El Gobierno, sometido a chantaje por sus socios, no parece vislumbrar un horizonte claro en esta legislatura, que acaba de comenzar. A pesar de las múltiples líneas rojas traspasadas para satisfacer a sus socios de investidura, especialmente después del desplante de ayer con la amnistía, la situación se complica.
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Los tiempos de Sánchez todavía permiten maniobrar, aprovechando las elecciones gallegas para dar a Junts lo que pidan, desviando la atención con una retórica ‘españolista’. Para respaldar sus acciones, el Gobierno se apoya en terminales mediáticas y opinadores de guardia, quienes tratan de convertir la amnistía en una virtud, mientras la población española expresa su rechazo.
A pesar de las críticas y la oposición, el presidente parece ajeno a lo que sucede en el exterior, tal vez creyendo que contribuye positivamente al país con medidas regresivas. La ley de amnistía, tras la derrota parlamentaria, vuelve al inicio, y el Gobierno tiene un mes para satisfacer a Junts, evitando ceder ante la presión independentista cercana a las elecciones gallegas.
La persistencia de una corriente política y mediática que respalda la ley de amnistía, con una interpretación flexible del delito de terrorismo, genera alarma social. Esta estrategia, destinada a obtener votos y poder, no solo transgrede la ética legal, sino que también bordea la extralimitación moral, desafiando la capacidad de asombro de los ciudadanos españoles.
El texto señala una serie de acciones que cuestionan el Estado de Derecho, desde pactos con quienes inicialmente fueron rechazados, hasta indultos a delincuentes golpistas, eliminación de delitos y blanqueo de herederos políticos de terroristas. La inclusión de Puigdemont bajo la amnistía inconstitucional cruza la línea roja del terrorismo, socavando la separación de poderes.
La ley se enreda entre sus propias líneas, ya que Junts busca un texto concluyente que amnistíe todas las situaciones y evite la intervención de los jueces, lo cual va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la separación de poderes.
Aunque la amnistía continuará adelante debido a la demanda que respalda la legislatura, para el PSOE es una noticia desfavorable que su aprobación se retrase y siga acaparando la atención mediática.
El PSOE ha sido junto a la UCD y después el PP el principal impulsor de la Constitución de 1978 y con ello artífice del periodo de mejor convivencia en libertad de la historia de España.
Por Jesús Ballesteros
Por ello su trayectoria, en la que destacan los nombres de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch y un larguísimo etc. merece el agradecimiento de las generaciones presentes y futuras.
Esta labor de concordia y tolerancia ejemplares fue interrumpida bruscamente con la llegada al poder de Zapatero, que le dio la vuelta a todo lo anterior. Su principal preocupación fue eliminar la posibilidad de alternancia política, con el infamante pacto del Tinell promovido por el PSC y el apoyo a lo que decidiese el Parlamento catalán, fuese lo que fuese.
El sanchismo es la perfecta continuidad del zapaterismo en lo que se refiere a la intensificación del enfrentamiento entre los españoles y simultáneamente la creación de un régimen clientelar en el que sólo cuenta la obediencia férrea al líder y el enriquecimiento mutuo sin ideología alguna. Como escribió Pilar Marcos Domínguez, en “El taxidermista y su biombo” (The Objetive, 12.12.23) Sánchez llevó a cabo una autentica labor de disecación del PSOE para convertirlo en una gran agencia de colocación, Sánchez S.A. al servicio de su afán infinito de dominio.
Esta desnaturalización del partido se ha podido ver en el numeroso grupo de personas arrepentidas de su voto al sanchismo. Según encuesta de Sigma Dos para ‘El Mundo’, se trataría de 1.752.000 personas, un 22,4% de los ciudadanos que apoyaron a Sánchez en julio y que ya no volverían a votarle si hoy se repitiesen los comicios. Es muy fácil saber quiénes son. Los que creyeron honesta y quizá ingenuamente que el sanchismo era la continuidad de aquel PSOE al que votaron sus antepasados y han comprobado luego que no había tal continuidad.
El Partido Sanchista es una auténtico club clientelar a los que nunca abandona. Un ejemplo entre mil es el de Miquel Iceta, del PSC, apartado del Consejo de Ministros, pero compensado inmediatamente con la Embajada de España en la UNESCO.
Lo malo del caso para el gobierno es que estos votantes entusiastas no son suficientes para mantener en la Moncloa al jefe, razón por la cual éste debe mostrar una sumisión total a los partidos separatistas, claramente supremacistas, que le explotan en detrimento del conjunto de la población española, dado que las prebendas que Sánchez les concede son con cargo a los presupuestos generales del Estado, que pesan sobre las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, que lógicamente ha reducido en 50.000 su número desde que Sánchez ostenta el cargo.
La subida de impuestos y la desmesura en el gasto público nada tienen que ver con la ideología, mal que le pese a la volátil y desleal Yolanda Díaz sino con el mantenimiento del régimen clientelar.
Lo más maravilloso del presente español es que Sánchez presenta a sus socios /supremacistas y a sus votantes/clientes como progresistas, mientras que los partidos de la oposición serían peligros reaccionarios. En esta patológica deriva en la que hemos entrado se llega a diferenciar los tipos de terroristas, los que se pueden homologar con sus socios de gobierno pasan a ser terroristas buenos, mientras los jueces empeñados en perseguirles son acusados de corrupción, y posiblemente sean sometidos a tribunales populares.
El sanchismo es la antítesis del PSOE clásico, al negar la igualdad entre los españoles concediendo la amnistía a unos cuantos privilegiados, y destruyendo la mayor parte de los presupuestos a esos mismos privilegiados, que una vez enriquecidos desean separarse de España. Los tres ejes del sanchismo son el régimen clientelar, la pretensión de excluir a la oposición de toda opción de gobierno y el vasallaje a las minúsculas minorías supremacistas catalanes y vascas.
Ninguna de estas tres tristes realidades tienen que ver con la historia del PSOE. Razón por la cual sería de simple sentido común no mencionar este nombre al referirse a la mafia sanchista.
*Jesús Ballesteros es Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.
La cogobernanza es un modelo de gobernanza que implica la colaboración entre diversas entidades, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o del sector privado, en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.
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En contraste con la jerarquía tradicional, la cogobernanza busca la participación activa de múltiples actores, aprovechando sus experiencias y conocimientos para abordar problemas complejos.
Este término incluye la creación de plataformas de diálogo donde las partes interesadas contribuyen y trabajan juntas para encontrar soluciones. Su implementación varía según el contexto pero, en general, se centra en la colaboración para mejorar la eficiencia y legitimidad de las decisiones gubernamentales mediante la inclusión de diversas perspectivas.
El hecho de que el PSOE haya adoptado en su ideario político una fórmula que implica un claro cambio hacia posturas más propias de un modelo territorial confederal, en lugar de la naturaleza federal que siempre había defendido este partido, consolida la desviación de los socialistas en un tema fundamental para mantener las bases constitucionales.
En el documento resultante de la convención política del PSOE, celebrada en La Coruña, se plantea una reducción en el control del Estado mediante la «consolidación» del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas. En la práctica, esta propuesta implica un giro hacia un marco jurídico confederal, basado en la bilateralidad con las autonomías y con el Estado reducido al mínimo.
En una convención que se convirtió en una muestra de apoyo unánime al líder, considerando la falta de debate interno, el PSOE adopta una posición que difiere del modelo federal establecido en 2013 con la Declaración de Granada, que había evolucionado a lo largo de los años, aunque hasta ahora sin un contenido detallado, incluyendo términos como plurinacionalidad y España multinivel moderna.
Con Rubalcaba liderando Ferraz, los socialistas proponían definir la distribución de competencias para consolidar el Estado autonómico, garantizar la igualdad de todos los españoles y la lealtad federal, y asegurar los tres principios fundamentales del modelo territorial de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. Ahora, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el PSOE ha cambiado hacia el extremo opuesto.
Bajo el concepto eufemístico de cogobernanza, se esconden la vía irregular de las negociaciones bilaterales y las leyes de transferencias, con el objetivo de debilitar las competencias que permiten al Estado preservar la unidad territorial. Esta desviación, ya implementada con la cesión de la inmigración a la Generalitat catalana, está estrechamente vinculada a los acuerdos de los actuales socialistas con la extrema izquierda y los independentistas.
El cónclave de La Coruña, justo antes de las elecciones gallegas del 18-F, refleja en el ideario socialista el muro construido frente a la derecha. “Solamente se puede gobernar este país si asumimos la pluralidad política y la diversidad territorial en torno a un proyecto común, que es España”, afirmó Sánchez después de anunciar una inversión en educación para fortalecer Matemáticas y Lengua tras el fracaso del último informe PISA. Aunque esta rectificación oportuna no oculta la contradicción de apelar a la diversidad mientras se diluyen los pilares constitucionales.
Algún hombre de Estado quedará en las filas socialistas, pero a la mínima que saltan se ven perseguidos por todo el partido, que se cierra con vehemencia en torno a su líder. El último de nuevo ha vuelto a ser Emiliano García Page. Enfrentarse al separatismo disolvente requiere asegurar la igualdad en lugar de avanzar hacia un proceso de descentralización que socava el fundamento ideológico que hasta hace unos años había caracterizado al PSOE como un partido de Estado.
Por si fuera poco, hay algunas consideraciones sobre lo que podría ocasionar su aplicación en el caso de España:
Complejidad en la toma de decisiones:
En un sistema con múltiples niveles de gobierno y la participación de diferentes actores, como comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, podría haber desafíos para lograr consensos rápidos en cuestiones que requieren acción urgente.
Falta de responsabilidad clara:
Dada la descentralización en España, con varias competencias transferidas a las comunidades autónomas, podría surgir la falta de claridad sobre quién es responsable de ciertos asuntos, lo que complica la rendición de cuentas.
Captura de intereses:
En el contexto español, se podría dar el riesgo de que ciertos grupos de interés, ya sean a nivel regional o sectorial, ejerzan una influencia desproporcionada en decisiones políticas, lo que podría afectar la equidad y el interés general.
Falta de equidad en la participación:
La cogobernanza podría enfrentar desafíos en asegurar una representación equitativa de todas las comunidades autónomas y grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, lo que podría llevar a la marginación de algunas voces.
Fragilidad y falta de estabilidad:
En un sistema político que puede experimentar cambios significativos en las alianzas y composición de gobierno, la cogobernanza podría volverse más susceptible a la inestabilidad y a la discontinuidad en las políticas.
Viraje hacia el confederalismo:
Se critica que el PSOE haya abandonado su tradicional postura federalista para adoptar una fórmula que se percibe como más confederal. La consolidación del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas se interpreta como un giro hacia un marco jurídico confederalizante, donde el Estado tendría un papel reducido.
Merma en el control del Estado:
La propuesta de cogobernanza implica una disminución en el control del Estado central, favoreciendo la bilateralidad con las autonomías y debilitando la unidad territorial. Con un Estado reducido en competencias a la mínima exponencia para perpetrarse en el poder en desfavor del resto del país.
Pérdida de los principios federales anteriores:
La posición actual del PSOE difiere de la Declaración de Granada de 2013, donde se abogaba por cerrar el Estado autonómico, garantizar la igualdad, la lealtad federal y los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad interterritorial.
Cesiones a la extrema izquierda e independentistas:
La deriva hacia la cogobernanza está vinculada a pactos con la extrema izquierda e independentistas. La cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat es el perfecto ejemplo de esta tendencia; una idea que siempre han echado en cara a la extrema derecho y que ahora debe ser que ayuda al restablecimiento de la concordía en nuestro país
Desafío frente al separatismo:
La descentralización propuesta por el PSOE podría debilitar la capacidad de hacer frente al separatismo, ya que se considera necesario garantizar la igualdad en lugar de descentralizar el poder.
Los asesores legales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo dejaron meridianamente claro en su opinión sobre la propuesta de Ley de Amnistía del Gobierno destinada a eliminar los delitos relacionados con el procés
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La iniciativa no puede fundamentarse en la Ley de Amnistía de 1977, ya que ésta fue aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución (un hecho anterior no implica automáticamente que éste esté reconocido en la Constitución) y que el texto constitucional no proporciona respaldo para la aprobación de una medida de gracia de este tipo al prohibir un hecho de rango menor a la amnistía como es el indulto general.
Este informe, aunque no está firmado, ha sido elaborado bajo la dirección de Piedad García-Escudero, quien ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo, siendo secretaria general del Congreso y letrada mayor del Senado. Su nominación para este puesto fue en noviembre, sustituyendo a Manuel Fernández-Fontecha, que se había manifestado públicamente en contra de la amnistía. Piedad García-Escudero es Letrada de las Cortes desde 1981 y es hermana de Pío García-Escudero, quien fue presidente del Senado por el Partido Popular (PP) entre 2011 y 2019.
Desde la asesoría jurídica de la Comisión de Justicia señalan la necesidad de que cualquier nueva amnistía requiere previamente una reforma constitucional que la respalde. Este planteamiento contrasta con el análisis previo realizado con la aprobación de la Proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que contó con la aprobación del letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, recientemente nombrado directamente desde un puesto político dado que formaba parte del Gobierno anterior.
Con todas las cautelas que se requieren para un órgano de consulta previa, los letrados admiten que la inconstitucionalidad de la norma puede no ser evidente, pero luego identifican múltiples aspectos que podrían no cumplir con el filtro de la Carta Magna, dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.
Un aspecto crítico es la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía», criticando la inclusión de actos «cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña» y la falta de precisión en el ámbito temporal. Advierte que esta falta de determinación y la amplia ventana temporal podrían afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley, incluso pudiendo derivar en una «delimitación arbitraria» que infrinja el principio de igualdad.
Pero más allá de que el Alto Tribunal pudiera pronunciarse en un sentido u otro, los letrados apuntan en la dirección más importante como es la compatibilidad con las leyes europeas. Y aquí es donde se produce un auténtico “choque de trenes” en cuatro cuestiones críticas:
La exclusión del ámbito de la amnistía de los delitos de terrorismo solo si hay una sentencia firme.
Las disposiciones relacionadas con los efectos suspensivos de la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La inclusión de delitos de corrupción en la amnistía, que pueden comprometer la armonización y efectividad de las normas reguladoras de estos delitos según el Derecho UE.
Sobre el artículo 4 de la Proposición de Ley de Amnistía que revoca las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, con afección especial a los delitos de terrorismo y malversación.
Estos argumentos esgrimidos por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no sólo son claros, sino que muestran también hasta qué punto incluso una decisión con un sesgo favorable del Tribunal Constitucional al texto de la ley es incompatible con la permanencia de España en la Unión Europea.
Ante las cámaras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó: «Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esta idea fue reiterada poco después durante la misma intervención, al expresar: «Es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional». El ministro expresa una confianza absoluta en la Ley de Amnistía, fundamentada, según él, en informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.
Esta “confianza” no es tal, al tener que repetir hasta en ocho ocasiones distintas el término “constitucional” en la Exposición de Motivos. La acusación de terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón y los apabullantes indicios de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 y la llamada “batalla de Urquinaona”, inciden directamente en que España está obligada a cumplir los preceptos del Derecho europeo sin discusión alguna.
Para Europa no hay “terrorismo que no viole gravemente los derechos humanos”, parafraseando al ministro Bolaños. El delito de terrorismo es muy claro, al igual que el de malversación y corrupción. Se acepta o no se acepta. No faltarán presiones directas o indirectas en los próximos meses a los jueces para que los encausados por terrorismo salgan indemnes y puedan estar poco tiempo después de vuelta en España habiéndoseles borrado sus delitos. Este punto es el que decidirá todo de aquí en adelante, más allá de que se pueda producir una batalla judicial dura y duradera en los tribunales españoles y el TJUE.
La conferencia política que ha celebrado el PSOE en La Coruña este fin de semana tiene varios aspectos que merecen un análisis pormenorizado.
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En primer lugar, tanto el acto en sí como los discursos que se realizaron en él son una muestra fiel del actual ciclo político. Los partidos occidentales a lo largo de los años han utilizado este tipo de convenciones para discutir los temas fundamentales, confrontar visiones opuestas y obtener una síntesis razonable y coherente para la sociedad en general, no sólo para el consumo interno de sus afiliados.
Éste no es el caso del acto de La Coruña. Más bien, todo lo contrario. Un mitin continuo de los dirigentes actuales que buscan protegerse debajo de la figura de su líder, ya que su supervivencia política depende de ello. Un acto en el que el tiempo se empleó en buscar argumentos que sirvan para simular una «normalidad» que dejó de existir hace mucho tiempo.
Es más, hacen creer que estamos ante una “nueva normalidad” mucho mejor que la anterior (por supuesto, combativa y contraria a todo lo que no sea gobernar), ya que supuestamente se asume la pluralidad del Estado, cosa que teóricamente antes no se hacía. Éste es el último giro de guión que los estrategas del presidente han encontrado para apuntalar los días posteriores a la que fue la peor sesión parlamentaria del actual régimen del 78, la del miércoles 10 de enero.
Para intentar convencer a la ciudadanía (especialmente, aquella que está llamada a las urnas en los próximos meses) de que el camino correcto es el suyo, primero necesitan autoconvencerse. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. En el momento en que las convicciones políticas y éticas se ponen al servicio del ciclo político actual, éstas pasan del estado líquido (no podemos decir que vinieran del estado sólido, ya se habían deteriorado suficientemente por el camino de los últimos 20 años) al gaseoso.
En esta transición hay una actitud clave que hace unas semanas pronunciaba una conocida periodista: “si todos los días es todo tan grave, quiere decir que no pasa nada”. Una vez logrado ese convencimiento, viene el momento de vender unos resultados en términos de gestión económica y política social que, salvo en muy pocos aspectos, no han supuesto una mejora real de la vida de los ciudadanos.
No es de recibo que el Gobierno que ha contado con el mayor volumen de recursos económicos de la Historia (en torno a un billón de euros entre gasto público directo y financiación de deuda pública a un coste muy bajo) haya obtenido unos resultados tan pírricos.
Desde 2019, los ingresos de las familias en términos reales han bajado un 2,4% mientras la media europea subió un 1,4% volviendo oficialmente al «club de los países pobres» de la UE al caer nuestra renta per cápita al 85% de la media UE; el único de los grandes países europeos donde la inversión empresarial ha caído mientras la media europea ha subido más de un 10%, la productividad (lo que de verdad hace crecer un país) ha caído un 2,3% entre 2020 y 2022, la deuda del sistema público de pensiones ha pasado de 17.000 millones en 2016 a 106.000 millones al cierre de septiembre de 2023…
Con lo cual, ni siquiera el argumento económico o el de política social pueden justificar que se haga lo que sea necesario para mantener al Gobierno en el poder, instalado en una lógica permanente de «frente amplio». Nunca es fácil que alguien que ostenta la responsabilidad de Gobierno tenga la capacidad de autocrítica, voluntad de enmendar su proceder y rectificar su rumbo atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. No se ha hecho en La Coruña, y probablemente no se haga tampoco en los próximos meses, salvo que se produzca una contundente derrota electoral
A pesar de ser uno de los discursos más fuertes en mensaje del monarca, muchos españoles decidieron darle la espalda a Felipe VI. Así lo dicen las audiencias, ya que su décimo mensaje navideño registró su segunda audiencia más baja. Parece que el discurso de este año atrajo a alrededor de 6.044.000 espectadores en promedio, con una cuota de pantalla que representó el 64,1% de las 30 cadenas que lo transmitieron en directo.
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En comparación con el año anterior, hubo una disminución de unos 673.000 espectadores, lo que equivale a una caída del 10%. A pesar de esta disminución, el resultado fue mejor que el registrado en 2016, que sigue siendo el discurso menos visto con 5.822.000 espectadores y una cuota de pantalla del 57,6%. Sin embargo, este año se posiciona como el segundo discurso menos visto desde que se lleva registro de estas audiencias, según datos del grupo Barlovento Comunicación.
El discurso de Felipe VI en 2014 alcanzó la mayor cuota de pantalla, con aproximadamente un 73,4%. Sin embargo, en términos de cantidad total de espectadores, fue en 2020 cuando más personas sintonizaron su mensaje navideño, llegando a unas 10.760.000, a pesar de que la cuota de pantalla en ese año pudo haber sido menor que en 2014.
En los últimos tres años, su audiencia ha mostrado un declive constante, alcanzando un punto bajo histórico este 2023. En 2021, la audiencia rondó los 7.900.000 espectadores, y en 2022, se redujo a 6.717.000.
El mensaje tuvo mayor alcance en comunidades como Murcia (75,6%), Castilla-La Mancha (74,9%) y Aragón (73,8%). Por otro lado, fue menos visto en Catalunya (42,3%) y en Euskadi (46,7%). Este dato se debe a que, un año más, todas las cadenas autonómicas a excepción de TV3 y EiTB emitieron el discurso del monarca.
Las caídas en la audiencia de eventos como el discurso del Rey pueden deberse a varios factores. En ocasiones, es parte de una tendencia general de disminución de la audiencia televisiva debido a cambios en los patrones de consumo de medios. El aumento de plataformas de streaming, redes sociales y otras formas de entretenimiento digital podría estar dispersando la atención de la audiencia.
Además, el interés en discursos específicos puede fluctuar dependiendo del contexto político, social o incluso de la percepción pública sobre la figura del Rey o la relevancia de los temas abordados en el discurso. Factores como la situación política, la conexión emocional del público con el discurso o incluso la controversia pública en torno a la monarquía podrían influir en la disminución de la audiencia.
La variación en la audiencia puede ser multifacética y está influenciada por una combinación de cambios en los medios de comunicación, el interés del público y el contexto socio-político. Por tanto, no podemos dar una sola respuesta a un fenómeno de audiencias concreto cuando son los propios medios de comunicación los que están viviendo un cambio de paradigma con las nuevas plataformas de infoentretenimiento.
Los primeros días de 2024 no traen un panorama tan prometedor como se nos quería hacer creer tanto en lo económico como lo social.
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2023 ha estado marcado por un continuo vaivén político y las sorpresas no han cesado. Con Pedro Sánchez de nuevo en el poder, surgen desafíos importantes que, lejos de ser solucionados, podrían intensificar las divisiones y desequilibrios en el país con las miras puestas en el nuevo año.
El presidente del Gobierno demuestra más habilidad política que enfoque en resolver problemas reales. En lugar de abordar cuestiones cruciales, se han priorizado temas que dividen y polarizan a la sociedad. El énfasis en las cuestiones territoriales y la financiación autonómica puede profundizar las divisiones regionales en lugar de promover la cohesión nacional.
Hablando de la tan promocionada ley de amnistía, su tramitación y aprobación desencadenarán un desequilibrio aún mayor en la independencia judicial y crear más discordia en lugar de restaurar la estabilidad.
Mientras se aumenta el salario mínimo y mejorar las prestaciones por desempleo, se ignora el impacto que esto tiene en la economía. El enfoque en una política fiscal «redistributiva y justa» no consigue ni redistribuir correctamente, ni tampoco la equidad, con lo cual, se traducen en desincentivar la inversión y el crecimiento económico, perjudicando a largo plazo a todos los estratos sociales.
Además, el desacuerdo constante en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja una polarización que afecta gravemente el funcionamiento de la justicia. Ambos lados políticos parecen estar más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar general del país, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial.
El nuevo Gobierno, lejos de ofrecer soluciones reales, parece querer profundizar en las divisiones y desequilibrios existentes en el país. Los desafíos planteados no parecen estar abordándose de manera efectiva, lo que podría augurar un período tumultuoso y poco productivo para el futuro inmediato de la nación.
En el plano económico, nuestro país se enfrenta a un panorama de desaceleración del que tomará parte toda Europa. La economía española experimentó un 2023 que comenzó fuerte (comparando el dato presente con el de sus homólogos europeos), pero mostró una desaceleración gradual a lo largo del año, cerrando con un crecimiento aproximado del 2,3% para el conjunto del año.
A pesar de esto, se evidenció una tendencia a la desaceleración trimestral, reflejada en el estancamiento del empleo, el deterioro de los indicadores de manufacturas y servicios, así como en las exportaciones, incluyendo el sector turístico.
El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI de este año se enfocó principalmente en una firme defensa de la Constitución y los valores fundamentales de la sociedad española. El monarca se centró en abordar el panorama político interno de España sin demasiada atención a conflictos internacionales.
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En medio de un año políticamente tenso, con elecciones que han llevado a la necesidad de acuerdos inusuales entre partidos para formar gobiernos autonómicos y centrales, el Rey hizo hincapié en la importancia de evitar la polarización ideológica. Señaló cómo esta tendencia a dividirse en bloques puede deslegitimar a la otra parte, representando una amenaza para la estabilidad y el respeto mutuo en la sociedad.
El discurso buscaba recordar la importancia de mantener la unidad y la voluntad de entendimiento, especialmente en un momento en el que los pactos políticos se vuelven indispensables y la separación ideológica podría poner en peligro la cohesión social.
Después de las elecciones generales del 23 de julio, el Rey mismo se vio envuelto en disputas políticas, enfrentando acusaciones y demandas sobre su papel institucional. En medio de estos antecedentes, sus palabras sobre el lugar constitucional de cada institución, incluyendo la suya, y el respeto mutuo entre estas, cobran sentido.
No es exclusivo de Felipe VI el dedicar un discurso a advertir sobre los peligros de la polarización extrema y su impacto en la credibilidad democrática. La tendencia global a cuestionar los pilares de la convivencia, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, requiere ser detenida antes de normalizarse. La clave es la Constitución, no como un símbolo vacío para las luchas partidistas, sino como el fundamento de sus valores esenciales.
El discurso del Rey este domingo fue una rara expresión de defensa precisa de los valores constitucionales como logro colectivo y herramienta para el futuro. Expresó preocupación, haciendo un llamado al «deber moral» de evitar la discordia, pero también transmitió confianza y optimismo. Ofreció un análisis no solo de las corrientes problemáticas que enfrentamos, sino también un argumento esencial para un país que tiende a subestimar sus virtudes y negar sus éxitos.
A veces, expresarse sin ser escuchado puede sentirse como hablar en un vacío, pero al menos se tiene la certeza de haber dicho lo que se necesitaba decir. El discurso del Rey Felipe VI esta Nochebuena, probablemente el más político desde su intervención el 3 de octubre de 2017 durante la situación en Cataluña, deja la pregunta de si los líderes políticos realmente han captado su mensaje.
En los próximos meses veremos si hubo una respuesta o si este llamado a la reflexión sobre el discurso del Rey resonó en la esfera política, especialmente considerando la situación crítica que enfrentaba el Gobierno de Mariano Rajoy en aquel entonces, con la crisis en Cataluña y su aparente inacción.
El discurso de Felipe VI en esta última Nochebuena llevó a la mesa de los españoles dos ideas fundamentales que desafiaban directamente el dramático panorama político del país: la advertencia de evitar que se arraigue la «germen de la discordia» y la afirmación de que la Constitución representa el mejor medio para «superar las divisiones». Remarcó que fuera de esta ley fundamental «no hay ley ni España en paz y libertad».
Es común que cada partido político interprete estas palabras según su conveniencia y las utilice para atacar a sus opositores. En España, son pocas las instituciones que no han sido arrastradas a los enfrentamientos políticos, como si fueran blancos en una obra de arte, sufriendo golpes y embates propinados por algunos políticos aficionados a la confrontación.
El discurso del Rey, especialmente para las dos principales formaciones políticas, debería ser un recordatorio crucial sobre la creciente polarización y un llamado a detener la deslegitimación del adversario, recordando que nunca deberían considerarse enemigos. En los últimos meses, la sensación era de caminar peligrosamente hacia el borde de ese abismo. «No podemos permitirlo», recalcó el Rey, subrayando la urgencia de detener este peligroso rumbo hacia la confrontación y el descrédito mutuo en el panorama político.
Las palabras de Felipe VI suelen ser meticulosamente escogidas, lo que permite diversas interpretaciones por parte de ciudadanos y partidos políticos que buscan respaldo para sus propias visiones. Sin embargo, dejó en claro la importancia de defender los «valores constitucionales» cuando se ven amenazados o cuestionados.
Entre las interpretaciones posibles, se puede sostener que este discurso de Nochebuena fue una llamada de atención, una señal contundente para recordar que en la confrontación política no todo es válido y que preservar las instituciones es crucial. Más allá de los líderes políticos, estas instituciones perdurarán y deberían hacerlo con el menor daño posible.
La imagen que acompañaba la alocución, con los Reyes y la Infanta Sofía aplaudiendo a la Princesa Leonor cuando juró la Constitución ante las Cortes Generales, fue una metáfora perfecta de la necesidad imperante de que las instituciones se mantengan sólidas y perduren en el tiempo.
Ya hay Gobierno y Pedro Sánchez no ha reducido el gasto, sino que lo ha aumentado al incrementar el número de secretarías de estado. También está por verse qué sucederá con las subsecretarías, secretarías generales y otros cargos que a menudo están asociados con ciertos privilegios, una práctica que parece ser común entre Sánchez y su equipo. Ni medidas de ahorro ni reducción de gastos.
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Sánchez ha presentado su nuevo gabinete para la próxima legislatura, destacando que Sumar retiene las cinco carteras que anteriormente ocupó Podemos, a pesar de haber obtenido menos escaños que esta formación. Una de las novedades más notables es el carácter político que adquiere el nuevo gabinete, marcado por la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como vicepresidenta. Similarmente, la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, asume también la portavocía del Gobierno, relevando a Isabel Rodríguez, quien se enfrenta al desafío de implementar el ambicioso plan de vivienda asequible de Sánchez.
Se observa un gabinete menos orientado hacia lo técnico y más enfocado en perfiles políticos. Un claro ejemplo es la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como nueva vicepresidenta. Lo mismo ocurre con Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz socialista, quien ahora también ejercerá como portavoz del Ejecutivo, relevando a Isabel Rodríguez, encargada del desafiante plan de vivienda asequible de Sánchez.
El enfoque político se hace evidente con la elección de Óscar Puente para Transportes, reconocido por su posición polémica, y el nombramiento de Elma Saiz en Seguridad Social, una figura menos conocida pero apoyada por Santos Cerdán, clave en las negociaciones con Junts y secretario de Organización del PSOE.
Un aspecto crucial que define el rumbo de esta legislatura es la ampliación del rol de Félix Bolaños, quien suma a su cartera de Presidencia y Relaciones con las Cortes la responsabilidad en Justicia. Esta concentración de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en una sola figura plantea interrogantes sobre la independencia judicial, especialmente en relación con la Ley de Amnistía, dado que Bolaños podría tener un papel dual como juez y parte en el ámbito judicial.
La concentración de competencias en la figura del superministro ha levantado las primeras suspicacias entre la oposición , ya que Bolaños pasará a controlar los tres poderes. Manteniendo su rol como ministro de la Presidencia, seguirá coordinando las acciones del Ejecutivo y encabezando las reuniones semanales de secretarios de Estado y subsecretarios, destinadas a preparar las próximas sesiones del Consejo de Ministros. Además, en su posición como ministro de Relaciones con las Cortes, continuará siendo el enlace entre el Gobierno y el poder legislativo, con una presidenta del Congreso que ha mostrado una clara afinidad con Sánchez, tal como lo ha demostrado Francina Armengol en apenas cuatro meses.
En su papel como ministro de Justicia, se espera que Bolaños aborde la reacción del Poder Judicial frente a la ley de amnistía, en gran medida producto de sus acciones. Esta ley continuará su proceso parlamentario el próximo martes después de ser calificada por la Mesa del Congreso, con el respaldo del secretario general de la Cámara Baja. Asimismo, se espera que busque persuadir a la Comisión Europea de que la democracia en España está protegida.
El PSOE solo ha firmado el documento que le ha presentado Junts, introduciendo, en todo caso, algunas “morcillas” para justificar la firma. Han comprado con entusiasmo el relato de los independentistas, sin reservas, y han aceptado las medidas de carácter populista, que caracterizan a repúblicas hispanoamericanas fracasadas, con entusiasmo.
FUENTE: EFE
Los progresistas del siglo XXI nos llevan a los españoles directamente al siglo XIX. ¡Raro progreso el que nos lleva al pasado! Con Puigdemont hemos retrocedido con los Decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII; esperemos que con el PNV no retrocedamos a las cuevas de Santimamiñe.
El primer dato relevante es que es la primera vez que soluciones políticas gubernamentales se negocian y se presentan fuera de nuestro país, en Waterloo, como si fuéramos un país inhóspito en el que no existe libertad para negociar. Waterloo supuso una derrota definitiva de Napoleón, y tristemente, en esa ciudad belga, los socialistas han puesto punto final a la democracia española del 78. No sabemos lo que vendrá, pero desde luego, no será el desarrollo lógico de la Constitución del 78.
En segundo lugar, han negociado con una persona que, si pisara el suelo español, sería detenido. Han negociado con un prófugo y por unos cuantos votos en el Congreso. Esto sería impensable hace una década, pero la ambición de una persona y el silencio acomodaticio de muchos lo han permitido. Hoy son ya responsables del desastre, tanto Sánchez como quienes le acompañan a llevar al precipicio al sistema constitucional español.
El PSOE dice en el acuerdo: “Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del parlamento catalán que representa legítimamente al pueblo catalán”. ¿Y la soberanía nacional? ¿Y el Congreso de los Diputados? ¿Dónde queda en ese documento suscrito por el PSOE la nación española? ¿Ha dejado acaso de existir para el PSOE? Con esta afirmación, podemos decir que el PSOE, para satisfacer la ambición de Sánchez, ha dejado de creer en España y en la Constitución del 78.
Aprueban la existencia de un verificador internacional como si de un problema internacional se tratara. Justifican y legitiman los desórdenes públicos en Cataluña, la transgresión de leyes y sentencias realizadas por cargos públicos, y aceptan que comportamientos de naturaleza terrorista sean considerados solo expresiones políticas. Podemos decir que Puigdemont y la necesidad narcisista de Sánchez han conseguido más que la banda terrorista ETA durante décadas; justo es reconocerlo sin necesidad de poner un muerto encima de la mesa para negociar.
Destruyen la independencia judicial y, después de firmado este documento que permitirá crear comisiones de control a los jueces en el Congreso, estos ya pueden sentirse amenazados, ni más ni menos que por la fuerza del parlamento. Sería este acuerdo el sueño dorado de Trump, pero los EE. UU. pueden tener presidentes pintorescos e impresentables, pero tienen unas instituciones que no claudican.
Hoy corre más peligro el juez Marchena que los delincuentes independentistas. La Unión Europea debe mostrar su preocupación por la quiebra de la independencia judicial, y debe importarles poco que los autores de tamaños desaguisados sean de extrema derecha o populistas, nacionalistas o extremistas de izquierda.
Queda la ley de amnistía, radicalmente inconstitucional, y que conseguirá que seamos los españoles, vivamos en Cataluña o en el resto de España, los que tengamos que pedir perdón a los independentistas catalanes. En contra de lo que dice Santos Cerdán, este acuerdo es de investidura, no de legislatura; excepto que existan otros acuerdos que los ciudadanos españoles desconozcamos. Es decir, cada votación, cada ley será aprobada a costa de otro destrozo a la soberanía nacional española; una votación en el Congreso, otro regalo en favor de la desigualdad entre españoles.
No es extraño que Puigdemont se sienta ganador, igual que tampoco es extraño que los miembros y portavoces del PSOE se hayan escondido para que el mal trago pase. No merece la pena perder la dignidad, tirar por la borda los últimos 45 años de la historia del PSOE, poner punto y final a la Transición democrática española, por seguir las alborotadas vanidades de ningún líder.
¿No es posible que salgan más voces socialistas a decir que esto no se puede hacer en su nombre? Al silencio le acompañará para siempre la indignidad. ¡Digan no! Digan: ¡hasta aquí hemos llegado! Rebélense por su dignidad, por su partido, por España… Los que les antecedieron pagaron con la cárcel su ejercicio de dignidad en la lucha contra el franquismo, hablen menos de ellos y hónrenles. El resto de españoles debemos resistir pacífica y democráticamente donde nos corresponda.
