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¿Por qué se menciona al PSOE cuando se quiere hablar del sanchismo?

El PSOE ha sido junto a la UCD y después el PP el principal impulsor de la Constitución de 1978 y con ello artífice del periodo de mejor convivencia en libertad de la historia de España.

Por Jesús Ballesteros

Por ello su trayectoria, en la que destacan los nombres de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch y un larguísimo etc. merece el agradecimiento de las generaciones presentes y futuras.

Esta labor de concordia y tolerancia ejemplares fue interrumpida bruscamente con la llegada al poder de Zapatero, que le dio la vuelta a todo lo anterior. Su principal preocupación fue eliminar la posibilidad de alternancia política, con el infamante pacto del Tinell promovido por el PSC y el apoyo a lo que decidiese el Parlamento catalán, fuese lo que fuese.

El sanchismo es la perfecta continuidad del zapaterismo en lo que se refiere a la intensificación del enfrentamiento entre los españoles y simultáneamente la creación de un régimen clientelar en el que sólo cuenta la obediencia férrea al líder y el enriquecimiento mutuo sin ideología alguna. Como escribió Pilar Marcos Domínguez, en “El taxidermista y su biombo” (The Objetive, 12.12.23) Sánchez llevó a cabo una autentica labor de disecación del PSOE para convertirlo en una gran agencia de colocación, Sánchez S.A. al servicio de su afán infinito de dominio.

Esta desnaturalización del partido se ha podido ver en el numeroso grupo de personas arrepentidas de su voto al sanchismo. Según encuesta de Sigma Dos para ‘El Mundo’, se trataría de 1.752.000 personas, un 22,4% de los ciudadanos que apoyaron a Sánchez en julio y que ya no volverían a votarle si hoy se repitiesen los comicios. Es muy fácil saber quiénes son. Los que creyeron honesta y quizá ingenuamente que el sanchismo era la continuidad de aquel PSOE al que votaron sus antepasados y han comprobado luego que no había tal continuidad.

El Partido Sanchista es una auténtico club clientelar a los que nunca abandona. Un ejemplo entre mil es el de Miquel Iceta, del PSC, apartado del Consejo de Ministros, pero compensado inmediatamente con la Embajada de España en la UNESCO.

Lo malo del caso para el gobierno es que estos votantes entusiastas no son suficientes para mantener en la Moncloa al jefe, razón por la cual éste debe mostrar una sumisión total a los partidos separatistas, claramente supremacistas, que le explotan en detrimento del conjunto de la población española, dado que las prebendas que Sánchez les concede son con cargo a los presupuestos generales del Estado, que pesan sobre las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, que lógicamente ha reducido en 50.000 su número desde que Sánchez ostenta el cargo.

La subida de impuestos y la desmesura en el gasto público nada tienen que ver con la ideología, mal que le pese a la volátil y desleal Yolanda Díaz sino con el mantenimiento del régimen clientelar.

Lo más maravilloso del presente español es que Sánchez presenta a sus socios /supremacistas y a sus votantes/clientes como progresistas, mientras que los partidos de la oposición serían peligros reaccionarios.
En esta patológica deriva en la que hemos entrado se llega a diferenciar los tipos de terroristas, los que se pueden homologar con sus socios de gobierno pasan a ser terroristas buenos, mientras los jueces empeñados en perseguirles son acusados de corrupción, y posiblemente sean sometidos a tribunales populares.

El sanchismo es la antítesis del PSOE clásico, al negar la igualdad entre los españoles concediendo la amnistía a unos cuantos privilegiados, y destruyendo la mayor parte de los presupuestos a esos mismos privilegiados, que una vez enriquecidos desean separarse de España.
Los tres ejes del sanchismo son el régimen clientelar, la pretensión de excluir a la oposición de toda opción de gobierno y el vasallaje a las minúsculas minorías supremacistas catalanes y vascas.

Ninguna de estas tres tristes realidades tienen que ver con la historia del PSOE. Razón por la cual sería de simple sentido común no mencionar este nombre al referirse a la mafia sanchista.

*Jesús Ballesteros es Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.

Singobernanza

La cogobernanza es un modelo de gobernanza que implica la colaboración entre diversas entidades, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o del sector privado, en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.

FUENTE: EFE

En contraste con la jerarquía tradicional, la cogobernanza busca la participación activa de múltiples actores, aprovechando sus experiencias y conocimientos para abordar problemas complejos.

Este término incluye la creación de plataformas de diálogo donde las partes interesadas contribuyen y trabajan juntas para encontrar soluciones. Su implementación varía según el contexto pero, en general, se centra en la colaboración para mejorar la eficiencia y legitimidad de las decisiones gubernamentales mediante la inclusión de diversas perspectivas.

El hecho de que el PSOE haya adoptado en su ideario político una fórmula que implica un claro cambio hacia posturas más propias de un modelo territorial confederal, en lugar de la naturaleza federal que siempre había defendido este partido, consolida la desviación de los socialistas en un tema fundamental para mantener las bases constitucionales.

En el documento resultante de la convención política del PSOE, celebrada en La Coruña, se plantea una reducción en el control del Estado mediante la «consolidación» del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas. En la práctica, esta propuesta implica un giro hacia un marco jurídico confederal, basado en la bilateralidad con las autonomías y con el Estado reducido al mínimo.

En una convención que se convirtió en una muestra de apoyo unánime al líder, considerando la falta de debate interno, el PSOE adopta una posición que difiere del modelo federal establecido en 2013 con la Declaración de Granada, que había evolucionado a lo largo de los años, aunque hasta ahora sin un contenido detallado, incluyendo términos como plurinacionalidad y España multinivel moderna.

Con Rubalcaba liderando Ferraz, los socialistas proponían definir la distribución de competencias para consolidar el Estado autonómico, garantizar la igualdad de todos los españoles y la lealtad federal, y asegurar los tres principios fundamentales del modelo territorial de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. Ahora, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el PSOE ha cambiado hacia el extremo opuesto.

Bajo el concepto eufemístico de cogobernanza, se esconden la vía irregular de las negociaciones bilaterales y las leyes de transferencias, con el objetivo de debilitar las competencias que permiten al Estado preservar la unidad territorial. Esta desviación, ya implementada con la cesión de la inmigración a la Generalitat catalana, está estrechamente vinculada a los acuerdos de los actuales socialistas con la extrema izquierda y los independentistas.

El cónclave de La Coruña, justo antes de las elecciones gallegas del 18-F, refleja en el ideario socialista el muro construido frente a la derecha. “Solamente se puede gobernar este país si asumimos la pluralidad política y la diversidad territorial en torno a un proyecto común, que es España”, afirmó Sánchez después de anunciar una inversión en educación para fortalecer Matemáticas y Lengua tras el fracaso del último informe PISA. Aunque esta rectificación oportuna no oculta la contradicción de apelar a la diversidad mientras se diluyen los pilares constitucionales.

Algún hombre de Estado quedará en las filas socialistas, pero a la mínima que saltan se ven perseguidos por todo el partido, que se cierra con vehemencia en torno a su líder. El último de nuevo ha vuelto a ser Emiliano García Page. Enfrentarse al separatismo disolvente requiere asegurar la igualdad en lugar de avanzar hacia un proceso de descentralización que socava el fundamento ideológico que hasta hace unos años había caracterizado al PSOE como un partido de Estado.

Por si fuera poco, hay algunas consideraciones sobre lo que podría ocasionar su aplicación en el caso de España:

Complejidad en la toma de decisiones:

En un sistema con múltiples niveles de gobierno y la participación de diferentes actores, como comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, podría haber desafíos para lograr consensos rápidos en cuestiones que requieren acción urgente.

Falta de responsabilidad clara:

Dada la descentralización en España, con varias competencias transferidas a las comunidades autónomas, podría surgir la falta de claridad sobre quién es responsable de ciertos asuntos, lo que complica la rendición de cuentas.

Captura de intereses:

En el contexto español, se podría dar el riesgo de que ciertos grupos de interés, ya sean a nivel regional o sectorial, ejerzan una influencia desproporcionada en decisiones políticas, lo que podría afectar la equidad y el interés general.

Falta de equidad en la participación:

La cogobernanza podría enfrentar desafíos en asegurar una representación equitativa de todas las comunidades autónomas y grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, lo que podría llevar a la marginación de algunas voces.

Fragilidad y falta de estabilidad:

En un sistema político que puede experimentar cambios significativos en las alianzas y composición de gobierno, la cogobernanza podría volverse más susceptible a la inestabilidad y a la discontinuidad en las políticas.

Viraje hacia el confederalismo:

Se critica que el PSOE haya abandonado su tradicional postura federalista para adoptar una fórmula que se percibe como más confederal. La consolidación del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas se interpreta como un giro hacia un marco jurídico confederalizante, donde el Estado tendría un papel reducido.

Merma en el control del Estado:

La propuesta de cogobernanza implica una disminución en el control del Estado central, favoreciendo la bilateralidad con las autonomías y debilitando la unidad territorial. Con un Estado reducido en competencias a la mínima exponencia para perpetrarse en el poder en desfavor del resto del país.

Pérdida de los principios federales anteriores:

La posición actual del PSOE difiere de la Declaración de Granada de 2013, donde se abogaba por cerrar el Estado autonómico, garantizar la igualdad, la lealtad federal y los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad interterritorial.

Cesiones a la extrema izquierda e independentistas:

La deriva hacia la cogobernanza está vinculada a pactos con la extrema izquierda e independentistas. La cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat es el perfecto ejemplo de esta tendencia; una idea que siempre han echado en cara a la extrema derecho y que ahora debe ser que ayuda al restablecimiento de la concordía en nuestro país

Desafío frente al separatismo:

La descentralización propuesta por el PSOE podría debilitar la capacidad de hacer frente al separatismo, ya que se considera necesario garantizar la igualdad en lugar de descentralizar el poder.

Política y ética pasan de líquido a gas

La conferencia política que ha celebrado el PSOE en La Coruña este fin de semana tiene varios aspectos que merecen un análisis pormenorizado.

FUENTE: EFE

En primer lugar, tanto el acto en sí como los discursos que se realizaron en él son una muestra fiel del actual ciclo político. Los partidos occidentales a lo largo de los años han utilizado este tipo de convenciones para discutir los temas fundamentales, confrontar visiones opuestas y obtener una síntesis razonable y coherente para la sociedad en general, no sólo para el consumo interno de sus afiliados.

Éste no es el caso del acto de La Coruña. Más bien, todo lo contrario. Un mitin continuo de los dirigentes actuales que buscan protegerse debajo de la figura de su líder, ya que su supervivencia política depende de ello. Un acto en el que el tiempo se empleó en buscar argumentos que sirvan para simular una «normalidad» que dejó de existir hace mucho tiempo.

Es más, hacen creer que estamos ante una “nueva normalidad” mucho mejor que la anterior (por supuesto, combativa y contraria a todo lo que no sea gobernar), ya que supuestamente se asume la pluralidad del Estado, cosa que teóricamente antes no se hacía. Éste es el último giro de guión que los estrategas del presidente han encontrado para apuntalar los días posteriores a la que fue la peor sesión parlamentaria del actual régimen del 78, la del miércoles 10 de enero.

Para intentar convencer a la ciudadanía (especialmente, aquella que está llamada a las urnas en los próximos meses) de que el camino correcto es el suyo, primero necesitan autoconvencerse. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. En el momento en que las convicciones políticas y éticas se ponen al servicio del ciclo político actual, éstas pasan del estado líquido (no podemos decir que vinieran del estado sólido, ya se habían deteriorado suficientemente por el camino de los últimos 20 años) al gaseoso.

En esta transición hay una actitud clave que hace unas semanas pronunciaba una conocida periodista: “si todos los días es todo tan grave, quiere decir que no pasa nada”. Una vez logrado ese convencimiento, viene el momento de vender unos resultados en términos de gestión económica y política social que, salvo en muy pocos aspectos, no han supuesto una mejora real de la vida de los ciudadanos.

No es de recibo que el Gobierno que ha contado con el mayor volumen de recursos económicos de la Historia (en torno a un billón de euros entre gasto público directo y financiación de deuda pública a un coste muy bajo) haya obtenido unos resultados tan pírricos.

Desde 2019, los ingresos de las familias en términos reales han bajado un 2,4% mientras la media europea subió un 1,4% volviendo oficialmente al «club de los países pobres» de la UE al caer nuestra renta per cápita al 85% de la media UE; el único de los grandes países europeos donde la inversión empresarial ha caído mientras la media europea ha subido más de un 10%, la productividad (lo que de verdad hace crecer un país) ha caído un 2,3% entre 2020 y 2022, la deuda del sistema público de pensiones ha pasado de 17.000 millones en 2016 a 106.000 millones al cierre de septiembre de 2023…

Con lo cual, ni siquiera el argumento económico o el de política social pueden justificar que se haga lo que sea necesario para mantener al Gobierno en el poder, instalado en una lógica permanente de «frente amplio». Nunca es fácil que alguien que ostenta la responsabilidad de Gobierno tenga la capacidad de autocrítica, voluntad de enmendar su proceder y rectificar su rumbo atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. No se ha hecho en La Coruña, y probablemente no se haga tampoco en los próximos meses, salvo que se produzca una contundente derrota electoral

Política de retos en 2024

Los primeros días de 2024 no traen un panorama tan prometedor como se nos quería hacer creer tanto en lo económico como lo social.

FUENTE: EFE

2023 ha estado marcado por un continuo vaivén político y las sorpresas no han cesado. Con Pedro Sánchez de nuevo en el poder, surgen desafíos importantes que, lejos de ser solucionados, podrían intensificar las divisiones y desequilibrios en el país con las miras puestas en el nuevo año.

El presidente del Gobierno demuestra más habilidad política que enfoque en resolver problemas reales. En lugar de abordar cuestiones cruciales, se han priorizado temas que dividen y polarizan a la sociedad. El énfasis en las cuestiones territoriales y la financiación autonómica puede profundizar las divisiones regionales en lugar de promover la cohesión nacional.

Hablando de la tan promocionada ley de amnistía, su tramitación y aprobación desencadenarán un desequilibrio aún mayor en la independencia judicial y crear más discordia en lugar de restaurar la estabilidad.

Mientras se aumenta el salario mínimo y mejorar las prestaciones por desempleo, se ignora el impacto que esto tiene en la economía. El enfoque en una política fiscal «redistributiva y justa» no consigue ni redistribuir correctamente, ni tampoco la equidad, con lo cual, se traducen en desincentivar la inversión y el crecimiento económico, perjudicando a largo plazo a todos los estratos sociales.

Además, el desacuerdo constante en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja una polarización que afecta gravemente el funcionamiento de la justicia. Ambos lados políticos parecen estar más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar general del país, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial.

El nuevo Gobierno, lejos de ofrecer soluciones reales, parece querer profundizar en las divisiones y desequilibrios existentes en el país. Los desafíos planteados no parecen estar abordándose de manera efectiva, lo que podría augurar un período tumultuoso y poco productivo para el futuro inmediato de la nación.

En el plano económico, nuestro país se enfrenta a un panorama de desaceleración del que tomará parte toda Europa. La economía española experimentó un 2023 que comenzó fuerte (comparando el dato presente con el de sus homólogos europeos), pero mostró una desaceleración gradual a lo largo del año, cerrando con un crecimiento aproximado del 2,3% para el conjunto del año.

A pesar de esto, se evidenció una tendencia a la desaceleración trimestral, reflejada en el estancamiento del empleo, el deterioro de los indicadores de manufacturas y servicios, así como en las exportaciones, incluyendo el sector turístico.

El discurso del Rey

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI de este año se enfocó principalmente en una firme defensa de la Constitución y los valores fundamentales de la sociedad española. El monarca se centró en abordar el panorama político interno de España sin demasiada atención a conflictos internacionales.

FUENTE: EFE

En medio de un año políticamente tenso, con elecciones que han llevado a la necesidad de acuerdos inusuales entre partidos para formar gobiernos autonómicos y centrales, el Rey hizo hincapié en la importancia de evitar la polarización ideológica. Señaló cómo esta tendencia a dividirse en bloques puede deslegitimar a la otra parte, representando una amenaza para la estabilidad y el respeto mutuo en la sociedad.

El discurso buscaba recordar la importancia de mantener la unidad y la voluntad de entendimiento, especialmente en un momento en el que los pactos políticos se vuelven indispensables y la separación ideológica podría poner en peligro la cohesión social.

Después de las elecciones generales del 23 de julio, el Rey mismo se vio envuelto en disputas políticas, enfrentando acusaciones y demandas sobre su papel institucional. En medio de estos antecedentes, sus palabras sobre el lugar constitucional de cada institución, incluyendo la suya, y el respeto mutuo entre estas, cobran sentido.

No es exclusivo de Felipe VI el dedicar un discurso a advertir sobre los peligros de la polarización extrema y su impacto en la credibilidad democrática. La tendencia global a cuestionar los pilares de la convivencia, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, requiere ser detenida antes de normalizarse. La clave es la Constitución, no como un símbolo vacío para las luchas partidistas, sino como el fundamento de sus valores esenciales.

El discurso del Rey este domingo fue una rara expresión de defensa precisa de los valores constitucionales como logro colectivo y herramienta para el futuro. Expresó preocupación, haciendo un llamado al «deber moral» de evitar la discordia, pero también transmitió confianza y optimismo. Ofreció un análisis no solo de las corrientes problemáticas que enfrentamos, sino también un argumento esencial para un país que tiende a subestimar sus virtudes y negar sus éxitos.

A veces, expresarse sin ser escuchado puede sentirse como hablar en un vacío, pero al menos se tiene la certeza de haber dicho lo que se necesitaba decir. El discurso del Rey Felipe VI esta Nochebuena, probablemente el más político desde su intervención el 3 de octubre de 2017 durante la situación en Cataluña, deja la pregunta de si los líderes políticos realmente han captado su mensaje.

En los próximos meses veremos si hubo una respuesta o si este llamado a la reflexión sobre el discurso del Rey resonó en la esfera política, especialmente considerando la situación crítica que enfrentaba el Gobierno de Mariano Rajoy en aquel entonces, con la crisis en Cataluña y su aparente inacción.

El discurso de Felipe VI en esta última Nochebuena llevó a la mesa de los españoles dos ideas fundamentales que desafiaban directamente el dramático panorama político del país: la advertencia de evitar que se arraigue la «germen de la discordia» y la afirmación de que la Constitución representa el mejor medio para «superar las divisiones». Remarcó que fuera de esta ley fundamental «no hay ley ni España en paz y libertad».

Es común que cada partido político interprete estas palabras según su conveniencia y las utilice para atacar a sus opositores. En España, son pocas las instituciones que no han sido arrastradas a los enfrentamientos políticos, como si fueran blancos en una obra de arte, sufriendo golpes y embates propinados por algunos políticos aficionados a la confrontación.

El discurso del Rey, especialmente para las dos principales formaciones políticas, debería ser un recordatorio crucial sobre la creciente polarización y un llamado a detener la deslegitimación del adversario, recordando que nunca deberían considerarse enemigos. En los últimos meses, la sensación era de caminar peligrosamente hacia el borde de ese abismo. «No podemos permitirlo», recalcó el Rey, subrayando la urgencia de detener este peligroso rumbo hacia la confrontación y el descrédito mutuo en el panorama político.

Las palabras de Felipe VI suelen ser meticulosamente escogidas, lo que permite diversas interpretaciones por parte de ciudadanos y partidos políticos que buscan respaldo para sus propias visiones. Sin embargo, dejó en claro la importancia de defender los «valores constitucionales» cuando se ven amenazados o cuestionados.

Entre las interpretaciones posibles, se puede sostener que este discurso de Nochebuena fue una llamada de atención, una señal contundente para recordar que en la confrontación política no todo es válido y que preservar las instituciones es crucial. Más allá de los líderes políticos, estas instituciones perdurarán y deberían hacerlo con el menor daño posible.

La imagen que acompañaba la alocución, con los Reyes y la Infanta Sofía aplaudiendo a la Princesa Leonor cuando juró la Constitución ante las Cortes Generales, fue una metáfora perfecta de la necesidad imperante de que las instituciones se mantengan sólidas y perduren en el tiempo.

El desgobierno y un superministro

Ya hay Gobierno y Pedro Sánchez no ha reducido el gasto, sino que lo ha aumentado al incrementar el número de secretarías de estado. También está por verse qué sucederá con las subsecretarías, secretarías generales y otros cargos que a menudo están asociados con ciertos privilegios, una práctica que parece ser común entre Sánchez y su equipo. Ni medidas de ahorro ni reducción de gastos.

FUENTE: EFE

Sánchez ha presentado su nuevo gabinete para la próxima legislatura, destacando que Sumar retiene las cinco carteras que anteriormente ocupó Podemos, a pesar de haber obtenido menos escaños que esta formación. Una de las novedades más notables es el carácter político que adquiere el nuevo gabinete, marcado por la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como vicepresidenta. Similarmente, la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, asume también la portavocía del Gobierno, relevando a Isabel Rodríguez, quien se enfrenta al desafío de implementar el ambicioso plan de vivienda asequible de Sánchez.

Se observa un gabinete menos orientado hacia lo técnico y más enfocado en perfiles políticos. Un claro ejemplo es la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como nueva vicepresidenta. Lo mismo ocurre con Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz socialista, quien ahora también ejercerá como portavoz del Ejecutivo, relevando a Isabel Rodríguez, encargada del desafiante plan de vivienda asequible de Sánchez.

El enfoque político se hace evidente con la elección de Óscar Puente para Transportes, reconocido por su posición polémica, y el nombramiento de Elma Saiz en Seguridad Social, una figura menos conocida pero apoyada por Santos Cerdán, clave en las negociaciones con Junts y secretario de Organización del PSOE.

Un aspecto crucial que define el rumbo de esta legislatura es la ampliación del rol de Félix Bolaños, quien suma a su cartera de Presidencia y Relaciones con las Cortes la responsabilidad en Justicia. Esta concentración de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en una sola figura plantea interrogantes sobre la independencia judicial, especialmente en relación con la Ley de Amnistía, dado que Bolaños podría tener un papel dual como juez y parte en el ámbito judicial.

La concentración de competencias en la figura del superministro ha levantado las primeras suspicacias entre la oposición , ya que Bolaños pasará a controlar los tres poderes. Manteniendo su rol como ministro de la Presidencia, seguirá coordinando las acciones del Ejecutivo y encabezando las reuniones semanales de secretarios de Estado y subsecretarios, destinadas a preparar las próximas sesiones del Consejo de Ministros. Además, en su posición como ministro de Relaciones con las Cortes, continuará siendo el enlace entre el Gobierno y el poder legislativo, con una presidenta del Congreso que ha mostrado una clara afinidad con Sánchez, tal como lo ha demostrado Francina Armengol en apenas cuatro meses.

En su papel como ministro de Justicia, se espera que Bolaños aborde la reacción del Poder Judicial frente a la ley de amnistía, en gran medida producto de sus acciones. Esta ley continuará su proceso parlamentario el próximo martes después de ser calificada por la Mesa del Congreso, con el respaldo del secretario general de la Cámara Baja. Asimismo, se espera que busque persuadir a la Comisión Europea de que la democracia en España está protegida.

¿Esto es progresismo?

El PSOE solo ha firmado el documento que le ha presentado Junts, introduciendo, en todo caso, algunas “morcillas” para justificar la firma. Han comprado con entusiasmo el relato de los independentistas, sin reservas, y han aceptado las medidas de carácter populista, que caracterizan a repúblicas hispanoamericanas fracasadas, con entusiasmo.

FUENTE: EFE

Los progresistas del siglo XXI nos llevan a los españoles directamente al siglo XIX. ¡Raro progreso el que nos lleva al pasado! Con Puigdemont hemos retrocedido con los Decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII; esperemos que con el PNV no retrocedamos a las cuevas de Santimamiñe.

El primer dato relevante es que es la primera vez que soluciones políticas gubernamentales se negocian y se presentan fuera de nuestro país, en Waterloo, como si fuéramos un país inhóspito en el que no existe libertad para negociar. Waterloo supuso una derrota definitiva de Napoleón, y tristemente, en esa ciudad belga, los socialistas han puesto punto final a la democracia española del 78. No sabemos lo que vendrá, pero desde luego, no será el desarrollo lógico de la Constitución del 78.

En segundo lugar, han negociado con una persona que, si pisara el suelo español, sería detenido. Han negociado con un prófugo y por unos cuantos votos en el Congreso. Esto sería impensable hace una década, pero la ambición de una persona y el silencio acomodaticio de muchos lo han permitido. Hoy son ya responsables del desastre, tanto Sánchez como quienes le acompañan a llevar al precipicio al sistema constitucional español.

El PSOE dice en el acuerdo: “Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del parlamento catalán que representa legítimamente al pueblo catalán”. ¿Y la soberanía nacional? ¿Y el Congreso de los Diputados? ¿Dónde queda en ese documento suscrito por el PSOE la nación española? ¿Ha dejado acaso de existir para el PSOE? Con esta afirmación, podemos decir que el PSOE, para satisfacer la ambición de Sánchez, ha dejado de creer en España y en la Constitución del 78.

Aprueban la existencia de un verificador internacional como si de un problema internacional se tratara. Justifican y legitiman los desórdenes públicos en Cataluña, la transgresión de leyes y sentencias realizadas por cargos públicos, y aceptan que comportamientos de naturaleza terrorista sean considerados solo expresiones políticas. Podemos decir que Puigdemont y la necesidad narcisista de Sánchez han conseguido más que la banda terrorista ETA durante décadas; justo es reconocerlo sin necesidad de poner un muerto encima de la mesa para negociar.

Destruyen la independencia judicial y, después de firmado este documento que permitirá crear comisiones de control a los jueces en el Congreso, estos ya pueden sentirse amenazados, ni más ni menos que por la fuerza del parlamento. Sería este acuerdo el sueño dorado de Trump, pero los EE. UU. pueden tener presidentes pintorescos e impresentables, pero tienen unas instituciones que no claudican.

Hoy corre más peligro el juez Marchena que los delincuentes independentistas. La Unión Europea debe mostrar su preocupación por la quiebra de la independencia judicial, y debe importarles poco que los autores de tamaños desaguisados sean de extrema derecha o populistas, nacionalistas o extremistas de izquierda.

Queda la ley de amnistía, radicalmente inconstitucional, y que conseguirá que seamos los españoles, vivamos en Cataluña o en el resto de España, los que tengamos que pedir perdón a los independentistas catalanes. En contra de lo que dice Santos Cerdán, este acuerdo es de investidura, no de legislatura; excepto que existan otros acuerdos que los ciudadanos españoles desconozcamos. Es decir, cada votación, cada ley será aprobada a costa de otro destrozo a la soberanía nacional española; una votación en el Congreso, otro regalo en favor de la desigualdad entre españoles.

No es extraño que Puigdemont se sienta ganador, igual que tampoco es extraño que los miembros y portavoces del PSOE se hayan escondido para que el mal trago pase. No merece la pena perder la dignidad, tirar por la borda los últimos 45 años de la historia del PSOE, poner punto y final a la Transición democrática española, por seguir las alborotadas vanidades de ningún líder.

¿No es posible que salgan más voces socialistas a decir que esto no se puede hacer en su nombre? Al silencio le acompañará para siempre la indignidad. ¡Digan no! Digan: ¡hasta aquí hemos llegado! Rebélense por su dignidad, por su partido, por España… Los que les antecedieron pagaron con la cárcel su ejercicio de dignidad en la lucha contra el franquismo, hablen menos de ellos y hónrenles. El resto de españoles debemos resistir pacífica y democráticamente donde nos corresponda.

Leonor y Sánchez

La princesa Leonor juró la Constitución española la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en una ceremonia especial con motivo de su 18 cumpleaños, siguiendo el ejemplo de su padre en 1986, cuando tenía su misma edad. De esta manera, la heredera al trono se acerca cada vez más a su futura posición como reina de España.

FUENTE: EFE

Cuando su padre fallezca, abdique o no pueda continuar en el cargo, ella se convertirá en la Jefa del Estado, siendo la primera reina titular (no consorte ni regente) de España en más de 120 años.

Este escenario no es sorprendente, ya que Leonor goza del respaldo de la opinión pública y representa el futuro de la Monarquía en España. Siendo joven y mujer, ella se convierte en una figura clave para la institución, capaz de renovarla y superar las sombras y escándalos del pasado, particularmente los relacionados con su abuelo. Leonor ha ganado cada vez más apoyo y es actualmente la miembro de la Casa Real mejor valorada, incluso por encima de su padre, el rey Felipe VI.

Según una encuesta de Sigma DOS, un 63% de los españoles considera que la princesa Leonor será una «buena Jefa del Estado para España», en comparación con el 23% que no lo cree. Además, el 64,2% opina que la imagen de la Corona está mejorando en la sociedad española, en contraste con el 29% que piensa lo contrario. Un amplio 60% de los españoles cree que Leonor llegará a ser reina, mientras que solo el 23% cree que cambiará el modelo de Estado antes de heredar.

Este apoyo a Leonor llega en un contexto en el que la Corona española ha experimentado un notable distanciamiento de la sociedad en los últimos años. Factores como la conducta del rey emérito Juan Carlos I y cambios en la política, con la aparición de partidos republicanos en el Gobierno y el Parlamento, han contribuido a este fenómeno. Además, los escándalos sexuales y económicos de Juan Carlos I han afectado la reputación de la Monarquía y la Casa Real.

A pesar de los desafíos, algunos analistas argumentan que la Monarquía ha superado la mala racha de su predecesor con la llegada de Felipe VI, quien ha ganado la confianza de una parte significativa de la sociedad, especialmente en el espectro conservador. Además, la familia real ha logrado desvincularse de Juan Carlos I.

En cuanto a la popularidad de la Monarquía en comparación con la República en un hipotético referéndum, es difícil predecir su resultado. Sin embargo, es importante destacar que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el principal instituto demoscópico español, no ha preguntado sobre la Monarquía o la Familia Real en sus encuestas desde 2015.

Lo que es evidente es que, en los libros de Historia de España, se registrará la imagen del presidente Sánchez junto a Leonor, asegurando la lealtad de su Gobierno. No obstante, también quedará registrado que su Gobierno incurrió en una flagrante deslealtad desde el principio, sin que el presidente haya desautorizado o reprochado la conducta de sus ministros.

Atacar al más débil

No es oro todo lo que reluce para el trabajador ante las promesas populistas del tándem Sánchez Díaz (si es que todavía no se habían dado cuenta). El compromiso a actuar sobre la jornada laboral y la subida del salario mínimo es un truco de trileros para tratar de hacerse querer entre los más vulnerables, el problema aquí es que los más afectados de estas medidas serán ellos.

FUENTE: EFE

Si bien es cierto que es imposible medir los efectos de la medida en cifras, puesto que es muy difícil cuantificar y prever una medida de la que no se conoce mucho más que el anuncio.

Pero echando la vista a cómo ha afectado la última subida del SMI a sus potenciales beneficiarios el debate sobre la afección de estas medidas sobre el empleo es de obligado tratamiento. Si ponemos el foco en la última actualización, observamos que los jóvenes y las mujeres son a los que más afecta la pérdida de empleo por la subida, y los colectivos a los que ha beneficiado la subida serían aquellos más afectados por las próximas subidas y cambios en materia laboral debido a su vulnerabilidad.

Hay una dimensión que en España se suele obviar: no vivimos en un país con fuerte arraigo industrial, por lo que los pequeños empresarios, que sostienen el país y el empleo, tendrán que hacer ajustes para paliar el aumento de los costes laborales que provocan estas medidas.

La principal preocupación de las empresas radica en la posible presión que puedan ejercer sobre los costes laborales. En los últimos años, las compañías también han tenido que afrontar un aumento en los costes de producción debido a la inflación, así como en los costes de financiación a raíz del alza de los tipos de interés. Además, se suman a estas preocupaciones el impacto de las sucesivas subidas del salario mínimo y el aumento de las cotizaciones debido a la reforma de las pensiones.

El Gobierno debería abstenerse de legislar en asuntos que requieren consenso entre los agentes sociales, ya que no todos los sectores y regiones pueden permitirse o necesitan los mismos cambios. En última instancia, el empresario parece ser el villano de la historia, ya que su supervivencia se ve amenazada, al parecer, tanto por los miembros del gobierno anterior como por los del futuro.

Las propuestas para la próxima legislatura parecen carecer de realismo en lo que respecta a la política laboral. La AIREF aboga por la normalidad, ya que actualmente hay quienes solicitan un salario mínimo de 1.500 euros y una jornada laboral de 35 horas a la semana. Esto podría generar desequilibrios en la productividad, la economía y el mercado laboral.

El mercado laboral tiene sus límites, y el Gobierno parece estar dispuesto a traspasarlos a expensas de los más vulnerables, que siempre son los más afectados por estos cambios, que en teoría se llevan a cabo en su beneficio. Sin embargo, sobrepasar esos límites podría llevar a un punto de no retorno para muchas empresas, sectores y familias.

La idea de que reduciendo las horas de trabajo se puede aumentar la cantidad de empleados y, así, solucionar el problema del desempleo es una falacia antigua que se utiliza en diversos contextos. Esta idea sostiene que las oportunidades de empleo son fijas, como una tarta que se puede dividir en porciones grandes o pequeñas. Sin embargo, el empleo no es una tarta, sino una realidad compleja y cambiante que puede aumentar o disminuir.

El Gobierno puede influir en esta dinámica, y si reduce la jornada laboral de manera forzosa, puede impedir que empresas y trabajadores se adapten a su máxima productividad. Si la productividad disminuye, se reduce la riqueza, el ahorro, el capital y la inversión, y, en última instancia, la cantidad de empleo también disminuye.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna fórmula artificial de reducción de jornada que haya demostrado ser efectiva para crear empleo. Los franceses lo intentaron recientemente con la jornada laboral de 35 horas a la semana, y el resultado fue un fracaso. No obstante, es importante destacar que la reducción de la jornada laboral puede ser efectiva cuando está respaldada por un aumento en la productividad y se logra a través de la negociación entre empleadores y empleados, lo cual ha funcionado en numerosas ocasiones en la práctica real.

¿Y si la mayoría de los catalanes ha votado por la confederación?

El presidente en funciones quiere hacer borrón y cuenta nueva con Cataluña. La ciudadanía de este territorio habló en las pasadas elecciones generales que estaba con el ahora candidato a la investidura. La duda es si bajo la premisa de una España confederal en la que mantener a esta región tranquila de movimientos independentistas a cambio de un coste muy alto para el resto de España.

FUENTE: EFE

Ahora con las negociaciones en marcha, el PSOE es probable que tenga listo su plan para hacer aceptable la amnistía y preparar el terreno para un posible referéndum. Por el momento ya tiene su eufemismo para la amnistía: «estiramiento de la convivencia»

Salvador Illa ha iniciado una serie de declaraciones destinadas a vender la amnistía al público y fomentar la división en el período previo a nuevas elecciones. ERC y Junts están al borde de la muerte si no aceptan este planteamiento, cosa que el PSOE sabe, y si están de acuerdo es porque están buscando oportunidades para seguir manteniendo su posición en Cataluña.

Este modelo fue puesto en práctica recientemente en una reunión en el País Vasco, donde, de hecho, Illa elogió la «política» de la comunidad vasca. Para Illa, el uso de eufemismos y el discurso camuflado han servido para superar situaciones no deseadas y momentos oscuros. Esto se traduce en la necesidad de adoptar un enfoque cínico que permita mantener una agenda oculta ante la mayoría de la población mientras se promueve la idea de «mejorar la convivencia».

El catalán ha instado a los partidos independentistas a aprender de los partidos nacionalistas vascos en el ámbito político, destacando su capacidad para expresar sus proyectos políticos de manera clara y respetuosa, aunque reconoce la importancia de momentos de discreción en ocasiones.

Las palabras de Illa también hacen referencia al plan del PNV para avanzar en lo que llaman «plurinación». A diferencia de Junts, ERC y Bildu, que abogan abiertamente por la amnistía de los separatistas y un referéndum para la independencia de España, el PNV sigue un enfoque más elaborado y sutil.

Su plan busca permitir a los separatistas no solo autodefinirse como nación, sino también mantener su pertenencia a la Unión Europea y al sistema de financiación español, a pesar de tener un alto grado de autonomía. Este plan «plurinacional» busca una autodeterminación reconocida y un acuerdo inmediato para la administración conjunta. Todo esto con el fin de abandonar España, pero continuar beneficiándose de sus recursos.

Sánchez ha concedido el indulto a la amnistía, incluyendo uno para sí mismo y sus ministros, quienes previamente habían cuestionado la amnistía por considerarla inconstitucional y contraria a sus principios. La amnistía, que hoy pretenden que se perciba como justa y necesaria, fue condenada durante la legislatura, y resulta especialmente sorprendente que se la negara en la campaña electoral, cuando se argumentaba su inviabilidad jurídica y falta de fundamento moral.

Esta situación plantea dos posibilidades. La primera, que Sánchez no fuera capaz de comprender lo que ahora se reconoce como evidente por sus socios parlamentarios («la necesidad cívica de una amnistía y su viabilidad constitucional»). La segunda, que hubiera comprendido la situación, pero optó por no divulgar la verdad al pueblo, consciente de que no habría obtenido su respaldo si lo hubiera hecho.