La gobernabilidad de España, secuestrada por los socios de Sánchez

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros
Recogida y emitida por la Asociación La España que Reúne

FUENTE: EFE

Dije que había conseguido un Gobierno sostenido en una alianza insostenible e inmoral, pero que no podría gobernar. Así está siendo. Tienen un Gobierno que no gobierna. Sánchez es presidente a cambio de hacer lo que digan sus socios y cuando lo digan. Pedro Sánchez dijo
desde el principio que la legislatura estaba asegurada, pero el rechazo de los Presupuestos de Cataluña pactados entre el partido de Gobierno autónomo (ERC) y el PSC por los mismos socios de coalición de Gobierno a nivel nacional (Comunes, que forman parte de Sumar), ha colapsado la intención de aprobar los Presupuestos de 2024 y, probablemente, la legislatura.

Todo indica que la mayoría gubernamental no da la seguridad y la estabilidad para mantener al Ejecutivo en momentos de una gran crisis política. Sólo están de acuerdo para evitar que la situación actual no cambie. La razón no es el PP ni la extrema derecha. Son sólo justificaciones.
El verdadero motivo para mantener a Sánchez es la necesidad de que los nacionalistas tienen de un Gobierno en sus manos, secuestrado por ellos. El Gobierno es su rehén y no hay otra forma de ver los comportamientos de unos y de otros. Los independentistas dicen, y Sánchez cumple según las conveniencias de Puigdemont o de Aragonés. En definitiva, no ha habido en
la historia de España un Ejecutivo más dependiente de fuerzas centrífugas que el que preside Pedro Sánchez.

14 de Marzo: Un día negro en la Historia de España

14 de marzo pasará a los anales de la Historia como uno de esos días negros que nadie querría haber vivido. Se aprobó una ley que impugna las sentencias judiciales provocadas por el alzamiento independentista, dejando a los jueces en una posición secundaria en el sistema democrático español. Desde el 14 de marzo, los jueces perderán autoridad y legitimidad. Se impone un sistema arbitrario y caciquil, propio del siglo XIX, paradójicamente de la mano de quienes se proclaman progresistas. Como sucedía hace dos siglos, la ley se nos aplicará según la capacidad de influir en la política. Entonces era el dinero, las creencias o los apellidos, ahora
la palanca de la arbitrariedad es la necesidad que tenga el Gobierno de votos en el Congreso.

Hemos perdido durante este tiempo todos los instrumentos para defender la democracia española. Mañana los independentistas podrán realizar cualquier consulta sin que el Gobierno pueda hacer nada. Tal vez estaría en su mano discutir la naturaleza del referéndum, pero nada más. Pero no podría impedir “la consulta pacífica al pueblo español”. Desde el 14 de marzo, la soberanía española, después de todas las concesiones políticas y penales, estará definitivamente en manos de Puigdemont.

De ellos dependerá seguir adelante con su referéndum o imponer con una fuerza redoblada su catecismo ideológico a todos los ciudadanos catalanes. O una cosa (la independencia) o la otra (hacer tabla rasa de la pluralidad de la sociedad catalana). Nada que ver con la concordia
de final de cuento de hadas que pregona el Gobierno.

El PSC es parte fundamental del problema de Cataluña y España

Se celebrarán en mayo elecciones autonómicas en Cataluña. Y es el momento de hacer algunos comentarios sobre la cuestión. Los independentistas no conseguirán romper España, no tienen ni la inteligencia ni el coraje ni la capacidad de sacrificio para conseguir que Cataluña sea un sujeto independiente en la historia. La independencia no se puede lograr entre los mejores despachos de la Ciudad Condal y los mejores restaurantes. Pero sí pueden conseguir (como lo han hecho en otras ocasiones) destruir la voluntad de progreso y libertad de España.

Pero en realidad ni siquiera ellos son el principal problema que tenemos. Si el PSOE ha secuestrado la razón, y con la razón el sistema democrático del 78, al PSOE lo tiene de rehén un partido político que es más identitario que socialista, que es más nacionalista que constitucionalista, que está más cerca de los que limitan las libertades individuales de los catalanes que de los humillado. Buen ejemplo es su comportamiento con los idiomas
naturales de Cataluña.

El PSC es el mejor instrumento para que todo siga igual, legitima a los autores del levantamiento, pacta con quienes quieren imponer una cultura gris y uniforme en una sociedad abigarrada de diferencias y conflictos. El PSC es el factor imprescindible para que el nacionalismo siga hacia adelante. No se enfrenta, no para, sólo legitima vergonzosamente las
quimeras absolutistas y reaccionarias de independentismo. El PSC no es la solución. Es parte fundamental del problema.

Europa y von der Leyen

Faltan unos cien días para las elecciones al Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto fin a meses de suspense anunciando su candidatura para continuar en el cargo al frente de las listas del Partido Popular Europeo (PPE).

FUENTE: EFE

Los populares europeos están movilizándose para consolidarse como la fuerza principal en la Unión Europea (UE) y debilitar la posición habitualmente ocupada por sus rivales socialistas. El creciente descontento sugiere un posible aumento significativo en el apoyo a la extrema derecha, que aspira a obtener un número sin precedentes de escaños. 

El próximo Parlamento Europeo contará con 720 escaños, 15 más que en la actualidad debido a la salida del Reino Unido. Las encuestas anticipan una Cámara inclinada hacia el centroderecha. Von der Leyen ha comenzado a moderar las medidas y propuestas que generan mayor oposición entre los ciudadanos y los gobiernos, buscando asegurar un buen resultado electoral y obtener el respaldo de los líderes de los Veintisiete para un segundo mandato de cinco años. Posteriormente, necesitará la aprobación como presidenta de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo, con el respaldo de, al menos, 361 eurodiputados (más de la mitad). 

En 2019, su elección se decidió por apenas nueve votos, y sin los 13 diputados del húngaro Orbán no habría sido posible. Von der Leyen aún enfrenta cierta oposición dentro de su propio partido, especialmente en Francia. También ha mostrado disposición a colaborar con la extrema derecha, siempre y cuando esta no vaya en contra de los intereses de la UE y no mantenga una relación cercana con el presidente ruso, Vladimir Putin. 

Sin embargo, su gestión no ha sido exenta de críticas. Durante los últimos cinco años, ha implementado políticas de endeudamiento costosas y una estrategia ambiental que podría desindustrializar el continente, al mismo tiempo que impone regulaciones que pueden afectar el crecimiento económico. Bajo su liderazgo, la UE ha quedado rezagada en comparación con otras regiones del mundo, y las perspectivas de recuperación durante un segundo mandato son escasas. 

En los últimos años, la UE ha experimentado un deterioro económico más pronunciado en comparación con sus principales competidores, en gran parte debido a la gestión de la Comisión por parte de la presidenta Von der Leyen. Tres problemas principales han contribuido a esta situación. En primer lugar, el aumento significativo del endeudamiento de la Comisión, con el lanzamiento del Fondo de Recuperación Covid de 700.000 millones de euros y la emisión de bonos. Aunque se esperaba que estimulara el crecimiento económico y rescatara a economías como la italiana, hasta ahora ha mostrado resultados limitados y ha generado preocupaciones sobre la forma en que se pagarán esos préstamos. 

Además, el lanzamiento del costoso Nuevo Pacto Verde tenía como objetivo convertir a Europa en líder mundial en la lucha contra el cambio climático y mejorar la competitividad de sus industrias. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes, con la industria automotriz europea en declive y una dependencia creciente de importaciones chinas en el sector de energías renovables. 

La UE necesita urgentemente impulsar su crecimiento económico, ya que se está quedando rezagada en sectores clave y sus sistemas de bienestar enfrentan dificultades crecientes. Para lograrlo, deben implementarse políticas que fomenten la innovación, la inversión y la creación de empleo, especialmente en tecnología, energía renovable y atención médica. También se requieren medidas para abordar los desequilibrios económicos entre los países miembros y promover una mayor integración económica y social.  

La sostenibilidad de los sistemas de bienestar europeos necesita una revisión cuidadosa y posiblemente una reforma para mantener servicios de calidad sin acumular deudas insostenibles. Es esencial que la UE adopte un enfoque colaborativo y proactivo, trabajando con gobiernos nacionales, el sector privado y otras partes interesadas para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible en toda la región. 

Con las elecciones de fondo 

A Sánchez no le importa Galicia, solo quiere que no gane el PP y que ese resultado pueda abocar a Feijóo a forzar su salida de la dirección nacional de su partido.

FUENTE: EFE

El presidente del Gobierno es sabedor de la tranquilidad que puede ocasionar a su difícil juego de equilibrios para la gobernabilidad una reestructuración de la cúpula de sus rivales, y probablemente tendrá incluso preparados los discursos por si eso llega a pasar.  

Pero primero están los comicios y el PP parece jugarse la mayoría absoluta que mantenía en los últimos años y más después de la revelación de Feijóo en la que reconoció tres cosas: primero, que Junts le ofreció votar a favor de su investidura si aceptaba la amnistía, y aunque el PP estudió la oferta, la rechazó en 24 horas por considerarla «inconstitucional»; segundo, expresó que será complicado demostrar judicialmente la acusación de terrorismo contra Puigdemont; y tercero, y más importante, afirmó que si llega al gobierno, indultaría al líder independentista siempre y cuando éste se someta a la Justicia y a la Constitución. 

«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda» rezaba la nota aclaratoria del domingo 11 de febrero. El incendio ya era imposible de sofocar. 

Aunque Galicia no es un territorio de suma importancia histórica en cuanto a los resultados electorales se reflejan en los partidos nacionales, la situación actual es distinta a otras.  

Esa tranquilidad de la que hablábamos al principio si la situación se desboca por completo y provoca una salida de urgencia de Feijóo, puede ser lo más peligroso para los españoles. La situación de un Gobierno sin oposición beneficia políticamente a Sánchez en cuanto a que aumenten las propuestas legislativas descabelladas que poner encima de la mesa, provocando una situación de descontrol. 

Mientras, en el PP suenan las alarmas por una situación que se hubiese celebrado como un mundial deportivo en la actual dirección de Ferraz. ¿De qué no son capaces después de se haya firmado una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas? 

Por si alguien no recuerda, durante los últimos cinco años, Sánchez ha ejercido un impacto destructivo en España, en parte debido a nuestra pasividad. Permitimos que llevara a cabo una moción de censura respaldada por individuos cuestionables. Le permitimos conceder indultos a Junqueras, rehabilitar a Otegi y elevar a la prominencia a Pablo Iglesias, promoviendo un programa que muchos consideran comunista, restrictivo de libertades y simpatizante del terrorismo. 

Permitimos que criminalizara a la oposición, estableciera cordones sanitarios contra partidos constitucionales y colocara a sus aliados en todas las instituciones estatales. Lo dejamos imponer confinamientos y cierres de negocios para encubrir la propagación de un virus, contribuyendo a su difusión inicial al negarse a suspender las actividades del 8M.  

Permitimos que humillara a las víctimas de ETA al liberar a sus perpetradores, malgastara dinero público en fines clientelistas y descuidara la economía productiva en favor de un sistema que premia la inactividad y la dependencia del Estado a cambio de votos continuos. 

También permitimos que reviviera el espectro de Franco para deslegitimar a una parte significativa de la población, tachando de fascista a cualquiera que criticara su errática gestión, su política empobrecedora y su inclinación por el engaño y la corrupción. Todo esto, con el objetivo totalitario de perpetuar su mandato, blanquear a sus aliados corruptos y obstaculizar cualquier alternancia en el poder. 

El desgobierno y un superministro

Ya hay Gobierno y Pedro Sánchez no ha reducido el gasto, sino que lo ha aumentado al incrementar el número de secretarías de estado. También está por verse qué sucederá con las subsecretarías, secretarías generales y otros cargos que a menudo están asociados con ciertos privilegios, una práctica que parece ser común entre Sánchez y su equipo. Ni medidas de ahorro ni reducción de gastos. 

FUENTE: EFE

Sánchez ha presentado su nuevo gabinete para la próxima legislatura, destacando que Sumar retiene las cinco carteras que anteriormente ocupó Podemos, a pesar de haber obtenido menos escaños que esta formación. Una de las novedades más notables es el carácter político que adquiere el nuevo gabinete, marcado por la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como vicepresidenta. Similarmente, la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, asume también la portavocía del Gobierno, relevando a Isabel Rodríguez, quien se enfrenta al desafío de implementar el ambicioso plan de vivienda asequible de Sánchez. 

Se observa un gabinete menos orientado hacia lo técnico y más enfocado en perfiles políticos. Un claro ejemplo es la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como nueva vicepresidenta. Lo mismo ocurre con Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz socialista, quien ahora también ejercerá como portavoz del Ejecutivo, relevando a Isabel Rodríguez, encargada del desafiante plan de vivienda asequible de Sánchez. 

El enfoque político se hace evidente con la elección de Óscar Puente para Transportes, reconocido por su posición polémica, y el nombramiento de Elma Saiz en Seguridad Social, una figura menos conocida pero apoyada por Santos Cerdán, clave en las negociaciones con Junts y secretario de Organización del PSOE. 

Un aspecto crucial que define el rumbo de esta legislatura es la ampliación del rol de Félix Bolaños, quien suma a su cartera de Presidencia y Relaciones con las Cortes la responsabilidad en Justicia. Esta concentración de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en una sola figura plantea interrogantes sobre la independencia judicial, especialmente en relación con la Ley de Amnistía, dado que Bolaños podría tener un papel dual como juez y parte en el ámbito judicial. 

La concentración de competencias en la figura del superministro ha levantado las primeras suspicacias entre la oposición , ya que Bolaños pasará a controlar los tres poderes. Manteniendo su rol como ministro de la Presidencia, seguirá coordinando las acciones del Ejecutivo y encabezando las reuniones semanales de secretarios de Estado y subsecretarios, destinadas a preparar las próximas sesiones del Consejo de Ministros. Además, en su posición como ministro de Relaciones con las Cortes, continuará siendo el enlace entre el Gobierno y el poder legislativo, con una presidenta del Congreso que ha mostrado una clara afinidad con Sánchez, tal como lo ha demostrado Francina Armengol en apenas cuatro meses. 

En su papel como ministro de Justicia, se espera que Bolaños aborde la reacción del Poder Judicial frente a la ley de amnistía, en gran medida producto de sus acciones. Esta ley continuará su proceso parlamentario el próximo martes después de ser calificada por la Mesa del Congreso, con el respaldo del secretario general de la Cámara Baja. Asimismo, se espera que busque persuadir a la Comisión Europea de que la democracia en España está protegida. 

¿Qué piden el nacionalismo y el independentismo? Un ejercicio de sinceridad

Como era previsible, Núñez Feijóo no tuvo éxito en su intento de investidura. En este punto, para lograr la formación de un gobierno, existen esencialmente dos opciones: un nuevo Gobierno de coalición liderado por Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones.

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La coalición requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, quienes han planteado condiciones muy rigurosas, como la amnistía para aquellos que se enfrentaron a la justicia debido al proceso soberanista de 2017, que en un momento proclamó la independencia y luego la revocó en cuestión de segundos. 

Que el PSOE saliese derrotado de las últimas elecciones parece haber afectado el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier costo. La notable debilidad del PSOE y su disposición a hacer concesiones de todo tipo a cambio de apoyo están llevando a los partidos nacionalistas y separatistas a intensificar sus demandas para respaldar lo que algunos llaman «progresismo». 

Partidos como ERC, Junts, Bildu e incluso el PNV están aprovechando la situación política actual para plantear demandas que van desde referendos secesionistas hasta indultos para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Además, algunos están buscando el control de la mesa del Congreso de los Diputados o incluso la anexión de Navarra al País Vasco, aprovechando la falta de escrúpulos de ciertos políticos y la aquiescencia de sus superiores en Madrid. 

En este contexto, la política española se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo es objeto de intercambio a cambio de apoyo para la investidura, y el socialismo ha optado por el secretismo como estrategia principal. Se busca ocultar las concesiones que podrían estar en negociación con posibles aliados, utilizando todo tipo de recursos informativos y oficiales, desde el énfasis en las temperaturas récord hasta tácticas de distracción similares a las empleadas por los líderes romanos en el pasado. 

Sánchez y su entorno sostienen que sus acciones han logrado pacificar Cataluña y, de manera sorprendente, acusan al PP de haber provocado la situación al «judicializarla» mediante el artículo 155 de la Constitución, incluso cuando en su momento estuvieron de acuerdo con esta medida.

Resulta curioso que Sánchez haya adoptado el mismo lenguaje que antes de ser presidente usaba para calificar a los líderes catalanes como autores de un delito de «rebelión» y afirmara que se oponía a conceder indultos a los sediciosos. Sin embargo, en su camino hacia la Moncloa, parece que optó por priorizar sus intereses personales sobre sus principios. 

Sobre el presidente en funciones se ha evidenciado que no es una figura de confianza, ya que ha hecho concesiones que ponen en peligro la unidad de España con el fin de mantener su posición, lo cual es inaceptable. Un ejemplo destacado de esta actitud es su disposición a considerar una amnistía para Carles Puigdemont, un líder independentista que huyó de la justicia española. Esto envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la autoridad del marco constitucional.

Además, la propuesta de modificar la inviolabilidad del Rey, como algunos parlamentarios vascos han pedido, es un asunto de gran importancia y debería ser debatido de manera seria y con una perspectiva amplia, en lugar de parecer una concesión precipitada. 

Quizás una de las cuestiones más preocupantes es la disposición de Sánchez a considerar un referéndum unilateral en Cataluña. Aunque el diálogo es esencial, un referéndum unilateral no es la forma adecuada de abordar un conflicto de esta magnitud. Ignorar la legalidad y la Constitución de España en favor de los deseos de los independentistas es un error grave que socava la estabilidad y la cohesión del país. 

Es fundamental recordar que las demandas de los independentistas y separatistas no solo amenazan la unidad de España, sino que también plantean preocupaciones económicas y sociales significativas. La incertidumbre generada por estos movimientos separatistas ha tenido un impacto negativo en la inversión y el empleo en algunas regiones, lo que afecta directamente a los ciudadanos comunes. 

Junts, por ejemplo, exige la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para resolver este pasivo acumulado, lo que supondría aproximadamente 83.000 millones de euros. También busca el derecho a recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y un acuerdo de solidaridad financiera con el Estado. También, propone la creación de una agencia de Seguridad Social propia para gestionar las pensiones y reclama el 19% de los fondos europeos Next Generation de forma retroactiva. 

Por último, Junts insiste en que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras y se establezcan plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut, que se refiere a la transferencia de activos pendientes, como el Corredor Mediterráneo y las inversiones pendientes en el sistema ferroviario de Rodalies. 

La deuda también es una preocupación para ERC. Según sus cálculos, la deuda ascendió a 20.772 millones de euros en 2020 y a 21.982 millones de euros en 2021, como se presentó en la presentación anual del déficit fiscal del Estado realizada por la Generalitat. 

El Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a cumplir una por una todas las demandas impuestas por Carles Puigdemont para obtener el apoyo de sus siete diputados en una posible investidura socialista. A pesar de estar en funciones, el Gobierno ha presentado ante la UE la solicitud de que el catalán sea reconocido como idioma oficial, está negociando la amnistía para los implicados en el proceso independentista y ha pedido a Europol que desvincule el independentismo del terrorismo. 

La fecha de la independencia parece depender sólo de Puigdemont o Junqueras, ¿qué puede salir mal? 

Ruptura del tablero de juego por parte del PNV

La difícil aritmética que ha originado el resultado del 23-J ha llevado a los dos grandes partidos a buscar nuevas alianzas para, o bien, mantenerse en el poder (el Gobierno de coalición pasado) o bien alcanzar el Gobierno (el Partido Popular).

FUENTE: EFE

En las últimas semanas han ido apareciendo diferentes combinatorias, especialmente durante el proceso de constitución de la Mesa de las Cortes Generales. Pero si hay un denominador común en todas ellas es la presencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un actor de sobra conocido por los ciudadanos, protagonista indiscutible de la política española de las últimas décadas, pero sobre el cual se ha creado una mística que lo sobreestima.

Los resultados de las Elecciones Municipales, primero, y las Generales después, han colocado al PNV en el momento más crítico de los últimos 25 años. A finales de los años noventa, la hegemonía del PNV estuvo seriamente cuestionada por la mayoría pujante de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que a punto estuvieron de gobernar. Una década después el PSE consiguió arrebatar el Gobierno vasco al PNV con el apoyo en el Parlamento Vasco del PP y UPyD, pero esto no le supuso un problema estructural al PNV porque creía que el nuevo Gobierno era débil y, como mucho, duraría una legislatura que desembocaría en una nueva retornando al poder (como así terminó sucediendo). La crisis estructural la habían tenido entre 1998 y 2001 y ahí recurrieron como salvavidas a alianzas con los sectores nacionalistas más radicalizados, incluyendo a HB (el pacto de Estella).

Ahora, a unos meses de celebrarse las Elecciones Autonómicas vascas en 2024, el PNV ha entrado en otra crisis estructural, pero a esta vez sus competidores no son los dos partidos constitucionalistas sino el heredero del terrorismo, EH Bildu. Sólo un somero análisis de tendencias demoscópicas y demográficas en el País Vasco muestra hasta qué punto EH Bildu tiene por delante un crecimiento tendencial notable, mientras que el PNV muestra lo contrario. Por tanto, es más que evidente el problema y éste obliga a una reflexión interna donde ya han aparecido voces discrepantes con los comportamientos de la actual dirección.

Dicho de otra forma: los resultados del 23-J han colocado al PNV entre la espada y la pared. La “espada” de seguir dando su apoyo tácito o explícito al presidente del Gobierno en funciones, con el desgaste que supone compartir la misma mesa con EH Bildu que no ha puesto ninguna condición explícita a su apoyo (por ejemplo, el caso de Navarra). Y la “pared” de apoyar a un Gobierno en solitario del PP con el desgaste electoral que puede suponer a ambos lados. Una situación, se mire por donde se mire, sin salida medianamente aceptable.

Sin embargo, en el momento de más presión e incluso agobio para sus dirigentes, el PNV ha conseguido romper la situación usando para ello al Lehendakari Urkullu, de la misma forma que Ibarretxe y su “Plan” a principios de los 2000. Romper el eje de coordenadas constitucional básico es la vía que el PNV ha encontrado para descargar toda la presión que las urnas y las circunstancias políticas les había puesto en sus hombros en los del candidato a la investidura, primero, y después en el actual presidente del Gobierno en funciones.

Este movimiento cuenta con varios apoyos, permitiéndole al PNV tomar ventaja con respecto a EH Bildu en Madrid y fijando una posición útil muy similar a los postulados de fondo del PSC (que han contado con una mayoría amplia de electores) ante el conflicto entre Junts per Catalunya y ERC por la hegemonía independentista en Cataluña. Al mismo tiempo, provoca ruido y marejada de fondo en el resto de las autonomías, en especial las gobernadas por el PP.

De una manera muy clara y, a la vez, muy cruda, ha quedado al descubierto el horizonte que nos espera en los próximos años si no se produce en algún momento un pacto de los dos grandes partidos. Las condiciones básicas para el pacto de investidura irán mutando hacia compromisos mucho más rompedores. Desde la amnistía hasta el referéndum no vinculante, pasando por la creación de un estatus fiscal especial para Cataluña como cimiento básico de la transmutación de España en una organización confederal (y, por tanto, asimétrica) de amplias desigualdades. La forma de hacerlo es emprender una vía paralela de ruptura del actual pacto constitucional sin tener que pasar por el camino que la Constitución establece para su reforma, ya que la inmensa mayoría de la sociedad española ni lo apoyará ni lo aceptará de manera directa.

Es preferible hacerlo de manera escondida, amortiguando los efectos y su visibilidad pública para que el votante siga pensando que nada o casi nada está pasando, y que incluso lo que pasa es beneficioso para todos, tal como escribíamos hace unos días en esta misma newsletter. Las fuerzas centrífugas saben que en la política actual, la herramienta más poderosa es la “reforma silenciosa” para que el votante mediano español no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si se da cuenta, que sea demasiado tarde para poder ser corregido.

Puigdemont y el ‘mando a distancia’ sobre la próxima legislatura 

Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.

FUENTE: EFE

Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.

El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara   suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna. 

Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía.  Los llamados «progresistas» nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.

Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.

La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.

Estimados Pedro y Alberto… 

Por si había alguna duda, a día de hoy el PP y el PSOE están en un punto de imposible entendimiento y este breve intercambio epistolar, que fue bonito de leer por el vocabulario con el que ambos se han interpelado, en realidad nos aleja más de una gobernabilidad estable entre los dos grandes partidos. 

FUENTE: EFE

Siguiendo las formalidades de la tradición epistolar española, los candidatos a la presidencia del Gobierno dirigiéndose mutuamente como «estimado Pedro», «estimado Alberto», han mostrado importantes errores cada uno en su campo en los últimos días. En el caso del líder popular, demostró durante días estar en una realidad distinta, intentando un acercamiento que había quedado descartado desde la misma noche de las Elecciones del 23-J. Recientemente ha persistido en el error de no asumir con coherencia los pactos que firma con Vox en las autonomías, concretamente, en el caso de Aragón.

Mientras, el presidente del Gobierno en funciones ha dejado paso a sus segundos niveles para preparar como mínimo los apoyos de investidura, evidenciando una de las «bombas de relojería» existentes en el actual Estado autonómico como es la enorme deuda que sólo cuatro CC.AA tienen con el Estado y la posibilidad de que, o bien impaguen, o bien se les condone dicha deuda en parte o en su totalidad. Al mismo tiempo, las vacaciones privadas en Marruecos (considerado por la prensa del país como un «acto de buena voluntad»), el préstamo «gratuito» de los diputados de Bildu en el Parlamento de Navarra y la negativa a una gran coalición para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, complementan el escenario.

En el interior de las cartas también se esconden mentiras en forma de medias verdades, como que en nuestro país debe gobernar quien haya ganado las elecciones. Aquí el problema no es ese, sino en con quién gobiernas, que es el mayor problema de Sánchez. La carta de Núñez Feijóo pudiese estar enfocada a una investidura en segunda vuelta de Sánchez bajo ciertas condiciones, para alejar a los extremos de la gobernabilidad. Intentar, al menos, dejar esa puerta abierta si la situación se volviese imposible.

Pero la respuesta de Sánchez fue la esperada, alegando que las elecciones eran para medir el sentir general de la población en torno a su proyecto político, aceptando implícitamente que el PSOE no volverá a tener una mayoría cualificada sino que a lo que puede (y debe) aspirar de aquí al futuro es a ser la fuerza política de cabecera de un nuevo «Pacto de San Sebastián». Este punto merecerá un análisis más en profundidad, especialmente para medir los riesgos de seguir esta estrategia y preguntarse por qué la actual dirección del PSOE ha renunciado a ser una fuerza de mayorías que vayan más allá de los 120-130 diputados.

En definitiva, lo que ha quedado más que claro es que estas cartas son el único canal de comunicación entre los dos líderes, renunciando a una interlocución a una escala superior. Lo que llaman «perseguir la gobernabilidad» es pensar al minuto siguiente en qué concesiones son necesarias para garantizar unos meses más de Gobierno… hasta que el año que viene tanto en el País Vasco como en Cataluña (de manera anticipada) celebren comicios.

Las servidumbres del pasado más reciente que impedirán un gran acuerdo

A falta de un leve porcentaje por escrutar, ya se vislumbra en el horizonte la imposibilidad de formar un Gobierno estable para cualquiera de los grandes partidos. PP y PSOE tienen muy difícil articular una coalición de aliados y la gobernabilidad del país ha quedado vendida al independentismo tras el debate del miércoles, que ha dado como claro perdedor a Núñez Feijóo, cuyo electorado ha emigrado a Vox, después de que éste cancelase su campaña electoral y no acudiese a la cita organizada por RTVE.

FUENTE: EFE

La dispersión del voto, en este caso, ha perjudicado sobremanera al centro derecha y el panorama político nos encamina ahora a un ejercicio de responsabilidad nunca antes visto por los grandes partidos como sería o bien una abstención para gobernar sin una mayoría parlamentaria; o bien la repetición electoral, cuyos efectos podrían ser incluso más regresivos para con la posibilidad de formar un Ejecutivo serio. Pero ¿podría ser también un acuerdo amplio entre los dos grandes partidos, cuya suma de diputados vuelve a estar por encima de los 250 diputados?

Debería ser el momento de dejar a un lado las diferencias y luchar por lo que debería unirnos: España. Núñez Feijóo le tendió la mano a Sánchez en el debate para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Sánchez debería mostrar altura de miras y que, a pesar de no haberlo demostrado en los últimos cinco años, saber hacer política de Estado y poner sus intereses por detrás de la Nación es lo que debería producirse.

Los votantes no quieren volver a las urnas ni otro gobierno Frankenstein, da igual de qué lado sea éste. A pesar de que tanto Sánchez como Núñez Feijóo hayan aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones, han perdido un voto centrista, huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que buscar puntos de encuentro.

En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia, ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Ahora, con una posible repetición electoral en el horizonte, tanto España como Sánchez dejan una mala imagen hacia el exterior durante la presidencia española de turno en la Unión Europea. Un ejercicio de falta total de responsabilidad, al que ya estamos acostumbrados con el señor Presidente. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo con una repetición electoral para el Ejecutivo, ya en funciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos.  Y el miedo que la ha podido movilizar ahora con Vox ya no tendrá la misma fuerza que en unos meses. Del mismo modo, la extrema derecha podría aumentar su poder después de que muchos hayan ejercido un voto útil con Núñez Feijóo.

No es el momento de abandonar, sino más bien el de seguir luchando. De lo contrario, las consecuencias económicas y sociales a las que se enfrenta nuestro país pueden ser muy perjudiciales para la ciudadanía.

Jugar a un futuro de repetición electoral no es aceptable

Gracias al input que nos dan los sondeos diarios de cuatro casas demoscópicas distintas, podemos vemos la evolución de la intención de voto con bastante claridad. Tras el descalabro del presidente del Gobierno en el debate a dos, apelar al «manual de resistencia» como fórmula de permanencia en el poder y jugar con un futuro inmediato de repetición electoral no es aceptable.

FUENTE: EFE

El PSOE tiene por delante un camino complejo para esta última semana de campaña, basando su relato en la «igualdad en las urnas» para tratar de levantar a un electorado que todavía le apoya y que no está del todo convencido de qué hacer el 23-J. Núñez Feijóo le tendió la mano al presidente del Gobierno en el debate a dos para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Obviamente la propuesta fue rechazada por el Presidente.

Después de rechazar por enésima vez esta petición de gobierno sin condiciones de los extremos, las intenciones de Sánchez parecen enfocarse en evitar que Núñez Feijóo gobierne en caso de que él no pueda hacerlo. Durante la campaña electoral, ha convertido los pactos tanto de un bloque como del otro en un tema central, lo que ha llevado a que todos los partidos caigan en la dinámica del «y tú más». Esto implica que se equipara, de alguna manera, el hecho de pactar con Vox (una formación plenamente constitucional, independientemente de si gusta o no) con pactar con EH Bildu y ERC. 

El primero, EH Bildu, representa la cara política de ETA y nunca ha condenado sus actividades terroristas. Por otro lado, ERC cuenta con dirigentes de alto nivel que han sido condenados por el Tribunal Supremo debido a su implicación en un intento de golpe contra el orden constitucional. A pesar de haber sido indultados, no dudan en afirmar que volverían a hacerlo. 

Tanto Sánchez como Núñez Feijóo han aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones del 23-J. Quieren evitar perder ese voto centrista que ha quedado huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que en buscar puntos de encuentro. 

El bloqueo tras las elecciones es una posibilidad que parece asomarse al final del túnel. Esa es una realidad en cuantas ocasiones Sánchez ha sido candidato socialista a la presidencia; la primera, tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 donde Rajoy obtuvo 123 escaños por 89 él, y que obligó con su «No es No. ¿Qué parte del No, no ha entendido señor Rajoy?» a la primera repetición electoral desde 1978.  

Tras la repetición electoral del 26 de junio, el PP volvió a obtener la victoria con 137 escaños, mientras que la posición de Sánchez se debilitó aún más, quedándose con tan solo 84 escaños. Ante su firme decisión de seguir bloqueando la investidura del claro vencedor en dos ocasiones, su propio partido decidió destituirlo en un convulso Comité Federal. Después de recuperar el liderazgo de su partido, se vio obligado a repetir las elecciones en abril de 2019, ya que necesitaba pactar con todos sus socios actuales en la dirección del Estado, algo que previamente había rechazado aceptar. En noviembre de 2019, se repitieron nuevamente las elecciones y, tan solo 48 horas después, se llegó a un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias. 

En caso de que esta situación se vuelva a dar, tanto España como Sánchez darán una imagen pésima hacia el exterior en la presidencia española de turno en la Unión Europea. Sería un ejercicio de falta total de responsabilidad, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados con esta política de bloques. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo en caso de unas segundas elecciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos. Y el miedo que la movilizó en 2019 con Vox ya no tiene la fuerza que tuvo en su momento. 

Que no se tenga que dar esta situación. El próximo domingo nos vemos en las urnas.