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Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos. 

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley. 

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial. 

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley. 

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción. 

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central. 

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.

Puigdemont y el ‘mando a distancia’ sobre la próxima legislatura 

Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.

FUENTE: EFE

Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.

El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara   suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna. 

Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía.  Los llamados «progresistas» nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.

Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.

La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.

Darse cuenta cuando ya es demasiado tarde 

Una parte sustancial de la opinión pública en España no tiene la conservación del régimen del 78 entre una de sus prioridades máximas. En más de 40 años de democracia, los dos grandes partidos no han hecho la pedagogía necesaria para saber valorar y ponderar la importancia del sistema constitucional

FUENTE: EFE

Se han limitado a poner en valor el Estado del Bienestar como ámbito de actuación prioritario, preocupándose en los últimos años de asegurar un esquema de rentas que, aunque no sean suficientes para tener un nivel de vida elevado, sí permitan la supervivencia de amplias capas de la sociedad.

Mientras que esto funciona, la mayoría de la sociedad española tiene la percepción de que el Estado funciona, que el país sigue hacia adelante y que no hay nada que haga pensar que España se vaya a romper. Es más, ejercen un voto de castigo a aquél que actúa de “Casandra”, que advierte de los problemas futuros que se gestan en el presente, algunos ya entre nosotros, pero a los que no se les presta la atención necesaria ni se les da la importancia que realmente tienen.

En este sentido, los últimos 20 años de avances en el proceso de deterioro del régimen del 78 han generado conciencias críticas, movimientos opositores y voces combativas contra estas fuerzas centrífugas colocando en el centro de su discurso el riesgo real de ruptura de la sociedad, con manifestaciones extremas como el golpe del 1-O.

Sin embargo, una vez superadas estas situaciones de tensión, los ojos de una parte no menor de la ciudadanía concluyen que “España no se ha roto”. Sobre esa base reducen su percepción del riesgo a futuro, otorgando una mirada más indulgente al político que coloca en el centro de su discurso conceptos como el “olvido” o el “perdón”, y una mirada beligerante sobre los que mantienen la tesis del grave daño, tanto a corto como a largo plazo, sobre la supervivencia del régimen del 78. La beligerancia crece cuanto más “duro” se percibe el lenguaje utilizado.

Probablemente sea ya tarde para confiar en que una acción pedagógica potente haga despertar las conciencias de estos compatriotas. A menos que no se produzca un cambio importante en el statu quo social (problemas económicos importantes que no puedan ser cubiertos por más políticas de rentas debido al compromiso de cumplir con Bruselas en 2024), el grupo de “votantes flotantes” que o bien no retiraron su confianza al PSOE actual o no se la dieron al PP, no cambiarán de opinión plasmándola con su voto en las próximas generales.

Este votante pide “hechos”, “ver para creer”. Pero si estos “hechos” son suficientemente visibles, entonces es porque la ruptura es un hecho y, en el peor de los escenarios, será ya irreparable. Y cómo ha sucedido en reiteradas ocasiones en la Historia de España, lo que quedará es lamentarse amargamente por la “leche derramada”.

La discordia ha permeado incluso en las estructuras estatales. A partir de este jueves, se permitirá el uso de todas las lenguas cooficiales en los respectivos territorios de nuestro país para que los diputados puedan expresarse en la que elijan. Sin embargo, este paso omite el hecho de que el Congreso de los Diputados es la representación de la soberanía nacional que engloba a toda la Nación española con una lengua común.

Este recinto es donde se ratifican normativas que afectan a todos por igual y se transforma en el escenario de discusión en el cual las diversas agrupaciones políticas configuran sus propuestas y manifiestan su posición frente a las labores legislativas. En este contexto, se manifiesta la contienda entre las múltiples alternativas en temas de interés general, y no particular.

Por lo tanto, todos los ciudadanos ostentan el derecho de acceder a los diálogos parlamentarios sin impedimentos artificiales erigidos por un enfoque extremadamente singular y sin intermediarios como traductores que menoscaban la expresividad del orador en vivo. Si bien traducen, no logran capturar la plenitud de las conversaciones.

La inclusión de lenguas autóctonas en el Congreso plantea un límite a los derechos de todos aquellos que son los dueños de la democracia y la soberanía nacional, que son las personas mismas. Este límite restringe el acceso pleno a sus operaciones y equivale a cercenar dicha soberanía, que no pertenece a una región específica, sino a todas las personas y no solo a algunas, sino a todos los ciudadanos españoles por igual.

Estimados Pedro y Alberto… 

Por si había alguna duda, a día de hoy el PP y el PSOE están en un punto de imposible entendimiento y este breve intercambio epistolar, que fue bonito de leer por el vocabulario con el que ambos se han interpelado, en realidad nos aleja más de una gobernabilidad estable entre los dos grandes partidos. 

FUENTE: EFE

Siguiendo las formalidades de la tradición epistolar española, los candidatos a la presidencia del Gobierno dirigiéndose mutuamente como «estimado Pedro», «estimado Alberto», han mostrado importantes errores cada uno en su campo en los últimos días. En el caso del líder popular, demostró durante días estar en una realidad distinta, intentando un acercamiento que había quedado descartado desde la misma noche de las Elecciones del 23-J. Recientemente ha persistido en el error de no asumir con coherencia los pactos que firma con Vox en las autonomías, concretamente, en el caso de Aragón.

Mientras, el presidente del Gobierno en funciones ha dejado paso a sus segundos niveles para preparar como mínimo los apoyos de investidura, evidenciando una de las «bombas de relojería» existentes en el actual Estado autonómico como es la enorme deuda que sólo cuatro CC.AA tienen con el Estado y la posibilidad de que, o bien impaguen, o bien se les condone dicha deuda en parte o en su totalidad. Al mismo tiempo, las vacaciones privadas en Marruecos (considerado por la prensa del país como un «acto de buena voluntad»), el préstamo «gratuito» de los diputados de Bildu en el Parlamento de Navarra y la negativa a una gran coalición para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, complementan el escenario.

En el interior de las cartas también se esconden mentiras en forma de medias verdades, como que en nuestro país debe gobernar quien haya ganado las elecciones. Aquí el problema no es ese, sino en con quién gobiernas, que es el mayor problema de Sánchez. La carta de Núñez Feijóo pudiese estar enfocada a una investidura en segunda vuelta de Sánchez bajo ciertas condiciones, para alejar a los extremos de la gobernabilidad. Intentar, al menos, dejar esa puerta abierta si la situación se volviese imposible.

Pero la respuesta de Sánchez fue la esperada, alegando que las elecciones eran para medir el sentir general de la población en torno a su proyecto político, aceptando implícitamente que el PSOE no volverá a tener una mayoría cualificada sino que a lo que puede (y debe) aspirar de aquí al futuro es a ser la fuerza política de cabecera de un nuevo «Pacto de San Sebastián». Este punto merecerá un análisis más en profundidad, especialmente para medir los riesgos de seguir esta estrategia y preguntarse por qué la actual dirección del PSOE ha renunciado a ser una fuerza de mayorías que vayan más allá de los 120-130 diputados.

En definitiva, lo que ha quedado más que claro es que estas cartas son el único canal de comunicación entre los dos líderes, renunciando a una interlocución a una escala superior. Lo que llaman «perseguir la gobernabilidad» es pensar al minuto siguiente en qué concesiones son necesarias para garantizar unos meses más de Gobierno… hasta que el año que viene tanto en el País Vasco como en Cataluña (de manera anticipada) celebren comicios.

Las servidumbres del pasado más reciente que impedirán un gran acuerdo

A falta de un leve porcentaje por escrutar, ya se vislumbra en el horizonte la imposibilidad de formar un Gobierno estable para cualquiera de los grandes partidos. PP y PSOE tienen muy difícil articular una coalición de aliados y la gobernabilidad del país ha quedado vendida al independentismo tras el debate del miércoles, que ha dado como claro perdedor a Núñez Feijóo, cuyo electorado ha emigrado a Vox, después de que éste cancelase su campaña electoral y no acudiese a la cita organizada por RTVE.

FUENTE: EFE

La dispersión del voto, en este caso, ha perjudicado sobremanera al centro derecha y el panorama político nos encamina ahora a un ejercicio de responsabilidad nunca antes visto por los grandes partidos como sería o bien una abstención para gobernar sin una mayoría parlamentaria; o bien la repetición electoral, cuyos efectos podrían ser incluso más regresivos para con la posibilidad de formar un Ejecutivo serio. Pero ¿podría ser también un acuerdo amplio entre los dos grandes partidos, cuya suma de diputados vuelve a estar por encima de los 250 diputados?

Debería ser el momento de dejar a un lado las diferencias y luchar por lo que debería unirnos: España. Núñez Feijóo le tendió la mano a Sánchez en el debate para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Sánchez debería mostrar altura de miras y que, a pesar de no haberlo demostrado en los últimos cinco años, saber hacer política de Estado y poner sus intereses por detrás de la Nación es lo que debería producirse.

Los votantes no quieren volver a las urnas ni otro gobierno Frankenstein, da igual de qué lado sea éste. A pesar de que tanto Sánchez como Núñez Feijóo hayan aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones, han perdido un voto centrista, huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que buscar puntos de encuentro.

En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia, ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Ahora, con una posible repetición electoral en el horizonte, tanto España como Sánchez dejan una mala imagen hacia el exterior durante la presidencia española de turno en la Unión Europea. Un ejercicio de falta total de responsabilidad, al que ya estamos acostumbrados con el señor Presidente. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo con una repetición electoral para el Ejecutivo, ya en funciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos.  Y el miedo que la ha podido movilizar ahora con Vox ya no tendrá la misma fuerza que en unos meses. Del mismo modo, la extrema derecha podría aumentar su poder después de que muchos hayan ejercido un voto útil con Núñez Feijóo.

No es el momento de abandonar, sino más bien el de seguir luchando. De lo contrario, las consecuencias económicas y sociales a las que se enfrenta nuestro país pueden ser muy perjudiciales para la ciudadanía.

Jugar a un futuro de repetición electoral no es aceptable

Gracias al input que nos dan los sondeos diarios de cuatro casas demoscópicas distintas, podemos vemos la evolución de la intención de voto con bastante claridad. Tras el descalabro del presidente del Gobierno en el debate a dos, apelar al «manual de resistencia» como fórmula de permanencia en el poder y jugar con un futuro inmediato de repetición electoral no es aceptable.

FUENTE: EFE

El PSOE tiene por delante un camino complejo para esta última semana de campaña, basando su relato en la «igualdad en las urnas» para tratar de levantar a un electorado que todavía le apoya y que no está del todo convencido de qué hacer el 23-J. Núñez Feijóo le tendió la mano al presidente del Gobierno en el debate a dos para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Obviamente la propuesta fue rechazada por el Presidente.

Después de rechazar por enésima vez esta petición de gobierno sin condiciones de los extremos, las intenciones de Sánchez parecen enfocarse en evitar que Núñez Feijóo gobierne en caso de que él no pueda hacerlo. Durante la campaña electoral, ha convertido los pactos tanto de un bloque como del otro en un tema central, lo que ha llevado a que todos los partidos caigan en la dinámica del «y tú más». Esto implica que se equipara, de alguna manera, el hecho de pactar con Vox (una formación plenamente constitucional, independientemente de si gusta o no) con pactar con EH Bildu y ERC. 

El primero, EH Bildu, representa la cara política de ETA y nunca ha condenado sus actividades terroristas. Por otro lado, ERC cuenta con dirigentes de alto nivel que han sido condenados por el Tribunal Supremo debido a su implicación en un intento de golpe contra el orden constitucional. A pesar de haber sido indultados, no dudan en afirmar que volverían a hacerlo. 

Tanto Sánchez como Núñez Feijóo han aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones del 23-J. Quieren evitar perder ese voto centrista que ha quedado huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que en buscar puntos de encuentro. 

El bloqueo tras las elecciones es una posibilidad que parece asomarse al final del túnel. Esa es una realidad en cuantas ocasiones Sánchez ha sido candidato socialista a la presidencia; la primera, tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 donde Rajoy obtuvo 123 escaños por 89 él, y que obligó con su «No es No. ¿Qué parte del No, no ha entendido señor Rajoy?» a la primera repetición electoral desde 1978.  

Tras la repetición electoral del 26 de junio, el PP volvió a obtener la victoria con 137 escaños, mientras que la posición de Sánchez se debilitó aún más, quedándose con tan solo 84 escaños. Ante su firme decisión de seguir bloqueando la investidura del claro vencedor en dos ocasiones, su propio partido decidió destituirlo en un convulso Comité Federal. Después de recuperar el liderazgo de su partido, se vio obligado a repetir las elecciones en abril de 2019, ya que necesitaba pactar con todos sus socios actuales en la dirección del Estado, algo que previamente había rechazado aceptar. En noviembre de 2019, se repitieron nuevamente las elecciones y, tan solo 48 horas después, se llegó a un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias. 

En caso de que esta situación se vuelva a dar, tanto España como Sánchez darán una imagen pésima hacia el exterior en la presidencia española de turno en la Unión Europea. Sería un ejercicio de falta total de responsabilidad, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados con esta política de bloques. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo en caso de unas segundas elecciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos. Y el miedo que la movilizó en 2019 con Vox ya no tiene la fuerza que tuvo en su momento. 

Que no se tenga que dar esta situación. El próximo domingo nos vemos en las urnas. 

No confundir diligencia y gestión con manipulación en Correos

La avalancha de peticiones de voto por correo está evidenciando multitud de problemas en la gestión del servicio postal en España. Pero una cosa es esto -cuestión de gestión y diligencia en facilitar un derecho fundamental – y otra cosa muy distinta algunas dudas sembradas sobre la manipulación del voto, cosa inaceptable.

FUENTE: El Norte de Castilla

En algunos casos por falta de claridad, en otros por manipulación intencionada, y en otros simplemente por desconocimiento de cómo funciona Correos, lo cierto y verdad es que el protagonismo que ha adquirido esta sociedad estatal no debería haberse producido. Cuando hay Elecciones (y más aún con la importancia de las que se celebran este 23 de julio) lo que menos hay que hacer en un país democrático es poner en duda los procedimientos del voto, ya que siembran dudas sin fundamento en los electores y tiene capacidad de modificar su intención de voto.

Llegados a este punto, es necesario clarificar lo que está sucediendo con el servicio postal. España es un país en el que los meses de julio y agosto se convierten en un problema para la administración pública (pero también para muchas empresas privadas) por la coincidencia en los mismos períodos de la mayor parte de la masa salarial de vacaciones. En este sentido, cubrir puestos vacantes de manera circunstancial o incluso llamar a personas que están de vacaciones para que se puedan incorporar durante unos días, se convierte en algo muy complejo.

Pero si a ello se añade que Correos es una de las empresas más grandes que hay en España y con una estructura especialmente rígida, entonces lo complejo se vuelve en casi imposible. Desde el punto de vista de la gestión de la compañía, sólo queda esperar la movilización de bolsas de trabajo temporal y, junto con ello, intentar aprobar un plan de incentivos que «recompense» las horas extra y los problemas que a los carteros les va suponer el proceso electoral.

Aunque a partir del 23 de julio los procesos electorales vuelvan a celebrarse sin sobresaltos, el nuevo Gobierno deberá abordar la revisión de transferencias presupuestarias como el «servicio postal universal», de modo que Correos deje de ser una empresa con tanta rigidez, se someta a una disciplina de mercado mayor y contemple compensaciones adicionales del Estado ante problemas como este colapso de las oficinas a la hora de enviar y gestionar el voto por correo. Probablemente, a futuro, el voto por correo continuará creciendo, con lo cual es necesario estar muy preparados e introducir tecnología para hacer eficientes los procesos electorales.

Saber ceder (y dónde hacerlo) 

Es posible echar a independentistas y populistas. Es posible hacer política de Estado, cediendo por el bien de la ciudadanía.

FUENTE: EFE

El caso de la ciudad de Barcelona ha supuesto un antes y un después en la dinámica de pactos, investiduras y nuevos gobiernos. La alternativa merecía un esfuerzo extraordinario, por compleja que pudiera parecer, para evitar que la Ciudad Condal continúe su particular escalada de destrucción. Xavier Trías, subordinado a los designios del fugado Puigdemont y vinculado a la corrupción de décadas de la derecha soberanista, era el mejor posicionado hasta el último momento, en el que los populares decidieron dar su apoyo a los socialistas.

Collboni no es Sánchez. Éste, de un perfil más moderado, ha sido sacado de la posición de segundo sin competencias reales que ha ocupado durante ocho años de gobierno local de Colau y los Comunes. Ya en 2015 se aceptó por parte del PSC y del PSOE a los Comunes y a Podemos, respectivamente, como aliados válidos a pesar de situarse en uno de los extremos del espectro político. Ocho años después, la ruptura ha venido más por una cuestión de gestión (más bien, de ausencia de gestión y deterioro permanente de los Gobiernos municipales y autonómicos que han compartido) que por las diferencias notables existentes en materia ideológica.

Una vez hecho el movimiento de la investidura, queda ahora por ver la capacidad de colaboración entre los dos grandes partidos constitucionalistas, y recuperar así la ciudad, paliando los déficits que se ha generado a la ciudad con el último gobierno municipal.

Mientras tanto, el ruido del cambio en Cataluña parece haber llegado a la Generalitat. El papel de Salvador Illa en este acuerdo, que repetirá como candidato en Cataluña, puede ayudarle a conseguir su objetivo de ganar. Las convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña está en la cabeza de Aragonés y pensar que serán este otoño es más que posible.

Illa sabe que solo hay una manera de lograr el objetivo y ha experimentado con Barcelona. A día de hoy el PP puede ayudar a que los socialistas eviten a los independentistas y los números solo podrían dar con los Comunes y ellos para echar a los independentistas de la Generalitat. Más o menos lo mismo que ha pasado en Barcelona, por lo que no es descabellado que se pueda reeditar un apoyo semejante en los próximos comicios.

Las prioridades en política nacional y de Estado pasan por defender el constitucionalismo y arrancar de raíz los iliberalismos y populismos en las zonas más tensionadas políticamente. A este juego es al que los dos grandes partidos en Cataluña parece que se acercan o, al menos, demuestran con los primeros pasos que están en esta clave.

Es importante que tanto PSOE como PP muestren que son independientes de los extremos por el bien del Estado. Esta vez ha sido el PP el que le ha dado una victoria al PSOE en varios ayuntamientos importantes para que el que ganase no fuese el malo. Estos comportamientos son la definición de hacer política en un país que la tiene olvidada, con un vago recuerdo del gobierno vasco de hace más de diez años. 

Ahora, con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, si las encuestas se traducen en una victoria del PP, y a este le diese con Vox para sumar una mayoría absoluta, ¿haría Sánchez un ejercicio similar a sabiendas de que es imposible Gobernar y que unas segundas elecciones con el escenario económico actual podrían ser muy perjudiciales para el país? 

El sesgo sociológico que aún causa la política de bloques

España no termina de deshacerse de la «política de bloques» instaurada hace ya más de seis años por el sesgo sociológico que sigue introduciendo en la opinión pública

FUENTE: EFE

Tras una legislatura llena de problemas en la coalición de Gobierno, el país necesita un cambio y renovación en sus instituciones. Los extremos lo complican todo y una vez comienzan a gobernar se desinflan y parte de su electorado vuelve a la realidad, como ha pasado con la izquierda radical. La extrema derecha, en cambio, es muy joven en los gobiernos y las encuestas reflejan un posible protagonismo en la configuración del futuro Gobierno, incluso aunque esté registrando una tendencia demoscópica decreciente.

El horizonte de las próximas tres semanas apunta a dos posibles escenarios: un resultado que permita una colaboración entre los dos grandes partidos, teniendo el dominante la capacidad de ser investido sin el apoyo tácito o explícito de algunos de los extremos; o un resultado ajustado donde el ganador de las elecciones requiera la concurrencia del extremo más próximo.

El afán de poder de los extremos y su ego político les impide pactar sin tener su pedazo de tarta. La extrema derecha puede comenzar a sufrir lo mismo que le ha pasado a Unidas Podemos y que, tras su paso por los gobiernos municipales y regionales en los que ha estado, ha visto su marca desinflada una vez el electorado ha podido comprobar las ineficiencias de su gestión. 

Muchos españoles confiaron en la extrema izquierda y sus líderes, que entraban al Gobierno prometiendo acabar con la ‘casta’. El discurso en los extremos es atractivo hasta que demuestran su inutilidad política. El propio Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas, demostró que, a pesar de poder tener un cierto control teórico, era ajeno al funcionamiento práctico del sistema. 

No se puede cambiar el mundo por mucho que conozcas un mapa y , a nivel narrativo, los tonos que emplean las formaciones extremistas las acerca más de lo que las separa.

La extrema derecha no es ajena a los errores de gestión, obviamente, y en el poco tiempo que llevan dentro de Castilla y León, única región donde se puede examinar su funcionamiento dentro de un gobierno. La vicepresidencia de Castilla y León, que ocupa Juan García-Gallardo desde hace año y medio, está siendo más conocida por errores y salidas de tono que por aciertos.

La reducción del “gasto superfluo”, uno de los principales objetivos de Vox en su discurso, cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos ‘a dedo’. O el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se emplea para políticas es de 112.000 euros. 

Estas situaciones en el Gobierno no se dejan pasar y Vox, con su líder a la cabeza, no ha sabido estar a la altura incluso antes de entrar. Las principales medidas y políticas de Vox están ligadas a un discurso populista, en el que se esconden para no tener que responder o exponer las medidas que no tienen y que hacen que un país funcione.  

Izquierdas y derechas, iliberales y populistas, cuanto más lejos mejor. Con la extrema izquierda hemos visto la primera prueba, y ojalá no tener que contrastarla en una segunda vuelta sólo por comprobar como funciona su antítesis política. Estos partidos suelen generar gran apoyo cuando empiezan, hasta que realmente se demuestra que no valen más que para crispar y dividir más a los españoles. 

El nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política

Mañana volvemos a las urnas con un profundo malestar social que inunda el espacio político. En estas elecciones, en las que se solía valorar más las gestiones de los mandatarios con cierta ‘independencia’ de unas siglas que en clave nacional, se ha convertido en una oportunidad para mostrar el descontento existente de dos formas: el trasvase de voto entre partidos y, sobre todo, la abstención.

FUENTE: EFE

Pero la crispación, que sigue avanzando con múltiples micro casos de corrupción con el voto por correo, es la gota que colma el vaso de la paciencia del votante que, abandonado por los líderes a los que confió su voto en los comicios previos, busca alternativas fuera de los bloques que se consolidaron entre 2018 y 2019. 

Aquí, las consecuencias son claras y es en este escenario que el voto de protesta o reactivo puede tener más consecuencias, hasta el punto de provocar un cambio significativo. La abstención de los electores no sólo hace perder las elecciones al partido gobernante principal, sino que también supone una herida profunda a largo plazo. Y el voto de castigo -a favor de alguno de los adversarios- lo puede llevar al cementerio político. Es lo que estuvo a punto de pasarle al PSC durante los años del procés, que rozó la irrelevancia cuando sus electores migraron hacia Ciudadanos y tiñeron de naranja el famoso «cinturón rojo» de Barcelona. 

Por tanto, esta decisión es una cuestión de oferta. Si existe una oferta suficientemente razonable, habrá ese trasvase de voto. Si no lo hay, el «ejército» de votantes más nutrido será el de la abstención. En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Los pactos con los herederos de los terroristas e independentistas van a provocar que muchos socialistas no voten porque políticamente tampoco están cercanos al Partido Popular y tampoco los actuales votantes de Ciudadanos, quienes probablemente terminen por cerrar, en muchos territorios, su vida como partido mientras el electorado de centro, también descontento, tendrá que migrar a otras opciones o abstenerse por no verse representados en ninguna otra fuerza política. Según las encuestas es una constante que los partidos que más van a sufrir la abstención son los mencionados anteriormente, creando un nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política.

La cuestión central viene con la ley electoral, la cual otorga una «prima por abstención» a los partidos más pequeños, que son los extremos, dándole poder a insignes provocadores de la crispación y la situación política actual de España. En este sentido, los dos grandes partidos miran continuamente de reojo a estas formaciones porque en varios territorios dependerán de sus votos para gobernar.

España, sus regiones y sus municipios se merecen un PSOE a la altura de la ciudadanía de la izquierda constitucionalista, actualmente abandonados, políticamente, por su partido. En estas regiones y municipios hay candidatos que están a la altura de su electorado, pero que seguramente se verán perjudicados por las políticas del Gobierno. Y los hay que han sido críticos con la cúpula del Gobierno por muchos motivos, entre ellos por sus pactos y políticas.  

Ahora es la ciudadanía quien decide, ya que con el voto se pueden frenar algunas de esas políticas regresivas. El otro día cerraba un artículo, en El Mundo, César Antonio Molina que a su fin decía: “Sí, alguien, ahora o después, debe evitar el naufragio total del Partido Socialista de siempre. Hay que recuperar de nuevo el Estado de derecho, exigir el cumplimiento de las leyes (toda la justicia está en huelga), volver a la verdad, prosperar sin dañar a nadie, elevar la educación y la sanidad, crecer económicamente, rescatar la concordia, pues la democracia es el acuerdo de que no vamos a matarnos por lo que nos separa, sino que vamos a discutirlo.”