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Con las elecciones de fondo 

A Sánchez no le importa Galicia, solo quiere que no gane el PP y que ese resultado pueda abocar a Feijóo a forzar su salida de la dirección nacional de su partido.

FUENTE: EFE

El presidente del Gobierno es sabedor de la tranquilidad que puede ocasionar a su difícil juego de equilibrios para la gobernabilidad una reestructuración de la cúpula de sus rivales, y probablemente tendrá incluso preparados los discursos por si eso llega a pasar.  

Pero primero están los comicios y el PP parece jugarse la mayoría absoluta que mantenía en los últimos años y más después de la revelación de Feijóo en la que reconoció tres cosas: primero, que Junts le ofreció votar a favor de su investidura si aceptaba la amnistía, y aunque el PP estudió la oferta, la rechazó en 24 horas por considerarla «inconstitucional»; segundo, expresó que será complicado demostrar judicialmente la acusación de terrorismo contra Puigdemont; y tercero, y más importante, afirmó que si llega al gobierno, indultaría al líder independentista siempre y cuando éste se someta a la Justicia y a la Constitución. 

«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda» rezaba la nota aclaratoria del domingo 11 de febrero. El incendio ya era imposible de sofocar. 

Aunque Galicia no es un territorio de suma importancia histórica en cuanto a los resultados electorales se reflejan en los partidos nacionales, la situación actual es distinta a otras.  

Esa tranquilidad de la que hablábamos al principio si la situación se desboca por completo y provoca una salida de urgencia de Feijóo, puede ser lo más peligroso para los españoles. La situación de un Gobierno sin oposición beneficia políticamente a Sánchez en cuanto a que aumenten las propuestas legislativas descabelladas que poner encima de la mesa, provocando una situación de descontrol. 

Mientras, en el PP suenan las alarmas por una situación que se hubiese celebrado como un mundial deportivo en la actual dirección de Ferraz. ¿De qué no son capaces después de se haya firmado una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas? 

Por si alguien no recuerda, durante los últimos cinco años, Sánchez ha ejercido un impacto destructivo en España, en parte debido a nuestra pasividad. Permitimos que llevara a cabo una moción de censura respaldada por individuos cuestionables. Le permitimos conceder indultos a Junqueras, rehabilitar a Otegi y elevar a la prominencia a Pablo Iglesias, promoviendo un programa que muchos consideran comunista, restrictivo de libertades y simpatizante del terrorismo. 

Permitimos que criminalizara a la oposición, estableciera cordones sanitarios contra partidos constitucionales y colocara a sus aliados en todas las instituciones estatales. Lo dejamos imponer confinamientos y cierres de negocios para encubrir la propagación de un virus, contribuyendo a su difusión inicial al negarse a suspender las actividades del 8M.  

Permitimos que humillara a las víctimas de ETA al liberar a sus perpetradores, malgastara dinero público en fines clientelistas y descuidara la economía productiva en favor de un sistema que premia la inactividad y la dependencia del Estado a cambio de votos continuos. 

También permitimos que reviviera el espectro de Franco para deslegitimar a una parte significativa de la población, tachando de fascista a cualquiera que criticara su errática gestión, su política empobrecedora y su inclinación por el engaño y la corrupción. Todo esto, con el objetivo totalitario de perpetuar su mandato, blanquear a sus aliados corruptos y obstaculizar cualquier alternancia en el poder. 

Desviar la atención

El Gobierno, sometido a chantaje por sus socios, no parece vislumbrar un horizonte claro en esta legislatura, que acaba de comenzar. A pesar de las múltiples líneas rojas traspasadas para satisfacer a sus socios de investidura, especialmente después del desplante de ayer con la amnistía, la situación se complica. 

FUENTE:EFE

Los tiempos de Sánchez todavía permiten maniobrar, aprovechando las elecciones gallegas para dar a Junts lo que pidan, desviando la atención con una retórica ‘españolista’. Para respaldar sus acciones, el Gobierno se apoya en terminales mediáticas y opinadores de guardia, quienes tratan de convertir la amnistía en una virtud, mientras la población española expresa su rechazo. 

A pesar de las críticas y la oposición, el presidente parece ajeno a lo que sucede en el exterior, tal vez creyendo que contribuye positivamente al país con medidas regresivas. La ley de amnistía, tras la derrota parlamentaria, vuelve al inicio, y el Gobierno tiene un mes para satisfacer a Junts, evitando ceder ante la presión independentista cercana a las elecciones gallegas. 

La persistencia de una corriente política y mediática que respalda la ley de amnistía, con una interpretación flexible del delito de terrorismo, genera alarma social. Esta estrategia, destinada a obtener votos y poder, no solo transgrede la ética legal, sino que también bordea la extralimitación moral, desafiando la capacidad de asombro de los ciudadanos españoles. 

El texto señala una serie de acciones que cuestionan el Estado de Derecho, desde pactos con quienes inicialmente fueron rechazados, hasta indultos a delincuentes golpistas, eliminación de delitos y blanqueo de herederos políticos de terroristas. La inclusión de Puigdemont bajo la amnistía inconstitucional cruza la línea roja del terrorismo, socavando la separación de poderes. 

La ley se enreda entre sus propias líneas, ya que Junts busca un texto concluyente que amnistíe todas las situaciones y evite la intervención de los jueces, lo cual va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la separación de poderes. 

Aunque la amnistía continuará adelante debido a la demanda que respalda la legislatura, para el PSOE es una noticia desfavorable que su aprobación se retrase y siga acaparando la atención mediática. 

Cuando lo inconstitucional nunca puede ser constitucional y es incompatible con Europa

Los asesores legales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo dejaron meridianamente claro en su opinión sobre la propuesta de Ley de Amnistía del Gobierno destinada a eliminar los delitos relacionados con el procés

FUENTE: EFE

La iniciativa no puede fundamentarse en la Ley de Amnistía de 1977, ya que ésta fue aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución (un hecho anterior no implica automáticamente que éste esté reconocido en la Constitución) y que el texto constitucional no proporciona respaldo para la aprobación de una medida de gracia de este tipo al prohibir un hecho de rango menor a la amnistía como es el indulto general.

Este informe, aunque no está firmado, ha sido elaborado bajo la dirección de Piedad García-Escudero, quien ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo, siendo secretaria general del Congreso y letrada mayor del Senado. Su nominación para este puesto fue en noviembre, sustituyendo a Manuel Fernández-Fontecha, que se había manifestado públicamente en contra de la amnistía. Piedad García-Escudero es Letrada de las Cortes desde 1981 y es hermana de Pío García-Escudero, quien fue presidente del Senado por el Partido Popular (PP) entre 2011 y 2019.

Desde la asesoría jurídica de la Comisión de Justicia señalan la necesidad de que cualquier nueva amnistía requiere previamente una reforma constitucional que la respalde. Este planteamiento contrasta con el análisis previo realizado con la aprobación de la Proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que contó con la aprobación del letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, recientemente nombrado directamente desde un puesto político dado que formaba parte del Gobierno anterior.

Con todas las cautelas que se requieren para un órgano de consulta previa, los letrados admiten que la inconstitucionalidad de la norma puede no ser evidente, pero luego identifican múltiples aspectos que podrían no cumplir con el filtro de la Carta Magna, dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.

Un aspecto crítico es la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía», criticando la inclusión de actos «cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña» y la falta de precisión en el ámbito temporal. Advierte que esta falta de determinación y la amplia ventana temporal podrían afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley, incluso pudiendo derivar en una «delimitación arbitraria» que infrinja el principio de igualdad.

Pero más allá de que el Alto Tribunal pudiera pronunciarse en un sentido u otro, los letrados apuntan en la dirección más importante como es la compatibilidad con las leyes europeas. Y aquí es donde se produce un auténtico “choque de trenes” en cuatro cuestiones críticas:

  1. La exclusión del ámbito de la amnistía de los delitos de terrorismo solo si hay una sentencia firme.
  1. Las disposiciones relacionadas con los efectos suspensivos de la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
  1. La inclusión de delitos de corrupción en la amnistía, que pueden comprometer la armonización y efectividad de las normas reguladoras de estos delitos según el Derecho UE.
  1. Sobre el artículo 4 de la Proposición de Ley de Amnistía que revoca las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, con afección especial a los delitos de terrorismo y malversación.

Estos argumentos esgrimidos por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no sólo son claros, sino que muestran también hasta qué punto incluso una decisión con un sesgo favorable del Tribunal Constitucional al texto de la ley es incompatible con la permanencia de España en la Unión Europea.

Ante las cámaras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó: «Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esta idea fue reiterada poco después durante la misma intervención, al expresar: «Es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional». El ministro expresa una confianza absoluta en la Ley de Amnistía, fundamentada, según él, en informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.

Esta “confianza” no es tal, al tener que repetir hasta en ocho ocasiones distintas el término “constitucional” en la Exposición de Motivos. La acusación de terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón y los apabullantes indicios de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 y la llamada “batalla de Urquinaona”, inciden directamente en que España está obligada a cumplir los preceptos del Derecho europeo sin discusión alguna.

Para Europa no hay “terrorismo que no viole gravemente los derechos humanos”, parafraseando al ministro Bolaños. El delito de terrorismo es muy claro, al igual que el de malversación y corrupción. Se acepta o no se acepta. No faltarán presiones directas o indirectas en los próximos meses a los jueces para que los encausados por terrorismo salgan indemnes y puedan estar poco tiempo después de vuelta en España habiéndoseles borrado sus delitos. Este punto es el que decidirá todo de aquí en adelante, más allá de que se pueda producir una batalla judicial dura y duradera en los tribunales españoles y el TJUE.

El discurso del Rey

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI de este año se enfocó principalmente en una firme defensa de la Constitución y los valores fundamentales de la sociedad española. El monarca se centró en abordar el panorama político interno de España sin demasiada atención a conflictos internacionales.

FUENTE: EFE

En medio de un año políticamente tenso, con elecciones que han llevado a la necesidad de acuerdos inusuales entre partidos para formar gobiernos autonómicos y centrales, el Rey hizo hincapié en la importancia de evitar la polarización ideológica. Señaló cómo esta tendencia a dividirse en bloques puede deslegitimar a la otra parte, representando una amenaza para la estabilidad y el respeto mutuo en la sociedad. 

El discurso buscaba recordar la importancia de mantener la unidad y la voluntad de entendimiento, especialmente en un momento en el que los pactos políticos se vuelven indispensables y la separación ideológica podría poner en peligro la cohesión social. 

Después de las elecciones generales del 23 de julio, el Rey mismo se vio envuelto en disputas políticas, enfrentando acusaciones y demandas sobre su papel institucional. En medio de estos antecedentes, sus palabras sobre el lugar constitucional de cada institución, incluyendo la suya, y el respeto mutuo entre estas, cobran sentido. 

No es exclusivo de Felipe VI el dedicar un discurso a advertir sobre los peligros de la polarización extrema y su impacto en la credibilidad democrática. La tendencia global a cuestionar los pilares de la convivencia, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, requiere ser detenida antes de normalizarse. La clave es la Constitución, no como un símbolo vacío para las luchas partidistas, sino como el fundamento de sus valores esenciales. 

El discurso del Rey este domingo fue una rara expresión de defensa precisa de los valores constitucionales como logro colectivo y herramienta para el futuro. Expresó preocupación, haciendo un llamado al «deber moral» de evitar la discordia, pero también transmitió confianza y optimismo. Ofreció un análisis no solo de las corrientes problemáticas que enfrentamos, sino también un argumento esencial para un país que tiende a subestimar sus virtudes y negar sus éxitos. 

A veces, expresarse sin ser escuchado puede sentirse como hablar en un vacío, pero al menos se tiene la certeza de haber dicho lo que se necesitaba decir. El discurso del Rey Felipe VI esta Nochebuena, probablemente el más político desde su intervención el 3 de octubre de 2017 durante la situación en Cataluña, deja la pregunta de si los líderes políticos realmente han captado su mensaje. 

En los próximos meses veremos si hubo una respuesta o si este llamado a la reflexión sobre el discurso del Rey resonó en la esfera política, especialmente considerando la situación crítica que enfrentaba el Gobierno de Mariano Rajoy en aquel entonces, con la crisis en Cataluña y su aparente inacción. 

El discurso de Felipe VI en esta última Nochebuena llevó a la mesa de los españoles dos ideas fundamentales que desafiaban directamente el dramático panorama político del país: la advertencia de evitar que se arraigue la «germen de la discordia» y la afirmación de que la Constitución representa el mejor medio para «superar las divisiones». Remarcó que fuera de esta ley fundamental «no hay ley ni España en paz y libertad».  

Es común que cada partido político interprete estas palabras según su conveniencia y las utilice para atacar a sus opositores. En España, son pocas las instituciones que no han sido arrastradas a los enfrentamientos políticos, como si fueran blancos en una obra de arte, sufriendo golpes y embates propinados por algunos políticos aficionados a la confrontación. 

El discurso del Rey, especialmente para las dos principales formaciones políticas, debería ser un recordatorio crucial sobre la creciente polarización y un llamado a detener la deslegitimación del adversario, recordando que nunca deberían considerarse enemigos. En los últimos meses, la sensación era de caminar peligrosamente hacia el borde de ese abismo. «No podemos permitirlo», recalcó el Rey, subrayando la urgencia de detener este peligroso rumbo hacia la confrontación y el descrédito mutuo en el panorama político. 

Las palabras de Felipe VI suelen ser meticulosamente escogidas, lo que permite diversas interpretaciones por parte de ciudadanos y partidos políticos que buscan respaldo para sus propias visiones. Sin embargo, dejó en claro la importancia de defender los «valores constitucionales» cuando se ven amenazados o cuestionados. 

Entre las interpretaciones posibles, se puede sostener que este discurso de Nochebuena fue una llamada de atención, una señal contundente para recordar que en la confrontación política no todo es válido y que preservar las instituciones es crucial. Más allá de los líderes políticos, estas instituciones perdurarán y deberían hacerlo con el menor daño posible.  

La imagen que acompañaba la alocución, con los Reyes y la Infanta Sofía aplaudiendo a la Princesa Leonor cuando juró la Constitución ante las Cortes Generales, fue una metáfora perfecta de la necesidad imperante de que las instituciones se mantengan sólidas y perduren en el tiempo. 

¿Esto es progresismo?

El PSOE solo ha firmado el documento que le ha presentado Junts, introduciendo, en todo caso, algunas “morcillas” para justificar la firma. Han comprado con entusiasmo el relato de los independentistas, sin reservas, y han aceptado las medidas de carácter populista, que caracterizan a repúblicas hispanoamericanas fracasadas, con entusiasmo.

FUENTE: EFE

Los progresistas del siglo XXI nos llevan a los españoles directamente al siglo XIX. ¡Raro progreso el que nos lleva al pasado! Con Puigdemont hemos retrocedido con los Decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII; esperemos que con el PNV no retrocedamos a las cuevas de Santimamiñe.

El primer dato relevante es que es la primera vez que soluciones políticas gubernamentales se negocian y se presentan fuera de nuestro país, en Waterloo, como si fuéramos un país inhóspito en el que no existe libertad para negociar. Waterloo supuso una derrota definitiva de Napoleón, y tristemente, en esa ciudad belga, los socialistas han puesto punto final a la democracia española del 78. No sabemos lo que vendrá, pero desde luego, no será el desarrollo lógico de la Constitución del 78.

En segundo lugar, han negociado con una persona que, si pisara el suelo español, sería detenido. Han negociado con un prófugo y por unos cuantos votos en el Congreso. Esto sería impensable hace una década, pero la ambición de una persona y el silencio acomodaticio de muchos lo han permitido. Hoy son ya responsables del desastre, tanto Sánchez como quienes le acompañan a llevar al precipicio al sistema constitucional español.

El PSOE dice en el acuerdo: “Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del parlamento catalán que representa legítimamente al pueblo catalán”. ¿Y la soberanía nacional? ¿Y el Congreso de los Diputados? ¿Dónde queda en ese documento suscrito por el PSOE la nación española? ¿Ha dejado acaso de existir para el PSOE? Con esta afirmación, podemos decir que el PSOE, para satisfacer la ambición de Sánchez, ha dejado de creer en España y en la Constitución del 78.

Aprueban la existencia de un verificador internacional como si de un problema internacional se tratara. Justifican y legitiman los desórdenes públicos en Cataluña, la transgresión de leyes y sentencias realizadas por cargos públicos, y aceptan que comportamientos de naturaleza terrorista sean considerados solo expresiones políticas. Podemos decir que Puigdemont y la necesidad narcisista de Sánchez han conseguido más que la banda terrorista ETA durante décadas; justo es reconocerlo sin necesidad de poner un muerto encima de la mesa para negociar.

Destruyen la independencia judicial y, después de firmado este documento que permitirá crear comisiones de control a los jueces en el Congreso, estos ya pueden sentirse amenazados, ni más ni menos que por la fuerza del parlamento. Sería este acuerdo el sueño dorado de Trump, pero los EE. UU. pueden tener presidentes pintorescos e impresentables, pero tienen unas instituciones que no claudican.

Hoy corre más peligro el juez Marchena que los delincuentes independentistas. La Unión Europea debe mostrar su preocupación por la quiebra de la independencia judicial, y debe importarles poco que los autores de tamaños desaguisados sean de extrema derecha o populistas, nacionalistas o extremistas de izquierda.

Queda la ley de amnistía, radicalmente inconstitucional, y que conseguirá que seamos los españoles, vivamos en Cataluña o en el resto de España, los que tengamos que pedir perdón a los independentistas catalanes. En contra de lo que dice Santos Cerdán, este acuerdo es de investidura, no de legislatura; excepto que existan otros acuerdos que los ciudadanos españoles desconozcamos. Es decir, cada votación, cada ley será aprobada a costa de otro destrozo a la soberanía nacional española; una votación en el Congreso, otro regalo en favor de la desigualdad entre españoles.

No es extraño que Puigdemont se sienta ganador, igual que tampoco es extraño que los miembros y portavoces del PSOE se hayan escondido para que el mal trago pase. No merece la pena perder la dignidad, tirar por la borda los últimos 45 años de la historia del PSOE, poner punto y final a la Transición democrática española, por seguir las alborotadas vanidades de ningún líder.

¿No es posible que salgan más voces socialistas a decir que esto no se puede hacer en su nombre? Al silencio le acompañará para siempre la indignidad. ¡Digan no! Digan: ¡hasta aquí hemos llegado! Rebélense por su dignidad, por su partido, por España… Los que les antecedieron pagaron con la cárcel su ejercicio de dignidad en la lucha contra el franquismo, hablen menos de ellos y hónrenles. El resto de españoles debemos resistir pacífica y democráticamente donde nos corresponda.

Atacar al más débil

No es oro todo lo que reluce para el trabajador ante las promesas populistas del tándem Sánchez Díaz (si es que todavía no se habían dado cuenta). El compromiso a actuar sobre la jornada laboral y la subida del salario mínimo es un truco de trileros para tratar de hacerse querer entre los más vulnerables, el problema aquí es que los más afectados de estas medidas serán ellos. 

FUENTE: EFE

Si bien es cierto que es imposible medir los efectos de la medida en cifras, puesto que es muy difícil cuantificar y prever una medida de la que no se conoce mucho más que el anuncio.  

Pero echando la vista a cómo ha afectado la última subida del SMI a sus potenciales beneficiarios el debate sobre la afección de estas medidas sobre el empleo es de obligado tratamiento. Si ponemos el foco en la última actualización, observamos que los jóvenes y las mujeres son a los que más afecta la pérdida de empleo por la subida, y los colectivos a los que ha beneficiado la subida serían aquellos más afectados por las próximas subidas y cambios en materia laboral debido a su vulnerabilidad.

Hay una dimensión que en España se suele obviar: no vivimos en un país con fuerte arraigo industrial, por lo que los pequeños empresarios, que sostienen el país y el empleo, tendrán que hacer ajustes para paliar el aumento de los costes laborales que provocan estas medidas. 

La principal preocupación de las empresas radica en la posible presión que puedan ejercer sobre los costes laborales. En los últimos años, las compañías también han tenido que afrontar un aumento en los costes de producción debido a la inflación, así como en los costes de financiación a raíz del alza de los tipos de interés. Además, se suman a estas preocupaciones el impacto de las sucesivas subidas del salario mínimo y el aumento de las cotizaciones debido a la reforma de las pensiones. 

El Gobierno debería abstenerse de legislar en asuntos que requieren consenso entre los agentes sociales, ya que no todos los sectores y regiones pueden permitirse o necesitan los mismos cambios. En última instancia, el empresario parece ser el villano de la historia, ya que su supervivencia se ve amenazada, al parecer, tanto por los miembros del gobierno anterior como por los del futuro. 

Las propuestas para la próxima legislatura parecen carecer de realismo en lo que respecta a la política laboral. La AIREF aboga por la normalidad, ya que actualmente hay quienes solicitan un salario mínimo de 1.500 euros y una jornada laboral de 35 horas a la semana. Esto podría generar desequilibrios en la productividad, la economía y el mercado laboral. 

El mercado laboral tiene sus límites, y el Gobierno parece estar dispuesto a traspasarlos a expensas de los más vulnerables, que siempre son los más afectados por estos cambios, que en teoría se llevan a cabo en su beneficio. Sin embargo, sobrepasar esos límites podría llevar a un punto de no retorno para muchas empresas, sectores y familias. 

La idea de que reduciendo las horas de trabajo se puede aumentar la cantidad de empleados y, así, solucionar el problema del desempleo es una falacia antigua que se utiliza en diversos contextos. Esta idea sostiene que las oportunidades de empleo son fijas, como una tarta que se puede dividir en porciones grandes o pequeñas. Sin embargo, el empleo no es una tarta, sino una realidad compleja y cambiante que puede aumentar o disminuir.

El Gobierno puede influir en esta dinámica, y si reduce la jornada laboral de manera forzosa, puede impedir que empresas y trabajadores se adapten a su máxima productividad. Si la productividad disminuye, se reduce la riqueza, el ahorro, el capital y la inversión, y, en última instancia, la cantidad de empleo también disminuye. 

Hasta la fecha, no ha habido ninguna fórmula artificial de reducción de jornada que haya demostrado ser efectiva para crear empleo. Los franceses lo intentaron recientemente con la jornada laboral de 35 horas a la semana, y el resultado fue un fracaso. No obstante, es importante destacar que la reducción de la jornada laboral puede ser efectiva cuando está respaldada por un aumento en la productividad y se logra a través de la negociación entre empleadores y empleados, lo cual ha funcionado en numerosas ocasiones en la práctica real. 

¿Y si la mayoría de los catalanes ha votado por la confederación?

El presidente en funciones quiere hacer borrón y cuenta nueva con Cataluña. La ciudadanía de este territorio habló en las pasadas elecciones generales que estaba con el ahora candidato a la investidura. La duda es si bajo la premisa de una España confederal en la que mantener a esta región tranquila de movimientos independentistas a cambio de un coste muy alto para el resto de España. 

FUENTE: EFE

Ahora con las negociaciones en marcha, el PSOE es probable que tenga listo su plan para hacer aceptable la amnistía y preparar el terreno para un posible referéndum. Por el momento ya tiene su eufemismo para la amnistía: «estiramiento de la convivencia» 

Salvador Illa ha iniciado una serie de declaraciones destinadas a vender la amnistía al público y fomentar la división en el período previo a nuevas elecciones. ERC y Junts están al borde de la muerte si no aceptan este planteamiento, cosa que el PSOE sabe, y si están de acuerdo es porque están buscando oportunidades para seguir manteniendo su posición en Cataluña. 

Este modelo fue puesto en práctica recientemente en una reunión en el País Vasco, donde, de hecho, Illa elogió la «política» de la comunidad vasca. Para Illa, el uso de eufemismos y el discurso camuflado han servido para superar situaciones no deseadas y momentos oscuros. Esto se traduce en la necesidad de adoptar un enfoque cínico que permita mantener una agenda oculta ante la mayoría de la población mientras se promueve la idea de «mejorar la convivencia».

El catalán ha instado a los partidos independentistas a aprender de los partidos nacionalistas vascos en el ámbito político, destacando su capacidad para expresar sus proyectos políticos de manera clara y respetuosa, aunque reconoce la importancia de momentos de discreción en ocasiones. 

Las palabras de Illa también hacen referencia al plan del PNV para avanzar en lo que llaman «plurinación». A diferencia de Junts, ERC y Bildu, que abogan abiertamente por la amnistía de los separatistas y un referéndum para la independencia de España, el PNV sigue un enfoque más elaborado y sutil.

Su plan busca permitir a los separatistas no solo autodefinirse como nación, sino también mantener su pertenencia a la Unión Europea y al sistema de financiación español, a pesar de tener un alto grado de autonomía. Este plan «plurinacional» busca una autodeterminación reconocida y un acuerdo inmediato para la administración conjunta. Todo esto con el fin de abandonar España, pero continuar beneficiándose de sus recursos. 

Sánchez ha concedido el indulto a la amnistía, incluyendo uno para sí mismo y sus ministros, quienes previamente habían cuestionado la amnistía por considerarla inconstitucional y contraria a sus principios. La amnistía, que hoy pretenden que se perciba como justa y necesaria, fue condenada durante la legislatura, y resulta especialmente sorprendente que se la negara en la campaña electoral, cuando se argumentaba su inviabilidad jurídica y falta de fundamento moral.

Esta situación plantea dos posibilidades. La primera, que Sánchez no fuera capaz de comprender lo que ahora se reconoce como evidente por sus socios parlamentarios («la necesidad cívica de una amnistía y su viabilidad constitucional»). La segunda, que hubiera comprendido la situación, pero optó por no divulgar la verdad al pueblo, consciente de que no habría obtenido su respaldo si lo hubiera hecho. 

¿Qué piden el nacionalismo y el independentismo? Un ejercicio de sinceridad

Como era previsible, Núñez Feijóo no tuvo éxito en su intento de investidura. En este punto, para lograr la formación de un gobierno, existen esencialmente dos opciones: un nuevo Gobierno de coalición liderado por Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones.

FUENTE: EFE

La coalición requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, quienes han planteado condiciones muy rigurosas, como la amnistía para aquellos que se enfrentaron a la justicia debido al proceso soberanista de 2017, que en un momento proclamó la independencia y luego la revocó en cuestión de segundos. 

Que el PSOE saliese derrotado de las últimas elecciones parece haber afectado el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier costo. La notable debilidad del PSOE y su disposición a hacer concesiones de todo tipo a cambio de apoyo están llevando a los partidos nacionalistas y separatistas a intensificar sus demandas para respaldar lo que algunos llaman «progresismo». 

Partidos como ERC, Junts, Bildu e incluso el PNV están aprovechando la situación política actual para plantear demandas que van desde referendos secesionistas hasta indultos para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Además, algunos están buscando el control de la mesa del Congreso de los Diputados o incluso la anexión de Navarra al País Vasco, aprovechando la falta de escrúpulos de ciertos políticos y la aquiescencia de sus superiores en Madrid. 

En este contexto, la política española se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo es objeto de intercambio a cambio de apoyo para la investidura, y el socialismo ha optado por el secretismo como estrategia principal. Se busca ocultar las concesiones que podrían estar en negociación con posibles aliados, utilizando todo tipo de recursos informativos y oficiales, desde el énfasis en las temperaturas récord hasta tácticas de distracción similares a las empleadas por los líderes romanos en el pasado. 

Sánchez y su entorno sostienen que sus acciones han logrado pacificar Cataluña y, de manera sorprendente, acusan al PP de haber provocado la situación al «judicializarla» mediante el artículo 155 de la Constitución, incluso cuando en su momento estuvieron de acuerdo con esta medida.

Resulta curioso que Sánchez haya adoptado el mismo lenguaje que antes de ser presidente usaba para calificar a los líderes catalanes como autores de un delito de «rebelión» y afirmara que se oponía a conceder indultos a los sediciosos. Sin embargo, en su camino hacia la Moncloa, parece que optó por priorizar sus intereses personales sobre sus principios. 

Sobre el presidente en funciones se ha evidenciado que no es una figura de confianza, ya que ha hecho concesiones que ponen en peligro la unidad de España con el fin de mantener su posición, lo cual es inaceptable. Un ejemplo destacado de esta actitud es su disposición a considerar una amnistía para Carles Puigdemont, un líder independentista que huyó de la justicia española. Esto envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la autoridad del marco constitucional.

Además, la propuesta de modificar la inviolabilidad del Rey, como algunos parlamentarios vascos han pedido, es un asunto de gran importancia y debería ser debatido de manera seria y con una perspectiva amplia, en lugar de parecer una concesión precipitada. 

Quizás una de las cuestiones más preocupantes es la disposición de Sánchez a considerar un referéndum unilateral en Cataluña. Aunque el diálogo es esencial, un referéndum unilateral no es la forma adecuada de abordar un conflicto de esta magnitud. Ignorar la legalidad y la Constitución de España en favor de los deseos de los independentistas es un error grave que socava la estabilidad y la cohesión del país. 

Es fundamental recordar que las demandas de los independentistas y separatistas no solo amenazan la unidad de España, sino que también plantean preocupaciones económicas y sociales significativas. La incertidumbre generada por estos movimientos separatistas ha tenido un impacto negativo en la inversión y el empleo en algunas regiones, lo que afecta directamente a los ciudadanos comunes. 

Junts, por ejemplo, exige la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para resolver este pasivo acumulado, lo que supondría aproximadamente 83.000 millones de euros. También busca el derecho a recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y un acuerdo de solidaridad financiera con el Estado. También, propone la creación de una agencia de Seguridad Social propia para gestionar las pensiones y reclama el 19% de los fondos europeos Next Generation de forma retroactiva. 

Por último, Junts insiste en que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras y se establezcan plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut, que se refiere a la transferencia de activos pendientes, como el Corredor Mediterráneo y las inversiones pendientes en el sistema ferroviario de Rodalies. 

La deuda también es una preocupación para ERC. Según sus cálculos, la deuda ascendió a 20.772 millones de euros en 2020 y a 21.982 millones de euros en 2021, como se presentó en la presentación anual del déficit fiscal del Estado realizada por la Generalitat. 

El Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a cumplir una por una todas las demandas impuestas por Carles Puigdemont para obtener el apoyo de sus siete diputados en una posible investidura socialista. A pesar de estar en funciones, el Gobierno ha presentado ante la UE la solicitud de que el catalán sea reconocido como idioma oficial, está negociando la amnistía para los implicados en el proceso independentista y ha pedido a Europol que desvincule el independentismo del terrorismo. 

La fecha de la independencia parece depender sólo de Puigdemont o Junqueras, ¿qué puede salir mal? 

El sanchismo no es progresismo, es procesismo

El progresismo, como decía la RAE, se caracteriza por el pensamiento que defiende las libertades publicas. El sanchismo en total contradicción con el progresismo no soporta la discrepancia e intenta, hasta ahora desgraciadamente con bastante éxito, controlar las instituciones poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho.

Por Jesús Ballesteros (Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitad de Valencia)

El sanchismo ha adoptado desde el principio un doble perfil. Por un lado de demonización del Partido Popular, en perfecta continuidad con el Pacto del Tinell de 14 12 03, firmado por los líderes del tripartito catalán (PSC, ERC y Esquerra Els Verds), cuyo espíritu inspiró también la acción del gobierno de Zapatero, empeñado en que la oposición no pudiera gobernar nunca.

De otro lado, desde su infundada y torticera moción de censura a Rajoy, se ha apoyado en los Partidos que querían destruir la Constitución del 78, como Podemos primero y después previa traición a Iglesias, Sumar, así como Bildu y en menor medida el PNV, que ha acusado a Sánchez de usarles como Kleenex, pero que sigue de momento en su órbita, y de modo aun mas radical especialmente los separatistas catalanes, como ERC y Junts.

Por ello, siguiendo también a Zapatero que afirmó aprobar el Estatut de Cataluña tal como saliese del Parlamento catalán aunque negase a los españoles su condición de ciudadanos libres e iguales, el sanchismo tiene perfecta continuidad con el procés separatista catalán ya que subordina toda su política a no perder el apoyo de los partidos separatistas catalanes para mantenerse en la Moncloa aunque ello implique aceptar la anticonstitucional amnistía y la condonación de la gigantesca deuda catalana, que deberían pagar el resto de los españolas, así como la entrega de la mayor parte de los fondos europeos. Por ello su verdadero nombre es el de procesismo, apoyo y rendición incondicional ante los líderes del procés.

La excusa es reducir la importancia del separatismo con una política a lo Chamberlain. Pero como ocurrió en aquel caso,- los separatistas también creen en la superioridad de su raza- lejos de pacificarse, han aumentado sus pretensiones. Como se ha visto con Puigdemont que aseguró no apoyar a Sánchez hasta que éste orinase sangre. En efecto, éste se ha mostrado dispuesto a derramar sangre, pero no lo suya, !quizás no tiene! sino la de España.

Por lo que se refiere a su presunción de ser un bloque de izquierdas, hay que decir que nada tiene que ver con la izquierda socialdemócrata del verdadero PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch, y un larguísimo etcétera, caracterizada por la defensa de la igualdad y de la equidad social de acuerdo con el espíritu de Robin Hood, considerando urgente gravar a los ricos para apoyar a los pobres. El sanchismo nada tiene de este izquierdismo ya que roba a las regiones mas pobres de España para darle el dinero a las ricas, como Cataluña y el País Vasco. Por eso el PP acusa al sanchismo con razón de alta traición al PSOE autentico.

La izquierda del sanchismo es izquierda populista preocupada por destruir a las empresas ( han quebrado una media de 20.000 por año desde que están en el poder) empezando por las pequeñas y medianas y con los autónomos, debido a unos impuestos desorbitados destinados a comprar el voto con subvenciones, y repartiendo el dinero sin más criterio que el electoral, por ejemplo repartiéndolo entre los jóvenes, en vez de conseguir empleo estable, jugando con burlas desde su denominación como los “fijos discontinuos”. El sanchismo es populismo casi fascista por el obsceno culto a la personalidad del jefe.

El sanchismo es también izquierda antifreudiana en la línea del postestructuralismo de Deleuze y Guattari, que elevan los deseos irracionales a origen de derechos, frente a Freud que consideraba necesario que el deseo se sometiese a la razón como el principio de placer al principio de realidad, para no caer esclavos del principio de muerte del impulso thanático.

Quizás con todo, el lado mas peligroso del sanchismo radica en querer abolir la independencia del poder judicial. Ya ha empezado con poner el Tribunal Constitucional y el Tribunal de cuentas a su servicio, al servicio de la dominación cesarista. Pero continuará haciéndolo con el control de CGPJ, sin aceptar la recomendación europea de que sean los jueces los que elijan a los jueces, concediendo la amnistía a todos los condenados del procés, dándole Navarra al País vasco, etc.

Si el pueblo español no abducido por el sanchismo no cobra conciencia de la extrema gravedad de la situación, nos espera una dictadura que acabará con las libertades y que nos empobrecerá en todos los ámbitos, del económico al del pensamiento.

No cabe estar dormidos ni indiferentes, creyendo que todos los políticos son iguales.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos. 

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley. 

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial. 

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley. 

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción. 

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central. 

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.