Como era previsible, Núñez Feijóo no tuvo éxito en su intento de investidura. En este punto, para lograr la formación de un gobierno, existen esencialmente dos opciones: un nuevo Gobierno de coalición liderado por Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones.
FUENTE: EFE
La coalición requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, quienes han planteado condiciones muy rigurosas, como la amnistía para aquellos que se enfrentaron a la justicia debido al proceso soberanista de 2017, que en un momento proclamó la independencia y luego la revocó en cuestión de segundos.
Que el PSOE saliese derrotado de las últimas elecciones parece haber afectado el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier costo. La notable debilidad del PSOE y su disposición a hacer concesiones de todo tipo a cambio de apoyo están llevando a los partidos nacionalistas y separatistas a intensificar sus demandas para respaldar lo que algunos llaman “progresismo”.
Partidos como ERC, Junts, Bildu e incluso el PNV están aprovechando la situación política actual para plantear demandas que van desde referendos secesionistas hasta indultos para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Además, algunos están buscando el control de la mesa del Congreso de los Diputados o incluso la anexión de Navarra al País Vasco, aprovechando la falta de escrúpulos de ciertos políticos y la aquiescencia de sus superiores en Madrid.
En este contexto, la política española se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo es objeto de intercambio a cambio de apoyo para la investidura, y el socialismo ha optado por el secretismo como estrategia principal. Se busca ocultar las concesiones que podrían estar en negociación con posibles aliados, utilizando todo tipo de recursos informativos y oficiales, desde el énfasis en las temperaturas récord hasta tácticas de distracción similares a las empleadas por los líderes romanos en el pasado.
Sánchez y su entorno sostienen que sus acciones han logrado pacificar Cataluña y, de manera sorprendente, acusan al PP de haber provocado la situación al “judicializarla” mediante el artículo 155 de la Constitución, incluso cuando en su momento estuvieron de acuerdo con esta medida.
Resulta curioso que Sánchez haya adoptado el mismo lenguaje que antes de ser presidente usaba para calificar a los líderes catalanes como autores de un delito de “rebelión” y afirmara que se oponía a conceder indultos a los sediciosos. Sin embargo, en su camino hacia la Moncloa, parece que optó por priorizar sus intereses personales sobre sus principios.
Sobre el presidente en funciones se ha evidenciado que no es una figura de confianza, ya que ha hecho concesiones que ponen en peligro la unidad de España con el fin de mantener su posición, lo cual es inaceptable. Un ejemplo destacado de esta actitud es su disposición a considerar una amnistía para Carles Puigdemont, un líder independentista que huyó de la justicia española. Esto envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la autoridad del marco constitucional.
Además, la propuesta de modificar la inviolabilidad del Rey, como algunos parlamentarios vascos han pedido, es un asunto de gran importancia y debería ser debatido de manera seria y con una perspectiva amplia, en lugar de parecer una concesión precipitada.
Quizás una de las cuestiones más preocupantes es la disposición de Sánchez a considerar un referéndum unilateral en Cataluña. Aunque el diálogo es esencial, un referéndum unilateral no es la forma adecuada de abordar un conflicto de esta magnitud. Ignorar la legalidad y la Constitución de España en favor de los deseos de los independentistas es un error grave que socava la estabilidad y la cohesión del país.
Es fundamental recordar que las demandas de los independentistas y separatistas no solo amenazan la unidad de España, sino que también plantean preocupaciones económicas y sociales significativas. La incertidumbre generada por estos movimientos separatistas ha tenido un impacto negativo en la inversión y el empleo en algunas regiones, lo que afecta directamente a los ciudadanos comunes.
Junts, por ejemplo, exige la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para resolver este pasivo acumulado, lo que supondría aproximadamente 83.000 millones de euros. También busca el derecho a recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y un acuerdo de solidaridad financiera con el Estado. También, propone la creación de una agencia de Seguridad Social propia para gestionar las pensiones y reclama el 19% de los fondos europeos Next Generation de forma retroactiva.
Por último, Junts insiste en que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras y se establezcan plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut, que se refiere a la transferencia de activos pendientes, como el Corredor Mediterráneo y las inversiones pendientes en el sistema ferroviario de Rodalies.
La deuda también es una preocupación para ERC. Según sus cálculos, la deuda ascendió a 20.772 millones de euros en 2020 y a 21.982 millones de euros en 2021, como se presentó en la presentación anual del déficit fiscal del Estado realizada por la Generalitat.
El Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a cumplir una por una todas las demandas impuestas por Carles Puigdemont para obtener el apoyo de sus siete diputados en una posible investidura socialista. A pesar de estar en funciones, el Gobierno ha presentado ante la UE la solicitud de que el catalán sea reconocido como idioma oficial, está negociando la amnistía para los implicados en el proceso independentista y ha pedido a Europol que desvincule el independentismo del terrorismo.
La fecha de la independencia parece depender sólo de Puigdemont o Junqueras, ¿qué puede salir mal?
REFERENDUM NACIONAL.