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Cuando la demagogia sustituye a la Justicia 

España está asistiendo a una sustitución de la Justicia por la demagogia. Pedro Sánchez, en su desesperación por mantenerse en la Moncloa, ha vuelto a demostrar que el interés nacional es un mero obstáculo en su hoja de ruta personalista.

FUENTE: IA

Su última ocurrencia: el reparto forzoso de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un truco disfrazado de «solidaridad» que en realidad es una maniobra burda para contentar a sus socios separatistas y perpetuar su frágil mayoría parlamentaria. 

Y ahí está Carles Puigdemont, el prófugo de Waterloo, jugando a ser estadista desde su exilio dorado en Bélgica, exigiendo la transferencia del control migratorio a la Generalitat como si la inmigración fuera otra pieza en su proyecto de ingeniería social identitaria. No nos engañemos: la negociación sobre el reparto de inmigrantes no es un ejercicio de responsabilidad institucional. Es un chantaje político de la peor calaña, que utiliza a los menores como moneda de cambio para que el separatismo siga obteniendo privilegios a costa del resto de España. 

El Gobierno ha trazado un sistema de distribución que, con una máscara de equidad, en realidad favorece descaradamente a Cataluña. Madrid, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso y convertida en la bestia negra del sanchismo, deberá acoger a más de 700 menores, mientras que Cataluña, siempre beneficiada por los caprichos del socialismo y sus cómplices nacionalistas, apenas recibirá entre 20 y 30. Se justifica esta aberración con el supuesto «esfuerzo previo» de la Generalitat en la acogida de inmigrantes. Pero ¿acaso no es esfuerzo también el de otras comunidades que han estado sobrecargadas sin el beneplácito del Estado? ¿O solo Cataluña tiene derecho a decidir cuánto quiere contribuir y bajo qué condiciones? 

Este acuerdo es un escándalo mayúsculo: el Estado español, en vez de garantizar un reparto justo y equitativo, está premiando a aquellos que chantajean, que amenazan y que juegan con la inmigración como si fuera una herramienta de ingeniería política. Y esto no es una opinión, es un hecho. 

La inmigración como caballo de Troya del separatismo 

No seamos ingenuos: detrás de este acuerdo se esconde una jugada estratégica de Puigdemont y los suyos. Junts per Catalunya no quiere una inmigración bien gestionada ni un modelo solidario de acogida. Lo que quiere es poder conceder permisos de residencia y trabajo con la condición de que los inmigrantes se sometan a su programa identitario, lo que en términos prácticos significa que deberán aprender catalán para integrarse. 

La obsesión del separatismo por convertir Cataluña en un feudo excluyente encuentra en la inmigración su nuevo campo de batalla. Si el Gobierno cede y permite que la Generalitat controle el flujo migratorio, asistiremos a un proceso de selección ideológica de los inmigrantes. Puigdemont y su partido buscan un tipo de migración que refuerce su proyecto independentista, donde el conocimiento del catalán será más importante que la voluntad de integración real. Es una instrumentalización descarada de la inmigración para sus propios fines políticos. 

Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP y otras administraciones no alineadas con Sánchez están viendo cómo la decisión se impone por decreto, sin consulta, sin diálogo y sin respeto por su capacidad real de acogida. García-Page en Castilla-La Mancha lo ha denunciado sin tapujos: el Gobierno está imponiendo esta medida sin ninguna política migratoria seria, más preocupado por los equilibrios parlamentarios que por la estabilidad de las regiones que sufrirán las consecuencias de su incompetencia. 

En Baleares, el Govern ha manifestado su rechazo absoluto al reparto. Y con razón. Porque este no es un mecanismo de cooperación, sino un abuso de poder centralista en beneficio de unos pocos. Se pide solidaridad a las comunidades cuando conviene, pero se les niega voz y voto cuando las decisiones se toman en los oscuros pasillos de la Moncloa, donde Sánchez y sus socios separatistas diseñan su siguiente golpe. 

La inmigración debe gestionarse con rigor, justicia y planificación. No con demagogia ni con cálculos políticos. No se puede permitir que el Gobierno use a los menores inmigrantes como fichas en su tablero de alianzas, ni que Cataluña continúe obteniendo privilegios a costa del esfuerzo del resto de España. La acogida de inmigrantes debe responder a criterios claros, con una distribución equitativa basada en la capacidad real de cada comunidad y no en los favores que Sánchez deba devolver a sus socios. 

Si la política migratoria sigue siendo rehén del oportunismo, no solo se estará desmantelando el principio de solidaridad territorial, sino que se estará alimentando una fractura cada vez más insalvable en la cohesión nacional. Y cuando llegue la hora de rendir cuentas, ni Sánchez ni Puigdemont podrán esconderse detrás de sus acuerdos secretos. España ya ha soportado demasiadas traiciones como para tolerar una más. 

La impunidad de Israel y la hipocresía de Occidente

El mundo es testigo de una tragedia humanitaria sin precedentes en Gaza. La ofensiva israelí ha desencadenado una catástrofe con miles de muertos, en su mayoría civiles inocentes, mientras la comunidad internacional observa con una indiferencia alarmante.

FUENTE: EFE

Lo más llamativo es el contraste entre la reacción global ante la invasión rusa de Ucrania y la pasividad con la que se permite la violencia en Palestina. ¿Dónde están las sanciones, las intervenciones humanitarias, los fondos millonarios para frenar la devastación? No aparecen, porque esta vez el agresor es un aliado clave de Occidente. 

Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN, estructuras que presumen de defender los derechos humanos, han demostrado ser meros instrumentos al servicio de intereses políticos y económicos. Su respuesta ante la crisis en Gaza ha sido tibia y burocrática, con declaraciones vacías y sin consecuencias reales. 

Cuando Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania, Europa respondió con una batería de sanciones sin precedentes, excluyendo a Moscú de foros diplomáticos y proporcionando ayuda militar a Kiev. Sin embargo, cuando Israel arrasa barrios enteros, bombardea hospitales y priva a la población de recursos esenciales, el discurso se torna ambiguo, con llamados a la «moderación» que no se traducen en acciones concretas. 

La administración de Donald Trump dejó clara su posición desde el principio: un respaldo inquebrantable a Israel. Con el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, Washington reafirmó su papel como protector absoluto del Estado hebreo. Durante su presidencia, Trump no solo bloqueó cualquier intento de condena internacional contra Israel, sino que también recortó fondos a la UNRWA, la agencia de la ONU que brinda apoyo a los refugiados palestinos, ahondando la crisis humanitaria. 

Mientras Europa imponía sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, nunca se planteó penalizar a Israel por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional en Gaza y Cisjordania. La doble moral es evidente: la legalidad internacional solo se aplica cuando conviene a los intereses estratégicos de Occidente. 

Europa y su vergonzosa sumisión 

La Unión Europea, que se apresuró a cerrar filas contra Rusia, hoy actúa con extrema cautela ante la situación en Gaza. Gobiernos que se autoproclaman defensores de los derechos humanos optan por declaraciones vagas, evitando cualquier medida que pueda incomodar a sus aliados. Alemania, Francia y el Reino Unido han demostrado que su compromiso con la justicia es selectivo. No se trata de principios, sino de intereses. 

La pasividad ante la crisis humanitaria en Gaza no es una casualidad, sino el resultado de un cálculo político en el que la vida de los palestinos pesa menos que las alianzas estratégicas. Mientras Europa envió miles de millones en ayuda militar a Ucrania, se niega a imponer sanciones o cortar relaciones comerciales con Israel, a pesar de las evidencias de crímenes de guerra. 

Es innegable que Hamás es una organización terrorista y que Israel tiene derecho a defenderse. El problema es que la respuesta israelí ha ido mucho más allá de una legítima defensa, convirtiéndose en una ofensiva desproporcionada que castiga indiscriminadamente a la población civil. 

Las operaciones militares de Israel han devastado barrios enteros, destruido hospitales y bombardeado refugios de la ONU donde se refugiaban mujeres y niños. Lo que comenzó como una respuesta contra Hamás se ha transformado en un castigo colectivo contra un pueblo que ya vivía en condiciones de extrema precariedad. 

Si la lucha contra el terrorismo fuera realmente el objetivo, Israel habría optado por estrategias más selectivas y menos devastadoras. En lugar de eso, ha convertido Gaza en un escenario de destrucción total, utilizando la existencia de Hamás como justificación para una ofensiva que ignora el costo humano de sus acciones. 

Una crisis humanitaria sin respuesta 

La situación en Gaza no es solo un conflicto militar: es una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente. La falta de acceso a suministros básicos, la destrucción de la infraestructura y el colapso del sistema de salud han dejado a la población en una situación desesperada. Sin embargo, la comunidad internacional sigue paralizada, atrapada en su propia hipocresía y cálculos políticos. 

Europa, que se jacta de ser un baluarte de los derechos humanos, ha demostrado que su indignación solo se activa cuando se trata de ciertos conflictos. Ucrania mereció sanciones y ayuda masiva, pero Palestina solo recibe palabras vacías. La historia juzgará a quienes hoy callan ante esta tragedia. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos más deberán morir antes de que Europa decida aplicar los mismos principios que defendió en Ucrania? O, tal vez, la verdad es más incómoda: esos principios nunca fueron universales, sino simples herramientas de conveniencia política. 

La necesidad de verse respaldado 

En política, la batalla por el relato es, muchas veces, más importante que la batalla por las leyes. La gestión puede ser desastrosa, la economía tambaleante, las instituciones erosionadas, pero si se controla la narrativa, si se decide qué se dice y, sobre todo, qué no se dice, el poder se sostiene con una solidez asombrosa

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Pedro Sánchez lo sabe mejor que nadie, su supervivencia política no se basa en la estabilidad institucional ni en la eficacia de su gobierno, sino en la administración cuidadosa de su imagen, en la construcción meticulosa de un discurso que lo presente, siempre, como el único garante posible de la gobernabilidad. Y para esa tarea, tener un canal de televisión a su servicio no es una opción; es una necesidad existencial. 

Durante años, Sánchez ha contado con altavoces mediáticos que han amplificado su mensaje y han atenuado sus fracasos. Pero en política, las lealtades duran lo que dura el interés mutuo, y cuando las grietas comienzan a aparecer, la urgencia por construir un nuevo refugio se vuelve imperiosa. Si un grupo mediático cierra la puerta, otro la abrirá, porque el poder siempre encuentra financiación y el relato siempre encuentra quien lo narre. 

El proyecto de televisión para Sánchez no es una simple apuesta por la comunicación, es una estrategia de supervivencia. En un momento en el que la fragmentación mediática amenaza con hacerle perder el control del discurso, necesita un nuevo pilar que sostenga su relato, que module el debate público a su favor, que le garantice una cobertura favorable cuando más la necesite. La ecuación es sencilla: sin relato, no hay poder. Sin poder mediático, no hay relato. 

No importa dónde se haga la operación, ni quién ponga el dinero. Puede ser una gran corporación de telecomunicaciones con intereses en la estabilidad gubernamental, puede ser una cadena privada dispuesta a negociar su fidelidad a cambio de favores, o puede ser, incluso, el propio aparato del Estado, convertido en maquinaria de propaganda a través de la televisión pública. El canal es el medio, pero el fin es siempre el mismo: garantizar que la historia que llega a los ciudadanos sea la que conviene al inquilino de la Moncloa. 

El modelo es conocido: se rodea la redacción de periodistas dóciles, se fijan las líneas rojas de lo que puede y no puede decirse, se ofrece una programación donde la crítica al poder se diluye en debates encorsetados, donde las preguntas incómodas desaparecen y donde las crisis se convierten en anécdotas. La televisión deja de ser un espacio de información y se transforma en un mecanismo de consolidación del poder. No se trata solo de difundir la propaganda oficial, sino de crear una realidad alternativa en la que los fracasos son matizados, las amenazas externas magnificadas y el líder presentado como el único capaz de sostener el sistema. 

El problema no es solo la existencia de un canal afín, sino el impacto que tiene en el ecosistema mediático en su conjunto. Porque cuando el poder apuesta de manera descarada por una estrategia de control informativo, el resto de medios se ven empujados a una disyuntiva: alinearse o ser desplazados. Las empresas periodísticas, dependientes de licencias, subvenciones y favores, entienden rápidamente el mensaje. No hace falta censura cuando el miedo al aislamiento hace el trabajo. 

España se enfrenta a un dilema grave. La democracia necesita medios independientes, pero la estructura del poder está diseñada para que los medios dependan de él. La prensa libre se sostiene en la pluralidad, pero cuando el Gobierno busca construir su propio aparato mediático, la pluralidad se convierte en un obstáculo a eliminar. 

El hecho de que el presidente de un país busque, de manera tan evidente, asegurarse una plataforma televisiva propia es un síntoma de la degradación institucional que vivimos. Es la prueba de que el poder ya no se ejerce desde la gestión pública, sino desde la manipulación del discurso. No se gobierna resolviendo problemas, se gobierna controlando la percepción de los problemas. Y para eso, la televisión es el arma definitiva. 

En los próximos meses, veremos cómo avanza esta operación. No sabemos todavía qué grupo mediático se prestará a la tarea, pero sabemos que lo hará. Porque el poder siempre encuentra quien lo sirva, y porque Sánchez ha demostrado que es capaz de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el cargo. La pregunta ya no es si tendrá su canal, sino quién estará dispuesto a entregárselo. 

Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un Gobierno, sino la calidad de nuestra democracia. Cuando el poder necesita su propia televisión para sostenerse, es porque ha dejado de confiar en el juicio libre de los ciudadanos. Y cuando un país llega a ese punto, el problema ya no es quién gobierna, sino cómo nos han acostumbrado a aceptarlo sin cuestionarlo. 

Un Gobierno que está, pero no gobierna 

El Congreso de los Diputados, antaño foro de encendidas deliberaciones, se ha convertido en un mausoleo de proyectos legislativos olvidados. Los pasillos, otrora bulliciosos con el ir y venir de diputados entregados a la ardua tarea de legislar, hoy resuenan con el eco del vacío institucional.

FUENTE: EFE

El Gobierno de turno, en una de las exhibiciones más grotescas de inacción que ha conocido la democracia reciente, se encuentra allí, pero no gobierna. Más que un Ejecutivo, parece un fantasma que deambula por el Palacio de las Cortes sin más voluntad que la de mantenerse en pie, sin más propósito que el de prolongar su existencia sin destino. 

La legislatura actual es el reflejo más nítido de la decadencia política. Un Gobierno que se aferra al poder como náufrago a su madero, pero que es incapaz de dirigir la nave del Estado. Las leyes se apilan en los cajones de la Mesa del Congreso, esperando una oportunidad que nunca llega, víctimas de la estrategia de quienes han convertido la política en una partida de ajedrez sin reglas, donde el objetivo no es avanzar, sino impedir que el adversario lo haga. 

El Parlamento no legisla. La excusa oficial es la fragmentación política, la dificultad para llegar a acuerdos, el obstáculo insalvable de una oposición que no coopera. Pero la verdad es otra: lo que hoy nos gobierna no es más que una administración de la parálisis, una burocracia de la inercia, un gabinete que se conforma con gestionar los silencios y los aplazamientos, mientras el país se hunde en la incertidumbre.

No hay reformas, no hay iniciativas, no hay impulso. Solo hay tacticismo de salón y un miedo enfermizo a tomar decisiones que puedan comprometer el frágil equilibrio de alianzas que sostiene este simulacro de poder. 

Las cifras no mienten: decenas de leyes atrapadas en un limbo procesal, prórrogas indefinidas para la presentación de enmiendas, ampliaciones de plazos que no responden a la necesidad de mejorar los textos normativos, sino al deseo de que la política siga siendo un teatro de sombras donde nada se concreta, donde nada avanza.

La Ley de Familias, la regulación de los servicios de atención a la clientela, reformas urgentes en sectores estratégicos… todas ellas duermen el sueño de los justos en una cámara que debería ser el corazón palpitante de la democracia, pero que hoy es su fosa común. 

La legislatura se ha convertido en un largo y tedioso invierno donde el tiempo no transcurre, donde la acción gubernamental es un concepto vacío, una promesa no solo incumplida, sino deliberadamente abandonada. Y mientras el Congreso se paraliza, el Ejecutivo se envuelve en discursos grandilocuentes sobre su propio compromiso con la gobernabilidad, como si la repetición de la mentira pudiera hacerla verdad. No hay gobernabilidad sin acción, no hay estabilidad sin decisiones, no hay democracia sin leyes que la articulen. 

El Gobierno, sin embargo, ha optado por la inacción estratégica, por el inmovilismo calculado, por la pasividad como doctrina de supervivencia. No gobierna porque teme gobernar. No legisla porque cualquier movimiento real podría hacer tambalearse su precaria aritmética parlamentaria. No impulsa el cambio porque cualquier cambio lo enfrenta a sus propias contradicciones. Ha preferido ser un espectador de su propia debilidad antes que un actor en el drama de la historia. 

El Congreso es ahora una metáfora del país: un lugar donde todo parece estar en marcha, pero donde nada se mueve realmente. Un hemiciclo repleto de discursos huecos, de gestos vacíos, de debates sin consecuencias. Un espacio donde la política ha dejado de ser el arte de transformar la realidad para convertirse en el oficio de mantener el statu quo a cualquier precio. 

La oposición grita, denuncia, intenta abrir brechas en el muro de la inercia, pero el Gobierno ha perfeccionado el arte de la sordera institucional. No responde, no reacciona, no corrige. Solo espera. Espera a que el calendario haga su trabajo, a que los días pasen y la legislatura se consuma en su propia irrelevancia. Espera, como si la política fuera un asunto de paciencia y no de responsabilidad. 

Lo más indignante no es la parálisis en sí, sino la aceptación resignada de la misma. El Ejecutivo no solo ha renunciado a gobernar, sino que ha conseguido que la ciudadanía se acostumbre a esta apatía institucional, que se normalice la idea de un Congreso atascado, de un país donde las decisiones se postergan indefinidamente, de un Gobierno que está, pero que no gobierna. 

España no puede permitirse este letargo. No puede resignarse a un Parlamento que se ha convertido en un museo de leyes embalsamadas. No puede tolerar un Gobierno que ha hecho del no hacer nada su única estrategia. La democracia exige acción, liderazgo, valentía. Exige gobernantes que gobiernen, legisladores que legislen, ciudadanos que no acepten la parálisis como norma. 

El tiempo de la espera ha terminado. O el Gobierno asume su deber de gobernar, o que ceda el paso a quien tenga la voluntad y la determinación de hacerlo. 

Evitemos el «no es no» en la política española

¡Qué cosas más extrañas suceden en Alemania! Nadie discute que el primer partido tome la iniciativa para formar gobierno. Parece claro que el centro-derecha, ganador de las elecciones, tendrá el apoyo de los socialistas alemanes. Volverán a formar una coalición política amplia, integrando también a los Verdes. Ninguno de los dos ha tenido la tentación de irse con partidos extremistas o enrocarse en el «no es no».

FUENTE: EFE

Parece que Alemania está por encima de los partidos y, desde luego, lo está por encima de las ambiciones personales de sus líderes. Son raros y extraños. No tienen coaliciones inexplicables y parecería imposible que el gobierno se apoyara en delincuentes sin juzgar o políticos que hubieran asaltado el poder.

Probablemente, los alemanes se pongan de acuerdo respecto a Ucrania y Rusia. En España, esa posibilidad no existe. El presidente del Gobierno, rodeado de «pacifistas» que apoyan a Rusia, de antiatlantistas que antes veían en Zelensky una marioneta de EEUU y ahora un obstáculo para la paz, no llamará al líder de la oposición.

Pero no lo hará. Seguiremos asistiendo a una política infantil, irreflexiva e irresponsable.

La diferencia entre Alemania y España no es solo política, sino cultural. En Alemania, los partidos entienden que el poder es un medio para servir al país, mientras que en España es un botín que se reparte sin el más mínimo rubor. Allí, los líderes comprenden que ceder en pos del bien común es una muestra de fortaleza, mientras que aquí, cualquier concesión es vista como una traición. No hay sentido de responsabilidad, solo cálculos electorales y estrategias para mantenerse en el poder.

La seriedad con la que Alemania aborda sus grandes desafíos económicos y estratégicos contrasta con la improvisación y el cortoplacismo español. Berlín entiende que el futuro de Europa está en juego y que las decisiones requieren consenso y planificación. Mientras tanto, en España, seguimos atrapados en debates estériles, en una política de trinchera donde la única prioridad es aniquilar al adversario. No es solo que Alemania nos saque ventaja; es que ni siquiera estamos compitiendo en la misma liga.

Expolio fiscal a los que menos tienen

No hay eufemismos posibles. Gravar con el IRPF a los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no es solo un error de política fiscal, es una inmoralidad de dimensiones colosales.

FUENTE: EFE

Es el Estado actuando como un depredador voraz, metiendo la mano en el bolsillo de los que menos tienen mientras se llena la boca con discursos sobre justicia social. 

El SMI ha subido a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. A primera vista, podría parecer una buena noticia. Pero detrás de este aumento se esconde la trampa: a partir de ahora, quienes ganan esta cantidad verán cómo Hacienda se lleva su parte. Sí, un trabajador que apenas sobrevive con el salario más bajo posible tendrá que pagar impuestos sobre la renta, mientras las grandes fortunas encuentran cada día nuevos resquicios legales para minimizar su carga fiscal. 

¿La excusa del Gobierno? “Es necesario para mantener el estado del bienestar”. Bonito eslogan. Lo que no cuentan es que, en los últimos tres años, han extraído entre 16.000 y 18.000 millones de euros en impuestos de todos los trabajadores, aprovechando la inflación sin ajustar los tramos del IRPF. No lo digo yo, lo dice un análisis reciente del Banco de España. A esto hay que sumar el sablazo a las cotizaciones sociales, que ha encarecido el empleo y frenado la posibilidad de que los sueldos mejoren. 

Pero lo más escandaloso es la incoherencia brutal del Ejecutivo. Nos bombardean con propaganda sobre su compromiso con las rentas más bajas, aprueban subsidios y ayudas con gran despliegue mediático, y luego les meten un hachazo fiscal a esos mismos trabajadores. Mientras tanto, las grandes empresas y patrimonios siguen tributando mayoritariamente por Sociedades, con tipos efectivos ridículos en comparación con los asalariados. 

Los datos son claros y devastadores: el 38% de la recaudación efectiva del IRPF proviene de quienes ganan menos de 21.000 euros al año. Y ojo, porque incluso aquellos con bases imponibles inferiores a 12.000 euros aportan casi un 10% del total. En cambio, los que ingresan más de 60.000 euros solo contribuyen con el 7,37%. Es decir, el peso de la recaudación lo llevan los que menos ganan. ¿Dónde está la progresividad de la que tanto presume el Gobierno? 

La realidad es que esto no es otra cosa que una maquinaria recaudatoria descontrolada. No importa de dónde venga el dinero, lo que importa es exprimir hasta el último céntimo. Y ahora le ha tocado el turno al SMI. 

La solución es evidente: hay que reformar el IRPF de una vez por todas. Establecer un mínimo exento mucho más alto, entre 22.000 y 24.000 euros, para que los salarios bajos no tengan que pagar impuestos injustos. Un sistema con menos tramos pero con una progresividad real, donde los que más tienen contribuyan proporcionalmente más. Pero claro, eso no interesa. Es más fácil seguir apretando a los de siempre, a los que no tienen capacidad de mover su dinero a paraísos fiscales ni acceso a complejas estrategias de optimización fiscal. 

Si el Gobierno realmente quisiera ayudar a los trabajadores con menos ingresos, haría lo contrario de lo que está haciendo. Dejaría de sangrar fiscalmente a los sueldos bajos y permitiría que ese dinero se quedara en el bolsillo de quienes lo ganan. Pero eso significaría recaudar menos, y ahí está la clave de todo. Porque, al final, todo se reduce a eso: a recaudar, recaudar y recaudar. 

Mientras tanto, los gobiernos autonómicos tienen en sus manos la posibilidad de hacer algo para mitigar este desastre. Pueden ajustar los tramos del IRPF en su parte autonómica, elevar mínimos exentos y reducir la presión sobre los salarios más bajos. No será una solución perfecta, pero al menos servirá para paliar en parte este expolio institucionalizado. 

Es hora de dejar de tragar con este saqueo disfrazado de progresismo. Si pagar impuestos es una obligación ciudadana, también lo es exigir un sistema justo, donde los que menos tienen no sean los que más pagan. Lo que está haciendo el Gobierno no es política fiscal, es puro expolio. Y alguien tiene que decirlo alto y claro.

La infamia de dar voz a un terrorista

En un acto que desafía toda lógica y decencia, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de una afrenta sin precedentes: la comparecencia de Mohamed Houli Chemlal, terrorista condenado por los atroces atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.

FUENTE: EFE

Este individuo, responsable de la muerte de 16 personas inocentes, ha sido invitado a declarar en una comisión de investigación, no por un imperativo de justicia o esclarecimiento, sino como resultado de las maniobras políticas del partido que ‘manda’ en la política española, Junts per Catalunya, empeñados en alimentar teorías conspirativas infundadas que solo buscan sembrar la desconfianza y el caos. 

La presencia del terrorista en el Parlamento es una burla a las víctimas y a la sociedad española en su conjunto. Este individuo, que cumple una condena de 43 años de prisión por su participación en la masacre, ha sido utilizado como peón en el juego político de aquellos que, carentes de argumentos sólidos, recurren a la estrategia más vil: dar credibilidad a las palabras de un terrorista para respaldar sus propias agendas.  

Durante su comparecencia, Chemlal afirmó sin aportar prueba alguna que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba al tanto de las intenciones del imán de Ripoll y permitió que este «nos comiera la cabeza». Estas declaraciones, carentes de fundamento y provenientes de alguien cuya credibilidad es, cuanto menos, cuestionable, han sido acogidas con entusiasmo por los independentistas de Junts. Carles Puigdemont y su séquito no han dudado en amplificar estas acusaciones, utilizando las palabras de un condenado por terrorismo para reforzar sus delirantes teorías de conspiración.  

Es alarmante y profundamente irresponsable que representantes políticos otorguen plataforma y credibilidad a un individuo que ha demostrado su desprecio por la vida humana y los valores democráticos. Al hacerlo, no solo mancillan la memoria de las víctimas, sino que también ponen en entredicho la integridad de las instituciones del Estado. Esta actitud revela una desconexión total con la realidad y una desesperación por mantenerse relevantes, incluso a costa de la verdad y la decencia.  

La reacción de otros grupos parlamentarios no se ha hecho esperar. El Partido Popular, en un gesto de dignidad y respeto hacia las víctimas, abandonó la sala en señal de protesta, negándose a participar en lo que calificaron como un «espectáculo» indigno. Esta respuesta contrasta con la actitud de Junts, quienes parecen dispuestos a cualquier cosa con tal de alimentar sus narrativas, incluso si ello implica dar voz a un terrorista confeso.  

Es imperativo que, en momentos como este, las instituciones democráticas mantengan su firmeza y no se dejen arrastrar por maniobras políticas que solo buscan desestabilizar y dividir. Dar cabida a las declaraciones de un terrorista en el seno del Parlamento es una afrenta a la justicia, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Las teorías conspirativas, especialmente cuando se basan en testimonios tan dudosos, no tienen lugar en un debate político serio y responsable. 

La ciudadanía merece representantes que actúen con integridad, que honren la memoria de las víctimas y que trabajen por el bien común, no aquellos que, en su afán de protagonismo, están dispuestos a ensuciar las instituciones y dar voz a quienes han intentado destruir nuestra convivencia.  

Una alianza que amenaza la estabilidad

No hay disimulo posible. Lo que ocurrió en Arabia Saudí no fue una negociación, ni siquiera un intento de mediación, sino un burdo reparto de poder entre dos líderes que tienen más en común de lo que parece: la fascinación por el autoritarismo, el desprecio por el orden internacional y una concepción del mundo propia del siglo XIX. 

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Donald Trump y Vladimir Putin se han sentado a decidir el futuro de Ucrania como si fuera un tablero de ajedrez en el que solo importan sus intereses. No estaban allí para defender la paz, sino para garantizar que Rusia obtenga su botín y que Estados Unidos, bajo el prisma trumpista, saque rédito de la guerra sin importarle la soberanía de un país masacrado por la invasión. Y lo peor: Europa ni está ni se la espera. 

La frase de Trump lo deja claro: «Nunca deberían haberla iniciado. Deberían haber hecho un trato.» Palabras frías, crueles y desprovistas de cualquier atisbo de responsabilidad. Según su lógica, Ucrania es la culpable de haber resistido a la agresión rusa. Deberían haber cedido, rendido, entregado su tierra, sus ciudadanos y su democracia a los designios de Moscú. Es el mismo razonamiento que lleva al matón a justificar la violencia culpando a su víctima por no haberle entregado la cartera a la primera. 

Pero esto no es solo una cuestión de pragmatismo cínico. Es algo mucho más grave: estamos ante la demolición del orden internacional que, con todas sus imperfecciones, ha evitado durante décadas que los imperios vuelvan a hacer y deshacer fronteras a su antojo. La posguerra nos dejó un mundo dividido en esferas de influencia, pero con reglas claras.

Ahora, en pleno siglo XXI, Putin y Trump están dispuestos a dinamitar esas reglas para reinstaurar un nuevo reparto del mundo al estilo del Imperio Británico. Y ya sabemos cómo acabó aquello: siglos de colonización, opresión y guerras interminables. 

Mientras Ucrania se desangra, en Washington y Moscú juegan con su destino sin la más mínima intención de contar con Europa. No es casualidad. Para Trump, la UE no es más que un estorbo burocrático. Para Putin, es un enemigo a debilitar. Juntos, han decidido que el Viejo Continente no tiene voz en su gran partida. 

Pero lo más vergonzoso es la confianza ciega en la palabra de Putin. Trump cree que puede hacer un trato con él, que el Kremlin respetará lo pactado. ¿En qué mundo vive? Rusia ya ha violado todos los acuerdos internacionales previos: desde Budapest en 1994, cuando garantizó la seguridad de Ucrania a cambio de que entregara su arsenal nuclear, hasta Minsk en 2014, que incumplió en cuanto le convenía. Ahora, bajo la bendición de Trump, Putin tendrá vía libre para consolidar su dominio sobre el este ucraniano y, quién sabe, quizás empezar a mirar más allá. 

Y mientras tanto, Europa calla. O peor aún, se divide entre quienes todavía creen que pueden confiar en Estados Unidos como garante de seguridad y quienes, por puro oportunismo, empiezan a coquetear con la idea de aceptar el “nuevo orden” que Moscú y Washington pretenden imponer. Pero la historia nos ha enseñado que ceder ante el autoritarismo nunca es una solución, sino un aplazamiento de conflictos aún mayores. 

Lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino el futuro de todo el equilibrio geopolítico. Si permitimos que Putin dicte las condiciones de la paz con la bendición de Trump, estamos abriendo la puerta a una era en la que las potencias volverán a repartirse el mundo con total impunidad. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. 

La juventud escapa hacia los extremos sin una brújula en el centro

En el vasto océano de la política española, una marea inquietante se alza: la juventud, antaño símbolo de esperanza y renovación, navega ahora hacia los arrecifes de la extrema derecha, encarnada en Vox. Según datos recientes, en la franja de 18 a 24 años, Vox capta el 20,7% de los apoyos, superando al PSOE y al PP, que obtienen el 18,2% y el 13,9% respectivamente.

FUENTE: EFE

Este espectro que recorre España no es el de la evolución, sino el de la extrema derecha. La juventud, esa fuerza que históricamente ha sido motor de cambio, parece haber extraviado su brújula y ahora se desliza sin resistencia hacia la orilla de Vox. No es un fenómeno menor ni un capricho estadístico.

Según los datos más recientes, el partido de Santiago Abascal ha conseguido encandilar a un porcentaje inquietante de jóvenes, superando incluso a formaciones tradicionales. El naufragio generacional es un hecho. La pregunta es: ¿qué está fallando?

El primer gran culpable es el centro político, o mejor dicho, su espectral ausencia. Durante años, los partidos tradicionales han jugado a la equidistancia, al “ni contigo ni sin ti”, construyendo discursos planos y asépticos que no encienden pasiones ni despiertan compromisos. El pragmatismo sin ideales se ha convertido en su sentencia de muerte. Y así, la juventud, huérfana de referentes, ha encontrado refugio en los extremos, en las narrativas incendiarias que ofrecen una falsa sensación de certidumbre en un mundo convulso.

A ello se suma el caldo de cultivo perfecto: una generación criada entre crisis, incertidumbre y promesas rotas. Se les dijo que estudiar les garantizaría un futuro, y ahora encadenan contratos basura y alquileres imposibles. Se les inculcó que el progreso era inevitable, y despiertan cada día en un país donde los sueldos menguan mientras los precios suben.

No es que la juventud se haya vuelto reaccionaria por convicción, sino por frustración. Vox, con su retórica agresiva y simplificadora, ofrece un enemigo visible y fácil de odiar: la inmigración, el feminismo, la izquierda, la corrección política. Señala culpables y promete venganza.

Pero la radicalización de la juventud no se explica solo por el hartazgo. Hay una responsabilidad insoslayable en el ámbito educativo y en la cultura digital. En la era de la posverdad, los algoritmos dictan la información que consumimos, y las burbujas ideológicas han convertido la opinión en trinchera.

Reyes en redes sociales

Los discursos de odio y la desinformación han encontrado en YouTube, TikTok y Telegram un festín sin regulación, donde la extrema derecha ha demostrado una habilidad propagandística superior a la de sus rivales. Mientras la izquierda española se ahoga en su propia retórica vacía, en su moralismo woke y en su insistencia en imponer discursos sin conexión con la realidad social, Vox ha aprendido a hablar el idioma de los memes, de la provocación, de la inmediatez emocional.

Y luego está la gran paradoja: la rebeldía travestida de reaccionarismo. Para algunos jóvenes, declararse de extrema derecha es un acto de rebelión posmoderna, un golpe a lo que perciben como el establishment progresista y de la socialdemocracia pasiva del Partido Popular.

Han crecido en un entorno donde la izquierda ha monopolizado el discurso educativo y cultural, pero en lugar de generar reflexión crítica, ha impuesto dogmas irrefutables que han terminado por alienar a una parte de la juventud. Han convertido la política en un compendio de reglas lingüísticas y batallas ideológicas alejadas de los problemas reales de la ciudadanía.

La gran tragedia de esta deriva es que la juventud, que debería ser la chispa del futuro, está cayendo en la trampa de una derecha que no tiene ningún interés en mejorar sus condiciones. Pero la izquierda también ha fallado: ha sido incapaz de hablar un lenguaje accesible, de ofrecer una alternativa pragmática y de ilusionar con un proyecto de país que no dependa de enfrentamientos y superioridad moral.

El centro político tiene una tarea urgente: recuperar a la ciudadanía a base de trabajo. No basta con indignarse ni con despreciar el fenómeno como una moda pasajera. Hay que ofrecer un proyecto atractivo, valiente, que no tema hablar con claridad de los problemas reales de la juventud y, sobre todo, que no ponga soluciones. Si no lo hacen, seguirán viendo cómo las nuevas generaciones, traicionadas y desencantadas, se entregan a los brazos de quienes les prometen fuego y solo les ofrecen cenizas.

Ceses arbitrarios a los embajadores y erosión de confianza

En el corazón de la política exterior española se ha desatado una tormenta de desconfianza e incertidumbre. En apenas unos días, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ejecutado una purga de embajadores que, lejos de responder a un criterio técnico o estratégico, se inscribe en un patrón de capricho y vendetta personal.

FUENTE: EFE

Un golpe de mano impropio de una democracia consolidada, más cercano a la inestabilidad de repúblicas fallidas que a la seriedad que se espera de un Estado con siglos de historia diplomática.

El cese fulminante del embajador en Bélgica, Alberto Antón, supuestamente por haber sucumbido al sopor durante un discurso del propio Albares, no es más que un síntoma de una enfermedad más profunda. Si antaño la diplomacia se regía por la mesura, la prudencia y la previsibilidad, hoy se rinde ante la susceptibilidad del ministro, que parece confundir la lealtad institucional con la pleitesía personal. No hay margen para la profesionalidad cuando la norma se dicta desde el despecho.

La destitución de Juan González-Barba en Croacia tampoco ha pasado desapercibida. Su pecado: escribir un artículo en el que ensalzaba la función del Rey en la política exterior, una verdad indiscutible que, al parecer, hirió la piel fina del ministro. Un país que degrada a sus diplomáticos por expresar opiniones que, lejos de desafiar la política oficial, la refuerzan, no puede sino verse abocado al descrédito internacional. ¿Qué confianza pueden tener nuestros aliados en un servicio exterior a merced del capricho?

La purga ministerial ha encendido todas las alarmas entre los profesionales de la carrera diplomática. La Asociación de Diplomáticos Españoles ha alzado la voz con una misiva en la que reclama, con inusual contundencia, transparencia y garantías en los nombramientos y ceses. No es una cuestión menor. Sin un marco reglado, sin criterios objetivos y verificables, España se arriesga a transformar su política exterior en un teatro de lealtades personales, donde la capacidad y el mérito son irrelevantes frente a la docilidad y la sumisión.

El problema no es solo la arbitrariedad, sino el efecto corrosivo que tiene sobre una institución que debería ser pilar de estabilidad. La diplomacia requiere continuidad, previsibilidad y profesionalidad. Albares, en cambio, ha sembrado el miedo. La sensación de que ningún embajador está seguro, de que cada palabra debe ser medida con escrúpulo para no despertar el enojo del ministro, es el peor veneno para la eficacia de la acción exterior. España no puede permitirse una diplomacia servil y atemorizada.

El daño es profundo y no se arregla con comunicados tibios ni con justificaciones burocráticas. España necesita urgentemente un Reglamento de la Carrera Diplomática que blinde el servicio exterior contra el capricho del inquilino de turno en el Palacio de Santa Cruz. La política exterior no puede depender del ego de un ministro ni del vaivén de sus humores. No se trata solo de una cuestión de justicia con los profesionales de la diplomacia, sino de la imagen y el peso internacional de España. Un país que ningunea y humilla a sus propios embajadores es un país que proyecta debilidad.

Albares haría bien en recordar que su poder es efímero, que los ministros pasan y las instituciones quedan. Su legado, de seguir por esta senda, será el de un hombre que, en su afán de control absoluto, erosionó la confianza en el servicio exterior español. Y la confianza, una vez destruida, rara vez se recupera.

Mientras tanto, nuestros diplomáticos, antaño embajadores de un país respetado, se ven hoy reducidos a piezas de un tablero movedizo, donde la lógica ha sido reemplazada por la arbitrariedad. Un escenario en el que cualquier destitución parece posible, en el que la incertidumbre se ha convertido en norma. Y en diplomacia, la incertidumbre es sinónimo de decadencia.