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Sobran los motivos para hablar alto y claro

La nación goza de buena salud, pero el acuerdo firmado en el mes de agosto con la finalidad de evitar la contestación y el rechazo de los socialistas del resto de España y, en general, de la sociedad española entre ERC y el partido de Illa, hace al Estado español ineficiente, ineficaz e incapaz de cumplir con sus atribuciones más características.

FUENTE: EFE

El Estado español ya no será el Estado Autonómico de la Constitución del 78, será una especie de Estado confederal, que no se basa en la voluntad afirmativa de las partes sino un Estado débil a la espera de la fractura definitiva. No es el acuerdo sobre principios sino el acuerdo de que unos aceptar que Illa sea presidente de la Generalitat y la resignación de los otros, a la espera de que rompan lo que queda cuando tengan fuerza suficiente.

El acuerdo es un camino claro y sin trampas de mutación salvaje del Estado que renuncia a sus atribuciones más características a la espera del momento adecuado para los independentistas. Todo ello sin consultar a la ciudadanía española, tratada como menor de edad y a la que le impiden protagonizar su futuro, apropiado por un clan político decidido a todo con tal de seguir en el Gobierno.

Los progresistas de Sánchez e Illa son paradójicos. Son tan progresistas que nos devuelven al siglo XVII, anterior a la nación configurada por la historia, la razón y la Ilustración. De esa cesión vergonzosa se derivará un régimen insostenible en el que se perpetuará la España menesterosa y pobre. Da igual que este año ofrezcan mejor financiación. A corto plazo, Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Galicia, Andalucía y todas las comunidades necesitadas de apoyo y solidaridad verán reducido su margen de gestión. Ese acuerdo les obliga a seguir siendo pobres, justamente en contra de lo que luchó una izquierda muy distinta, a la que sobrevive otra cobijada en siglas honorables y centenarias.

Algunos dicen que esos acuerdos no saldrán adelante. Pero en todo caso se han confirmado tres realidades que algunos venimos anunciando hace tiempo. El denominado PSC es en realidad el coche escoba de los nacionalistas. Es el encargado de hacernos tragar la píldora de le desigualdad y el discurso identitario. Es el inevitable «poli bueno» encargado de hacer realidad lo que desea la parte nacionalista. Y si algunos piensan que la financiación es la mejor demostración del nacionalismo vergonzante del partido de Illa es que no ha reparado en la política lingüística. Efectivamente diseñan en el acuerdo una política lingüística sectaria, totalitaria, que ahoga el derecho de los catalanes a hablar en español, ni siquiera podríamos decir que es un remedo dulce de la política franquista en contra del catalán, porque muestra el rostro de la intolerancia y el sectarismo en toda su crudeza.

Cualquiera que lea el acuerdo, salga adelante o no, verá que el partido de Illa (que me cuesta calificarle de socialista) acepta y comulga con todo el lenguaje, el discurso y los principios nacionalistas.

Hemos constatado que Sánchez es capaz de todo y quien es capaz de todo es capaz de lo peor. Por esta nueva confirmación nos debemos preparar para la desarticulación, en ocasiones zafia, de los engranajes del Estado de Derecho español.

La conclusión es evidente. No se trata exclusivamente de salvar al PSOE, hoy por hoy, irreconocible. Se trata de defender la España constitucional y el Estado Autonómico. No estamos solo ante una pequeña batalla por el futuro del Partido Socialista. La gravedad de lo que está sucediendo nos impone la necesidad de encontrar espacios comunes, acuerdos y colaboración entre la sociedad civil, las instituciones independientes y los partidos constitucionales, moderados, que rechazan las expresiones políticas iliberales, sean de izquierdas o de derechas. Ni nuestros muertos ni nuestra historia pueden ser una mordaza que nos impida defender lo que en el pasado ellos defendieron: una España vertebrada con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos hayan nacido donde hayan nacido, sean quienes sean sus padres. Ni los apellidos, ni la identidad ni la lengua y menos el lugar pueden ser el origen de desigualdades.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad

La Justicia y el sentido común

La Ley de Amnistía ha generado un debate encendido en la sociedad española. Esta ley, que busca exonerar a aquellos implicados en el procés independentista catalán, plantea serios interrogantes sobre el respeto al Estado de derecho y la integridad de nuestras instituciones judiciales.

FUENTE:EFE

La Ley de Amnistía no solo es un error político, sino también una amenaza a los principios fundamentales de justicia y equidad.

En primer lugar, es crucial entender que el problema no radica en los jueces del Tribunal Supremo, sino en las trampas inherentes a la Ley de Amnistía. Esta ley representa una maniobra política que busca desvirtuar las decisiones judiciales previas y socavar la independencia del poder judicial. La justicia debe ser imparcial y basada en hechos y leyes, no en conveniencias políticas o presiones externas. Alterar los veredictos judiciales a través de una ley ad hoc sienta un peligroso precedente que mina la confianza en el sistema judicial.

Asimismo, debemos subrayar la importancia del imperio de los jueces. La propuesta de amnistía, lejos de promover la reconciliación, ataca directamente el corazón de nuestro sistema de justicia. Al desautorizar las sentencias emitidas por los tribunales, se envía un mensaje desalentador a los ciudadanos: la justicia puede ser manipulada por intereses políticos. Esto no solo desacredita a los jueces, sino que también erosiona la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Los jueces son los garantes de la ley, y su autoridad debe ser respetada para mantener la integridad y la estabilidad del orden legal.

Por otro lado, la ley y el sentido común deben prevalecer. La Ley de Amnistía, en su esencia, desafía ambos principios. La ley no debe ser vista como una herramienta flexible para acomodar decisiones políticas, sino como un marco riguroso que asegura la justicia y la equidad. La justicia debe ser igual para todos, y cualquier intento de modificarla para beneficiar a un grupo específico es, en última instancia, injusto y contraproducente.

Además, es fundamental considerar el impacto que esta ley tendría en el tejido social y político de España. La amnistía no resolverá las tensiones políticas subyacentes ni promoverá una verdadera reconciliación. Por el contrario, podría profundizar las divisiones al crear una percepción de impunidad y favoritismo. Aquellos que respetan la ley podrían sentirse traicionados, mientras que los beneficiados por la amnistía podrían interpretarla como una licencia para repetir sus acciones sin temor a repercusiones.

En este contexto, es imprescindible mantener una postura firme en defensa del Estado de derecho. La justicia no puede ser una variable dependiente de las circunstancias políticas. La amnistía no solo es una solución inapropiada para la crisis catalana, sino que también representa un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que las decisiones judiciales sean revocadas por conveniencias políticas, ¿qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones sobre el valor de la justicia y el respeto a las leyes?

La ley es un grave error que socava los principios fundamentales de nuestra sociedad. Debemos rechazarla con firmeza y abogar por un sistema judicial independiente y respetado. La justicia debe ser ciega, imparcial y no estar sujeta a las fluctuaciones políticas. Solo así podremos garantizar una sociedad justa y equitativa, donde todos los ciudadanos, sin excepción, estén sujetos a las mismas leyes y normas. La amnistía no es el camino; el respeto a la ley y la justicia sí lo son.

El fiscal y sus ‘líos’

Resulta complicado asociar el título de Fiscal General del Estado con Álvaro García Ortiz. El Gobierno lo emplea como un mensajero de la fiscalía, preguntándose a quién responde realmente.

FUENTE: EFE

Dado los tres contundentes reveses judiciales recibidos por el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, que incluyen la acusación de «desvío de poder»; su controvertida decisión de impedir al Consejo Fiscal emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía; su elección de pasar por alto el consejo mayoritario de la Junta de Fiscales que recomendaba abrir una nueva causa contra el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con el Tsunamic Democratic; y, más recientemente, la filtración atribuida a la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, resulta evidente el reiterado y grave incumplimiento de García Ortiz de sus obligaciones como Fiscal General del Estado.

Los jueces y fiscales son los únicos ciudadanos españoles atrapados por ideologías obsoletas. García Ortiz incluso opina que la ley siempre se inclina hacia la izquierda, y no le molesta ser el alto funcionario de Pedro Sánchez más acosado por los extremistas, aunque a veces reciba críticas.

El fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, muestra su disgusto cuando los jueces cuestionan sus decisiones (usualmente tomadas en nombre del Gobierno de Sánchez) y ahora se dedica a impugnar a magistrados del Tribunal Supremo.

El caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática se suma a la lista anterior, designado por él y cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Delgado es pareja de Garzón. Para aquellos que no lo recuerden, García Ortiz fue magistrado de la Audiencia Nacional y en 2012 el Tribunal Supremo emitió una sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, relacionada con el hecho de ordenar la grabación de conversaciones en la cárcel.

Además, popularizó la figura de los jueces mediáticos, utilizando helicópteros para desplazarse y creando un espectáculo casi cinematográfico, además de participar en grandes expediciones de caza de ciervos con el entonces ministro de Justicia. El sur del país parecía estar ocupado por un ejército de policías.

El sistema judicial español está seriamente afectado, y no solo por los retrasos. Es inadmisible que existan asociaciones de jueces y fiscales que se autodefinan como conservadoras o progresistas. La afiliación a una u otra ideología debería ser un asunto privado de cada individuo, y no debería ser impulsada por necesidades de asociaciones profesionales. Esta afiliación, tanto a un lado como al otro, genera desconfianza en la ciudadanía, que debería ser el verdadero destinatario de decisiones judiciales imparciales, y no de las ideas políticas de aquellos que acusan y juzgan.

Los nombramientos de personas cercanas ideológicamente y simpatizantes políticos para cargos en el sistema judicial, hechos por los partidos en el poder, son inaceptables. Ni siquiera se ajustan al Derecho, como ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo respecto a los nombramientos designados por Sánchez.

Toda esta red de personas dejará sus cargos cuando Sánchez deje el poder. Por eso se aferran a él. Lo que realmente se necesita es una purga en las instituciones, una medida que los socialistas sensatos han pedido a gritos. Politizar los nombramientos es una aberración que representa una tremenda amenaza para la seguridad democrática.

Hasta dónde el independentismo puede seguir perturbando España

El domingo marcó un hito histórico para el Partido de los Socialistas de Cataluña, al obtener la victoria. Liderados por Salvador Illa, cuya candidatura creció 9 escaños, alcanzando 42, el PSC logró un triunfo significativo, pero estéril para conformar una gobernabilidad sólida y con un serio riesgo de repetición electoral.

FUENTE: EFE

Detrás de esta victoria están miles de catalanes que de buena fe creen que el camino que sigue el PSC es el correcto. Pero también otros tantos miles (hasta llegar al crecimiento de más de 200.000 votos del PSC con respecto a 2021) que tácticamente optan por esta formación para conseguir sus objetivos de convertir a España en un Estado confederal.

En cualquier caso, este resultado supone un cambio de rumbo en Cataluña, evidenciado por el repliegue parcial del bloque independentista, que ahora se encuentra lejos de la mayoría absoluta que ostentaba anteriormente. Esta elección refleja la decisión de un poco más de la mitad de los ciudadanos catalanes de dejar atrás el proceso independentista, marcado por la declaración ilegal de independencia en octubre de 2017, marcando otro paso distinto que sólo el tiempo dirá si es mejor o peor que lo visto hasta la fecha.

Además, este cambio de ciclo se caracteriza por el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas de derecha en la región. Tanto Junts, que aumentó en 3 escaños, como el Partido Popular, que pasó de 3 a 15 asientos en el Parlament, experimentaron un crecimiento significativo. Vox mantuvo su representación con 11 escaños, y se sumó a la Cámara la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, con 2 escaños.

En un escenario «normal», la victoria de Illa lo posicionaría como el único candidato viable para una investidura en este momento. Sin embargo, la política catalana dista de ser «normal», acostumbrada a unas lógicas y normas muy distintas a lo que se puede considerar racional. El jugador más importante no tiene por qué ser el ganador (por ejemplo, no vale que ahora la dirección del PSOE reivindique como líder de la situación al partido más votado cuando esa legitimidad se le negó al PP en julio de 2023). Y es precisamente lo que sucede aquí: Puigdemont y Junqueras siguen controlando la situación, teniendo la capacidad de condicionar los planes de Illa y Sánchez.

El nacionalismo catalán, transformado en independentismo, ha perdido su mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980. El resultado de las elecciones del domingo indica claramente el deseo de una parte de la sociedad cansada de más de una década de polarización y parálisis institucional. Durante este período se han sucedido cuatro elecciones, cuatro presidentes, un intento de ruptura constitucional, la suspensión del autogobierno y una falta de atención a las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Pero éste es un análisis parcial, ya que la abstención es alarmante. Aunque el independentismo parece haber perdido su impulso, no se puede afirmar que esté completamente derrotado. Más bien parece haber entrado en un periodo de letargo. Con una participación del 58% en estas elecciones (comparado con el 79% registrado el 21 de diciembre de 2017), el futuro político de Cataluña sigue pasando por el independentismo.

La situación en Cataluña se caracteriza por un desgavell, es decir, un lío. Además, se observa el alto coste político de la propuesta de amnistía, que ha llevado a una pérdida neta de aproximadamente 200.000 votos independentistas, mientras que el PSC solo ha ganado algo más de 200.000 votos.

En 2017, los votos combinados del PSC, PP y Cs totalizaron 1,9 millones. Sin embargo, en las elecciones actuales, estos partidos, junto con Vox, no llegan a los 1,5 millones de votos. Esto sugiere que una parte significativa del electorado constitucionalista, que se movilizó durante el punto álgido del proceso independentista, ha optado por quedarse en casa en esta ocasión.

Todo queda en manos de una mayor movilización del electorado en una más que probable repetición electoral ante los vetos cruzados que a la mañana del lunes 13 ya se han oficializado. Mientras tanto, el independentismo mantiene intacta su capacidad de seguir condicionando la gobernabilidad de España. Éste es el elemento más preocupante y el que seguirá siendo perturbador en los próximos meses.

A vueltas con el referéndum

Parece que, con todo lo que está ocurriendo en España, nos estamos olvidando de que la Generalitat ya ha redactado la pregunta para el próximo referéndum. Con las elecciones catalanas en el horizonte y la posibilidad de que el bando secesionista no salga victorioso, se habla en niveles secundarios para evitar golpes en relación con las comisiones de investigación y minimizar el daño, especialmente al PSC.

FUENTE: EFE

Pere Aragonés anunció que propondría un referéndum de independencia supuestamente respaldado por el artículo 92 de la Constitución. Esta decisión se basó en un informe del Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), encargado en octubre de 2023 para estudiar las vías y «concretar los instrumentos jurídicos» necesarios para llevar a cabo una consulta. Aragonés afirmó: «Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible dentro del marco legislativo actual, y solo es cuestión de voluntad política».

La pregunta formulada sería: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». Sin embargo, esta formulación presenta el mismo sofisma de siempre. No se mencionó un umbral mínimo de participación y no se tiene en cuenta que el artículo mencionado habla de «todos los ciudadanos», no exclusivamente de los catalanes. Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que este instrumento consultivo no puede ser utilizado para promover la secesión.

Es intrigante que el informe sugiera que la implementación del resultado del referéndum deberá realizarse dentro del marco de la «legalidad constitucional e internacional». Este planteamiento parece ser otro ejemplo de sofismo: si el «sí» resulta ganador, la independencia supuestamente tendría que ser compatible con la Constitución, lo cual resulta paradójico.

La clave aquí es reavivar el debate. En el fondo, Aragonés es consciente de que un referéndum de autodeterminación no es posible, pero necesita actuar como si lo estuviera intentando. Con las elecciones del 12 de mayo, su objetivo es mantener el debate vivo hasta entonces, suficiente para movilizar a sus votantes.

Si ERC queda como segunda fuerza, solo podrá investir a Illa como presidente si se llega a un acuerdo sobre un referéndum, al cual últimamente siempre están vinculando con la coletilla de «pactado». Esto es bien sabido en el PSC, ya que, sin esa concesión, los republicanos no podrán ceder la Presidencia de la Generalitat a Illa debido al alto costo que representará para ellos perder el poder, incluso si logran un acuerdo de coalición. Con Illa como presidente, la agenda soberanista iría más lenta, a menos que sea una condición indispensable para que el nuevo gobierno catalán entre en funcionamiento.

Es cierto que todo nacionalismo tiende a encontrar fuerza en batallas perdidas y aspiraciones a menudo difíciles de alcanzar. En el caso de Cataluña, la posibilidad de un referéndum soberanista ya era bastante remota antes del proceso independentista, pero tras su fracaso, debido a una combinación de insensatez e indecisión, el experimento activó lo que podríamos llamar el sistema inmunitario de España. Como resultado, ahora vemos un aumento en los anticuerpos políticos e institucionales contra el independentismo.

Por esta razón, aunque el referéndum de independencia todavía sea una parte del discurso nacionalista catalán, en realidad no va más allá de eso. En el mejor de los casos, podría haber un grupo de entre medio millón y un millón de catalanes que, debido a que aún no han recuperado el sentido común después de haberlo perdido, aún crean que es posible. El movimiento soberanista no puede ignorar este grupo de personas, ni los que se oponen a la independencia deben dejar de aprovecharlo, pero las personas sensatas no deberían dejarse impresionar por este discurso inflamado.

Todo parece indicar que la consulta seguirá el mismo patrón que la discusión sobre la amnistía. En primer lugar, el separatismo afirmará que, tras un examen detenido, han descubierto que la Constitución permite un referéndum de autodeterminación. Luego, el PSOE pasará por las fases habituales de negación, aceptación y defensa apasionada de la consulta. Y, finalmente, será Cándido Conde-Pumpido quien decida sobre la legalidad del arreglo, ya que para eso fue puesto en su cargo.

Un proyecto por el que votar

Las elecciones catalanas que se avecinan no son solo un evento político más en el calendario; representan un momento de inflexión crucial para el constitucionalismo en España.

FUENTE: EFE

Más allá de las intrigas partidistas y las tácticas electorales, estas elecciones ofrecen una oportunidad dorada para reafirmar el compromiso con el marco constitucional y enviar una señal clara y fuerte, tanto a nivel regional como nacional.

Por su parte, la decisión de Pedro Sánchez de no presentar en el Congreso los presupuestos del Estado para 2024 ha generado un revuelo político considerable. Las comparaciones con sus declaraciones pasadas, como aquella en 2018 durante un Comité Federal, son inevitables.

En aquel entonces, Sánchez criticó duramente a Rajoy por no aprobar los presupuestos para ese ejercicio, llegando a afirmar que «un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. No hay excusa». Sin embargo, la situación actual parece distar mucho de aquella analogía, y la percepción es que el gobierno actual se está quedando sin combustible y, en lugar de recargar, parece optar por una carretilla que apenas avanza.

Durante años, se han desplegado esfuerzos considerables para hacer frente al movimiento independentista en Cataluña. Desde la llegada de Sánchez, se han aplicado medidas económicas y políticas, se han llevado a cabo diálogos y se han buscado soluciones alternativas, todo en un falso intento por entender las raíces del separatismo y encontrar un terreno común, pero siempre con el resto de los españoles como mayores perjudicados de estas políticas.

Estas estrategias han alcanzado un punto de estancamiento, por decirlo de alguna forma, con pocas perspectivas de avance a través de la justicia europea u otros medios legales. En este contexto, las elecciones catalanas emergen como una oportunidad para el surgimiento de una población más activa y con una visión distinta bajo el marco constitucional, lo que podría tener repercusiones de gran alcance a nivel nacional.

Es fundamental reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y su estrategia de ceder espacio al independentismo. La coherencia y la firmeza en el apoyo al marco constitucional deben ser prioritarias, incluso si eso implica adoptar posiciones más de confrontación.

Un aspecto fascinante de este escenario electoral es el análisis de los presupuestos y su implicación en la dinámica política. Los presupuestos, originalmente diseñados como una herramienta para establecer una mayor equidad entre los territorios de España, ahora están en el centro del debate por su falta total de sentido en favor a las exigencias de los independentistas.

Incluso se ha planteado la posibilidad de crear un cupo catalán y modificar la recaudación de impuestos, propuestas que han sido frenadas en un corto lapso de tiempo, a pesar de haber estado acordadas, por la convocatoria electoral. Esto marca un punto de inflexión significativo y debería servir para enviar un mensaje claro y rotundo: se acabó el juego de las concesiones sin límites.

No obstante, no basta con simplemente rechazar estas propuestas; es imperativo presentar una alternativa sólida y creíble. La fuerza del independentismo radica en la abstención de los votantes, y las elecciones catalanas han sido históricamente marcadas por altos niveles de abstención. Para contrarrestar esta tendencia, es fundamental ofrecer una visión atractiva y convincente que atraiga a aquellos que han optado por no participar en el proceso político.

Las elecciones catalanas representan una oportunidad única para reafirmar el compromiso con el constitucionalismo y establecer una dirección clara para el futuro político de Cataluña y España en su conjunto. Es el momento de dejar claro que el juego de las concesiones unilaterales ha llegado a su fin y de presentar alternativas sólidas que puedan abordar las demandas legítimas de la sociedad catalana dentro del marco constitucional español. La historia nos está mirando; es hora de actuar con determinación y visión.

En los últimos años, Cataluña ha estado inmersa en una profunda crisis política, marcada por el desafío independentista y la polarización de la sociedad. En este contexto, el constitucionalismo ha sufrido numerosos embates y ha visto cómo sus fuerzas se dispersaban en medio de disputas partidistas y estrategias divergentes.

La cuestión es: ¿sobre qué mimbres políticos se puede establecer una convergencia de valores y objetivos que brinde una base sólida sobre la cual construir una alianza política que pueda hacer frente al desafío independentista de manera efectiva y constructiva? El debate de siglas entre el PP de Cataluña y Ciutadans no ayuda a visibilizar una alternativa real al separatismo, menos aún fuera de Barcelona.

Es necesaria una muestra de unidad y cohesión dentro del bloque constitucionalista para recuperar la confianza de aquellos que han perdido la fe en las instituciones y para demostrar que hay una alternativa sólida y creíble al proyecto separatista, algo que se echa en falta en el PSOE.

La gobernabilidad de España, secuestrada por los socios de Sánchez

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros

Recogida y emitida por la Asociación La España que Reúne

FUENTE: EFE

Dije que había conseguido un Gobierno sostenido en una alianza insostenible e inmoral, pero que no podría gobernar. Así está siendo. Tienen un Gobierno que no gobierna. Sánchez es presidente a cambio de hacer lo que digan sus socios y cuando lo digan. Pedro Sánchez dijo
desde el principio que la legislatura estaba asegurada, pero el rechazo de los Presupuestos de Cataluña pactados entre el partido de Gobierno autónomo (ERC) y el PSC por los mismos socios de coalición de Gobierno a nivel nacional (Comunes, que forman parte de Sumar), ha colapsado la intención de aprobar los Presupuestos de 2024 y, probablemente, la legislatura.

Todo indica que la mayoría gubernamental no da la seguridad y la estabilidad para mantener al Ejecutivo en momentos de una gran crisis política. Sólo están de acuerdo para evitar que la situación actual no cambie. La razón no es el PP ni la extrema derecha. Son sólo justificaciones.
El verdadero motivo para mantener a Sánchez es la necesidad de que los nacionalistas tienen de un Gobierno en sus manos, secuestrado por ellos. El Gobierno es su rehén y no hay otra forma de ver los comportamientos de unos y de otros. Los independentistas dicen, y Sánchez cumple según las conveniencias de Puigdemont o de Aragonés. En definitiva, no ha habido en
la historia de España un Ejecutivo más dependiente de fuerzas centrífugas que el que preside Pedro Sánchez.

14 de Marzo: Un día negro en la Historia de España

14 de marzo pasará a los anales de la Historia como uno de esos días negros que nadie querría haber vivido. Se aprobó una ley que impugna las sentencias judiciales provocadas por el alzamiento independentista, dejando a los jueces en una posición secundaria en el sistema democrático español. Desde el 14 de marzo, los jueces perderán autoridad y legitimidad. Se impone un sistema arbitrario y caciquil, propio del siglo XIX, paradójicamente de la mano de quienes se proclaman progresistas. Como sucedía hace dos siglos, la ley se nos aplicará según la capacidad de influir en la política. Entonces era el dinero, las creencias o los apellidos, ahora
la palanca de la arbitrariedad es la necesidad que tenga el Gobierno de votos en el Congreso.

Hemos perdido durante este tiempo todos los instrumentos para defender la democracia española. Mañana los independentistas podrán realizar cualquier consulta sin que el Gobierno pueda hacer nada. Tal vez estaría en su mano discutir la naturaleza del referéndum, pero nada más. Pero no podría impedir “la consulta pacífica al pueblo español”. Desde el 14 de marzo, la soberanía española, después de todas las concesiones políticas y penales, estará definitivamente en manos de Puigdemont.

De ellos dependerá seguir adelante con su referéndum o imponer con una fuerza redoblada su catecismo ideológico a todos los ciudadanos catalanes. O una cosa (la independencia) o la otra (hacer tabla rasa de la pluralidad de la sociedad catalana). Nada que ver con la concordia
de final de cuento de hadas que pregona el Gobierno.

El PSC es parte fundamental del problema de Cataluña y España

Se celebrarán en mayo elecciones autonómicas en Cataluña. Y es el momento de hacer algunos comentarios sobre la cuestión. Los independentistas no conseguirán romper España, no tienen ni la inteligencia ni el coraje ni la capacidad de sacrificio para conseguir que Cataluña sea un sujeto independiente en la historia. La independencia no se puede lograr entre los mejores despachos de la Ciudad Condal y los mejores restaurantes. Pero sí pueden conseguir (como lo han hecho en otras ocasiones) destruir la voluntad de progreso y libertad de España.

Pero en realidad ni siquiera ellos son el principal problema que tenemos. Si el PSOE ha secuestrado la razón, y con la razón el sistema democrático del 78, al PSOE lo tiene de rehén un partido político que es más identitario que socialista, que es más nacionalista que constitucionalista, que está más cerca de los que limitan las libertades individuales de los catalanes que de los humillado. Buen ejemplo es su comportamiento con los idiomas
naturales de Cataluña.

El PSC es el mejor instrumento para que todo siga igual, legitima a los autores del levantamiento, pacta con quienes quieren imponer una cultura gris y uniforme en una sociedad abigarrada de diferencias y conflictos. El PSC es el factor imprescindible para que el nacionalismo siga hacia adelante. No se enfrenta, no para, sólo legitima vergonzosamente las
quimeras absolutistas y reaccionarias de independentismo. El PSC no es la solución. Es parte fundamental del problema.

El penúltimo descrédito de España en Europa con la amnistía

El penúltimo capítulo de descrédito de España es la filtración de un primer borrador del informe que está confeccionando la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en tramitación en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno. Al ser un borrador, la Comisión de Venecia lo envía a los gobiernos afectados para que se pronuncien al respecto.

FUENTE: EFE

En lugar de eso, el Gobierno de España ha preferido filtrarlo a la prensa con una fuerte campaña que contrarreste el deterioro de su situación política en los últimos días y engrase el tiempo de descuento en la negociación con Junts hasta el jueves 7 de marzo, último día para pactar las enmiendas. Precisamente, el momento es fundamental para entender la filtración y el sesgo de los mensajes, dado que el informe ni ampara ni apoya el actual texto de ley de amnistía. Más bien, todo lo contrario. Y menos aún sin haber sido hecho público por la propia Comisión de Venecia.

En primer lugar, este organismo del Consejo de Europa dice una cosa muy obvia: la amnistía existe en muchos países y está regulada constitucionalmente (cosa que en España no sucede). Por tanto, cuando no lo está, es necesario hacer una reforma de la Constitución para contemplarla y se necesita una mayoría abrumadora para poderla llevar a cabo. En segundo lugar, lo obvio da lugar a las especificaciones técnicas que son fundamentales. Una cuestión de tal calibre no puede tramitarse por vía de urgencia sin los informes técnicos preceptivos que dan estabilidad, seguridad jurídica y garantías a todo el proceso.

Por último, la proposición de ley está llena de imprecisiones temporales, de los tipos jurídicos (malversación, terrorismo…), fallos técnicos y falta de cuantificación y cualificación de sus consecuencias prácticas. ¿Hay algún estudio o estudios que evalúen la «reconciliación» observando el comportamiento de los actores en liza? ¿Se establece con claridad cómo se puede recurrir, su ámbito de aplicación y las garantías que se derivan de ello? Parece evidente que si no existe es porque sabemos que no hay ni reconciliación ni ánimo de tenerla en un futuro.

Habrá que emplear mucho más tiempo para leer con atención el informe y esperar a conocer el definitivo que sí publique la Comisión de Venecia, así como la evaluación de los expertos más destacados en la materia como la profesora Teresa Freixes. Pero lo que apuntan las primeras notas al respecto es, de nuevo, la inmoralidad de utilizar todos los resortes del Estado para continuar con una farsa que compromete la fiabilidad de nuestro país ante nuestros socios europeos.

La ley pendular de la corrupción siempre se cumple

El presidente Sánchez ascendió al poder mediante una moción de censura dirigida contra la corrupción del PP. Pero ahora se enfrenta a un posible caso sistémico donde, si se aplica la misma lógica, supondría, cuanto menos, una profunda reestructuración del Gobierno de coalición.

FUENTE: EFE

El aprovechamiento de una posición o nombramiento en un puesto de responsabilidad pública para fines particulares es, quizá, la forma más resumida y didáctica de definir la corrupción en el ámbito político. Es un fenómeno que siempre ha existido y afectado a todos los partidos que han gobernado o han sido apoyos de diferentes gobiernos.

A pesar de su carácter transversal, la relevancia política de la corrupción parece estar gobernada por una «ley del péndulo» ya que, cada cierto tiempo, afecta especialmente a uno de los dos grandes partidos, condicionando su labor de gobierno y, hasta incluso, su propia posición de poder. Y casi siempre lo hace sobre las bases de actuaciones pasadas que son investigadas durante largo tiempo y que salen a la luz en el momento en que reúnen los elementos probatorios suficientes como para imputar y, después, juzgar convenientemente a sus responsables directos.

En esta ocasión, el principal actor son personas que han tenido o tienen responsabilidad de gobierno con el PSOE tanto a nivel nacional como autonómico, con una lista tan extensa de casos que sería difícil detallarla brevemente. Más allá del comportamiento pendular de la corrupción que es capaz de desestabilizar gobiernos y que ahora le toca vivir al PSOE como antes le tocó al PP, la situación actual revela dos cuestiones de máxima relevancia: por un lado, cómo la acumulación de poder en muy pocas manos multiplica la probabilidad de que exista corrupción y, por otro lado, hasta qué punto no es posible cumplir con los estándares de exigencia y limpieza autoimpuestos por el discurso del actual Gobierno.

La primera de las cuestiones es muy simple y está ampliamente estudiada. Allá donde existe acumulación de poder con ausencia de contrapesos eficaces, la probabilidad de corromperse crece de una forma notable. Más aún cuando se produce una situación de emergencia tan seria como los primeros meses de la pandemia donde el ya Gobierno de coalición decidió centralizar y planificar la vida del país.

Las investigaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces determinarán qué es lo que ocurrió hace casi cuatro años, cuáles son las responsabilidades legales y cuantificará el quebranto para el erario público. Pero la segunda cuestión es, hoy, aún más relevante desde el punto de vista político, ya que afecta al mismo núcleo fundacional de la doctrina política dominante desde junio de 2018.

La consecuencia de las investigaciones es que están poniendo encima de la mesa nombres como los de José Luis Ábalos (exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE), Salvador Illa (exministro de Sanidad y actual líder del PSC), María Jesús Montero (vicepresidenta del Gobierno, responsable de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE), Fernando Grande Marlaska (ministro de Interior), Francina Armengol (presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares) o Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias).

Todos ellos pueden verse golpeados con fuerza durante los próximos días, a la vista de la velocidad con la que están apareciendo nuevos nombres en las investigaciones que se van conociendo. Pero más allá del impacto mediático, todos ellos son los máximos exponentes de una forma de gobernar que había establecido un estándar muy exigente en materia de corrupción, probablemente generando confianza y seriedad para una parte no menor del electorado que estaba cansado de sufrir casos de este tipo.

Sin embargo, sus primeras reacciones han sido decepcionantes recurriendo a discursos que ellos mismos calificaban de «infames» cuando los pronunciaban sus rivales políticos en el pasado. ¿Dónde quedó la coherencia entre discurso y acción? Es fundamental que el presidente del Gobierno aborde y asuma la responsabilidad política por estos hechos, enfrentando las consecuencias pertinentes. No puede hacer pasar esta presunta corrupción como «tormenta de verano» y esperar a que escampe para seguir con las palancas que le permiten mantenerse en el poder. Eso no lo perdona el electorado.

Pongamos un ejemplo. El presidente Sánchez ha insistido repetidamente en que la presidenta de la Comunidad de Madrid está implicada en un caso de corrupción por presuntamente favorecer una contratación en la que su hermano actuó como intermediario. Ignoró el archivo del caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el cierre de la investigación de la Fiscalía Europea contra el Fraude hace casi un año. Pero aun así, lo sigue usando.

Esta cuestión estará en el centro de la vida política durante los próximos días y semanas (y puede que meses) porque la gobernabilidad está en juego y queda mucha información por salir que pueda salpicar a más personalidades del Gobierno. Es hora de cerrar un capítulo (que era una bomba de relojería que en algún momento tenía que estallar) y avanzar hacia adelante.

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros para La España que Reúne

El asesinato de los dos guardias civiles que perseguían el narcotráfico en Barbate ha generado un hecho insólito que muestra hasta qué punto un partido tan importante durante décadas como el PSOE busca siempre y en todo momento no incomodar a sus socios parlamentarios. Estamos hablando de Cataluña y, más concretamente, del Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC.

FUENTE: EFE

La oposición del PSC a expresar las condolencias del Parlamento catalán a la Guardia Civil por el doble asesinato y los heridos graves que aún se encuentran hospitalizados, demuestra una oquedad moral abismal. El socialismo oficial en Cataluña se muestra indiferente, alejado de los familiares y compañeros de los miembros de la Benemérita. Tal vez sea porque consideran que no son sus fuerzas de seguridad, tal vez porque en ellos prima el cálculo político en un escenario tan endiablado como el actual, tal vez porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les son indiferentes o las consideran como un cuerpo molesto e indeseable… O tal vez sólo porque son así, indiferentes al dolor y a la labor que desempeñan los guardias civiles y policías.

En cualquiera de los casos, el PSC, por desgracia, contamina a todo el socialismo español. Y si España y la socialdemocracia actual tienen un problema serio con el gobierno del presidente Sánchez, el PSOE lleva teniendo un gravísimo problema con el PSC desde hace décadas, el cual no sólo se beneficia de su relación con el PSOE, sino que lo tiene capturado tanto en sus postulados más básicos como en la estrategia política y hasta incluso a la hora de hacer nombramientos.

Así, mientras el PSOE siga en manos del PSC no habrá solución ni para el Partido que fundó Pablo Iglesias hace más de 140 años ni para España. De esta relación viciada se ha conseguido catalanizar la política española e introducir el virus de la discordia y la confrontación permanente.

La izquierda catalana constitucionalista debe rebelarse contra el PSC y el socialismo oficial en el resto de España. Cada voto que puedan obtener en Cataluña, haciéndose el mayordomo del nacionalismo, quita veinte a los socialistas en el resto de España. Tenemos no sólo la necesidad sino también la obligación de que en Cataluña exista otra forma de hacer política de izquierdas, social-liberal, alejada de la inmoralidad que representa la posición del PSC ante los asesinatos de estos dos guardias civiles, más aún, siendo uno de ellos de origen catalán.

Se puede ser de izquierdas en Cataluña sin los tejemanejes inmorales y claudicantes de los directivos del socialismo catalán. También se puede ser de izquierdas sin vestirse de mayordomo en la Diagonal y de capataz en Madrid.