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Política y ética pasan de líquido a gas

La conferencia política que ha celebrado el PSOE en La Coruña este fin de semana tiene varios aspectos que merecen un análisis pormenorizado.

FUENTE: EFE

En primer lugar, tanto el acto en sí como los discursos que se realizaron en él son una muestra fiel del actual ciclo político. Los partidos occidentales a lo largo de los años han utilizado este tipo de convenciones para discutir los temas fundamentales, confrontar visiones opuestas y obtener una síntesis razonable y coherente para la sociedad en general, no sólo para el consumo interno de sus afiliados.

Éste no es el caso del acto de La Coruña. Más bien, todo lo contrario. Un mitin continuo de los dirigentes actuales que buscan protegerse debajo de la figura de su líder, ya que su supervivencia política depende de ello. Un acto en el que el tiempo se empleó en buscar argumentos que sirvan para simular una «normalidad» que dejó de existir hace mucho tiempo.

Es más, hacen creer que estamos ante una “nueva normalidad” mucho mejor que la anterior (por supuesto, combativa y contraria a todo lo que no sea gobernar), ya que supuestamente se asume la pluralidad del Estado, cosa que teóricamente antes no se hacía. Éste es el último giro de guión que los estrategas del presidente han encontrado para apuntalar los días posteriores a la que fue la peor sesión parlamentaria del actual régimen del 78, la del miércoles 10 de enero.

Para intentar convencer a la ciudadanía (especialmente, aquella que está llamada a las urnas en los próximos meses) de que el camino correcto es el suyo, primero necesitan autoconvencerse. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. En el momento en que las convicciones políticas y éticas se ponen al servicio del ciclo político actual, éstas pasan del estado líquido (no podemos decir que vinieran del estado sólido, ya se habían deteriorado suficientemente por el camino de los últimos 20 años) al gaseoso.

En esta transición hay una actitud clave que hace unas semanas pronunciaba una conocida periodista: “si todos los días es todo tan grave, quiere decir que no pasa nada”. Una vez logrado ese convencimiento, viene el momento de vender unos resultados en términos de gestión económica y política social que, salvo en muy pocos aspectos, no han supuesto una mejora real de la vida de los ciudadanos.

No es de recibo que el Gobierno que ha contado con el mayor volumen de recursos económicos de la Historia (en torno a un billón de euros entre gasto público directo y financiación de deuda pública a un coste muy bajo) haya obtenido unos resultados tan pírricos.

Desde 2019, los ingresos de las familias en términos reales han bajado un 2,4% mientras la media europea subió un 1,4% volviendo oficialmente al «club de los países pobres» de la UE al caer nuestra renta per cápita al 85% de la media UE; el único de los grandes países europeos donde la inversión empresarial ha caído mientras la media europea ha subido más de un 10%, la productividad (lo que de verdad hace crecer un país) ha caído un 2,3% entre 2020 y 2022, la deuda del sistema público de pensiones ha pasado de 17.000 millones en 2016 a 106.000 millones al cierre de septiembre de 2023…

Con lo cual, ni siquiera el argumento económico o el de política social pueden justificar que se haga lo que sea necesario para mantener al Gobierno en el poder, instalado en una lógica permanente de «frente amplio». Nunca es fácil que alguien que ostenta la responsabilidad de Gobierno tenga la capacidad de autocrítica, voluntad de enmendar su proceder y rectificar su rumbo atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. No se ha hecho en La Coruña, y probablemente no se haga tampoco en los próximos meses, salvo que se produzca una contundente derrota electoral

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Política de retos en 2024

Los primeros días de 2024 no traen un panorama tan prometedor como se nos quería hacer creer tanto en lo económico como lo social.

FUENTE: EFE

2023 ha estado marcado por un continuo vaivén político y las sorpresas no han cesado. Con Pedro Sánchez de nuevo en el poder, surgen desafíos importantes que, lejos de ser solucionados, podrían intensificar las divisiones y desequilibrios en el país con las miras puestas en el nuevo año. 

El presidente del Gobierno demuestra más habilidad política que enfoque en resolver problemas reales. En lugar de abordar cuestiones cruciales, se han priorizado temas que dividen y polarizan a la sociedad. El énfasis en las cuestiones territoriales y la financiación autonómica puede profundizar las divisiones regionales en lugar de promover la cohesión nacional. 

Hablando de la tan promocionada ley de amnistía, su tramitación y aprobación desencadenarán un desequilibrio aún mayor en la independencia judicial y crear más discordia en lugar de restaurar la estabilidad. 

Mientras se aumenta el salario mínimo y mejorar las prestaciones por desempleo, se ignora el impacto que esto tiene en la economía. El enfoque en una política fiscal «redistributiva y justa» no consigue ni redistribuir correctamente, ni tampoco la equidad, con lo cual, se traducen en desincentivar la inversión y el crecimiento económico, perjudicando a largo plazo a todos los estratos sociales. 

Además, el desacuerdo constante en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja una polarización que afecta gravemente el funcionamiento de la justicia. Ambos lados políticos parecen estar más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar general del país, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial. 

El nuevo Gobierno, lejos de ofrecer soluciones reales, parece querer profundizar en las divisiones y desequilibrios existentes en el país. Los desafíos planteados no parecen estar abordándose de manera efectiva, lo que podría augurar un período tumultuoso y poco productivo para el futuro inmediato de la nación. 

En el plano económico, nuestro país se enfrenta a un panorama de desaceleración del que tomará parte toda Europa. La economía española experimentó un 2023 que comenzó fuerte (comparando el dato presente con el de sus homólogos europeos), pero mostró una desaceleración gradual a lo largo del año, cerrando con un crecimiento aproximado del 2,3% para el conjunto del año.

A pesar de esto, se evidenció una tendencia a la desaceleración trimestral, reflejada en el estancamiento del empleo, el deterioro de los indicadores de manufacturas y servicios, así como en las exportaciones, incluyendo el sector turístico. 

El discurso del Rey

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI de este año se enfocó principalmente en una firme defensa de la Constitución y los valores fundamentales de la sociedad española. El monarca se centró en abordar el panorama político interno de España sin demasiada atención a conflictos internacionales.

FUENTE: EFE

En medio de un año políticamente tenso, con elecciones que han llevado a la necesidad de acuerdos inusuales entre partidos para formar gobiernos autonómicos y centrales, el Rey hizo hincapié en la importancia de evitar la polarización ideológica. Señaló cómo esta tendencia a dividirse en bloques puede deslegitimar a la otra parte, representando una amenaza para la estabilidad y el respeto mutuo en la sociedad. 

El discurso buscaba recordar la importancia de mantener la unidad y la voluntad de entendimiento, especialmente en un momento en el que los pactos políticos se vuelven indispensables y la separación ideológica podría poner en peligro la cohesión social. 

Después de las elecciones generales del 23 de julio, el Rey mismo se vio envuelto en disputas políticas, enfrentando acusaciones y demandas sobre su papel institucional. En medio de estos antecedentes, sus palabras sobre el lugar constitucional de cada institución, incluyendo la suya, y el respeto mutuo entre estas, cobran sentido. 

No es exclusivo de Felipe VI el dedicar un discurso a advertir sobre los peligros de la polarización extrema y su impacto en la credibilidad democrática. La tendencia global a cuestionar los pilares de la convivencia, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, requiere ser detenida antes de normalizarse. La clave es la Constitución, no como un símbolo vacío para las luchas partidistas, sino como el fundamento de sus valores esenciales. 

El discurso del Rey este domingo fue una rara expresión de defensa precisa de los valores constitucionales como logro colectivo y herramienta para el futuro. Expresó preocupación, haciendo un llamado al «deber moral» de evitar la discordia, pero también transmitió confianza y optimismo. Ofreció un análisis no solo de las corrientes problemáticas que enfrentamos, sino también un argumento esencial para un país que tiende a subestimar sus virtudes y negar sus éxitos. 

A veces, expresarse sin ser escuchado puede sentirse como hablar en un vacío, pero al menos se tiene la certeza de haber dicho lo que se necesitaba decir. El discurso del Rey Felipe VI esta Nochebuena, probablemente el más político desde su intervención el 3 de octubre de 2017 durante la situación en Cataluña, deja la pregunta de si los líderes políticos realmente han captado su mensaje. 

En los próximos meses veremos si hubo una respuesta o si este llamado a la reflexión sobre el discurso del Rey resonó en la esfera política, especialmente considerando la situación crítica que enfrentaba el Gobierno de Mariano Rajoy en aquel entonces, con la crisis en Cataluña y su aparente inacción. 

El discurso de Felipe VI en esta última Nochebuena llevó a la mesa de los españoles dos ideas fundamentales que desafiaban directamente el dramático panorama político del país: la advertencia de evitar que se arraigue la «germen de la discordia» y la afirmación de que la Constitución representa el mejor medio para «superar las divisiones». Remarcó que fuera de esta ley fundamental «no hay ley ni España en paz y libertad».  

Es común que cada partido político interprete estas palabras según su conveniencia y las utilice para atacar a sus opositores. En España, son pocas las instituciones que no han sido arrastradas a los enfrentamientos políticos, como si fueran blancos en una obra de arte, sufriendo golpes y embates propinados por algunos políticos aficionados a la confrontación. 

El discurso del Rey, especialmente para las dos principales formaciones políticas, debería ser un recordatorio crucial sobre la creciente polarización y un llamado a detener la deslegitimación del adversario, recordando que nunca deberían considerarse enemigos. En los últimos meses, la sensación era de caminar peligrosamente hacia el borde de ese abismo. «No podemos permitirlo», recalcó el Rey, subrayando la urgencia de detener este peligroso rumbo hacia la confrontación y el descrédito mutuo en el panorama político. 

Las palabras de Felipe VI suelen ser meticulosamente escogidas, lo que permite diversas interpretaciones por parte de ciudadanos y partidos políticos que buscan respaldo para sus propias visiones. Sin embargo, dejó en claro la importancia de defender los «valores constitucionales» cuando se ven amenazados o cuestionados. 

Entre las interpretaciones posibles, se puede sostener que este discurso de Nochebuena fue una llamada de atención, una señal contundente para recordar que en la confrontación política no todo es válido y que preservar las instituciones es crucial. Más allá de los líderes políticos, estas instituciones perdurarán y deberían hacerlo con el menor daño posible.  

La imagen que acompañaba la alocución, con los Reyes y la Infanta Sofía aplaudiendo a la Princesa Leonor cuando juró la Constitución ante las Cortes Generales, fue una metáfora perfecta de la necesidad imperante de que las instituciones se mantengan sólidas y perduren en el tiempo. 

¿Esto es progresismo?

El PSOE solo ha firmado el documento que le ha presentado Junts, introduciendo, en todo caso, algunas “morcillas” para justificar la firma. Han comprado con entusiasmo el relato de los independentistas, sin reservas, y han aceptado las medidas de carácter populista, que caracterizan a repúblicas hispanoamericanas fracasadas, con entusiasmo.

FUENTE: EFE

Los progresistas del siglo XXI nos llevan a los españoles directamente al siglo XIX. ¡Raro progreso el que nos lleva al pasado! Con Puigdemont hemos retrocedido con los Decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII; esperemos que con el PNV no retrocedamos a las cuevas de Santimamiñe.

El primer dato relevante es que es la primera vez que soluciones políticas gubernamentales se negocian y se presentan fuera de nuestro país, en Waterloo, como si fuéramos un país inhóspito en el que no existe libertad para negociar. Waterloo supuso una derrota definitiva de Napoleón, y tristemente, en esa ciudad belga, los socialistas han puesto punto final a la democracia española del 78. No sabemos lo que vendrá, pero desde luego, no será el desarrollo lógico de la Constitución del 78.

En segundo lugar, han negociado con una persona que, si pisara el suelo español, sería detenido. Han negociado con un prófugo y por unos cuantos votos en el Congreso. Esto sería impensable hace una década, pero la ambición de una persona y el silencio acomodaticio de muchos lo han permitido. Hoy son ya responsables del desastre, tanto Sánchez como quienes le acompañan a llevar al precipicio al sistema constitucional español.

El PSOE dice en el acuerdo: “Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del parlamento catalán que representa legítimamente al pueblo catalán”. ¿Y la soberanía nacional? ¿Y el Congreso de los Diputados? ¿Dónde queda en ese documento suscrito por el PSOE la nación española? ¿Ha dejado acaso de existir para el PSOE? Con esta afirmación, podemos decir que el PSOE, para satisfacer la ambición de Sánchez, ha dejado de creer en España y en la Constitución del 78.

Aprueban la existencia de un verificador internacional como si de un problema internacional se tratara. Justifican y legitiman los desórdenes públicos en Cataluña, la transgresión de leyes y sentencias realizadas por cargos públicos, y aceptan que comportamientos de naturaleza terrorista sean considerados solo expresiones políticas. Podemos decir que Puigdemont y la necesidad narcisista de Sánchez han conseguido más que la banda terrorista ETA durante décadas; justo es reconocerlo sin necesidad de poner un muerto encima de la mesa para negociar.

Destruyen la independencia judicial y, después de firmado este documento que permitirá crear comisiones de control a los jueces en el Congreso, estos ya pueden sentirse amenazados, ni más ni menos que por la fuerza del parlamento. Sería este acuerdo el sueño dorado de Trump, pero los EE. UU. pueden tener presidentes pintorescos e impresentables, pero tienen unas instituciones que no claudican.

Hoy corre más peligro el juez Marchena que los delincuentes independentistas. La Unión Europea debe mostrar su preocupación por la quiebra de la independencia judicial, y debe importarles poco que los autores de tamaños desaguisados sean de extrema derecha o populistas, nacionalistas o extremistas de izquierda.

Queda la ley de amnistía, radicalmente inconstitucional, y que conseguirá que seamos los españoles, vivamos en Cataluña o en el resto de España, los que tengamos que pedir perdón a los independentistas catalanes. En contra de lo que dice Santos Cerdán, este acuerdo es de investidura, no de legislatura; excepto que existan otros acuerdos que los ciudadanos españoles desconozcamos. Es decir, cada votación, cada ley será aprobada a costa de otro destrozo a la soberanía nacional española; una votación en el Congreso, otro regalo en favor de la desigualdad entre españoles.

No es extraño que Puigdemont se sienta ganador, igual que tampoco es extraño que los miembros y portavoces del PSOE se hayan escondido para que el mal trago pase. No merece la pena perder la dignidad, tirar por la borda los últimos 45 años de la historia del PSOE, poner punto y final a la Transición democrática española, por seguir las alborotadas vanidades de ningún líder.

¿No es posible que salgan más voces socialistas a decir que esto no se puede hacer en su nombre? Al silencio le acompañará para siempre la indignidad. ¡Digan no! Digan: ¡hasta aquí hemos llegado! Rebélense por su dignidad, por su partido, por España… Los que les antecedieron pagaron con la cárcel su ejercicio de dignidad en la lucha contra el franquismo, hablen menos de ellos y hónrenles. El resto de españoles debemos resistir pacífica y democráticamente donde nos corresponda.

¿Y si la mayoría de los catalanes ha votado por la confederación?

El presidente en funciones quiere hacer borrón y cuenta nueva con Cataluña. La ciudadanía de este territorio habló en las pasadas elecciones generales que estaba con el ahora candidato a la investidura. La duda es si bajo la premisa de una España confederal en la que mantener a esta región tranquila de movimientos independentistas a cambio de un coste muy alto para el resto de España. 

FUENTE: EFE

Ahora con las negociaciones en marcha, el PSOE es probable que tenga listo su plan para hacer aceptable la amnistía y preparar el terreno para un posible referéndum. Por el momento ya tiene su eufemismo para la amnistía: «estiramiento de la convivencia» 

Salvador Illa ha iniciado una serie de declaraciones destinadas a vender la amnistía al público y fomentar la división en el período previo a nuevas elecciones. ERC y Junts están al borde de la muerte si no aceptan este planteamiento, cosa que el PSOE sabe, y si están de acuerdo es porque están buscando oportunidades para seguir manteniendo su posición en Cataluña. 

Este modelo fue puesto en práctica recientemente en una reunión en el País Vasco, donde, de hecho, Illa elogió la «política» de la comunidad vasca. Para Illa, el uso de eufemismos y el discurso camuflado han servido para superar situaciones no deseadas y momentos oscuros. Esto se traduce en la necesidad de adoptar un enfoque cínico que permita mantener una agenda oculta ante la mayoría de la población mientras se promueve la idea de «mejorar la convivencia».

El catalán ha instado a los partidos independentistas a aprender de los partidos nacionalistas vascos en el ámbito político, destacando su capacidad para expresar sus proyectos políticos de manera clara y respetuosa, aunque reconoce la importancia de momentos de discreción en ocasiones. 

Las palabras de Illa también hacen referencia al plan del PNV para avanzar en lo que llaman «plurinación». A diferencia de Junts, ERC y Bildu, que abogan abiertamente por la amnistía de los separatistas y un referéndum para la independencia de España, el PNV sigue un enfoque más elaborado y sutil.

Su plan busca permitir a los separatistas no solo autodefinirse como nación, sino también mantener su pertenencia a la Unión Europea y al sistema de financiación español, a pesar de tener un alto grado de autonomía. Este plan «plurinacional» busca una autodeterminación reconocida y un acuerdo inmediato para la administración conjunta. Todo esto con el fin de abandonar España, pero continuar beneficiándose de sus recursos. 

Sánchez ha concedido el indulto a la amnistía, incluyendo uno para sí mismo y sus ministros, quienes previamente habían cuestionado la amnistía por considerarla inconstitucional y contraria a sus principios. La amnistía, que hoy pretenden que se perciba como justa y necesaria, fue condenada durante la legislatura, y resulta especialmente sorprendente que se la negara en la campaña electoral, cuando se argumentaba su inviabilidad jurídica y falta de fundamento moral.

Esta situación plantea dos posibilidades. La primera, que Sánchez no fuera capaz de comprender lo que ahora se reconoce como evidente por sus socios parlamentarios («la necesidad cívica de una amnistía y su viabilidad constitucional»). La segunda, que hubiera comprendido la situación, pero optó por no divulgar la verdad al pueblo, consciente de que no habría obtenido su respaldo si lo hubiera hecho. 

¿Qué piden el nacionalismo y el independentismo? Un ejercicio de sinceridad

Como era previsible, Núñez Feijóo no tuvo éxito en su intento de investidura. En este punto, para lograr la formación de un gobierno, existen esencialmente dos opciones: un nuevo Gobierno de coalición liderado por Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones.

FUENTE: EFE

La coalición requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, quienes han planteado condiciones muy rigurosas, como la amnistía para aquellos que se enfrentaron a la justicia debido al proceso soberanista de 2017, que en un momento proclamó la independencia y luego la revocó en cuestión de segundos. 

Que el PSOE saliese derrotado de las últimas elecciones parece haber afectado el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier costo. La notable debilidad del PSOE y su disposición a hacer concesiones de todo tipo a cambio de apoyo están llevando a los partidos nacionalistas y separatistas a intensificar sus demandas para respaldar lo que algunos llaman «progresismo». 

Partidos como ERC, Junts, Bildu e incluso el PNV están aprovechando la situación política actual para plantear demandas que van desde referendos secesionistas hasta indultos para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Además, algunos están buscando el control de la mesa del Congreso de los Diputados o incluso la anexión de Navarra al País Vasco, aprovechando la falta de escrúpulos de ciertos políticos y la aquiescencia de sus superiores en Madrid. 

En este contexto, la política española se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo es objeto de intercambio a cambio de apoyo para la investidura, y el socialismo ha optado por el secretismo como estrategia principal. Se busca ocultar las concesiones que podrían estar en negociación con posibles aliados, utilizando todo tipo de recursos informativos y oficiales, desde el énfasis en las temperaturas récord hasta tácticas de distracción similares a las empleadas por los líderes romanos en el pasado. 

Sánchez y su entorno sostienen que sus acciones han logrado pacificar Cataluña y, de manera sorprendente, acusan al PP de haber provocado la situación al «judicializarla» mediante el artículo 155 de la Constitución, incluso cuando en su momento estuvieron de acuerdo con esta medida.

Resulta curioso que Sánchez haya adoptado el mismo lenguaje que antes de ser presidente usaba para calificar a los líderes catalanes como autores de un delito de «rebelión» y afirmara que se oponía a conceder indultos a los sediciosos. Sin embargo, en su camino hacia la Moncloa, parece que optó por priorizar sus intereses personales sobre sus principios. 

Sobre el presidente en funciones se ha evidenciado que no es una figura de confianza, ya que ha hecho concesiones que ponen en peligro la unidad de España con el fin de mantener su posición, lo cual es inaceptable. Un ejemplo destacado de esta actitud es su disposición a considerar una amnistía para Carles Puigdemont, un líder independentista que huyó de la justicia española. Esto envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la autoridad del marco constitucional.

Además, la propuesta de modificar la inviolabilidad del Rey, como algunos parlamentarios vascos han pedido, es un asunto de gran importancia y debería ser debatido de manera seria y con una perspectiva amplia, en lugar de parecer una concesión precipitada. 

Quizás una de las cuestiones más preocupantes es la disposición de Sánchez a considerar un referéndum unilateral en Cataluña. Aunque el diálogo es esencial, un referéndum unilateral no es la forma adecuada de abordar un conflicto de esta magnitud. Ignorar la legalidad y la Constitución de España en favor de los deseos de los independentistas es un error grave que socava la estabilidad y la cohesión del país. 

Es fundamental recordar que las demandas de los independentistas y separatistas no solo amenazan la unidad de España, sino que también plantean preocupaciones económicas y sociales significativas. La incertidumbre generada por estos movimientos separatistas ha tenido un impacto negativo en la inversión y el empleo en algunas regiones, lo que afecta directamente a los ciudadanos comunes. 

Junts, por ejemplo, exige la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para resolver este pasivo acumulado, lo que supondría aproximadamente 83.000 millones de euros. También busca el derecho a recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y un acuerdo de solidaridad financiera con el Estado. También, propone la creación de una agencia de Seguridad Social propia para gestionar las pensiones y reclama el 19% de los fondos europeos Next Generation de forma retroactiva. 

Por último, Junts insiste en que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras y se establezcan plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut, que se refiere a la transferencia de activos pendientes, como el Corredor Mediterráneo y las inversiones pendientes en el sistema ferroviario de Rodalies. 

La deuda también es una preocupación para ERC. Según sus cálculos, la deuda ascendió a 20.772 millones de euros en 2020 y a 21.982 millones de euros en 2021, como se presentó en la presentación anual del déficit fiscal del Estado realizada por la Generalitat. 

El Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a cumplir una por una todas las demandas impuestas por Carles Puigdemont para obtener el apoyo de sus siete diputados en una posible investidura socialista. A pesar de estar en funciones, el Gobierno ha presentado ante la UE la solicitud de que el catalán sea reconocido como idioma oficial, está negociando la amnistía para los implicados en el proceso independentista y ha pedido a Europol que desvincule el independentismo del terrorismo. 

La fecha de la independencia parece depender sólo de Puigdemont o Junqueras, ¿qué puede salir mal? 

El sanchismo no es progresismo, es procesismo

El progresismo, como decía la RAE, se caracteriza por el pensamiento que defiende las libertades publicas. El sanchismo en total contradicción con el progresismo no soporta la discrepancia e intenta, hasta ahora desgraciadamente con bastante éxito, controlar las instituciones poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho.

Por Jesús Ballesteros (Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitad de Valencia)

El sanchismo ha adoptado desde el principio un doble perfil. Por un lado de demonización del Partido Popular, en perfecta continuidad con el Pacto del Tinell de 14 12 03, firmado por los líderes del tripartito catalán (PSC, ERC y Esquerra Els Verds), cuyo espíritu inspiró también la acción del gobierno de Zapatero, empeñado en que la oposición no pudiera gobernar nunca.

De otro lado, desde su infundada y torticera moción de censura a Rajoy, se ha apoyado en los Partidos que querían destruir la Constitución del 78, como Podemos primero y después previa traición a Iglesias, Sumar, así como Bildu y en menor medida el PNV, que ha acusado a Sánchez de usarles como Kleenex, pero que sigue de momento en su órbita, y de modo aun mas radical especialmente los separatistas catalanes, como ERC y Junts.

Por ello, siguiendo también a Zapatero que afirmó aprobar el Estatut de Cataluña tal como saliese del Parlamento catalán aunque negase a los españoles su condición de ciudadanos libres e iguales, el sanchismo tiene perfecta continuidad con el procés separatista catalán ya que subordina toda su política a no perder el apoyo de los partidos separatistas catalanes para mantenerse en la Moncloa aunque ello implique aceptar la anticonstitucional amnistía y la condonación de la gigantesca deuda catalana, que deberían pagar el resto de los españolas, así como la entrega de la mayor parte de los fondos europeos. Por ello su verdadero nombre es el de procesismo, apoyo y rendición incondicional ante los líderes del procés.

La excusa es reducir la importancia del separatismo con una política a lo Chamberlain. Pero como ocurrió en aquel caso,- los separatistas también creen en la superioridad de su raza- lejos de pacificarse, han aumentado sus pretensiones. Como se ha visto con Puigdemont que aseguró no apoyar a Sánchez hasta que éste orinase sangre. En efecto, éste se ha mostrado dispuesto a derramar sangre, pero no lo suya, !quizás no tiene! sino la de España.

Por lo que se refiere a su presunción de ser un bloque de izquierdas, hay que decir que nada tiene que ver con la izquierda socialdemócrata del verdadero PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch, y un larguísimo etcétera, caracterizada por la defensa de la igualdad y de la equidad social de acuerdo con el espíritu de Robin Hood, considerando urgente gravar a los ricos para apoyar a los pobres. El sanchismo nada tiene de este izquierdismo ya que roba a las regiones mas pobres de España para darle el dinero a las ricas, como Cataluña y el País Vasco. Por eso el PP acusa al sanchismo con razón de alta traición al PSOE autentico.

La izquierda del sanchismo es izquierda populista preocupada por destruir a las empresas ( han quebrado una media de 20.000 por año desde que están en el poder) empezando por las pequeñas y medianas y con los autónomos, debido a unos impuestos desorbitados destinados a comprar el voto con subvenciones, y repartiendo el dinero sin más criterio que el electoral, por ejemplo repartiéndolo entre los jóvenes, en vez de conseguir empleo estable, jugando con burlas desde su denominación como los “fijos discontinuos”. El sanchismo es populismo casi fascista por el obsceno culto a la personalidad del jefe.

El sanchismo es también izquierda antifreudiana en la línea del postestructuralismo de Deleuze y Guattari, que elevan los deseos irracionales a origen de derechos, frente a Freud que consideraba necesario que el deseo se sometiese a la razón como el principio de placer al principio de realidad, para no caer esclavos del principio de muerte del impulso thanático.

Quizás con todo, el lado mas peligroso del sanchismo radica en querer abolir la independencia del poder judicial. Ya ha empezado con poner el Tribunal Constitucional y el Tribunal de cuentas a su servicio, al servicio de la dominación cesarista. Pero continuará haciéndolo con el control de CGPJ, sin aceptar la recomendación europea de que sean los jueces los que elijan a los jueces, concediendo la amnistía a todos los condenados del procés, dándole Navarra al País vasco, etc.

Si el pueblo español no abducido por el sanchismo no cobra conciencia de la extrema gravedad de la situación, nos espera una dictadura que acabará con las libertades y que nos empobrecerá en todos los ámbitos, del económico al del pensamiento.

No cabe estar dormidos ni indiferentes, creyendo que todos los políticos son iguales.

El cansancio independentista y la compra de su statu quo 

La celebración de la Diada de Cataluña el lunes pasado congregó a miles de manifestantes independentistas convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Como es habitual, su objetivo era reivindicar la independencia, a pesar de que se estén discutiendo posibles alivios penales como la amnistía para personas condenadas o pendientes de juicio por delitos relacionados con el procés. 

FUENTE: EFE

A diferencia de los primeros años de esta marcha, donde predominaba la reivindicación festiva, el ambiente se ha vuelto más tenso y en algunos momentos se ha convertido en una demostración pública de descontento hacia los propios partidos independentistas. 

En esta convocatoria menos concurrida, se escucharon también gritos en contra de explorar acuerdos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y a favor de «bloquear» las instituciones del Estado mientras no haya posibilidad de celebrar un referéndum de independencia. 

Los principales partidos secesionistas, que antes apoyaban la manifestación y la utilizaban para sus intereses, ahora son objeto de críticas por parte de los manifestantes. Estas formaciones están experimentando lo mismo que en el pasado aplicaban a los partidos no independentistas y a quienes se distanciaban del soberanismo. 

En la protesta, liderada por la ANC, Òmnium, AMI y el Consejo de la República, se escucharon gritos a favor de la independencia y de Puigdemont, mientras que algunos increparon al actual presidente de la Generalitat Pere Aragonès y exigieron la dimisión del Gobierno, una solicitud que otros manifestantes consideraron equivocada. 

La Asamblea presiona a ERC y Junts para que la negociación con el PSOE con respecto a una posible investidura de Pedro Sánchez tenga como objetivo la independencia. Su presidenta, Dolors Feliú, afirmó que «no hay opción para vivir en libertad dentro de España» y exigió ante los manifestantes «independencia o bloqueo, independencia o elecciones», repitiendo lo mismo que en el 2022. 

Aquellos que piensan que la política aplicada en los últimos años es un acierto, superaron un obstáculo importante con la celebración de la Diada en términos de reafirmación de su tesis. Ésta fue la movilización menos concurrida, excluyendo las de la pandemia, y ahora solo parece atractiva para aquellos que siguen aferrados a la época del procés, liderados por una organización que no representa democráticamente a nadie: la Asamblea Nacional de Cataluña, que no participa en elecciones, pero promueve la intransigencia en una posible solución pactada del conflicto. 

La Diada ha dejado de ser una expresión variada del sentimiento catalanista para convertirse en la manifestación del independentismo más intransigente. En definitiva, se ha convertido en una movilización donde solo son bienvenidos aquellos que comparten la misma visión. 

El tono de la manifestación también influye en los discursos políticos, que deben aumentar su intensidad para evitar ser considerados como blandos o traidores. Sin embargo, tanto ERC como Junts están manteniendo conversaciones con el Gobierno, y estas negociaciones deben ser realistas y evitar prometer lo imposible o lo que no se puede explicar adecuadamente. Nadie puede pedir la luna, sabiendo que es inalcanzable, y nadie debería prometer lo inalcanzable o inexplicable.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos. 

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley. 

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial. 

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley. 

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción. 

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central. 

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.

Puigdemont y el ‘mando a distancia’ sobre la próxima legislatura 

Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.

FUENTE: EFE

Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.

El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara   suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna. 

Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía.  Los llamados «progresistas» nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.

Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.

La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.