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El año Sánchez: inestabilidad y desconexión

El año de Pedro Sánchez desde las elecciones del 23 de julio de 2023 ha sido un periodo de turbulencias y decisiones controvertidas que han dejado a España en una situación incierta.

FUENTE: EFE

Tras la debacle del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Sánchez tomó la audaz decisión de adelantar las elecciones generales al verano, en un intento desesperado por mantener el control político en un momento de creciente descontento social.

El contexto electoral de julio, inusual por realizarse en plenas vacaciones, fue interpretado como una táctica para reducir la participación y así minimizar el impacto del descontento generalizado. Sánchez convocó un Consejo de Ministros para disolver las Cortes Generales apenas días después de los resultados adversos de mayo, mostrando una clara prioridad en su estrategia política sobre el bienestar del país.

El año siguiente, la gestión de Sánchez estuvo marcada por maniobras políticas y controversias. Uno de los aspectos más criticables ha sido su dependencia de alianzas con partidos radicales de izquierda y separatistas. Estas coaliciones han generado una inestabilidad constante y han erosionado la confianza pública. Las concesiones hechas a estos socios, incluyendo indultos y negociaciones opacas, han sido vistas como sacrificios de la integridad gubernamental a favor de la supervivencia política.

La economía ha sido otro punto débil en la gestión de Sánchez. Aunque el gobierno ha promocionado cifras de crecimiento y creación de empleo, muchos de estos logros han sido superficiales. La inflación sigue afectando el poder adquisitivo de las familias españolas, y las políticas de gasto público parecen más orientadas a comprar votos que a establecer un plan serio de recuperación económica. Esta percepción de falta de sostenibilidad ha aumentado la preocupación entre los ciudadanos sobre el futuro económico del país.

En el ámbito internacional, Sánchez ha intentado proyectarse como un «actor global». Su rol en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y diversos encuentros internacionales han tenido un impacto limitado en la política doméstica y han sido percibidos como intentos de desviar la atención de los problemas internos. Este enfoque ha hecho poco por mitigar las críticas hacia su gestión nacional y ha dejado a España con la sensación de que sus problemas internos no están siendo adecuadamente abordados.

Otro elemento crítico en el año de Sánchez ha sido la semana de reflexión que se tomó tras la derrota en mayo. Durante este periodo, se esperaba que Sánchez reconsiderara su estrategia y buscara formas de reconectar con la ciudadanía. Sin embargo, la decisión de adelantar las elecciones fue vista como un movimiento calculado para mantener su posición, más que un esfuerzo genuino por rectificar el rumbo de su gobierno.

Además, los problemas personales no han estado ausentes en este periodo tumultuoso. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se ha visto envuelta en procesos judiciales que han generado aún más controversia. Las investigaciones en las que está implicada y su próxima declaración judicial han añadido otra capa de distracción y desconfianza en el liderazgo de Sánchez. Estos escándalos personales han exacerbado la percepción de un gobierno más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de los ciudadanos.

La situación con los socios de gobierno ha sido caótica. La falta de cohesión y la continua fragmentación de la izquierda han debilitado la posición de Sánchez. Las disputas públicas con Podemos y Sumar, y los desacuerdos constantes, han impedido una gobernabilidad efectiva. La incapacidad de Sánchez para mantener un frente unido dentro de su propio bloque político ha exacerbado la percepción de un gobierno en crisis.

Esta semana, esta inestabilidad quedó aún más patente cuando Junts, el partido independentista catalán, puso en peligro la legislatura con su amenaza de retirar su apoyo al gobierno. Esta situación subraya la fragilidad de las alianzas de Sánchez y la dependencia crítica de partidos que tienen agendas específicas y, a menudo, opuestas a los intereses nacionales. El miércoles, en un intento de calmar las aguas, Sánchez se reunió con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Esta visita busca asegurar el apoyo de los partidos independentistas catalanes, pero también resalta la continua dependencia de Sánchez en fuerzas políticas que priorizan la secesión sobre la unidad nacional

Desde las elecciones del 23 de julio de 2023, el Gobierno ha estado marcado por la inestabilidad, la mala gestión y una desconexión evidente con las necesidades reales de los ciudadanos. Su enfoque en mantener el poder a toda costa, a expensas de la integridad y la cohesión nacional, ha dejado a España en una situación precaria y con un futuro incierto bajo su liderazgo. Este periodo ha puesto de manifiesto las debilidades de un gobierno más preocupado por la supervivencia política que por el servicio al país.

La Justicia y el sentido común

La Ley de Amnistía ha generado un debate encendido en la sociedad española. Esta ley, que busca exonerar a aquellos implicados en el procés independentista catalán, plantea serios interrogantes sobre el respeto al Estado de derecho y la integridad de nuestras instituciones judiciales.

FUENTE:EFE

La Ley de Amnistía no solo es un error político, sino también una amenaza a los principios fundamentales de justicia y equidad.

En primer lugar, es crucial entender que el problema no radica en los jueces del Tribunal Supremo, sino en las trampas inherentes a la Ley de Amnistía. Esta ley representa una maniobra política que busca desvirtuar las decisiones judiciales previas y socavar la independencia del poder judicial. La justicia debe ser imparcial y basada en hechos y leyes, no en conveniencias políticas o presiones externas. Alterar los veredictos judiciales a través de una ley ad hoc sienta un peligroso precedente que mina la confianza en el sistema judicial.

Asimismo, debemos subrayar la importancia del imperio de los jueces. La propuesta de amnistía, lejos de promover la reconciliación, ataca directamente el corazón de nuestro sistema de justicia. Al desautorizar las sentencias emitidas por los tribunales, se envía un mensaje desalentador a los ciudadanos: la justicia puede ser manipulada por intereses políticos. Esto no solo desacredita a los jueces, sino que también erosiona la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Los jueces son los garantes de la ley, y su autoridad debe ser respetada para mantener la integridad y la estabilidad del orden legal.

Por otro lado, la ley y el sentido común deben prevalecer. La Ley de Amnistía, en su esencia, desafía ambos principios. La ley no debe ser vista como una herramienta flexible para acomodar decisiones políticas, sino como un marco riguroso que asegura la justicia y la equidad. La justicia debe ser igual para todos, y cualquier intento de modificarla para beneficiar a un grupo específico es, en última instancia, injusto y contraproducente.

Además, es fundamental considerar el impacto que esta ley tendría en el tejido social y político de España. La amnistía no resolverá las tensiones políticas subyacentes ni promoverá una verdadera reconciliación. Por el contrario, podría profundizar las divisiones al crear una percepción de impunidad y favoritismo. Aquellos que respetan la ley podrían sentirse traicionados, mientras que los beneficiados por la amnistía podrían interpretarla como una licencia para repetir sus acciones sin temor a repercusiones.

En este contexto, es imprescindible mantener una postura firme en defensa del Estado de derecho. La justicia no puede ser una variable dependiente de las circunstancias políticas. La amnistía no solo es una solución inapropiada para la crisis catalana, sino que también representa un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que las decisiones judiciales sean revocadas por conveniencias políticas, ¿qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones sobre el valor de la justicia y el respeto a las leyes?

La ley es un grave error que socava los principios fundamentales de nuestra sociedad. Debemos rechazarla con firmeza y abogar por un sistema judicial independiente y respetado. La justicia debe ser ciega, imparcial y no estar sujeta a las fluctuaciones políticas. Solo así podremos garantizar una sociedad justa y equitativa, donde todos los ciudadanos, sin excepción, estén sujetos a las mismas leyes y normas. La amnistía no es el camino; el respeto a la ley y la justicia sí lo son.

Francia en la encrucijada de Macron

En el panorama político europeo, Francia ha sido tradicionalmente una nación que proyecta liderazgo y claridad, tanto sea para bien como para mal desde la perspectiva española. Sin embargo, la administración de Emmanuel Macron, a pesar de sus ambiciosas promesas de reforma y modernización, ha demostrado ser una mezcla de contradicciones y confusiones que reflejan una crisis más amplia de lo que parece.

FUENTE: EFE

El liderazgo de Macron prometía una «clarificación» en medio de la «confusión», como lo expresa nuestro fundador, José María Múgica, en un reciente artículo publicado en VozPópuli. Pero la realidad ha mostrado que su mandato está plagado de contradicciones y decisiones que parecen más reactivas que proactivas. La reforma de las pensiones, por ejemplo, ha sido un punto álgido que ha sacado a relucir profundas divisiones sociales y políticas en el país. Aunque Macron ha intentado posicionarse como un reformista audaz, la implementación de estas reformas ha sido caótica y ha generado una resistencia significativa en amplios sectores de la sociedad.

Desde el exterior, esta confusión puede parecer una característica más de la política francesa, siempre vibrante y, a menudo, conflictiva. No obstante, es indicativo de un problema más profundo que afecta no solo a Francia sino a toda Europa occidental. La promesa de la Revolución Francesa de «Liberté, égalité, fraternité» parece cada vez más vacía en un contexto donde las tensiones sociales, económicas y culturales se agudizan.

El lema revolucionario ha perdido su fuerza moral y práctica. La igualdad se ve socavada por una creciente brecha económica; la fraternidad, por el aumento de la polarización social; y la libertad, por las crecientes restricciones en respuesta a crisis internas y externas. La gestión de la inmigración es un ejemplo claro de estas contradicciones. Mientras Macron intenta equilibrar las demandas humanitarias con las preocupaciones de seguridad y cohesión social, las políticas resultantes a menudo parecen ineficaces y divisivas, reflejando una Francia que lucha por encontrar su lugar en un mundo cada vez más fragmentado.

En este contexto, Francia (y por extensión Occidente) parece estar en un suicidio lento pero seguro. Las políticas erráticas y la falta de una visión coherente para el futuro están minando la confianza en las instituciones democráticas y fomentando el auge de movimientos extremistas que capitalizan el descontento popular. El caso de Francia es emblemático de una crisis de liderazgo que atraviesa todo el continente, donde los líderes parecen más preocupados por apagar fuegos inmediatos que por construir un futuro sostenible y justo.

Esta percepción de declive y desorientación se ve exacerbada por problemas estructurales internos. La crisis del sistema de transporte, por ejemplo, simbolizada por el proyecto del Canfranc, ilustra cómo la falta de inversión y planificación a largo plazo están afectando a la competitividad y cohesión territorial del país. La reactivación de la línea ferroviaria internacional entre España y Francia podría haber sido una oportunidad para revitalizar el comercio y el turismo, pero ha estado marcada por retrasos y problemas de ejecución que reflejan una incapacidad para gestionar proyectos de infraestructura esenciales.

Francia se encuentra en una encrucijada. Las promesas de modernización de Macron deben ser respaldadas por acciones coherentes y efectivas que vayan más allá de las palabras. La lucha por equilibrar la tradición con la modernidad, la seguridad con la libertad, y la igualdad con la eficiencia es una tarea monumental que requiere un liderazgo decidido y una visión clara. Sin embargo, hasta ahora, la administración de Macron ha demostrado ser más una serie de intentos fallidos de reconciliar intereses en conflicto que un plan cohesivo para el futuro.

La crisis de liderazgo en Francia no es un problema aislado, sino un síntoma de una Europa que lucha por redefinir su identidad y propósito en el siglo XXI. La promesa de una Europa unida y próspera parece cada vez más distante a medida que los desafíos internos y externos se acumulan. Para que Francia y Europa superen esta crisis, es necesario un renovado compromiso con los valores fundamentales que alguna vez inspiraron a sus ciudadanos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios deben ser más que simples palabras; deben ser la base de políticas que promuevan un desarrollo inclusivo, sostenible y justo.

En última instancia, el camino hacia la clarificación en medio de la confusión no será fácil ni rápido. Requiere una autocrítica honesta y una disposición a enfrentar los problemas estructurales y sociales que han sido ignorados durante demasiado tiempo. Francia tiene la capacidad de liderar esta renovación, pero solo si sus líderes están dispuestos a tomar decisiones valientes y coherentes que reflejen un compromiso genuino con el bienestar de todos sus ciudadanos. Solo entonces podrá Francia, y Europa con ella, navegar con éxito las turbulentas aguas del siglo XXI.

Firma bajo la lupa de Europa

La reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscita un intenso debate, especialmente en lo que respecta a la independencia del poder judicial y los compromisos asumidos por los principales partidos políticos.

FUENTE: EUROPA PRESS

La clave fundamental del acuerdo sobre el gobierno de los jueces radica en los seis meses que el nuevo Consejo tiene para preparar una reforma del sistema de elección de sus miembros. ¿Es este compromiso creíble? ¿Puede Europa forzarnos a cumplirlo?

La independencia del poder judicial es un pilar esencial de cualquier democracia. Si bien el acuerdo entre el PSOE y el PP no garantiza explícitamente esta independencia, sí establece procedimientos destinados a impedir el control del Gobierno y sus socios parlamentarios sobre el CGPJ, repartiendo sus puestos por cuotas como ha sucedido en los últimos casi 40 años. Este es un paso positivo, pero insuficiente por sí solo. La verdadera prueba residirá en la implementación de la reforma prometida.

El Gobierno ha cumplido con el mandato de la Unión Europea de renovar el CGPJ, respondiendo así a una demanda crucial para asegurar el buen funcionamiento del sistema judicial español. La oposición ha cumplido con su parte de lograr un acuerdo que, en líneas generales, se parece mucho al que ha defendido los últimos dos años sin que el Gobierno lo aceptara.

Sin embargo, esta renovación es solo la primera parte de un proceso más amplio. Ahora queda la tarea más difícil: cambiar el sistema de elección para asegurar que al menos la mitad de los vocales, o preferiblemente una mayoría simple, sean nombrados por sus propios pares en el ámbito judicial.

Este cambio es fundamental para evitar que el CGPJ siga siendo un órgano con fuertes presiones políticas y garantizar su independencia efectiva. La UE ha sido clara en su exigencia de reformas que refuercen la separación de poderes y la autonomía del poder judicial. España no puede permitirse ignorar estas recomendaciones sin arriesgarse a consecuencias diplomáticas y políticas significativas.

La cuestión crítica ahora es si el partido de gobierno (el PSOE) se siente verdaderamente obligado por este pacto a impulsar una reforma que cumpla con estas expectativas. El compromiso de los próximos seis meses será determinante. La UE, en este contexto, debe jugar un papel proactivo y exigente. Si el Gobierno español muestra reticencias o intenta diluir el alcance de la reforma, Bruselas debería intervenir con firmeza incoando un expediente de infracción que nos colocaría a la altura de lo que sucedió con Polonia o Hungría.

La presión de la Bruselas será vital para asegurar que España no retroceda en este aspecto crucial. La credibilidad de nuestro sistema judicial está en juego, y con ello, la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad y equidad de la justicia.

Llega tarde

No podemos pasar por alto que tanto el PP como el PSOE han tardado cinco años en renovar el CGPJ desde la fecha en que correspondía hacerlo. Esta dilación es inaceptable y ha erosionado la confianza en nuestras instituciones. Ha tenido que ser Europa la que nos cante las cuarenta para que finalmente se tome una acción concreta. Esta intervención externa pone en evidencia la falta de compromiso de nuestros propios líderes políticos con la reforma judicial y la urgencia de su implementación.

Los partidos más a la izquierda del PSOE, los más a la derecha del PP y los independentistas y secesionistas (incluso algunas voces en los propios partidos implicados), se opusieron al acuerdo. Esta resistencia puede interpretarse como un indicio de que lo pactado beneficiaría a la independencia del organismo judicial. Si todos estos sectores tan diversos están en desacuerdo, podría ser una señal de que el cambio propuesto va en la dirección correcta para despolitizar mantener la neutralidad en el CGPJ.

La renovación del organismo y la promesa de reformar el sistema de elección de sus miembros representan una oportunidad histórica para España. No obstante, la verdadera independencia judicial no se logrará solo con buenas intenciones o acuerdos iniciales. Es imperativo que el PSOE cumpla con la letra y el espíritu del pacto alcanzado con el PP, y que la UE se mantenga vigilante y exigente en este proceso.

Solo mediante un compromiso firme y transparente se podrá fortalecer la independencia del poder judicial en España, un objetivo que no solo beneficiará a nuestro país, sino que también reforzará los valores democráticos fundamentales de la Unión Europea. Además, es esencial aprender de estos cinco años de retraso y asegurar que no volvamos a caer en la parálisis política que ha puesto en jaque la credibilidad de nuestras instituciones judiciales.

La caída de los partidos verdes en Europa

El grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea (ALE) ha caído de ser la cuarta a la sexta fuerza política en el Parlamento Europeo, después de perder casi un tercio de sus eurodiputados, pasando de 74 a 52.

FUENTE: EFE

Este retroceso refleja una creciente resistencia a las políticas ambientales, fenómeno conocido como ‘greenlash’, y marca un retorno al nivel de apoyo que los partidos verdes tenían antes de su notable crecimiento en 2019, un año que vio un impulso significativo al Pacto Verde Europeo. Estos resultados electorales podrían debilitar los ambiciosos objetivos del Pacto.

La pérdida de apoyo de los verdes ha sido particularmente notable en Alemania y Francia. En Alemania, la situación es especialmente compleja debido a la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. En 2021, Alemania dependía del gas ruso para el 55% de su suministro total, importando 53.000 millones de metros cúbicos. Esta dependencia quedó al descubierto tras la invasión, obligando a la recién formada coalición semáforo del canciller Olaf Scholz, compuesta por los socialdemócratas (SPD), los Verdes y los proempresariales Demócratas Libres (FDP), a buscar rápidamente nuevas fuentes de energía.

En este contexto, los Verdes, que habían pasado 16 años en la oposición, se vieron obligados a reorganizar sus prioridades. Aunque esta situación desbloqueó medidas que antes eran políticamente imposibles, también generó una crisis de identidad para el partido. La profundidad de esta crisis se evidenció en su enfoque hacia la energía nuclear. Históricamente, los Verdes han sido firmemente antinucleares, celebrando como un gran logro la salida nuclear de Alemania, prevista inicialmente para 2022.

Sin embargo, debido a la emergencia energética, los Verdes apoyaron la continuidad del funcionamiento de las últimas dos centrales nucleares alemanas como reservas de emergencia, aunque se opusieron a prolongar su uso más allá de abril de 2023. Esta acción demostró el esfuerzo del partido por equilibrar la necesidad pragmática con su aversión a la energía nuclear.

Para priorizar la seguridad energética, los Verdes también optaron por reactivar centrales de carbón. En el último año, más de 20 centrales de carbón en Alemania fueron reactivadas o vieron retrasado su desmantelamiento. Apenas tres días después de la invasión rusa, el canciller Scholz anunció la construcción de varias terminales de gas natural licuado (GNL), seguida de una legislación en octubre de 2022 para acelerar la aprobación de estos proyectos.

Los ecologistas se enfrentaron a desafíos legales relacionados con el uso de cloro por parte del GNL, pero el vicecanciller verde y ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, priorizó la seguridad energética sobre estas preocupaciones, incluso firmando un acuerdo de compra de GNL con Qatar por 15 años.

Aunque estas medidas ayudaron a abordar la crisis energética inmediata, también suscitaron inquietudes significativas. Un informe reveló que las centrales de carbón reabiertas produjeron 15,8 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 en 2022. Además, el plan para las nuevas instalaciones de GNL, con un costo de 10.000 millones de euros, podría resultar en una capacidad excedentaria significativa para 2030, lo cual es incompatible con los objetivos climáticos a largo plazo de Alemania.

La crisis energética también expuso la divergencia creciente entre la política de los Verdes y el movimiento climático alemán. Esto quedó demostrado en enero en Lützerath, Renania del Norte-Westfalia, donde se demolió un pueblo para expandir una mina de carbón de la empresa energética RWE. La expansión, apoyada por dirigentes verdes como Robert Habeck y Mona Neubaur, fue vista como necesaria para la seguridad energética inmediata y la sostenibilidad a largo plazo. Los activistas, muchos miembros de Los Verdes, se opusieron con vehemencia, resaltando una desconexión entre las bases del partido y su liderazgo.

A pesar de las controversias y la óptica desfavorable, los Verdes mantuvieron cierto nivel de apoyo. Tanto la ministra de Asuntos Exteriores de los Verdes, Annalena Baerbock, como Robert Habeck, tenían índices de aprobación altos entre los políticos alemanes. Sin embargo, el partido enfrenta desafíos significativos para mantener su identidad y apoyo electoral, especialmente entre los votantes jóvenes que valoran sus principios climáticos.

Los Verdes deberán tener en cuenta estos desafíos. Su popularidad parece haber sufrido un golpe en las últimas semanas; en una encuesta publicada por el tabloide BILD el 25 de abril, los Verdes se encontraron en cuarto lugar a nivel nacional, por detrás de la ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD). Esto puede explicarse tanto por el descontento popular con la nueva “ley de calefacción” de Habeck, que prohíbe la instalación de nuevos sistemas de calefacción de gas y gasóleo a partir del próximo año, como por sus posiciones pragmáticas en otras cuestiones relacionadas con la política climática, así como por su firme apoyo a Ucrania, incluido el respaldo militar. Estos factores son un recordatorio de que su apoyo político es variable y su inclusión en la toma de decisiones no está asegurada.

Manifiesto de La España que Reúne para las Elecciones Europeas

Ante las próximas elecciones europeas, deseamos expresar nuestra oposición a todos los radicalismos políticos, ya que los países progresan con políticas moderadas de centro-izquierda y centro-derecha. Es fundamental advertir sobre el peligro que representa para la Unión Europea el creciente influjo de formaciones políticas iliberales y totalitarias, sin importar si se ubican en la izquierda o la derecha.

FUENTE: EFE

La Unión Europea es el esfuerzo más grandioso de la historia europea para alcanzar una nueva realidad política por medios pacíficos, con la libertad de decisión de sus protagonistas como único instrumento. Nunca antes se había realizado una apuesta tan audaz: reemplazar las guerras por acuerdos, y la conquista por la decisión autónoma de cada Estado. Ese espíritu de pacto y colaboración, con el objetivo de mantener la paz y recuperar nuestro protagonismo histórico, debe ser defendido con los votos este domingo.

Probablemente, en los próximos años, con dramáticas guerras cercanas a nuestras fronteras, y quizá incluso dentro de ellas, nos veremos en la necesidad de defendernos a nosotros mismos, sin subcontratar cuestiones costosas o desagradables a terceros. Nos enfrentamos al desafío de ser, o mejor dicho, de volver a ser, protagonistas de la historia.

En España, cualquier voto a posiciones radicales, nacionalistas o totalitarias será un voto contra el espíritu de la Unión Europea. Desde una perspectiva nacional, que ha dominado inevitablemente la campaña electoral, debemos considerar la crisis política que enfrentamos. Ejemplos de ello son los indultos a los independentistas, la eliminación del delito de sedición del código penal, la banalización de la malversación y, en un día negro de nuestra historia, la aprobación de la amnistía.

Estos hechos nos anticipan, sin duda, nuevas y más graves concesiones a los independentistas, que pueden alterar definitivamente la solidaridad y la concordia sobre las que se fundamentan las democracias sólidas. El pacto fiscal y el referéndum, sea cual sea su formato, serían los próximos pasos. Estamos secuestrados por una minoría independentista insolidaria y decimonónica.

En estas circunstancias, los españoles deben votar para fortalecer la Unión Europea y para que el proceso de desmoronamiento de las instituciones democráticas de 1978 termine cuanto antes. Se trata de elegir entre la Unión o las tribus ideológicas, étnicas o lingüísticas. Defender la Constitución, sin engaños, es defender la Unión sin reservas. La solidaridad que promovemos en la Unión es la concordia que necesitamos en España.

La Unión representa la victoria del derecho, por lo que nos oponemos a que España desprecie la ley y se convierta en el “reino de la arbitrariedad”. La ley es el triunfo de la unión, la impugnación plena y radical del sentimentalismo, la nostalgia y el identitarismo radical como motores de la política.

En nuestra opinión, en suma, la solución reside en las alternativas moderadas y nacionales, y en el compromiso previo de los españoles con los principios universales que representa la Unión Europea, compromiso que solo puede demostrarse participando activamente en estas elecciones.

Hasta la vista, Ursula

Con Macron y Meloni preparando a Mario Draghi como alternativa a Ursula von der Leyen, parece que el punto final a la estadía de la política alemana al frente de la toma de decisiones en Bruselas.

FUENTE: EFE

El mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea ha sido una montaña rusa de éxitos y desafíos, enmarcado por dos crisis globales de magnitud histórica: la pandemia y los conflictos en Ucrania e Israel. A pesar de las críticas y controversias, von der Leyen ha anunciado su intención de buscar la reelección, aprovechando la ausencia de un rival destacado en el panorama político europeo.

Su trayectoria está marcada por la capacidad para forjar consensos y establecer colaboraciones estratégicas con diferentes fuerzas políticas, incluyendo socialdemócratas, liberales y verdes. Su liderazgo durante la transición hacia una economía más verde, su postura firme en relación con la guerra en Ucrania y su papel en la mutualización de la deuda durante la crisis del COVID-19 han fortalecido su imagen y legitimidad institucional.

Es importante recordar que von der Leyen ascendió al poder en circunstancias peculiares. A pesar de no haberse presentado a las elecciones europeas, su llegada al cargo se produjo cuando el candidato del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, fue rechazado por el Parlamento Europeo. Su elección estuvo marcada por un estrecho margen de nueve votos, lo que puso fin a la idea del Spitzenkandidaten y planteó interrogantes sobre la legitimidad democrática del Ejecutivo europeo.

La gestión de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea también ha estado marcada por una serie de errores políticos y acusación de corrupción que no pueden pasarse por alto ante la opinión pública.

Uno de los principales puntos de discordia ha sido su relación tensa, e incluso hostil en algunos momentos, con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Esta rivalidad abierta ha generado fricciones dentro de las instituciones europeas y ha afectado la cohesión en la toma de decisiones.

Sin embargo, el error más grave se produjo durante los primeros momentos de la ocupación en Gaza, cuando von der Leyen asumió funciones que no le correspondían y realizó un viaje a Israel sin el respaldo adecuado. Esta acción generó críticas y cuestionamientos sobre su capacidad de liderazgo y diplomacia.

Además, la Comisión Europea se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción conocido como «Pfizergate», relacionado con contratos controvertidos para la compra de vacunas contra el COVID-19 a la empresa Pfizer. Se ha denunciado falta de transparencia en las negociaciones, y el caso está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dependiendo de esta resolución, la credibilidad y la estabilidad de la Comisión actual podrían verse seriamente comprometidas.

La búsqueda de apoyos para la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea no se presenta como una tarea sencilla. A pesar de su nominación como candidata oficial en la reunión del Partido Popular Europeo en Bucarest el 7 de marzo, los números revelan un panorama complicado.

De los 801 delegados con derecho a voto, 300 optaron por la abstención o ni siquiera asistieron al congreso conservador. Además, entre los que votaron un favor, solo 400 respaldaron su candidatura. Los republicanos franceses, junto con otros críticos dentro del grupo, han expresado su oposición, lo que complica aún más su posición.

Su estrategia de viraje hacia la derecha, priorizando la defensa sobre la transición verde para ganar el apoyo de partidos como el de Meloni, aunque esta ya se ha posicionado con su compatriota, Mario Draghi, (al igual que el líder frances) corre el riesgo de alienar a posibles votantes de izquierda, cuyo respaldo ella daba por sentada.

Ursula lo tiene muy complicado para seguir y por eso nos despedimos de ella, ya que, nos guste o no, von der Leyen dejó un legado como una presidenta de la Comisión Europea que nos mantuvo en vilo, pero que nunca nos dejó aburrirnos. Que su próximo viaje sea menos como una montaña rusa y más como un tranquilo paseo en bicicleta por el campo europeo.

El fiscal y sus ‘líos’

Resulta complicado asociar el título de Fiscal General del Estado con Álvaro García Ortiz. El Gobierno lo emplea como un mensajero de la fiscalía, preguntándose a quién responde realmente.

FUENTE: EFE

Dado los tres contundentes reveses judiciales recibidos por el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, que incluyen la acusación de «desvío de poder»; su controvertida decisión de impedir al Consejo Fiscal emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía; su elección de pasar por alto el consejo mayoritario de la Junta de Fiscales que recomendaba abrir una nueva causa contra el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con el Tsunamic Democratic; y, más recientemente, la filtración atribuida a la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, resulta evidente el reiterado y grave incumplimiento de García Ortiz de sus obligaciones como Fiscal General del Estado.

Los jueces y fiscales son los únicos ciudadanos españoles atrapados por ideologías obsoletas. García Ortiz incluso opina que la ley siempre se inclina hacia la izquierda, y no le molesta ser el alto funcionario de Pedro Sánchez más acosado por los extremistas, aunque a veces reciba críticas.

El fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, muestra su disgusto cuando los jueces cuestionan sus decisiones (usualmente tomadas en nombre del Gobierno de Sánchez) y ahora se dedica a impugnar a magistrados del Tribunal Supremo.

El caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática se suma a la lista anterior, designado por él y cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Delgado es pareja de Garzón. Para aquellos que no lo recuerden, García Ortiz fue magistrado de la Audiencia Nacional y en 2012 el Tribunal Supremo emitió una sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, relacionada con el hecho de ordenar la grabación de conversaciones en la cárcel.

Además, popularizó la figura de los jueces mediáticos, utilizando helicópteros para desplazarse y creando un espectáculo casi cinematográfico, además de participar en grandes expediciones de caza de ciervos con el entonces ministro de Justicia. El sur del país parecía estar ocupado por un ejército de policías.

El sistema judicial español está seriamente afectado, y no solo por los retrasos. Es inadmisible que existan asociaciones de jueces y fiscales que se autodefinan como conservadoras o progresistas. La afiliación a una u otra ideología debería ser un asunto privado de cada individuo, y no debería ser impulsada por necesidades de asociaciones profesionales. Esta afiliación, tanto a un lado como al otro, genera desconfianza en la ciudadanía, que debería ser el verdadero destinatario de decisiones judiciales imparciales, y no de las ideas políticas de aquellos que acusan y juzgan.

Los nombramientos de personas cercanas ideológicamente y simpatizantes políticos para cargos en el sistema judicial, hechos por los partidos en el poder, son inaceptables. Ni siquiera se ajustan al Derecho, como ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo respecto a los nombramientos designados por Sánchez.

Toda esta red de personas dejará sus cargos cuando Sánchez deje el poder. Por eso se aferran a él. Lo que realmente se necesita es una purga en las instituciones, una medida que los socialistas sensatos han pedido a gritos. Politizar los nombramientos es una aberración que representa una tremenda amenaza para la seguridad democrática.

Hasta dónde el independentismo puede seguir perturbando España

El domingo marcó un hito histórico para el Partido de los Socialistas de Cataluña, al obtener la victoria. Liderados por Salvador Illa, cuya candidatura creció 9 escaños, alcanzando 42, el PSC logró un triunfo significativo, pero estéril para conformar una gobernabilidad sólida y con un serio riesgo de repetición electoral.

FUENTE: EFE

Detrás de esta victoria están miles de catalanes que de buena fe creen que el camino que sigue el PSC es el correcto. Pero también otros tantos miles (hasta llegar al crecimiento de más de 200.000 votos del PSC con respecto a 2021) que tácticamente optan por esta formación para conseguir sus objetivos de convertir a España en un Estado confederal.

En cualquier caso, este resultado supone un cambio de rumbo en Cataluña, evidenciado por el repliegue parcial del bloque independentista, que ahora se encuentra lejos de la mayoría absoluta que ostentaba anteriormente. Esta elección refleja la decisión de un poco más de la mitad de los ciudadanos catalanes de dejar atrás el proceso independentista, marcado por la declaración ilegal de independencia en octubre de 2017, marcando otro paso distinto que sólo el tiempo dirá si es mejor o peor que lo visto hasta la fecha.

Además, este cambio de ciclo se caracteriza por el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas de derecha en la región. Tanto Junts, que aumentó en 3 escaños, como el Partido Popular, que pasó de 3 a 15 asientos en el Parlament, experimentaron un crecimiento significativo. Vox mantuvo su representación con 11 escaños, y se sumó a la Cámara la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, con 2 escaños.

En un escenario «normal», la victoria de Illa lo posicionaría como el único candidato viable para una investidura en este momento. Sin embargo, la política catalana dista de ser «normal», acostumbrada a unas lógicas y normas muy distintas a lo que se puede considerar racional. El jugador más importante no tiene por qué ser el ganador (por ejemplo, no vale que ahora la dirección del PSOE reivindique como líder de la situación al partido más votado cuando esa legitimidad se le negó al PP en julio de 2023). Y es precisamente lo que sucede aquí: Puigdemont y Junqueras siguen controlando la situación, teniendo la capacidad de condicionar los planes de Illa y Sánchez.

El nacionalismo catalán, transformado en independentismo, ha perdido su mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980. El resultado de las elecciones del domingo indica claramente el deseo de una parte de la sociedad cansada de más de una década de polarización y parálisis institucional. Durante este período se han sucedido cuatro elecciones, cuatro presidentes, un intento de ruptura constitucional, la suspensión del autogobierno y una falta de atención a las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Pero éste es un análisis parcial, ya que la abstención es alarmante. Aunque el independentismo parece haber perdido su impulso, no se puede afirmar que esté completamente derrotado. Más bien parece haber entrado en un periodo de letargo. Con una participación del 58% en estas elecciones (comparado con el 79% registrado el 21 de diciembre de 2017), el futuro político de Cataluña sigue pasando por el independentismo.

La situación en Cataluña se caracteriza por un desgavell, es decir, un lío. Además, se observa el alto coste político de la propuesta de amnistía, que ha llevado a una pérdida neta de aproximadamente 200.000 votos independentistas, mientras que el PSC solo ha ganado algo más de 200.000 votos.

En 2017, los votos combinados del PSC, PP y Cs totalizaron 1,9 millones. Sin embargo, en las elecciones actuales, estos partidos, junto con Vox, no llegan a los 1,5 millones de votos. Esto sugiere que una parte significativa del electorado constitucionalista, que se movilizó durante el punto álgido del proceso independentista, ha optado por quedarse en casa en esta ocasión.

Todo queda en manos de una mayor movilización del electorado en una más que probable repetición electoral ante los vetos cruzados que a la mañana del lunes 13 ya se han oficializado. Mientras tanto, el independentismo mantiene intacta su capacidad de seguir condicionando la gobernabilidad de España. Éste es el elemento más preocupante y el que seguirá siendo perturbador en los próximos meses.

A vueltas con el referéndum

Parece que, con todo lo que está ocurriendo en España, nos estamos olvidando de que la Generalitat ya ha redactado la pregunta para el próximo referéndum. Con las elecciones catalanas en el horizonte y la posibilidad de que el bando secesionista no salga victorioso, se habla en niveles secundarios para evitar golpes en relación con las comisiones de investigación y minimizar el daño, especialmente al PSC.

FUENTE: EFE

Pere Aragonés anunció que propondría un referéndum de independencia supuestamente respaldado por el artículo 92 de la Constitución. Esta decisión se basó en un informe del Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), encargado en octubre de 2023 para estudiar las vías y «concretar los instrumentos jurídicos» necesarios para llevar a cabo una consulta. Aragonés afirmó: «Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible dentro del marco legislativo actual, y solo es cuestión de voluntad política».

La pregunta formulada sería: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». Sin embargo, esta formulación presenta el mismo sofisma de siempre. No se mencionó un umbral mínimo de participación y no se tiene en cuenta que el artículo mencionado habla de «todos los ciudadanos», no exclusivamente de los catalanes. Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que este instrumento consultivo no puede ser utilizado para promover la secesión.

Es intrigante que el informe sugiera que la implementación del resultado del referéndum deberá realizarse dentro del marco de la «legalidad constitucional e internacional». Este planteamiento parece ser otro ejemplo de sofismo: si el «sí» resulta ganador, la independencia supuestamente tendría que ser compatible con la Constitución, lo cual resulta paradójico.

La clave aquí es reavivar el debate. En el fondo, Aragonés es consciente de que un referéndum de autodeterminación no es posible, pero necesita actuar como si lo estuviera intentando. Con las elecciones del 12 de mayo, su objetivo es mantener el debate vivo hasta entonces, suficiente para movilizar a sus votantes.

Si ERC queda como segunda fuerza, solo podrá investir a Illa como presidente si se llega a un acuerdo sobre un referéndum, al cual últimamente siempre están vinculando con la coletilla de «pactado». Esto es bien sabido en el PSC, ya que, sin esa concesión, los republicanos no podrán ceder la Presidencia de la Generalitat a Illa debido al alto costo que representará para ellos perder el poder, incluso si logran un acuerdo de coalición. Con Illa como presidente, la agenda soberanista iría más lenta, a menos que sea una condición indispensable para que el nuevo gobierno catalán entre en funcionamiento.

Es cierto que todo nacionalismo tiende a encontrar fuerza en batallas perdidas y aspiraciones a menudo difíciles de alcanzar. En el caso de Cataluña, la posibilidad de un referéndum soberanista ya era bastante remota antes del proceso independentista, pero tras su fracaso, debido a una combinación de insensatez e indecisión, el experimento activó lo que podríamos llamar el sistema inmunitario de España. Como resultado, ahora vemos un aumento en los anticuerpos políticos e institucionales contra el independentismo.

Por esta razón, aunque el referéndum de independencia todavía sea una parte del discurso nacionalista catalán, en realidad no va más allá de eso. En el mejor de los casos, podría haber un grupo de entre medio millón y un millón de catalanes que, debido a que aún no han recuperado el sentido común después de haberlo perdido, aún crean que es posible. El movimiento soberanista no puede ignorar este grupo de personas, ni los que se oponen a la independencia deben dejar de aprovecharlo, pero las personas sensatas no deberían dejarse impresionar por este discurso inflamado.

Todo parece indicar que la consulta seguirá el mismo patrón que la discusión sobre la amnistía. En primer lugar, el separatismo afirmará que, tras un examen detenido, han descubierto que la Constitución permite un referéndum de autodeterminación. Luego, el PSOE pasará por las fases habituales de negación, aceptación y defensa apasionada de la consulta. Y, finalmente, será Cándido Conde-Pumpido quien decida sobre la legalidad del arreglo, ya que para eso fue puesto en su cargo.