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No confundir diligencia y gestión con manipulación en Correos

La avalancha de peticiones de voto por correo está evidenciando multitud de problemas en la gestión del servicio postal en España. Pero una cosa es esto -cuestión de gestión y diligencia en facilitar un derecho fundamental – y otra cosa muy distinta algunas dudas sembradas sobre la manipulación del voto, cosa inaceptable.

FUENTE: El Norte de Castilla

En algunos casos por falta de claridad, en otros por manipulación intencionada, y en otros simplemente por desconocimiento de cómo funciona Correos, lo cierto y verdad es que el protagonismo que ha adquirido esta sociedad estatal no debería haberse producido. Cuando hay Elecciones (y más aún con la importancia de las que se celebran este 23 de julio) lo que menos hay que hacer en un país democrático es poner en duda los procedimientos del voto, ya que siembran dudas sin fundamento en los electores y tiene capacidad de modificar su intención de voto.

Llegados a este punto, es necesario clarificar lo que está sucediendo con el servicio postal. España es un país en el que los meses de julio y agosto se convierten en un problema para la administración pública (pero también para muchas empresas privadas) por la coincidencia en los mismos períodos de la mayor parte de la masa salarial de vacaciones. En este sentido, cubrir puestos vacantes de manera circunstancial o incluso llamar a personas que están de vacaciones para que se puedan incorporar durante unos días, se convierte en algo muy complejo.

Pero si a ello se añade que Correos es una de las empresas más grandes que hay en España y con una estructura especialmente rígida, entonces lo complejo se vuelve en casi imposible. Desde el punto de vista de la gestión de la compañía, sólo queda esperar la movilización de bolsas de trabajo temporal y, junto con ello, intentar aprobar un plan de incentivos que «recompense» las horas extra y los problemas que a los carteros les va suponer el proceso electoral.

Aunque a partir del 23 de julio los procesos electorales vuelvan a celebrarse sin sobresaltos, el nuevo Gobierno deberá abordar la revisión de transferencias presupuestarias como el «servicio postal universal», de modo que Correos deje de ser una empresa con tanta rigidez, se someta a una disciplina de mercado mayor y contemple compensaciones adicionales del Estado ante problemas como este colapso de las oficinas a la hora de enviar y gestionar el voto por correo. Probablemente, a futuro, el voto por correo continuará creciendo, con lo cual es necesario estar muy preparados e introducir tecnología para hacer eficientes los procesos electorales.

El sesgo sociológico que aún causa la política de bloques

España no termina de deshacerse de la «política de bloques» instaurada hace ya más de seis años por el sesgo sociológico que sigue introduciendo en la opinión pública

FUENTE: EFE

Tras una legislatura llena de problemas en la coalición de Gobierno, el país necesita un cambio y renovación en sus instituciones. Los extremos lo complican todo y una vez comienzan a gobernar se desinflan y parte de su electorado vuelve a la realidad, como ha pasado con la izquierda radical. La extrema derecha, en cambio, es muy joven en los gobiernos y las encuestas reflejan un posible protagonismo en la configuración del futuro Gobierno, incluso aunque esté registrando una tendencia demoscópica decreciente.

El horizonte de las próximas tres semanas apunta a dos posibles escenarios: un resultado que permita una colaboración entre los dos grandes partidos, teniendo el dominante la capacidad de ser investido sin el apoyo tácito o explícito de algunos de los extremos; o un resultado ajustado donde el ganador de las elecciones requiera la concurrencia del extremo más próximo.

El afán de poder de los extremos y su ego político les impide pactar sin tener su pedazo de tarta. La extrema derecha puede comenzar a sufrir lo mismo que le ha pasado a Unidas Podemos y que, tras su paso por los gobiernos municipales y regionales en los que ha estado, ha visto su marca desinflada una vez el electorado ha podido comprobar las ineficiencias de su gestión.

Muchos españoles confiaron en la extrema izquierda y sus líderes, que entraban al Gobierno prometiendo acabar con la ‘casta’. El discurso en los extremos es atractivo hasta que demuestran su inutilidad política. El propio Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas, demostró que, a pesar de poder tener un cierto control teórico, era ajeno al funcionamiento práctico del sistema.

No se puede cambiar el mundo por mucho que conozcas un mapa y , a nivel narrativo, los tonos que emplean las formaciones extremistas las acerca más de lo que las separa.

La extrema derecha no es ajena a los errores de gestión, obviamente, y en el poco tiempo que llevan dentro de Castilla y León, única región donde se puede examinar su funcionamiento dentro de un gobierno. La vicepresidencia de Castilla y León, que ocupa Juan García-Gallardo desde hace año y medio, está siendo más conocida por errores y salidas de tono que por aciertos.

La reducción del “gasto superfluo”, uno de los principales objetivos de Vox en su discurso, cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos ‘a dedo’. O el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se emplea para políticas es de 112.000 euros.

Estas situaciones en el Gobierno no se dejan pasar y Vox, con su líder a la cabeza, no ha sabido estar a la altura incluso antes de entrar. Las principales medidas y políticas de Vox están ligadas a un discurso populista, en el que se esconden para no tener que responder o exponer las medidas que no tienen y que hacen que un país funcione.

Izquierdas y derechas, iliberales y populistas, cuanto más lejos mejor. Con la extrema izquierda hemos visto la primera prueba, y ojalá no tener que contrastarla en una segunda vuelta sólo por comprobar como funciona su antítesis política. Estos partidos suelen generar gran apoyo cuando empiezan, hasta que realmente se demuestra que no valen más que para crispar y dividir más a los españoles.

A la cola y a la contra

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros.

FUENTE: EFE

La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses.

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia.

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas.

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia.

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos.

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

¿En qué nos afecta la inestabilidad británica, alemana, francesa…?

El Brexit que se prometía como panacea a todos los males no ha hecho más que agudizar la crisis y dividir la sociedad. También ha engullido a cuatro primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss. El país empieza a parecerse a Italia; un modelo que antes les daba pavor. Muchos ciudadanos y ciudadanas se preguntan a dónde se dirige su país.

FUENTE: EFE

El serio desbarajuste que vive hoy en día la política en el Reino Unido va a tener consecuencias tanto en Escocia como en Irlanda del Norte. Desde ambos territorios se ve al Parlamento de Westminster como un lugar con mucho ruido, que lejos de dar respuestas a estos tiempos de crisis se enfanga en luchas intestinas por el poder. Pero no son solo los ciudadanos de Escocia o de Irlanda del Norte. Todos están hartos, los propios ingleses también lo están.

Olaf Scholz se hunde en las encuestas. Emmanuel Macron está debilitado tras las últimas elecciones legislativas. La derecha gana en Italia con Giorgia Meloni. Liz Truss no ha durado ni un mes y medio. Pedro Sánchez vive elecciones el próximo año. Y desde el inicio de su mandato, a Joe Biden le persigue una profunda falta de popularidad con graves errores de comunicación y estrategia interna. Occidente hace frente a una crisis de liderazgos.

Los ciudadanos de los países más desarrollados sufren las consecuencias de la inestabilidad que asola a Europa con la guerra en Ucrania y el derivado alza de los precios en todo el planeta.

La convulsión en los palacios presidenciales de estos líderes contrasta con la situación en países gobernados por otros abiertamente populistas e iliberales. La guerra en Ucrania ha favorecido al Ejecutivo polaco comandado por el PiS, quien comparte grupo con Vox en la Eurocámara, para mejorar su maltrecha relación con Bruselas. En Hungría, el indomable Víktor Orbán ha declarado el estado de emergencia aumentando sus poderes y haciendo de su oposición a la estrategia europea contra Rusia uno de sus puntos fuertes para ganar apoyo dentro de casa. Y en la lejana Turquía, Recep Tayyip Erdogan está jugando con el veto de Finlandia y Suecia a la OTAN para que estos países extraditen a combatientes kurdos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intenta asumir el liderazgo político de la UE, aprovechando la erosión de la influencia de Berlín y París. Von der Leyen se ha mostrado especialmente activa en promover paquetes de duras sanciones contra Rusia, que siguen la agenda de EEUU que no depende de la energía importada como la UE, pero infravaloró el masivo impacto en las empresas y ciudadanos europeos de esas sanciones y las previsibles represalias rusas.

No hay presidentes en los grandes países occidentales que estén capacitados para revertir las situaciones que atraviesan sus naciones. Mientras, la población asiste atónita a este gran circo de inestabilidad los gobiernos iliberales los atraen con sus discursos populistas, muy atractivos en periodos de tensión constante.

Es cierto que hay variables que afectan al contexto y que son incontrolables, y hasta que estas no estén resueltas Occidente no podrá notar fielmente el reflejo de un liderazgo nuevo moderado que obtenga la estabilidad necesaria en su propio país.

Por una mediación efectiva de la UE ante situaciones de deterioro institucional

El día 3 de octubre tenemos que presentar ante Europa una renovación del Consejo General del Poder Judicial que llevamos retrasando años. Los informes de Bruselas han ido viendo la inacción de los políticos de nuestro país para negociar y no ha quedado más remedio que Bruselas intervenga en el proceso como árbitro para solventar una situación de deterioro institucional como ésta.

FUENTE: EFE

El martes 27 de septiembre se presentó en Madrid el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con un reto no imposible pero muy complejo: sentar a los dos grandes partidos en la misma mesa para terminar una renovación que lleva pausada 4 largos años. Todas las esperanzas por parte del Gobierno, del propio gobierno de los jueces y de las asociaciones judiciales están puestas en el Comisario que tiene tras de sí importantes episodios negociadores en la política interna de su país.

«Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas», dijo Reynders hace unos días desde Bruselas preguntado por el objetivo de su viaje a Madrid. El Comisario de Justicia considera urgente que se pongan en marcha los nuevos nombramientos y que se acometa «muy rápidamente» una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ.

Sobre esto último, parece que el PSOE no va a presentar demasiada oposición, una vez que se ha abierto a poder negociar que en el futuro la carrera judicial tenga un papel más activo en la elección de los miembros del gobierno de los jueces. El PP exige antes de sentarse a negociar la renovación que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar inmediatamente después la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del Consejo. Los socialistas consideran esta exigencia una excusa más del PP para no proceder a la renovación; lo que está claro es que ambos se protegen en sus excusas para no ser el primero en reconocer que ha torcido el brazo.

La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace años que el retraso en la renovación del CGPJ es un motivo de preocupación por la «posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización» y reclama la urgente renovación del gobierno de los jueces con el sistema vigente y que después se modifique el método de elección para evitar futuros bloqueos por falta de acuerdos políticos, como la actual.

Una mediación efectiva

Gobierno y oposición no han parado de lanzarse reproches durante la visita del Comisario, pero es responsabilidad compartida que no se haya avanzado durante estos años. Es muy preocupante que haya que defender una suerte de mediación europea ante situaciones de grave deterioro institucional, más aún cuando nuestro país es el siguiente en coger el relevo de la presidencia de la Unión Europea. Nuestra situación no es comparable a la de Hungría o Polonia, donde se vulnera la independencia judicial con asiduidad. Pero no nos podemos permitir que se nos pueda encasillar con países gobernados por iliberales. Tenemos una fecha límite para el lunes 3 de octubre y no parece que la vista del Comisario vaya a adelantar demasiado los acontecimientos.

En paralelo a la visita del comisario europeo de Justicia, el CGPJ celebrará este jueves un pleno ordinario al que Lesmes quiere llevar el informe que encargó al Gabinete Técnico del Consejo sobre su eventual sucesor. Desde el CGPJ no ocultan su malestar por que la futura dimisión de su presidente eclipse la visita del Comisario europeo. A su juicio, es improcedente someter a conocimiento de los vocales este informe, algo que, en su opinión, el Pleno del CGPJ tendría que ver una vez que él no esté y no precisamente en este momento. “Si se va, lo que él opine deja de ser relevante porque los que nos quedamos con el marrón somos nosotros”, recogen los medios desde fuentes del organismo.

Las consecuencias de que los partidos centrales abandonen su posición

Las Elecciones Generales celebradas en Italia han reabierto una de las cuestiones básicas del futuro político no sólo del país transalpino sino también de otros Estados Miembros de la UE como España.

FUENTE: EFE

Ése es el caso de Giorgia Meloni en Italia, pero éste ha sido el caso de Pablo Iglesias y los restos de su formación en España en los últimos años. Como si se tratara de una ley del péndulo, esta situación sigue siendo un gran desafío para lo que Europa significa. La extrema derecha italiana ha culminado este domingo la cadena de tentativas anteriores de formaciones expresamente nacional-populistas y euroescépticas en países de larga tradición democrática. En Suecia, hace 15 días, la ultraderecha fue la segunda fuerza más votada y, antes del verano, Marine Le Pen perdió la presidencia de Francia, pero multiplicó por diez su número de escaños (de 8 a 89).

Italia ha sido el caldo de cultivo de los grandes cambios políticos de Europa durante estos años, su gran inestabilidad nos ha permitido ver los grandes cambios que se produce en el imaginario de una sociedad cuando la situación nos es buena. Tomar decisiones a la ligera en busca de cambio cuando la coyuntura general no es buena solo desune, polariza. España se enfrenta este próximo curso a procesos electorales que locales y regionales donde podremos empezar a ver un atisbo del rumbo que puede coger nuestro país de cara a unas elecciones generales.

España se enfrenta este próximo año a procesos electorales locales y regionales donde podremos empezar a ver un atisbo del rumbo que puede coger nuestro país de cara a unas elecciones generales que llegarían en los meses siguientes. En cualquier caso, un tiempo más que prudencial para que los partidos centrales presenten una propuesta creíble de futuro que orille a los extremos. Algunos primeros elementos ya están apareciendo con una orientación electoral clara como es tocar los impuestos.

Dejando España y volviendo a dos cuestiones básicas de lo que ha ocurrido en Italia. ¿Cómo se explica esta victoria del otro extremo del espectro político italiano? Giorgia Meloni llega al poder gracias a una “tormenta perfecta”, una extraña confluencia de escenarios malos para la democracia. Se da tras la conformación y luego la caída en 2022 del gobierno de unidad del tecnócrata Mario Draghi, quien fue apoyado por casi todos los partidos con la excepción del partido Hermanos de Italia (FDI, por su sigla en italiano) de Meloni. De la noche a la mañana, Meloni se convirtió en la principal figura y luego principal candidata de la oposición al gobierno. Un nombre desconocido que ha conseguido desplazar a Salvini a la consideración de derecha moderada en su país y que puede significar la apertura, aún más si cabe, de los extremos políticos.

Sin embargo, hoy las preguntas principales no son si Meloni es neofascista o si el fascismo está regresando al poder de la misma manera (no es el caso). El interrogante debería ser cuánto daño puede hacer a Italia y la Unión Europea (UE) una coalición liderada por Meloni, que intentará contar con el exlíder del Consejo de Ministros, Mario Draghi, para ganarse el beneplácito (al menos económico) de la UE y no ser abrasados a sanciones como Hungría o Polonia, ante un gobierno que promete de todo menos tranquilidad.

Construir una mayoría electoral que rompa el statu quo nacionalista

Cataluña y España, una división. Una guerra imaginaria en las cabezas de los independentistas que desde los distintos gobiernos no se le ha dado la suficiente importancia que se le debía dar y, cuando ha habido que actuar, se ha actuado tarde. Más aún cuando se trata de hacer equilibrios muy complejos para lograr los apoyos suficientes en la Cámara Baja que mantengan unos meses más con vida la actual Legislatura.

FUENTE: EFE

El derecho a tener como lengua vehicular el castellano en la escuela catalana no sólo es una cuestión jurídica sino, ante todo, de derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución y los tratados internacionales. Cuando tanto los tribunales como la principal fuerza de la oposición en Cataluña declararon que el castellano volvería a ser lengua vehicular de la educación en Cataluña, se celebró con cierta calma. Sin embargo, el líder de la oposición, Salvador Illa, sabía que esto no era verdad y que estaría sujeto a los pactos que el Gobierno de coalición realizase con los independentistas.

Se cumplirá, en principio, lo que el equipo adoctrinador del Gobierno de la Generalitat quería: desoír la voz de las familias que pedían ejercer el derecho a que sus hijos pudieran tener una educación en castellano en España, impensable para algunos. Este curso, los 27 centros de educación pública de Cataluña en las que se impartía una (solo una) asignatura en castellano, gracias a las peticiones y manifestaciones de familias, tampoco impartirán asignaturas en castellano. Esto es celebrado por el consejero de Educación, Josep González Cambray, como una ‘batalla ganada contra España’.

El clasismo del nacionalismo catalán solo permitirá estudiar en su lengua a aquellos que puedan pagar una educación privada o concertada, degradando al resto a la imposición de la lengua a modo de “limpieza étnica”, como menciona Juan Claudio de Ramón. Emplazar a la obligatoriedad convierte al Ejecutivo catalán en un régimen, que pretende desplazar fuera de la región a aquellos que no ‘crean en la causa’ independentista.

Han demostrado de lo que son capaces, ejerciendo toda la presión del independentismo sobre aquellas personas que no quieren que se pisoteen sus derechos como españoles y catalanes. Han degradado a Cataluña y su intención de seguir haciéndolo parece no tener fin.

Este tipo de situaciones son inexplicables en el contexto internacional. ¿Cómo explicar en Europa que en España hay una región en la que la educación pública no enseña en la lengua oficial del Estado? Y aún más difícil, ¿cómo es posible que el Gobierno estatal lo permita?

El domingo 18 de septiembre saldrán a la calle los catalanes a los que el Govern está vulnerando sus derechos como españoles. Desde el resto del país estaremos apoyando a aquellos que acudan a manifestarse. Cataluña se ha cansado de la dictadura lingüística y Barcelona acogerá la protesta. ‘Escuela de Todos’ se ha encargado de organizar esta manifestación con una intención clara: que se aplique el 25% de castellano que indica la ley. Una mezcla entre el ‘realismo mágico’ de García Márquez y el ‘esperpento’ de Valle-Inclán, que provoca que lo que nos rodea carezca de sentido alguno, y que sean los propios españoles los que tengan que pedir no sentirse excluidos de la enseñanza pública del país.

La movilización social debe dar paso a la estrategia política. Es imprescindible transformar el enfado con la vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía catalana en la construcción de una mayoría electoral sobre la marca o marcas políticas que ocupen un espacio de centralidad y, con esa valentía, romper con el statu quo nacionalista. Es evidente que existe una mayoría más que suficiente de ciudadanos catalanes hartos de esta situación, pero que o bien no lo expresan cuando van a votar (excepto un porcentaje notable de los votos que está extraordinariamente fragmentado en este momento) o bien su expresión es la abstención.

¿Será capaz el principal partido de la oposición en Cataluña de identificarse de una vez con sus ciudadanos e instrumentar esa mayoría suficiente? ¿O tendrá que ser otra marca o marcas y otros liderazgos que lo hagan? Ahí está la batalla de los próximos meses mientras la Justicia vaya haciendo su trabajo en materia de ejecución de la sentencia última.

Podemos, Sánchez y la pérdida de influencia en Latinoamérica

Desde la llegada de Podemos a la política española la relación entre nuestro país y Latinoamérica sufrió un cambio en la influencia y la cooperación entre ambos. Las relaciones históricas y la importancia de la lengua siempre han sido el punto de unión que ha favorecido política y económicamente a ambos agentes. El cambio de paradigma político a nivel mundial con la irrupción de los populismos europeos en el poder político se extrapoló a la perfección en las frágiles democracias del sur de América.

FUENTE: EFE

Si hay algo que caracteriza a Podemos es su facilidad para revolver las aguas con una pasmosa sencillez y su influencia en los populismos de extrema izquierda es la tormenta perfecta. Pablo Iglesias incluye en el discurso político los movimientos revolucionarios de la región y afea el papel de nuestro país “conquistador”. Estas circunstancias alimentan el discurso del restablecimiento y del daño de nuestro país por parte de los líderes populistas de estos países.

El Descubrimiento y Conquista de América se convierten en el relato de nación española en el símbolo por antonomasia de las glorias imperiales españolas, tanto que la fiesta nacional española, 12 de octubre, celebra el día del primer desembarco de Cristóbal Colon en tierras americanas; en los americanos, por el contrario, con variaciones de unos a otros países, en símbolo de la destrucción de sus naciones por otra ajena y extraña, la española.

En la actualidad, parece que el mayor o menor éxito de las políticas españolas hacia América Latina, como consecuencia, no depende tanto de la voluntad española, en general siempre favorable a su fortalecimiento, como con los cambios político-ideológicos latinoamericanos, que históricamente han alternado momentos de clara hispanofilia con otros de no menos clara hispanofobia. Esto explicaría que, a pesar del incremento de los intercambios de todo tipo, desde económicos hasta académicos de las últimas décadas, España pocas veces ha estado tan ausente de la vida pública latinoamericana y ha sido menos influyente que en los últimos años.

Los recientes viajes de Pedro Sánchez a Latinoamérica tratan de romper con años de odio, proferido por sus ahora socios de Gobierno, en un momento de gran inestabilidad en Europa, buscando abrir frontera con España como principal aliado para conseguirlo. El problema es que Sánchez ha empleado sus viajes para desplazar a Podemos y se ha dedicado a estrechar lazos y felicitar a los nuevos ejecutivos populistas de la izquierda de la región y el Caribe. España debe abogar e influenciar para que en la región se recupere la senda de la moderación, no fomentar los desgobiernos.

Las relaciones de España con la América hispana no son una opción. El hermanamiento es más histórico y social que político y la amistad se ha mantenido siempre, incluso en las etapas más negras a un lado y otro del Atlántico. Una amistad que también debe ser pragmática porque la digitalización acelerada provocada por la pandemia y los retos medioambientales abren un gran abanico de posibilidades en una región potencialmente muy dinámica. Es cierto que, según un reciente informe del Banco Mundial, las cicatrices del covid tardarán en desaparecer y, aunque se esperan crecimientos superiores al 2% en 2022 y 2023, los resultados regionales siguen estando entre los más bajos del mundo. Sin embargo, América Latina y el Caribe contribuyen con solo el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y tienen enormes ventajas comparativas en la economía verde y energías renovables, de las que España puede y debe ser partícipe.

Nuestra visión sobre el nuevo curso político en España

El inicio del curso político 2022-2023 puede analizarse mediante una serie de ‘lugares comunes’ perfectamente descritos en los últimos meses. Dado que la intención de este Club de Opinión no es repetir lo obvio ni enfatizar lo evidente, es necesario buscar las claves de este próximo curso en un ejercicio de análisis más profundo.

FUENTE: EFE

La ventaja de contar con unas bases políticas tan superficiales como las de nuestro tiempo es que no es demasiado difícil ir a las motivaciones últimas de lo que está pasando y seguiremos viendo en los próximos meses con un alto grado de probabilidad.

En términos de estrategia, se trata de construir una coyuntura política y social basada en colocar al Gobierno y sus socios de legislatura como los garantes de una estabilidad precaria bajo la percepción de ser un «escudo protector» hasta diciembre de 2023. De esta manera, aquellas partes de la sociedad con más motivos para rebelarse mostrando su descontento no tengan suficiente fuerza y apoyo para movilizarse, mientras que se amplía el espectro social al que el Gobierno le genera la expectativa de que le está ayudando sin que haya ayuda real alguna.

Lo más importante no es ayudar con medidas eficaces ante los problemas socioeconómicos de los ciudadanos, sino hacerles creer que se les está dando un soporte que en realidad no existepara los que más lo necesitan. No hay más que ver qué ha sucedido con una medida como es el ingreso mínimo vital. Con un balance decepcionante (al cierre de 2021 apenas alcanzó al 40% de los beneficiarios según la AiREF), es un buen ejemplo no sólo del tipo de políticas que se aplican sino también del fin último que se persigue con ello.

Generar de forma permanente expectativas de que el Ejecutivo va a ayudar a quien lo necesite es una buena estrategia para minimizar la crítica hacia la labor de Gobierno, con independencia de su color político y administración (nacional, autonómica o local). Se aplica una máxima eficaz como es ‘no morder la mano del que te da de comer’, aunque en la realidad no te dé. Es la doctrina que se sigue desde el verano de 2020 con los ya archi-conocidos ‘fondos europeos‘. Se sabe que hay alguien que los percibe, pero muy pocos lo han visto de cerca o conocen casos de perceptores cercanos que sirvan para mantener la expectativa de participación en las inversiones millonarias hasta ahora planificadas. No hay más que ver la ejecución a principios de junio, por ejemplo, del que iba a ser el proyecto estrella: el vehículo eléctrico.

Obviamente, este juego de crear expectativas continuamente tiene fecha de caducidad. Pero es la suficiente como para mantener un año más el actual Gobierno, y un año menos para recomponer un tejido productivo profundamente desgastado y con unas perspectivas poco favorables en los próximos meses. Hay algunos indicadores que reflejan los problemas de fondo como las encuestas donde puede verse el cambio de fondo que se está produciendo en la intención de voto a menos de un año de las Elecciones locales y regionales. Sin embargo, no existe un mecanismo suficientemente engrasado que permita acelerar el fin de una legislatura más que agotada.

El Gobierno Sánchez-Díaz tomó hace ya tiempo la decisión inquebrantable de invertir todos los recursos públicos necesarios que les permita sobrevivir sin buscar acuerdos entre los grandes partidos, y que sirva para defenderse y contraatacar ante los escándalos, contradicciones y malas decisiones diarias. Ésta es, en definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos meses hasta el final de la Legislatura.

La ‘memoria democrática’, un mes después de su aprobación

El Club de Opinión La España que Reúne convocó a los medios en la mañana del viernes 15 de julio para expresar su más absoluta repulsa a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un mes después de su aprobación, los socios que dieron su apoyo preparan los siguientes ‘peajes’ que seguirán comprometiendo al actual Gobierno.

FUENTE: EUROPA PRESS

En la rueda de prensa del 15 de julio, José María Múgica recordó las palabras del Rey Felipe VI en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, el pasado 10 de julio. Para Múgica, estas palabras del Rey son perfectas y a la vez “incompatibles” con la reciente Ley de Memoria Democrática apoyada gracias a los votos que en su momento ayudaron al terrorismo. Una norma “sencillamente inconcebible que nace con tan infame apoyo, de los que jamás condenaron el terrorismo”, expresó. Este hecho resulta un “colmo”, ya que se investiga la democracia, con la Constitución aprobada y votada por la mayoría de los españoles, “poniendo en jaque el relato de la Transición” con aquellos condenados por la justicia por terrorismo y que se encuentran en la cúpula de EH Bildu.

“No hacía falta una Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, en la que ni una sola palabra se refiere al terrorismo. Qué tipo de memoria se pretende de la historia de España, en la que el terrorismo no figura. Sin esa ley todo estaba ya en la Transición, momento de reconciliación de los españoles; como estaba en la Constitución de 1978, viga maestra de nuestra unidad y de nuestra concordia”, recordó Múgica.

Esta norma no tiene el respaldo de los españoles ni la unidad de los partidos, como si tuvo la carta magna y por eso, si se mira esa Ley, “produce una profunda amargura que esté suscrita por los legatarios del terrorismo”. Esto hace que la norma sea imposible de considerarse como “positiva” y, con ella, “asistiremos a un retroceso” en nuestra sociedad, “pues es imposible avanzar en una convivencia con valores compartidos en esas condiciones”, sentencia José María Múgica.

Casi un mes después de la aprobación de esta ley, podemos observar los preparativos de los socios parlamentarios para seguir obteniendo concesiones por parte del Gobierno. No haber pactado la norma, ni siquiera negociarla en parte con el principal partido de la oposición, es un error que tiene costes importantes a medio y largo plazo. Por lo pronto, supone hundir más en el ‘círculo vicioso’ de los apoyos parlamentarios al actual Gobierno, el cual se verá obligado a seguir cediendo en pro de su estabilidad y durabilidad.

Pero llegará en breve un momento particularmente delicado como es la pretensión de los grupos extremos de acceder a la información sensible que el Estado guarda desde hace décadas para usarla en beneficio del ideario centrífugo que da más de 50 diputados a la actual coalición. En ese momento, se verá si los secretos son tan fácilmente revelables como se prometía en los debates de la ley (se plantea incluso alargar hasta en 50 años la revelación de cierta información) o si todo este movimiento se queda en agua de borrajas, pero habiendo repartido por el camino unos cuantos millones de euros que benefician a grupos políticos y sociales que se comportan como ‘buscadores de rentas’.

En los anteproyectos de Ley de Memoria Democrática circulados en los últimos dos años se establecía un presupuesto de 11 millones de euros para la ‘reparación, restitución de bienes y otras acciones’. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada en julio sin una memoria económica, lo cual deja un enorme margen discrecional al Gobierno para establecer partidas presupuestarias con difícil auditoría (la ley establece que en el plazo de un año se realice la auditoría de todos los bienes y valoración de los daños).

Aparte de esto, hay partidas económicas aún sin cuantificar pero que tienen nombre y apellidos. Es el caso del PNV que será el principal y casi único beneficiario de la Disposición Adicional Novena; los grupos que representan a la etnia gitana a través de la Adicional Duodécima o los Gobiernos vasco, navarro y catalán en las sucesivas Adicionales Decimoséptima y Decimoctava y Final Sexta, respectivamente.