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El fiscal y sus ‘líos’

Resulta complicado asociar el título de Fiscal General del Estado con Álvaro García Ortiz. El Gobierno lo emplea como un mensajero de la fiscalía, preguntándose a quién responde realmente.

FUENTE: EFE

Dado los tres contundentes reveses judiciales recibidos por el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, que incluyen la acusación de «desvío de poder»; su controvertida decisión de impedir al Consejo Fiscal emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía; su elección de pasar por alto el consejo mayoritario de la Junta de Fiscales que recomendaba abrir una nueva causa contra el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con el Tsunamic Democratic; y, más recientemente, la filtración atribuida a la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, resulta evidente el reiterado y grave incumplimiento de García Ortiz de sus obligaciones como Fiscal General del Estado.

Los jueces y fiscales son los únicos ciudadanos españoles atrapados por ideologías obsoletas. García Ortiz incluso opina que la ley siempre se inclina hacia la izquierda, y no le molesta ser el alto funcionario de Pedro Sánchez más acosado por los extremistas, aunque a veces reciba críticas.

El fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, muestra su disgusto cuando los jueces cuestionan sus decisiones (usualmente tomadas en nombre del Gobierno de Sánchez) y ahora se dedica a impugnar a magistrados del Tribunal Supremo.

El caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática se suma a la lista anterior, designado por él y cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Delgado es pareja de Garzón. Para aquellos que no lo recuerden, García Ortiz fue magistrado de la Audiencia Nacional y en 2012 el Tribunal Supremo emitió una sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, relacionada con el hecho de ordenar la grabación de conversaciones en la cárcel.

Además, popularizó la figura de los jueces mediáticos, utilizando helicópteros para desplazarse y creando un espectáculo casi cinematográfico, además de participar en grandes expediciones de caza de ciervos con el entonces ministro de Justicia. El sur del país parecía estar ocupado por un ejército de policías.

El sistema judicial español está seriamente afectado, y no solo por los retrasos. Es inadmisible que existan asociaciones de jueces y fiscales que se autodefinan como conservadoras o progresistas. La afiliación a una u otra ideología debería ser un asunto privado de cada individuo, y no debería ser impulsada por necesidades de asociaciones profesionales. Esta afiliación, tanto a un lado como al otro, genera desconfianza en la ciudadanía, que debería ser el verdadero destinatario de decisiones judiciales imparciales, y no de las ideas políticas de aquellos que acusan y juzgan.

Los nombramientos de personas cercanas ideológicamente y simpatizantes políticos para cargos en el sistema judicial, hechos por los partidos en el poder, son inaceptables. Ni siquiera se ajustan al Derecho, como ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo respecto a los nombramientos designados por Sánchez.

Toda esta red de personas dejará sus cargos cuando Sánchez deje el poder. Por eso se aferran a él. Lo que realmente se necesita es una purga en las instituciones, una medida que los socialistas sensatos han pedido a gritos. Politizar los nombramientos es una aberración que representa una tremenda amenaza para la seguridad democrática.

Hasta dónde el independentismo puede seguir perturbando España

El domingo marcó un hito histórico para el Partido de los Socialistas de Cataluña, al obtener la victoria. Liderados por Salvador Illa, cuya candidatura creció 9 escaños, alcanzando 42, el PSC logró un triunfo significativo, pero estéril para conformar una gobernabilidad sólida y con un serio riesgo de repetición electoral.

FUENTE: EFE

Detrás de esta victoria están miles de catalanes que de buena fe creen que el camino que sigue el PSC es el correcto. Pero también otros tantos miles (hasta llegar al crecimiento de más de 200.000 votos del PSC con respecto a 2021) que tácticamente optan por esta formación para conseguir sus objetivos de convertir a España en un Estado confederal.

En cualquier caso, este resultado supone un cambio de rumbo en Cataluña, evidenciado por el repliegue parcial del bloque independentista, que ahora se encuentra lejos de la mayoría absoluta que ostentaba anteriormente. Esta elección refleja la decisión de un poco más de la mitad de los ciudadanos catalanes de dejar atrás el proceso independentista, marcado por la declaración ilegal de independencia en octubre de 2017, marcando otro paso distinto que sólo el tiempo dirá si es mejor o peor que lo visto hasta la fecha.

Además, este cambio de ciclo se caracteriza por el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas de derecha en la región. Tanto Junts, que aumentó en 3 escaños, como el Partido Popular, que pasó de 3 a 15 asientos en el Parlament, experimentaron un crecimiento significativo. Vox mantuvo su representación con 11 escaños, y se sumó a la Cámara la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, con 2 escaños.

En un escenario «normal», la victoria de Illa lo posicionaría como el único candidato viable para una investidura en este momento. Sin embargo, la política catalana dista de ser «normal», acostumbrada a unas lógicas y normas muy distintas a lo que se puede considerar racional. El jugador más importante no tiene por qué ser el ganador (por ejemplo, no vale que ahora la dirección del PSOE reivindique como líder de la situación al partido más votado cuando esa legitimidad se le negó al PP en julio de 2023). Y es precisamente lo que sucede aquí: Puigdemont y Junqueras siguen controlando la situación, teniendo la capacidad de condicionar los planes de Illa y Sánchez.

El nacionalismo catalán, transformado en independentismo, ha perdido su mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980. El resultado de las elecciones del domingo indica claramente el deseo de una parte de la sociedad cansada de más de una década de polarización y parálisis institucional. Durante este período se han sucedido cuatro elecciones, cuatro presidentes, un intento de ruptura constitucional, la suspensión del autogobierno y una falta de atención a las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Pero éste es un análisis parcial, ya que la abstención es alarmante. Aunque el independentismo parece haber perdido su impulso, no se puede afirmar que esté completamente derrotado. Más bien parece haber entrado en un periodo de letargo. Con una participación del 58% en estas elecciones (comparado con el 79% registrado el 21 de diciembre de 2017), el futuro político de Cataluña sigue pasando por el independentismo.

La situación en Cataluña se caracteriza por un desgavell, es decir, un lío. Además, se observa el alto coste político de la propuesta de amnistía, que ha llevado a una pérdida neta de aproximadamente 200.000 votos independentistas, mientras que el PSC solo ha ganado algo más de 200.000 votos.

En 2017, los votos combinados del PSC, PP y Cs totalizaron 1,9 millones. Sin embargo, en las elecciones actuales, estos partidos, junto con Vox, no llegan a los 1,5 millones de votos. Esto sugiere que una parte significativa del electorado constitucionalista, que se movilizó durante el punto álgido del proceso independentista, ha optado por quedarse en casa en esta ocasión.

Todo queda en manos de una mayor movilización del electorado en una más que probable repetición electoral ante los vetos cruzados que a la mañana del lunes 13 ya se han oficializado. Mientras tanto, el independentismo mantiene intacta su capacidad de seguir condicionando la gobernabilidad de España. Éste es el elemento más preocupante y el que seguirá siendo perturbador en los próximos meses.

A vueltas con el referéndum

Parece que, con todo lo que está ocurriendo en España, nos estamos olvidando de que la Generalitat ya ha redactado la pregunta para el próximo referéndum. Con las elecciones catalanas en el horizonte y la posibilidad de que el bando secesionista no salga victorioso, se habla en niveles secundarios para evitar golpes en relación con las comisiones de investigación y minimizar el daño, especialmente al PSC.

FUENTE: EFE

Pere Aragonés anunció que propondría un referéndum de independencia supuestamente respaldado por el artículo 92 de la Constitución. Esta decisión se basó en un informe del Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), encargado en octubre de 2023 para estudiar las vías y «concretar los instrumentos jurídicos» necesarios para llevar a cabo una consulta. Aragonés afirmó: «Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible dentro del marco legislativo actual, y solo es cuestión de voluntad política».

La pregunta formulada sería: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». Sin embargo, esta formulación presenta el mismo sofisma de siempre. No se mencionó un umbral mínimo de participación y no se tiene en cuenta que el artículo mencionado habla de «todos los ciudadanos», no exclusivamente de los catalanes. Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que este instrumento consultivo no puede ser utilizado para promover la secesión.

Es intrigante que el informe sugiera que la implementación del resultado del referéndum deberá realizarse dentro del marco de la «legalidad constitucional e internacional». Este planteamiento parece ser otro ejemplo de sofismo: si el «sí» resulta ganador, la independencia supuestamente tendría que ser compatible con la Constitución, lo cual resulta paradójico.

La clave aquí es reavivar el debate. En el fondo, Aragonés es consciente de que un referéndum de autodeterminación no es posible, pero necesita actuar como si lo estuviera intentando. Con las elecciones del 12 de mayo, su objetivo es mantener el debate vivo hasta entonces, suficiente para movilizar a sus votantes.

Si ERC queda como segunda fuerza, solo podrá investir a Illa como presidente si se llega a un acuerdo sobre un referéndum, al cual últimamente siempre están vinculando con la coletilla de «pactado». Esto es bien sabido en el PSC, ya que, sin esa concesión, los republicanos no podrán ceder la Presidencia de la Generalitat a Illa debido al alto costo que representará para ellos perder el poder, incluso si logran un acuerdo de coalición. Con Illa como presidente, la agenda soberanista iría más lenta, a menos que sea una condición indispensable para que el nuevo gobierno catalán entre en funcionamiento.

Es cierto que todo nacionalismo tiende a encontrar fuerza en batallas perdidas y aspiraciones a menudo difíciles de alcanzar. En el caso de Cataluña, la posibilidad de un referéndum soberanista ya era bastante remota antes del proceso independentista, pero tras su fracaso, debido a una combinación de insensatez e indecisión, el experimento activó lo que podríamos llamar el sistema inmunitario de España. Como resultado, ahora vemos un aumento en los anticuerpos políticos e institucionales contra el independentismo.

Por esta razón, aunque el referéndum de independencia todavía sea una parte del discurso nacionalista catalán, en realidad no va más allá de eso. En el mejor de los casos, podría haber un grupo de entre medio millón y un millón de catalanes que, debido a que aún no han recuperado el sentido común después de haberlo perdido, aún crean que es posible. El movimiento soberanista no puede ignorar este grupo de personas, ni los que se oponen a la independencia deben dejar de aprovecharlo, pero las personas sensatas no deberían dejarse impresionar por este discurso inflamado.

Todo parece indicar que la consulta seguirá el mismo patrón que la discusión sobre la amnistía. En primer lugar, el separatismo afirmará que, tras un examen detenido, han descubierto que la Constitución permite un referéndum de autodeterminación. Luego, el PSOE pasará por las fases habituales de negación, aceptación y defensa apasionada de la consulta. Y, finalmente, será Cándido Conde-Pumpido quien decida sobre la legalidad del arreglo, ya que para eso fue puesto en su cargo.

Portugal como faro

La reciente victoria de Luis Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata (PSD), en las elecciones portuguesas marca un hito significativo en la política del país. Este cambio de liderazgo no solo representa un giro en la dirección del país, sino también un paso crucial hacia la consolidación de un gobierno comprometido con la estabilidad y el progreso de Portugal.

FUENTE: EFE

En contraste con tendencias extremas de otros países europeos, Portugal ha demostrado de nuevo su capacidad para alejarse de los extremos y buscar un camino centrado y constructivo. La elección de Montenegro y su partido refleja un claro deseo colectivo de evitar polarizaciones y trabajar hacia soluciones pragmáticas que beneficien a toda la sociedad portuguesa.

Es notable el compromiso del nuevo gobierno portugués con la gobernabilidad efectiva y la colaboración entre diferentes fuerzas políticas. En un momento en que en otros lugares otros líderes políticos han optado por asociaciones con partidos extremistas o han cedido ante demandas separatistas y radicales, Montenegro ha demostrado una voluntad firme de promover la unidad nacional y la estabilidad institucional, con un firme compromiso por parte del Partido Socialista luso, el cual ha dado crecimiento, estabilidad y futuro al país en los últimos años.

Un contraste evidente se encuentra en el caso español, donde hemos sido testigos de cómo las alianzas con extremistas han causado división y polarización. Portugal nos muestra el camino hacia una política más centrada y constructiva, donde la voluntad de cambio y el compromiso con el interés público pueden conducir a la formación de gobiernos estables y centrados en el progreso de la nación.

Sin embargo, mientras Portugal avanza hacia un futuro más prometedor, en España persisten desafíos significativos. El actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, parece aferrarse al poder, ignorando la corrupción que lo rodea, incluida la polémica amnistía, una situación que plantea serias dudas sobre la integridad democrática del país.

La estrategia de resistencia de Sánchez, plasmada en el mismo manual con el que ganó las primarias del PSOE recorriendo España, y que parece diseñada para asegurar su permanencia en la Moncloa a cualquier costo, incluso cediendo a las presiones de los movimientos independentistas, lo cual va en detrimento de la mayoría de los ciudadanos españoles.

En este contexto, es esencial que la sociedad española se mantenga vigilante y respalde a líderes comprometidos con la democracia, el diálogo constructivo y el bienestar común.

La situación política en Portugal y España sirve como un marcado contraste entre dos enfoques divergentes hacia la gobernanza y la estabilidad institucional. Mientras Portugal avanza hacia un gobierno centrado y comprometido con el progreso nacional, España se enfrenta a desafíos persistentes derivados de una política marcada por la polarización y la falta de consenso.

En este sentido, es fundamental reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de ambos países. Portugal nos muestra que es posible evitar la polarización extrema y construir un consenso político sólido que beneficie a toda la sociedad. La elección de Montenegro como primer ministro y el compromiso demostrado por su gobierno con la unidad nacional y la estabilidad son ejemplos claros de cómo la política puede ser una fuerza para el bien común.

Por otro lado, la situación en España nos recuerda los peligros de la polarización política y el sectarismo. La resistencia obstinada de Sánchez a abandonar el poder, incluso a costa de ceder ante fuerzas extremistas y separatistas, pone en peligro la integridad democrática del país y socava la confianza en las instituciones.

En última instancia, la responsabilidad recae en los ciudadanos de cada país para elegir líderes comprometidos con el diálogo constructivo, el respeto a las instituciones democráticas y el bienestar de todos los ciudadanos. Solo a través de un compromiso activo con la política y una participación informada en el proceso democrático podemos garantizar un futuro de estabilidad y progreso para nuestras naciones.

Un proyecto por el que votar

Las elecciones catalanas que se avecinan no son solo un evento político más en el calendario; representan un momento de inflexión crucial para el constitucionalismo en España.

FUENTE: EFE

Más allá de las intrigas partidistas y las tácticas electorales, estas elecciones ofrecen una oportunidad dorada para reafirmar el compromiso con el marco constitucional y enviar una señal clara y fuerte, tanto a nivel regional como nacional.

Por su parte, la decisión de Pedro Sánchez de no presentar en el Congreso los presupuestos del Estado para 2024 ha generado un revuelo político considerable. Las comparaciones con sus declaraciones pasadas, como aquella en 2018 durante un Comité Federal, son inevitables.

En aquel entonces, Sánchez criticó duramente a Rajoy por no aprobar los presupuestos para ese ejercicio, llegando a afirmar que «un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. No hay excusa». Sin embargo, la situación actual parece distar mucho de aquella analogía, y la percepción es que el gobierno actual se está quedando sin combustible y, en lugar de recargar, parece optar por una carretilla que apenas avanza.

Durante años, se han desplegado esfuerzos considerables para hacer frente al movimiento independentista en Cataluña. Desde la llegada de Sánchez, se han aplicado medidas económicas y políticas, se han llevado a cabo diálogos y se han buscado soluciones alternativas, todo en un falso intento por entender las raíces del separatismo y encontrar un terreno común, pero siempre con el resto de los españoles como mayores perjudicados de estas políticas.

Estas estrategias han alcanzado un punto de estancamiento, por decirlo de alguna forma, con pocas perspectivas de avance a través de la justicia europea u otros medios legales. En este contexto, las elecciones catalanas emergen como una oportunidad para el surgimiento de una población más activa y con una visión distinta bajo el marco constitucional, lo que podría tener repercusiones de gran alcance a nivel nacional.

Es fundamental reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y su estrategia de ceder espacio al independentismo. La coherencia y la firmeza en el apoyo al marco constitucional deben ser prioritarias, incluso si eso implica adoptar posiciones más de confrontación.

Un aspecto fascinante de este escenario electoral es el análisis de los presupuestos y su implicación en la dinámica política. Los presupuestos, originalmente diseñados como una herramienta para establecer una mayor equidad entre los territorios de España, ahora están en el centro del debate por su falta total de sentido en favor a las exigencias de los independentistas.

Incluso se ha planteado la posibilidad de crear un cupo catalán y modificar la recaudación de impuestos, propuestas que han sido frenadas en un corto lapso de tiempo, a pesar de haber estado acordadas, por la convocatoria electoral. Esto marca un punto de inflexión significativo y debería servir para enviar un mensaje claro y rotundo: se acabó el juego de las concesiones sin límites.

No obstante, no basta con simplemente rechazar estas propuestas; es imperativo presentar una alternativa sólida y creíble. La fuerza del independentismo radica en la abstención de los votantes, y las elecciones catalanas han sido históricamente marcadas por altos niveles de abstención. Para contrarrestar esta tendencia, es fundamental ofrecer una visión atractiva y convincente que atraiga a aquellos que han optado por no participar en el proceso político.

Las elecciones catalanas representan una oportunidad única para reafirmar el compromiso con el constitucionalismo y establecer una dirección clara para el futuro político de Cataluña y España en su conjunto. Es el momento de dejar claro que el juego de las concesiones unilaterales ha llegado a su fin y de presentar alternativas sólidas que puedan abordar las demandas legítimas de la sociedad catalana dentro del marco constitucional español. La historia nos está mirando; es hora de actuar con determinación y visión.

En los últimos años, Cataluña ha estado inmersa en una profunda crisis política, marcada por el desafío independentista y la polarización de la sociedad. En este contexto, el constitucionalismo ha sufrido numerosos embates y ha visto cómo sus fuerzas se dispersaban en medio de disputas partidistas y estrategias divergentes.

La cuestión es: ¿sobre qué mimbres políticos se puede establecer una convergencia de valores y objetivos que brinde una base sólida sobre la cual construir una alianza política que pueda hacer frente al desafío independentista de manera efectiva y constructiva? El debate de siglas entre el PP de Cataluña y Ciutadans no ayuda a visibilizar una alternativa real al separatismo, menos aún fuera de Barcelona.

Es necesaria una muestra de unidad y cohesión dentro del bloque constitucionalista para recuperar la confianza de aquellos que han perdido la fe en las instituciones y para demostrar que hay una alternativa sólida y creíble al proyecto separatista, algo que se echa en falta en el PSOE.

La gobernabilidad de España, secuestrada por los socios de Sánchez

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros

Recogida y emitida por la Asociación La España que Reúne

FUENTE: EFE

Dije que había conseguido un Gobierno sostenido en una alianza insostenible e inmoral, pero que no podría gobernar. Así está siendo. Tienen un Gobierno que no gobierna. Sánchez es presidente a cambio de hacer lo que digan sus socios y cuando lo digan. Pedro Sánchez dijo
desde el principio que la legislatura estaba asegurada, pero el rechazo de los Presupuestos de Cataluña pactados entre el partido de Gobierno autónomo (ERC) y el PSC por los mismos socios de coalición de Gobierno a nivel nacional (Comunes, que forman parte de Sumar), ha colapsado la intención de aprobar los Presupuestos de 2024 y, probablemente, la legislatura.

Todo indica que la mayoría gubernamental no da la seguridad y la estabilidad para mantener al Ejecutivo en momentos de una gran crisis política. Sólo están de acuerdo para evitar que la situación actual no cambie. La razón no es el PP ni la extrema derecha. Son sólo justificaciones.
El verdadero motivo para mantener a Sánchez es la necesidad de que los nacionalistas tienen de un Gobierno en sus manos, secuestrado por ellos. El Gobierno es su rehén y no hay otra forma de ver los comportamientos de unos y de otros. Los independentistas dicen, y Sánchez cumple según las conveniencias de Puigdemont o de Aragonés. En definitiva, no ha habido en
la historia de España un Ejecutivo más dependiente de fuerzas centrífugas que el que preside Pedro Sánchez.

14 de Marzo: Un día negro en la Historia de España

14 de marzo pasará a los anales de la Historia como uno de esos días negros que nadie querría haber vivido. Se aprobó una ley que impugna las sentencias judiciales provocadas por el alzamiento independentista, dejando a los jueces en una posición secundaria en el sistema democrático español. Desde el 14 de marzo, los jueces perderán autoridad y legitimidad. Se impone un sistema arbitrario y caciquil, propio del siglo XIX, paradójicamente de la mano de quienes se proclaman progresistas. Como sucedía hace dos siglos, la ley se nos aplicará según la capacidad de influir en la política. Entonces era el dinero, las creencias o los apellidos, ahora
la palanca de la arbitrariedad es la necesidad que tenga el Gobierno de votos en el Congreso.

Hemos perdido durante este tiempo todos los instrumentos para defender la democracia española. Mañana los independentistas podrán realizar cualquier consulta sin que el Gobierno pueda hacer nada. Tal vez estaría en su mano discutir la naturaleza del referéndum, pero nada más. Pero no podría impedir “la consulta pacífica al pueblo español”. Desde el 14 de marzo, la soberanía española, después de todas las concesiones políticas y penales, estará definitivamente en manos de Puigdemont.

De ellos dependerá seguir adelante con su referéndum o imponer con una fuerza redoblada su catecismo ideológico a todos los ciudadanos catalanes. O una cosa (la independencia) o la otra (hacer tabla rasa de la pluralidad de la sociedad catalana). Nada que ver con la concordia
de final de cuento de hadas que pregona el Gobierno.

El PSC es parte fundamental del problema de Cataluña y España

Se celebrarán en mayo elecciones autonómicas en Cataluña. Y es el momento de hacer algunos comentarios sobre la cuestión. Los independentistas no conseguirán romper España, no tienen ni la inteligencia ni el coraje ni la capacidad de sacrificio para conseguir que Cataluña sea un sujeto independiente en la historia. La independencia no se puede lograr entre los mejores despachos de la Ciudad Condal y los mejores restaurantes. Pero sí pueden conseguir (como lo han hecho en otras ocasiones) destruir la voluntad de progreso y libertad de España.

Pero en realidad ni siquiera ellos son el principal problema que tenemos. Si el PSOE ha secuestrado la razón, y con la razón el sistema democrático del 78, al PSOE lo tiene de rehén un partido político que es más identitario que socialista, que es más nacionalista que constitucionalista, que está más cerca de los que limitan las libertades individuales de los catalanes que de los humillado. Buen ejemplo es su comportamiento con los idiomas
naturales de Cataluña.

El PSC es el mejor instrumento para que todo siga igual, legitima a los autores del levantamiento, pacta con quienes quieren imponer una cultura gris y uniforme en una sociedad abigarrada de diferencias y conflictos. El PSC es el factor imprescindible para que el nacionalismo siga hacia adelante. No se enfrenta, no para, sólo legitima vergonzosamente las
quimeras absolutistas y reaccionarias de independentismo. El PSC no es la solución. Es parte fundamental del problema.

El penúltimo descrédito de España en Europa con la amnistía

El penúltimo capítulo de descrédito de España es la filtración de un primer borrador del informe que está confeccionando la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en tramitación en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno. Al ser un borrador, la Comisión de Venecia lo envía a los gobiernos afectados para que se pronuncien al respecto.

FUENTE: EFE

En lugar de eso, el Gobierno de España ha preferido filtrarlo a la prensa con una fuerte campaña que contrarreste el deterioro de su situación política en los últimos días y engrase el tiempo de descuento en la negociación con Junts hasta el jueves 7 de marzo, último día para pactar las enmiendas. Precisamente, el momento es fundamental para entender la filtración y el sesgo de los mensajes, dado que el informe ni ampara ni apoya el actual texto de ley de amnistía. Más bien, todo lo contrario. Y menos aún sin haber sido hecho público por la propia Comisión de Venecia.

En primer lugar, este organismo del Consejo de Europa dice una cosa muy obvia: la amnistía existe en muchos países y está regulada constitucionalmente (cosa que en España no sucede). Por tanto, cuando no lo está, es necesario hacer una reforma de la Constitución para contemplarla y se necesita una mayoría abrumadora para poderla llevar a cabo. En segundo lugar, lo obvio da lugar a las especificaciones técnicas que son fundamentales. Una cuestión de tal calibre no puede tramitarse por vía de urgencia sin los informes técnicos preceptivos que dan estabilidad, seguridad jurídica y garantías a todo el proceso.

Por último, la proposición de ley está llena de imprecisiones temporales, de los tipos jurídicos (malversación, terrorismo…), fallos técnicos y falta de cuantificación y cualificación de sus consecuencias prácticas. ¿Hay algún estudio o estudios que evalúen la «reconciliación» observando el comportamiento de los actores en liza? ¿Se establece con claridad cómo se puede recurrir, su ámbito de aplicación y las garantías que se derivan de ello? Parece evidente que si no existe es porque sabemos que no hay ni reconciliación ni ánimo de tenerla en un futuro.

Habrá que emplear mucho más tiempo para leer con atención el informe y esperar a conocer el definitivo que sí publique la Comisión de Venecia, así como la evaluación de los expertos más destacados en la materia como la profesora Teresa Freixes. Pero lo que apuntan las primeras notas al respecto es, de nuevo, la inmoralidad de utilizar todos los resortes del Estado para continuar con una farsa que compromete la fiabilidad de nuestro país ante nuestros socios europeos.

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros para La España que Reúne

El asesinato de los dos guardias civiles que perseguían el narcotráfico en Barbate ha generado un hecho insólito que muestra hasta qué punto un partido tan importante durante décadas como el PSOE busca siempre y en todo momento no incomodar a sus socios parlamentarios. Estamos hablando de Cataluña y, más concretamente, del Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC.

FUENTE: EFE

La oposición del PSC a expresar las condolencias del Parlamento catalán a la Guardia Civil por el doble asesinato y los heridos graves que aún se encuentran hospitalizados, demuestra una oquedad moral abismal. El socialismo oficial en Cataluña se muestra indiferente, alejado de los familiares y compañeros de los miembros de la Benemérita. Tal vez sea porque consideran que no son sus fuerzas de seguridad, tal vez porque en ellos prima el cálculo político en un escenario tan endiablado como el actual, tal vez porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les son indiferentes o las consideran como un cuerpo molesto e indeseable… O tal vez sólo porque son así, indiferentes al dolor y a la labor que desempeñan los guardias civiles y policías.

En cualquiera de los casos, el PSC, por desgracia, contamina a todo el socialismo español. Y si España y la socialdemocracia actual tienen un problema serio con el gobierno del presidente Sánchez, el PSOE lleva teniendo un gravísimo problema con el PSC desde hace décadas, el cual no sólo se beneficia de su relación con el PSOE, sino que lo tiene capturado tanto en sus postulados más básicos como en la estrategia política y hasta incluso a la hora de hacer nombramientos.

Así, mientras el PSOE siga en manos del PSC no habrá solución ni para el Partido que fundó Pablo Iglesias hace más de 140 años ni para España. De esta relación viciada se ha conseguido catalanizar la política española e introducir el virus de la discordia y la confrontación permanente.

La izquierda catalana constitucionalista debe rebelarse contra el PSC y el socialismo oficial en el resto de España. Cada voto que puedan obtener en Cataluña, haciéndose el mayordomo del nacionalismo, quita veinte a los socialistas en el resto de España. Tenemos no sólo la necesidad sino también la obligación de que en Cataluña exista otra forma de hacer política de izquierdas, social-liberal, alejada de la inmoralidad que representa la posición del PSC ante los asesinatos de estos dos guardias civiles, más aún, siendo uno de ellos de origen catalán.

Se puede ser de izquierdas en Cataluña sin los tejemanejes inmorales y claudicantes de los directivos del socialismo catalán. También se puede ser de izquierdas sin vestirse de mayordomo en la Diagonal y de capataz en Madrid.

Con las elecciones de fondo

A Sánchez no le importa Galicia, solo quiere que no gane el PP y que ese resultado pueda abocar a Feijóo a forzar su salida de la dirección nacional de su partido.

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El presidente del Gobierno es sabedor de la tranquilidad que puede ocasionar a su difícil juego de equilibrios para la gobernabilidad una reestructuración de la cúpula de sus rivales, y probablemente tendrá incluso preparados los discursos por si eso llega a pasar.

Pero primero están los comicios y el PP parece jugarse la mayoría absoluta que mantenía en los últimos años y más después de la revelación de Feijóo en la que reconoció tres cosas: primero, que Junts le ofreció votar a favor de su investidura si aceptaba la amnistía, y aunque el PP estudió la oferta, la rechazó en 24 horas por considerarla «inconstitucional»; segundo, expresó que será complicado demostrar judicialmente la acusación de terrorismo contra Puigdemont; y tercero, y más importante, afirmó que si llega al gobierno, indultaría al líder independentista siempre y cuando éste se someta a la Justicia y a la Constitución.

«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda» rezaba la nota aclaratoria del domingo 11 de febrero. El incendio ya era imposible de sofocar.

Aunque Galicia no es un territorio de suma importancia histórica en cuanto a los resultados electorales se reflejan en los partidos nacionales, la situación actual es distinta a otras.

Esa tranquilidad de la que hablábamos al principio si la situación se desboca por completo y provoca una salida de urgencia de Feijóo, puede ser lo más peligroso para los españoles. La situación de un Gobierno sin oposición beneficia políticamente a Sánchez en cuanto a que aumenten las propuestas legislativas descabelladas que poner encima de la mesa, provocando una situación de descontrol.

Mientras, en el PP suenan las alarmas por una situación que se hubiese celebrado como un mundial deportivo en la actual dirección de Ferraz. ¿De qué no son capaces después de se haya firmado una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas?

Por si alguien no recuerda, durante los últimos cinco años, Sánchez ha ejercido un impacto destructivo en España, en parte debido a nuestra pasividad. Permitimos que llevara a cabo una moción de censura respaldada por individuos cuestionables. Le permitimos conceder indultos a Junqueras, rehabilitar a Otegi y elevar a la prominencia a Pablo Iglesias, promoviendo un programa que muchos consideran comunista, restrictivo de libertades y simpatizante del terrorismo.

Permitimos que criminalizara a la oposición, estableciera cordones sanitarios contra partidos constitucionales y colocara a sus aliados en todas las instituciones estatales. Lo dejamos imponer confinamientos y cierres de negocios para encubrir la propagación de un virus, contribuyendo a su difusión inicial al negarse a suspender las actividades del 8M.

Permitimos que humillara a las víctimas de ETA al liberar a sus perpetradores, malgastara dinero público en fines clientelistas y descuidara la economía productiva en favor de un sistema que premia la inactividad y la dependencia del Estado a cambio de votos continuos.

También permitimos que reviviera el espectro de Franco para deslegitimar a una parte significativa de la población, tachando de fascista a cualquiera que criticara su errática gestión, su política empobrecedora y su inclinación por el engaño y la corrupción. Todo esto, con el objetivo totalitario de perpetuar su mandato, blanquear a sus aliados corruptos y obstaculizar cualquier alternancia en el poder.

Desviar la atención

El Gobierno, sometido a chantaje por sus socios, no parece vislumbrar un horizonte claro en esta legislatura, que acaba de comenzar. A pesar de las múltiples líneas rojas traspasadas para satisfacer a sus socios de investidura, especialmente después del desplante de ayer con la amnistía, la situación se complica.

FUENTE:EFE

Los tiempos de Sánchez todavía permiten maniobrar, aprovechando las elecciones gallegas para dar a Junts lo que pidan, desviando la atención con una retórica ‘españolista’. Para respaldar sus acciones, el Gobierno se apoya en terminales mediáticas y opinadores de guardia, quienes tratan de convertir la amnistía en una virtud, mientras la población española expresa su rechazo.

A pesar de las críticas y la oposición, el presidente parece ajeno a lo que sucede en el exterior, tal vez creyendo que contribuye positivamente al país con medidas regresivas. La ley de amnistía, tras la derrota parlamentaria, vuelve al inicio, y el Gobierno tiene un mes para satisfacer a Junts, evitando ceder ante la presión independentista cercana a las elecciones gallegas.

La persistencia de una corriente política y mediática que respalda la ley de amnistía, con una interpretación flexible del delito de terrorismo, genera alarma social. Esta estrategia, destinada a obtener votos y poder, no solo transgrede la ética legal, sino que también bordea la extralimitación moral, desafiando la capacidad de asombro de los ciudadanos españoles.

El texto señala una serie de acciones que cuestionan el Estado de Derecho, desde pactos con quienes inicialmente fueron rechazados, hasta indultos a delincuentes golpistas, eliminación de delitos y blanqueo de herederos políticos de terroristas. La inclusión de Puigdemont bajo la amnistía inconstitucional cruza la línea roja del terrorismo, socavando la separación de poderes.

La ley se enreda entre sus propias líneas, ya que Junts busca un texto concluyente que amnistíe todas las situaciones y evite la intervención de los jueces, lo cual va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la separación de poderes.

Aunque la amnistía continuará adelante debido a la demanda que respalda la legislatura, para el PSOE es una noticia desfavorable que su aprobación se retrase y siga acaparando la atención mediática.