Una labor tan necesaria de contrapeso como la que ejerce por mandato constitucional el Tribunal de Cuentas, no puede verse ensombrecida por la lentitud de sus procedimientos, en especial ante grandes casos de desfalco de dinero público.
Fuente:EFE
Casos como los ERE en Andalucía, la antigua Convergència en Cataluña o Gürtel en Madrid y Valencia, han supuesto un quebranto sin precedentes del dinero del contribuyente de manera continuada durante décadas que debe ser dirimido de forma rápida y contundente antes de que sea demasiado tarde.
Dotarnos de organismos fiscalizadores con aparatos de análisis y ejecución rápidos, flexibles y disponibles siempre y en todo momento para intervenir, es imprescindible ante un presente y futuro cada vez más complejos y con demandas sociales de transparencia cada vez más importantes. Este tipo de ejercicios debe funcionar con independencia de que se diriman posibles responsabilidades penales, garantizando siempre la seguridad jurídica. En muchas ocasiones, la complejidad de las investigaciones judiciales lleva a una dilatación de los tiempos tan enorme que hace inviable restituir el dinero mal empleado.
Uno de los últimos casos que evidencian la urgencia de intervención en esta dirección es la mala gestión continuada de exlíderes socialistas y sindicales de las ayudas para el desempleo y la formación en Andalucía. Concretamente, el Tribunal de Cuentas exige a UGT más de 15 millones de euros en un auto de liquidación provisional con relación a las presuntas irregularidades en los expedientes de empleo fraudulentos. El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía entre los ejercicios 2001 a 2010.
A partir de sus resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron demandas y se abrieron tres procedimientos diferentes. Respecto de uno de ellos, el pasado 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la que se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15,6 millones, si bien de ellos 7,69 la investigación los imputa indiciariamente al que fuera director de Trabajo de la Junta ya fallecido Francisco Javier Guerrero, por lo que de esta cantidad, de confirmarse una condena por responsabilidad contable, responderán sus herederos.
De estos hechos ya han transcurrido más de 11 años y hemos obtenido la resolución de forma reciente. Tras la sentencia, en enero de 2020, el Tribunal de Cuentas ha tomado cartas en el asunto y exige la devolución de la cantidad indicada anteriormente. En el acta se cita igualmente como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO. y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la UGT., además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.
Las ayudas fueron, supuestamente, concedidas a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”. Sin embargo fueron incluidos y se beneficiaron de este mecanismo otros “trabajadores que no reunían las condiciones exigidas para ello”, según el informe expedido por el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable se derivaría de estas prácticas supuestamente ilícitas, lo cual dio ligar “a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguros de rentas contratadas para la cobertura de estas contingencias”. Todos estos datos se refieren a los datos de todos “aquellos trabajadores que indebidamente hubieran sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo, en los importes que hubieran sido financiados por la Junta de Andalucía”.
Desde ‘La España que Reúne’, al igual que como pasó con la resolución del Tribunal Constitucional acerca del primer toque de queda, manifestamos nuestra más absoluta preocupación sobre la tardanza de las deliberaciones sobre las que, tras más de diez años, no se han obtenido una respuesta clara desde el máximos organismo contable de nuestro país en términos de dinero público. Esperamos que esto mismo no suceda en una futura resolución del Tribunal de Cuentas acerca de la resolución de la financiación de procés en Cataluña.