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Colombia está en pie de guerra. Las calles sufren un descontrol absoluto que recuerda a un conflicto civil más que a la normalidad en la democracia más longeva de Latinoamérica. La situación lleva más de una semana fuera de control y, de momento, parece no tener fin. Al igual que sucedió en Chile, ¿de dónde nace este conflicto y por qué afecta especialmente a la Alianza del Pacífico?

Unas imágenes escalofriantes que recuerdan a una guerra entre ciudadanos más o menos organizados especialmente en provincias donde existen estados paralelos y el ejercito del país. Los manifestantes salieron a las calles colombianas desafiando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la jornada de protesta debido a la gravedad de la pandemia en el país, en el que han fallecido más de 75.000 por COVID-19. Poco después de que se iniciaran las protestas, el presidente Iván Duque desplegó fuerzas militares en las calles para tratar de sofocar los disturbios.

Las protestas comenzaron en noviembre de 2019 contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, y han vuelto después de más de un año de coronavirus en el país, lo que ha derivado en graves consecuencias económicas para la mayoría de las familias colombianas, y tras la propuesta de una reforma tributaria que iba a afectar especialmente a las clases medias. Si bien estas revueltas pueden surgir a causa de determinadas decisiones gubernamentales que afectan especialmente a los estamentos más desfavorecidos de su sociedad en medio de un momento crítico, en realidad provienen de un movimiento de ataque a las democracias coaligadas en torno a la Alianza del Pacífico, habiendo ocurrido antes en Chile y Perú.

En Chile, todo saltó por los aires cuando el Gobierno decidió subir el precio del billete del transporte público y no paró hasta que no se cambió la Constitución del país. En Perú, el caso más reciente al menos con cobertura en medios, provocó la renuncia de Manuel Merino tras lo que algunos medios consideraron como un intento de golpe de estado encubierto, hecho considerado por Mario Vargas Llosa como “anticonstitucional”. 

Los dirigentes deben reunirse con los líderes de la ciudadanía para reconducir una situación límite en favor del restablecimiento de la democracia y de su salud, así como de la ciudadanía, que es la base de ésta. Pero al mismo tiempo, es necesario investigar a fondo qué es lo que está sucediendo para que se produzca un movimiento de desestabilización de la región tan intenso y prácticamente simultáneo.

La reforma del sistema de acceso a la función pública es una constante a lo largo de los últimos años, la cual ha vuelto a aparecer a escena tras la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y en el contexto de la desaparición de la ENA en Francia. La importancia del asunto obliga a hacer propuestas prudentes e inteligentes que vayan más allá de los eslóganes fáciles que se han transmitido durante estos días. No se puede reducir la cuestión a «memoria vs. aptitud». 

A partir de lo anunciado por el Gobierno (“se trabaja en una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público en el que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística”), iniciamos el debate con tres aportaciones de interés: por un lado, lo que señalan dos destacados miembros de nuestro Club de Opinión como son los profesores Sosa Wagner y De Carreras y, por otro lado, las propuestas de los altos funcionarios de la Administración del Estado, representados por Fedeca.

En el caso del profesor de Carreras, este modelo le recuerda a aquel modelo de enseñanza conocido como plan Bolonia y que acabó siendo un completo desastre. “Habilidades, competencias, prácticas, contra el esfuerzo, contra la memoria y devaluando el conocimiento. Todo eso me suena. Lo que se necesita, pues, según la filosofía que inspira el proyecto, son personas inteligentes, cuya aptitud los psicólogos pueden evaluar mediante test, minusvalorando en cambio el esfuerzo para alcanzar «el mérito y la capacidad» que exige el artículo 103.3 de la Constitución, un elemento clave para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública dentro de una Administración cuya finalidad es servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y a los fines que la justifican”.

Para el profesor Sosa Wagner, “otra grave consecuencia de estos modos de organización es el terremoto que se produce con ocasión de cualquier remodelación ministerial. Y lo ya definitivamente perturbador es que estas facultades de designaciones tan alejadas de la templanza que debería adornar a los ministros se trasladan, como en una cascada cantarina, a sus subordinados, los secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales quienes usan su voluntad para designar a los responsables de otras muchas dependencias: subdirectores y funcionarios asimilados que se cuentan ya por centenares”, lo que para Sosa Wagner, como antes comentábamos también, puede ocasionar la aparición de gente que solo busca un puesto fijo que no merecen.

Por último, Fedeca (Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) pide modernizar las oposiciones actualizando los procesos de selección y dar becas para acceder a la función pública para eliminar el sesgo socioeconómico. La Administración del Estado está envejecida: su edad media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad del personal se vaya a jubilar. Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para anticiparse a la futura “descapitalización” de la Administración. Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos, modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucha más publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los jóvenes.

Ante unas pruebas de acceso criticadas por ser lentas, anticuadas y excesivamente memorísticas, Fedeca considera “inaplazable” su reformulación para adaptarlas más al desempeño concreto de los cargos y porque se midan mejor las aptitudes y las competencias como el liderazgo o la gestión de equipos. Si queremos seleccionar directivos, tenemos que valorar nuevas cuestiones. Y si se evalúan competencias distintas, también es necesario profesionalizar los tribunales examinadores.

Además, se deben actualizar los temarios, con conocimientos transversales para todos los cuerpos A1, y simplificar los procedimientos, reduciendo los tiempos entre distintas pruebas o liberando a los aspirantes de volver a realizar un examen si ya demostraron su capacidad en una convocatoria anterior. “La idea no es rebajar la dificultad, ya que si uno quiere captar la excelencia las pruebas deben ser difíciles, pero sí agilizar los plazos o guardar los exámenes de un año para otro, por ejemplo, en el caso de los idiomas”.

Por último, Fedeca propone generalizar un sistema de becas para opositores en función de su expediente académico y nivel de renta, y la posibilidad de acceder a préstamos financiados por el órgano que convoque las plazas ya que los costes de opositar son uno de sus desequilibrios del sistema de oposiciones, ya que no están al alcance de todos

Es evidente la necesidad de un cambio profundo en la Administración Pública en términos de productividad, generación de resultados, motivación y capacidad de innovación en sus puestos de trabajo. La mayor parte de los funcionarios se enfrentan ante situaciones de «riesgo moral» ya que, a no ser que hagan una barbaridad dentro de sus puestos, no pueden ser expulsados de la función pública. Es un trabajo que da seguridad al ciudadano por su condición de vitalicio y al que mucha gente pretende acceder.

La publicación «Definición ABC» define la militancia como la promoción de “un cambio a nivel político a favor de una determinada postura política que es la que se promueve y defiende”. En este sentido, el afiliado debe ser un sujeto librepensador dentro de su propio partido en favor del progreso y beneficio de éste, algo que en los últimos días se está poniendo en cuestión con los expedientes disciplinarios incoados por la actual ejecutiva del PSOE a Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina.

En pleno proceso de deterioro de la calidad de las instituciones, los partidos políticos no quedan al margen. El debate ideológico se sustituye por la consigna, castigando o con la indiferencia o con la sanción a todo aquél que no sigue escrupulosamente los dictados de la ejecutiva correspondiente. Precisamente, no hay mayor prueba de lealtad a las siglas de un partido político que trabajar públicamente y no soterradamente por cambiar aquello que se entiende que no funciona o que podría ser mejorable. Esto es aún más importante en un contexto de crisis económica, política e institucional donde cada improvisación, error en las herramientas que se utilizan o inexistencia de los más elementales contrapesos internos que permiten encauzar el rumbo cuando todo sale mal, genera un enorme coste para los ciudadanos.

Las élites que gobiernan los partidos no son eternas ni infalibles. Están en tanto en cuanto existe proyecto político con éxito y apoyo de la militancia. Es evidente que en el Gobierno de coalición esto está empezando a cambiar, siendo necesario empezar el cambio por el «proyecto». Y para ello no se puede prescindir del talento, experiencia y criterio de personas que pueden aportar valor. Evitemos una mayor descapitalización política de los partidos y una acelerada desafección de aquéllos que tienen mucho que decir con solidez ideológica, capacidad de gestión y entendimiento con los adversarios.

Los partidos políticos son una herramienta imprescindible para organizar e instrumentar la participación ciudadana en las tareas de gobierno de su país. Como toda organización, cuenta con un código de conducta de obligado cumplimiento por parte de sus miembros, y la necesidad de identificarse y reconocerse en las siglas. Ni una cosa ni la otra han sido vulneradas por Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, con lo cual el expediente disciplinario ya nace basado en apreciaciones que distan de la realidad a partir de una distorsión consciente de lo publicado en medios de comunicación. Es el caso de las fotos junto a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto que nada tenía que ver con la campaña electoral, al cual se invitó a los principales partidos con representación en la anterior Asamblea de Madrid. Pero sólo la candidata popular se presentó a ver la labor que se realiza en la Fundación Alma Tecnológica.

La foto se malinterpretó desde los medios de información para desgastar la imagen del PSOE, introduciendo así un elemento más de polémica a una de las campañas más tensas y polarizadas de la historia de nuestro país. De ningún modo la foto debía suponer un apoyo, al igual que otras declaraciones y pronunciamientos de este Club de Opinión o particular de los señores Leguina y Redondo Terreros. Por tanto, es una cuestión de vulneración de los derechos fundamentales de un militante de expresar su discrepancia con la dirección de su partido. Pero, tristemente, la élite dirigente confunde «discrepancia» con «desafección» o incluso con «traición», volviendo a concepciones y términos en lo más negro de nuestra historia.

El PSOE debe volver a la senda de la responsabilidad, la moderación y el respeto para recuperar la confianza de los españoles que, siendo socialistas, no confían en los líderes de su partido por sus actos más recientes y ataques a personas que, sin lugar a dudas, representan mejor que nadie los valores de este partido. No se puede ir en contra de la libertad y, mucho menos, de aquellos que han dado todo por ti si mañana quieres ser mejor que ayer.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) llegó el pasado viernes 23 de abril con una sorpresa difícil de creer: un ataque directo al principal partido de la oposición en el Preámbulo de un texto normativo de enorme relevancia como es una Ley Orgánica, algo que no había sucedido nunca, ni siquiera en los momentos de mayor polarización política en democracia. No se trata de una mera anécdota, sino de otro ejemplo más del uso y abuso de las instituciones para el beneficio del actual Gobierno de coalición, el cual usa todos los canales a su alcance para reforzar su posición de poder e influencia.

La «anécdota» encierra un hecho de enorme gravedad. Es legítimo discrepar y construir una política alternativa a la que han ejercido gobiernos pasados, trasladándola a los textos legales. Es lo normal en democracia. Sin embargo, lo que no es normal es que una interpretación particular, sesgada y que refleja un criterio parcial sea elevada a categoría de preámbulo de una ley, y menos si ésta es una Ley Orgánica no menor que deroga el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que establecía pena de cárcel para los piquetes en las huelgas.

“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. Este es el párrafo donde, de forma explícita, la coalición de Moncloa ha llevado su particular lucha partidista a una Ley Orgánica sancionada por el Rey. De inmediato, las organizaciones más importantes de profesionales y sociedad civil reaccionaron, por ejemplo la Asociación de Fiscales, la cual denunció que se utilice el BOE de forma partidista. Una manipulación que trata de demonizar al rival a través de la falta de neutralidad del texto de la ley, tratando de conseguir réditos político justo antes de los comicios regionales de Madrid del 4 de mayo.

A este primer párrafo se le añade otra dura reprimenda contra la reforma laboral aprobada bajo el
mandato de Mariano Rajoy, de la que el texto dice que «prácticamente excluyó la negociación colectiva
de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos». Y añade con
un estilo muy valorativo: «No pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las
medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015,
de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el
corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la
capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia
las políticas del Gobierno».

Este acto de Sánchez cruza todas las líneas rojas dando el mismo uso al BOE que el de un panfleto
político. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado con razón esta violencia institucional: “ya es el colmo que también el Boletín Oficial del Estado (BOE) sea un panfleto electoral del PSOE”, tildándolo de “inadmisible” y por lo que anunció que pedirá responsabilidades al Gobierno tras “atacar a la oposición” en la exposición de motivos que realiza el Ejecutivo para justificar la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal.

Pero esta crítica legítima no debe dejar de lado la responsabilidad de los partidos políticos y sus equipos parlamentarios en la elaboración de las leyes. ¿Por qué nadie se dio cuenta de que la norma iba a ser aprobada con semejante ataque a la neutralidad de las leyes? ¿Qué estaban haciendo los equipos de asesores y diputados en las Cortes para no percartarse de esta maniobra? Es evidente que alguien no ha hecho bien su trabajo, con lo cual es necesario exigir responsabilidades.

Con independencia de este punto no menor, el mero hecho de haber incluido valoraciones de debate político y de sectarismo son una vergüenza democrática que no pueden tener cabida en el espíritu constitucionalista que debe ser defendido por los partidos políticos y sobre todo debe ser defendido desde el Gobierno. Los textos normativos deben ser neutros, objetivos y generadores de seguridad jurídica. No pueden convertirse en otro espacio más de lucha partidista. Para eso está el Parlamento, representación de la soberanía nacional. Ése y no otro es el lugar para discutir las leyes y en función de la mayoría parlamentaria, aprobarlas o no.

Saltaba en Barcelona hace unas semanas una noticia sin la menor trascendencia en el espacio público y mediático del panorama nacional: un cambio masivo de nombres de calles. Tanto los gobiernos de derechas como de izquierdas han recurrido al cambio de nombres de calles cuando lo han considerado necesario, sin que haya habido hasta la fecha una reflexión profunda, obviando ya no solo el valor histórico sino también los perjuicios que esto ocasiona a los ciudadanos que sufren los cambios.

Barcelona es un ejemplo más de lo que se hace recurrentemente con el callejero de ciudades y pueblos de España desde hace décadas. En esta ocasión, se decidió quitarle en nombre de los Reyes Católicos a una calle de Vallvidriera con el pretexto de la feminización del espacio público debido a que un grupo de vecinos, que pidió el cambio. Así, la calle ha pasado a llamarse «Elisa Moragas». Sin entrar a valorar si el cambio es positivo o negativo, es una acción que, más allá del simbolismo, no cambia absolutamente nada y
solo genera más confrontación en la sociedad y no por el hecho de que unos se sientan o no cómodos con el nombre, sino por aquellos que sufren los perjuicios en su día a día.

Puede parecer una tontería que se pueda producir un clima de confrontación por un tema tan banal,
pero el hecho de hacer caso a unos sí y a otros no cuando el cambio lo pagan todos los ciudadanos con
sus impuestos, y en una España tan polarizada y de extremos como en la que, por desgracia, vivimos
actualmente, cualquier situación politizada, como es el caso, puede hacer saltar a distintos grupos y
colectivos dentro de una población.

Vivimos en la era del populismo. Pocos se salvan ya de no ser catalogados, tanto políticos como las
medidas que toman como populistas para agradar a sus votantes, sin pensar en el bien común de
todos. Los políticos que tienen la oportunidad de gobernar han de hacerlo para toda la población y no
solo para unos cuantos, sean la mayoría o no. Así, la función del político es la de proteger los intereses y
cuidar a sus ciudadanos. Con esto no queremos decir que no haya nombres de calles que haya que
cambiar o que algunos cambios que se han hecho estén mal hechos, cuando muchos se han producido
en favor de la democracia y el progreso dejando atrás parte de la historia negra de nuestro país.

Como bien señala en un reciente artículo Andrés Trapiello: “¿Recordarán en Vallvidrera dentro de
cinco minutos a Moragas como seguimos recordando a Isabel de Castilla cinco siglos después?”. La señora Moragas no tiene culpa ninguna de este cambio y su nombre podría ser el de cualquier otra persona. El problema es la inconsistencia en la política de nombramiento de las calles en España y una cuestión todavía no resuelta sobre la idoneidad de quién o qué se propone como titular de una calle.

La demoscopia, al igual que otras técnicas de análisis empírico, sirven para algo más que el estudio de un momento determinado del tiempo. Al igual que en Física se cumple el «principio de incertidumbre de Heisenberg», los métodos de análisis sociológico tienen la capacidad de influir en el comportamiento de los individuos que analizan.

De esta habilidad se sirve desde hace años un organismo oficial como es el CIS, el cual se ha colocado como una institución ‘activista’ con capacidad de provocar movimientos en el sentido del voto de miles de personas que consumen los titulares de prensa generados a partir de la encuesta oficial, pensando que refleja correctamente la realidad política, cuando verdaderamente no ofrece más que una realidad leve o gravemente distorsionada en función del interés de los partidos gobernantes.

Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad crecientemente polarizada, este uso de las herramientas demoscópicas es peligroso, más si cabe en los momentos previos a pasar por las urnas como sucederá en los próximos días en la Comunidad de Madrid. Desde la entrada de la coalición PSOE-Unidas Podemos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la dirección de José Félix Tezanos, se ha dedicado sistemáticamente a desvirtuar e inflar datos en función del interés concreto gubernamental en cada momento.

Precisamente, en estos últimos días, Tezanos ha tensionado la campaña electoral madrileña introduciendo elementos que se salen del consenso demoscópico, con el fin de generar expectativas sobre el bloque de izquierdas, casi a modo de propaganda típica de retaguardia que intenta insuflar moral de victoria ante una tropa muy desanimada. Este manejo de la estadística y la metodología de análisis sociológico es un caso bastante representativo de lo que se conoce como «posverdad».

Este término está incluido en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) con una precisa definición: «distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales». Es decir, aseveraciones que dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Los hechos no importan si son verdaderos o falsos, ya que el objetivo del interlocutor es convertir su tesis en verdad.

Como pasó en Cataluña y en otros comicios anteriores, lo que termina sucediendo no es que el CIS acierta, sino que el resultado de la elección se acaba pareciendo a la encuesta oficial porque ésta junto con otras han conseguido crear un clima suficientemente propicio para ello. Evidentemente, el CIS no tiene fuerza suficiente para cambiar tendencias cuando éstas son muy marcadas, pero sí actúa exagerando al alza o a la baja ciertas estimaciones de voto para provocar el movimiento tanto de indecisos como de «voto ideológico» abstencionista que se moviliza para evitar que la ideología contraria gane.

Es lo que se intenta hacer en Madrid, retorciendo los procedimientos y saliendo al rescate de lo que interese en cada momento. El último barómetro se publicó tras el debate en televisión de los candidatos, donde los medios y expertos coincidieron en que el candidato socialista pasó muy desapercibido. Sin embargo, el
CIS incrementó la estimación de voto a Ángel Gabilondo y al resto de fuerzas de izquierda, con la esperanza de que se pueda lograr lo mismo que alcanzó la derecha en Andalucía tras los comicios regionales de 2018. Para construir esta «realidad paralela» a la del consenso demoscópico, el CIS incrementa enormemente la expectativa de voto a Ciudadanos, fuerza que en el consenso no llega al 5%, confiando en que sea el ariete para decantar a los bloques.

En suma, el resultado de estas elecciones dependerá finalmente del miedo que esta posverdad haya podido
provocar en el votante de la región madrileña y de la participación que se logre, porque de ellos también
dependerán partidos que pueden quedarse sin representación tras haber estado formando, hasta hace
bien poco, parte del propio equipo de gobierno. Es importante que no caigamos en la provocación de los
datos, porque estos no siempre dicen la verdad y pueden llegar a ser caldo de cultivo de grandes
resultados para los partidos extremistas. No podeos dejarnos llevar por el miedo y la tensión. Es
importante que valoremos nuestro papel democrático para luchar contra los discursos que no hacen
más que dividir.

Miguel Bosé se define como “negacionista y con la cabeza alta”. Vivimos periodos de sin sentido y ya no solo ocurren en lo que rodea a la política, los discursos como el del cantante basados en nada, pero discutiendo todo lo que no tenga que ver con sus razonamientos son lo normal en la oratoria negacionista; que si Bill Gates nos va a meter un chip con las vacunas, que si el virus no existe y multitud de sandeces más que no hacen ningún bien a las personas que han vivido en sus propias carnes la pérdida de un ser querido, o los efectos de virus.

En un momento del programa ‘Lo de Évole’, le propusieron al cantante hablar con un científico, después de haber pasado la entrevista menospreciando los conocimientos de su entrevistador, que defendía simple y llanamente la existencia del virus como la puede defender cualquiera que no tenga una base científica suficiente como para desarrollar su hipótesis. Para Miguel Bosé no existían hipótesis, todo lo que decía eran verdades absolutas, hasta que claro, una vez le dijeron que hablarían con un científico de las teorías cuartomilenistas del artista él se echó para atrás y dijo que no tenía tanto conocimiento como para debatir con un profesional.

El negacionista trata de convencer al que es como él, intenta implementar su discurso sobre el de un profesional hablando de fuentes donde consigue la información y que en ningún momento son reveladas, básicamente porque no existen. Si realmente esto fuese posible lo sabría mucha más gente antes que Miguel Bosé, lo que pasa es que se le escucha por ser quién es, aunque no estemos de acuerdo con él le vamos a escuchar y quizás alguien se pueda creer las mentiras de este hombre. Como población debemos huir de este tipo de discursos que no favorecen más que la irresponsabilidad de las personas que realmente creen una falacia, perpetrada hasta cierto punto desde los medios de comunicación por darle cabida e ignorada por la comunidad científica por no ser más que un discurso tras unas copas de más en el bar de la esquina.

Miguel Bosé estaba deseando hablar del tema, su opinión era un eco dentro de la opinión pública y ha podido defenderla sin que nadie se lo llevase por delante; es más, él fue el que con la fiereza y agresividad que empleó para con la defensa de su negacionismo amedrentase al entrevistador, que en ciertos momentos se le vio un poco desbordado por una situación que previamente se pudo haber imaginado.

Es entendible que el tema, a nivel empresarial y económico, sea una golosina por la controversia que existe alrededor de él, pero la responsabilidad de los medios de comunicación es la de no alimentar más el miedo de una población cansada de la pandemia, sobreinformada en el tema de las vacunas y volátil, porque una situación así acaba con la paciencia de la gente y, como en la política, es más fácil caer en los discursos extremistas cuando la situación agota a la población. Los medios de comunicación deben ser una herramienta y no una trampa en el camino.