no permitirán que se cruce que es convertir algún problema nacional en un problema europeo con escándalo y estrépito fuera de las fronteras españolas. Y, sin duda, la politización del sistema judicial lo es.
2023 es, en suma, un año decisivo para consolidar una verdadera reforma de las instituciones del ámbito judicial, o para continuar profundizando en el deterioro que ha llegado demasiado lejos en 2022. Desde el punto de vista ciudadano, nuestra labor debe centrarse en la defensa de los jueces y su debida independencia, pero con una contraprestación: implementar las reformas necesarias que doten de agilidad a los procedimientos y acabar con la lentitud de las resoluciones judiciales.
Feliz 2023 amigos.
La separación de poderes es la piedra angular de una democracia sana. En España cada vez se violenta más esta máxima. Debemos hacer pagar caro en las urnas a quien nos intente robar nuestro futuro como ciudadanos libres.
¡¡Muy Feliz Año!!