psoe - La España Que Reúne

El fin de la música empieza cuando suena la caja

El PSOE no necesita elecciones: necesita recuperar el alma. España necesita una izquierda que se mueva al son de otra música.

FUENTE: EFE

No se trata de proteger alcaldes ni de escudar presidentes autonómicos del naufragio electoral que provocaría seguir remolcando el cadáver político de Pedro Sánchez. Se trata, sencillamente, de que este país no puede resistir por más tiempo la música de la mediocridad autoritaria, la corrosión institucional y la ingeniería moral que ha convertido al Gobierno en una maquinaria sectaria e implacable de poder sin escrúpulos.

La última hemorragia ética no proviene de la oposición ni de ningún laboratorio oscuro de “lawfare”: viene del interior del propio aparato socialista. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado de forma contundente a Santos Cerdán —secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez— como uno de los vértices de una red de manipulación de las primarias que auparon al actual presidente al liderazgo del partido en 2014.

Pero eso era solo el comienzo. Lo que ha venido después —y que ahora ya no puede ocultarse ni con propaganda ni con comunicados monocordes— es una sucesión de indicios de corrupción, tráfico de influencias, y amaños en adjudicaciones públicas que retratan a un partido enfermo de poder y de servilismo.

La investigación de la UCO recoge que Cerdán gestionó personalmente el voto doble de un allegado durante las primarias que auparon a Sánchez. No fue un error. Fue una orden textual: “mete las dos papeletas sin que te vea nadie”. ¿Resultado? Un liderazgo nacido de la trampa. Y una dirección que ha construido desde entonces un castillo de lealtades ciegas, de chantajes suaves y de obediencias sin alma. El mismo Cerdán que hoy está imputado por coordinar mordidas de más de 600.000 euros a cambio de contratos públicos, con la ayuda de Koldo García y otras figuras del entorno más estrecho del Gobierno.

Con la música a otra parte

No se trata, por tanto, de adelantar elecciones. Eso sería poner el carro delante de la descomposición. Se trata de que el PSOE tenga el coraje histórico de levantarse ante Sánchez y decirle: “tú no nos representas”. Porque no es el PSOE el que está en el Gobierno: es Sánchez, con su grupo de fieles, que ha usado las siglas centenarias del partido como escudo de impunidad y coartada sentimental. El socialismo español no está llamado a convocar elecciones: está llamado a recuperar su dignidad.

A los socialistas no se les pide que rompan el Gobierno: se les pide que rompan con Sánchez. Que no sigan bailando el rigodón cortesano mientras se pudren las instituciones, mientras la Fiscalía se convierte en trinchera política, mientras el Constitucional deviene en cocina jurídica de conveniencia. Porque hay algo peor que perder el poder: es perder el alma.

España necesita que la izquierda institucional vuelva a casa. Que regrese al pacto, a la Constitución, al respeto por la ley, a la alternancia como principio de higiene democrática. Que abrace de nuevo el reformismo y la sensatez. Y eso, con Pedro Sánchez, es imposible. Lo es porque su proyecto no es político: es personal. Lo es porque su lógica no es democrática: es absolutista. Lo es porque su permanencia no se basa en ideas: se basa en controlarlo todo, hasta el último resorte.

La izquierda democrática no puede ser cómplice. El PSOE no puede seguir rehén. España no puede continuar bajo esta farsa de Estado. La caída de Sánchez no es una urgencia electoral: es una exigencia moral.

Ha llegado la hora de cambiar la música. Porque este baile, si continúa, solo puede terminar en ruina.

Ataque y defensa desde las cloacas del Estado

De la UCO a la UDEF, pasando por filtraciones y montajes: el uso partidista de las instituciones del Estado como arma política es una práctica transversal que degrada la democracia y envenena la confianza ciudadana.

FUENTE: EFE

La democracia, cuando se pervierte, no muere con un golpe seco. Se pudre desde dentro. Y el hedor de su descomposición no proviene solo de la corrupción económica, sino de algo más insidioso: la utilización bastarda de las instituciones del Estado como navajas oxidadas contra el adversario político.

El último capítulo de esta novela negra lo protagoniza Leire Díez, asesora del PSOE, envuelta en una maraña de reuniones con empresarios y abogados para, presuntamente, buscar información que desacreditara a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y a fiscales incómodos. ¿El objetivo? Blindar judicialmente a compañeros de partido —según se desprende de grabaciones filtradas— o, tal vez, simplemente mover fichas en una partida de poder donde las normas solo aplican a los peones. El Partido Popular ha sido rápido en denunciar el escándalo ante la Fiscalía Anticorrupción. Curioso, viniendo del partido que elevó el uso de las cloacas a categoría ministerial.

No hay inocentes en esta historia. Solo hipócritas.

¿Al servicio del Estado?

Porque ya en su día fue el PP quien articuló lo que se conoció como la «Operación Cataluña», un proyecto de ingeniería política sustentado en informes apócrifos, policías patrióticos y filtraciones a medida. Desde las entrañas del Ministerio del Interior se fabricaban bulos, se retorcían investigaciones y se intoxicaba a los medios con munición envenenada. La democracia, mientras tanto, iba perdiendo sus costuras.

Ahora es el PSOE el que coquetea con prácticas similares, como si los resortes del poder vinieran con un manual secreto que instruyera en el uso ilegítimo de herramientas legítimas. Porque eso es lo que estamos viendo: una sistemática contaminación de las instituciones —policía judicial, fiscalía, jueces, prensa— al servicio no del Estado, sino del partido que lo ocupa.

No se trata ya de que los partidos se tiren los trastos a la cabeza: eso es el pan de cada día en cualquier democracia con algo de pulso. El problema aparece cuando en vez de argumentos se lanzan sumarios filtrados, cuando en lugar de debates se promueven querellas, y cuando las siglas UCO, UDEF o Fiscalía se convierten en armas arrojadizas y no en instrumentos de justicia.

Esta perversión del sistema no es una anécdota ni una travesura. Es una grieta en los cimientos. Porque cuando el ciudadano deja de confiar en que la justicia es imparcial, cuando sospecha que los cuerpos de seguridad sirven más al ministro de turno que a la ley, cuando los medios dejan de fiscalizar al poder para convertirse en sus voceros… entonces estamos ante una democracia de cartón piedra, mantenida en pie por puro decorado.

La cloaca institucional, esa red paralela donde se cuecen vendettas, chantajes y favores, no es solo una metáfora oscura: es un modus operandi. Y como toda red clientelar, necesita de silencio, complicidad y poder para sobrevivir.

Es urgente desmantelar ese sótano húmedo donde se cultiva la podredumbre. Y eso exige una reforma profunda de los mecanismos de control institucional, una regeneración real y no cosmética. Exige que los partidos renuncien al atajo, a la trampa, al montaje. Que dejen de convertir los servicios del Estado en extensiones de su comité electoral.

¿O acaso la democracia solo sirve mientras no estorbe?

Si no se pone freno, un día despertaremos y descubrirán que el Estado ya no es de Derecho, sino de derecho a hundir al otro. Que la ley ya no protege, sino que persigue a discreción. Que la política, lejos de ser la noble gestión del bien común, se ha transformado en una guerra sucia librada en los sótanos del sistema.

Y entonces sí que será demasiado tarde para limpiar.

La necesidad de verse respaldado

En política, la batalla por el relato es, muchas veces, más importante que la batalla por las leyes. La gestión puede ser desastrosa, la economía tambaleante, las instituciones erosionadas, pero si se controla la narrativa, si se decide qué se dice y, sobre todo, qué no se dice, el poder se sostiene con una solidez asombrosa

FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA

Pedro Sánchez lo sabe mejor que nadie, su supervivencia política no se basa en la estabilidad institucional ni en la eficacia de su gobierno, sino en la administración cuidadosa de su imagen, en la construcción meticulosa de un discurso que lo presente, siempre, como el único garante posible de la gobernabilidad. Y para esa tarea, tener un canal de televisión a su servicio no es una opción; es una necesidad existencial.

Durante años, Sánchez ha contado con altavoces mediáticos que han amplificado su mensaje y han atenuado sus fracasos. Pero en política, las lealtades duran lo que dura el interés mutuo, y cuando las grietas comienzan a aparecer, la urgencia por construir un nuevo refugio se vuelve imperiosa. Si un grupo mediático cierra la puerta, otro la abrirá, porque el poder siempre encuentra financiación y el relato siempre encuentra quien lo narre.

El proyecto de televisión para Sánchez no es una simple apuesta por la comunicación, es una estrategia de supervivencia. En un momento en el que la fragmentación mediática amenaza con hacerle perder el control del discurso, necesita un nuevo pilar que sostenga su relato, que module el debate público a su favor, que le garantice una cobertura favorable cuando más la necesite. La ecuación es sencilla: sin relato, no hay poder. Sin poder mediático, no hay relato.

No importa dónde se haga la operación, ni quién ponga el dinero. Puede ser una gran corporación de telecomunicaciones con intereses en la estabilidad gubernamental, puede ser una cadena privada dispuesta a negociar su fidelidad a cambio de favores, o puede ser, incluso, el propio aparato del Estado, convertido en maquinaria de propaganda a través de la televisión pública. El canal es el medio, pero el fin es siempre el mismo: garantizar que la historia que llega a los ciudadanos sea la que conviene al inquilino de la Moncloa.

El modelo es conocido: se rodea la redacción de periodistas dóciles, se fijan las líneas rojas de lo que puede y no puede decirse, se ofrece una programación donde la crítica al poder se diluye en debates encorsetados, donde las preguntas incómodas desaparecen y donde las crisis se convierten en anécdotas. La televisión deja de ser un espacio de información y se transforma en un mecanismo de consolidación del poder. No se trata solo de difundir la propaganda oficial, sino de crear una realidad alternativa en la que los fracasos son matizados, las amenazas externas magnificadas y el líder presentado como el único capaz de sostener el sistema.

El problema no es solo la existencia de un canal afín, sino el impacto que tiene en el ecosistema mediático en su conjunto. Porque cuando el poder apuesta de manera descarada por una estrategia de control informativo, el resto de medios se ven empujados a una disyuntiva: alinearse o ser desplazados. Las empresas periodísticas, dependientes de licencias, subvenciones y favores, entienden rápidamente el mensaje. No hace falta censura cuando el miedo al aislamiento hace el trabajo.

España se enfrenta a un dilema grave. La democracia necesita medios independientes, pero la estructura del poder está diseñada para que los medios dependan de él. La prensa libre se sostiene en la pluralidad, pero cuando el Gobierno busca construir su propio aparato mediático, la pluralidad se convierte en un obstáculo a eliminar.

El hecho de que el presidente de un país busque, de manera tan evidente, asegurarse una plataforma televisiva propia es un síntoma de la degradación institucional que vivimos. Es la prueba de que el poder ya no se ejerce desde la gestión pública, sino desde la manipulación del discurso. No se gobierna resolviendo problemas, se gobierna controlando la percepción de los problemas. Y para eso, la televisión es el arma definitiva.

En los próximos meses, veremos cómo avanza esta operación. No sabemos todavía qué grupo mediático se prestará a la tarea, pero sabemos que lo hará. Porque el poder siempre encuentra quien lo sirva, y porque Sánchez ha demostrado que es capaz de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el cargo. La pregunta ya no es si tendrá su canal, sino quién estará dispuesto a entregárselo.

Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un Gobierno, sino la calidad de nuestra democracia. Cuando el poder necesita su propia televisión para sostenerse, es porque ha dejado de confiar en el juicio libre de los ciudadanos. Y cuando un país llega a ese punto, el problema ya no es quién gobierna, sino cómo nos han acostumbrado a aceptarlo sin cuestionarlo.

Un Gobierno que está, pero no gobierna

El Congreso de los Diputados, antaño foro de encendidas deliberaciones, se ha convertido en un mausoleo de proyectos legislativos olvidados. Los pasillos, otrora bulliciosos con el ir y venir de diputados entregados a la ardua tarea de legislar, hoy resuenan con el eco del vacío institucional.

FUENTE: EFE

El Gobierno de turno, en una de las exhibiciones más grotescas de inacción que ha conocido la democracia reciente, se encuentra allí, pero no gobierna. Más que un Ejecutivo, parece un fantasma que deambula por el Palacio de las Cortes sin más voluntad que la de mantenerse en pie, sin más propósito que el de prolongar su existencia sin destino.

La legislatura actual es el reflejo más nítido de la decadencia política. Un Gobierno que se aferra al poder como náufrago a su madero, pero que es incapaz de dirigir la nave del Estado. Las leyes se apilan en los cajones de la Mesa del Congreso, esperando una oportunidad que nunca llega, víctimas de la estrategia de quienes han convertido la política en una partida de ajedrez sin reglas, donde el objetivo no es avanzar, sino impedir que el adversario lo haga.

El Parlamento no legisla. La excusa oficial es la fragmentación política, la dificultad para llegar a acuerdos, el obstáculo insalvable de una oposición que no coopera. Pero la verdad es otra: lo que hoy nos gobierna no es más que una administración de la parálisis, una burocracia de la inercia, un gabinete que se conforma con gestionar los silencios y los aplazamientos, mientras el país se hunde en la incertidumbre.

No hay reformas, no hay iniciativas, no hay impulso. Solo hay tacticismo de salón y un miedo enfermizo a tomar decisiones que puedan comprometer el frágil equilibrio de alianzas que sostiene este simulacro de poder.

Las cifras no mienten: decenas de leyes atrapadas en un limbo procesal, prórrogas indefinidas para la presentación de enmiendas, ampliaciones de plazos que no responden a la necesidad de mejorar los textos normativos, sino al deseo de que la política siga siendo un teatro de sombras donde nada se concreta, donde nada avanza.

La Ley de Familias, la regulación de los servicios de atención a la clientela, reformas urgentes en sectores estratégicos… todas ellas duermen el sueño de los justos en una cámara que debería ser el corazón palpitante de la democracia, pero que hoy es su fosa común.

La legislatura se ha convertido en un largo y tedioso invierno donde el tiempo no transcurre, donde la acción gubernamental es un concepto vacío, una promesa no solo incumplida, sino deliberadamente abandonada. Y mientras el Congreso se paraliza, el Ejecutivo se envuelve en discursos grandilocuentes sobre su propio compromiso con la gobernabilidad, como si la repetición de la mentira pudiera hacerla verdad. No hay gobernabilidad sin acción, no hay estabilidad sin decisiones, no hay democracia sin leyes que la articulen.

El Gobierno, sin embargo, ha optado por la inacción estratégica, por el inmovilismo calculado, por la pasividad como doctrina de supervivencia. No gobierna porque teme gobernar. No legisla porque cualquier movimiento real podría hacer tambalearse su precaria aritmética parlamentaria. No impulsa el cambio porque cualquier cambio lo enfrenta a sus propias contradicciones. Ha preferido ser un espectador de su propia debilidad antes que un actor en el drama de la historia.

El Congreso es ahora una metáfora del país: un lugar donde todo parece estar en marcha, pero donde nada se mueve realmente. Un hemiciclo repleto de discursos huecos, de gestos vacíos, de debates sin consecuencias. Un espacio donde la política ha dejado de ser el arte de transformar la realidad para convertirse en el oficio de mantener el statu quo a cualquier precio.

La oposición grita, denuncia, intenta abrir brechas en el muro de la inercia, pero el Gobierno ha perfeccionado el arte de la sordera institucional. No responde, no reacciona, no corrige. Solo espera. Espera a que el calendario haga su trabajo, a que los días pasen y la legislatura se consuma en su propia irrelevancia. Espera, como si la política fuera un asunto de paciencia y no de responsabilidad.

Lo más indignante no es la parálisis en sí, sino la aceptación resignada de la misma. El Ejecutivo no solo ha renunciado a gobernar, sino que ha conseguido que la ciudadanía se acostumbre a esta apatía institucional, que se normalice la idea de un Congreso atascado, de un país donde las decisiones se postergan indefinidamente, de un Gobierno que está, pero que no gobierna.

España no puede permitirse este letargo. No puede resignarse a un Parlamento que se ha convertido en un museo de leyes embalsamadas. No puede tolerar un Gobierno que ha hecho del no hacer nada su única estrategia. La democracia exige acción, liderazgo, valentía. Exige gobernantes que gobiernen, legisladores que legislen, ciudadanos que no acepten la parálisis como norma.

El tiempo de la espera ha terminado. O el Gobierno asume su deber de gobernar, o que ceda el paso a quien tenga la voluntad y la determinación de hacerlo.

Evitemos el «no es no» en la política española

¡Qué cosas más extrañas suceden en Alemania! Nadie discute que el primer partido tome la iniciativa para formar gobierno. Parece claro que el centro-derecha, ganador de las elecciones, tendrá el apoyo de los socialistas alemanes. Volverán a formar una coalición política amplia, integrando también a los Verdes. Ninguno de los dos ha tenido la tentación de irse con partidos extremistas o enrocarse en el «no es no».

FUENTE: EFE

Parece que Alemania está por encima de los partidos y, desde luego, lo está por encima de las ambiciones personales de sus líderes. Son raros y extraños. No tienen coaliciones inexplicables y parecería imposible que el gobierno se apoyara en delincuentes sin juzgar o políticos que hubieran asaltado el poder.

Probablemente, los alemanes se pongan de acuerdo respecto a Ucrania y Rusia. En España, esa posibilidad no existe. El presidente del Gobierno, rodeado de «pacifistas» que apoyan a Rusia, de antiatlantistas que antes veían en Zelensky una marioneta de EEUU y ahora un obstáculo para la paz, no llamará al líder de la oposición.

Pero no lo hará. Seguiremos asistiendo a una política infantil, irreflexiva e irresponsable.

La diferencia entre Alemania y España no es solo política, sino cultural. En Alemania, los partidos entienden que el poder es un medio para servir al país, mientras que en España es un botín que se reparte sin el más mínimo rubor. Allí, los líderes comprenden que ceder en pos del bien común es una muestra de fortaleza, mientras que aquí, cualquier concesión es vista como una traición. No hay sentido de responsabilidad, solo cálculos electorales y estrategias para mantenerse en el poder.

La seriedad con la que Alemania aborda sus grandes desafíos económicos y estratégicos contrasta con la improvisación y el cortoplacismo español. Berlín entiende que el futuro de Europa está en juego y que las decisiones requieren consenso y planificación. Mientras tanto, en España, seguimos atrapados en debates estériles, en una política de trinchera donde la única prioridad es aniquilar al adversario. No es solo que Alemania nos saque ventaja; es que ni siquiera estamos compitiendo en la misma liga.

La infamia de dar voz a un terrorista

En un acto que desafía toda lógica y decencia, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de una afrenta sin precedentes: la comparecencia de Mohamed Houli Chemlal, terrorista condenado por los atroces atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.

FUENTE: EFE

Este individuo, responsable de la muerte de 16 personas inocentes, ha sido invitado a declarar en una comisión de investigación, no por un imperativo de justicia o esclarecimiento, sino como resultado de las maniobras políticas del partido que ‘manda’ en la política española, Junts per Catalunya, empeñados en alimentar teorías conspirativas infundadas que solo buscan sembrar la desconfianza y el caos.

La presencia del terrorista en el Parlamento es una burla a las víctimas y a la sociedad española en su conjunto. Este individuo, que cumple una condena de 43 años de prisión por su participación en la masacre, ha sido utilizado como peón en el juego político de aquellos que, carentes de argumentos sólidos, recurren a la estrategia más vil: dar credibilidad a las palabras de un terrorista para respaldar sus propias agendas.

Durante su comparecencia, Chemlal afirmó sin aportar prueba alguna que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba al tanto de las intenciones del imán de Ripoll y permitió que este «nos comiera la cabeza». Estas declaraciones, carentes de fundamento y provenientes de alguien cuya credibilidad es, cuanto menos, cuestionable, han sido acogidas con entusiasmo por los independentistas de Junts. Carles Puigdemont y su séquito no han dudado en amplificar estas acusaciones, utilizando las palabras de un condenado por terrorismo para reforzar sus delirantes teorías de conspiración.

Es alarmante y profundamente irresponsable que representantes políticos otorguen plataforma y credibilidad a un individuo que ha demostrado su desprecio por la vida humana y los valores democráticos. Al hacerlo, no solo mancillan la memoria de las víctimas, sino que también ponen en entredicho la integridad de las instituciones del Estado. Esta actitud revela una desconexión total con la realidad y una desesperación por mantenerse relevantes, incluso a costa de la verdad y la decencia.

La reacción de otros grupos parlamentarios no se ha hecho esperar. El Partido Popular, en un gesto de dignidad y respeto hacia las víctimas, abandonó la sala en señal de protesta, negándose a participar en lo que calificaron como un «espectáculo» indigno. Esta respuesta contrasta con la actitud de Junts, quienes parecen dispuestos a cualquier cosa con tal de alimentar sus narrativas, incluso si ello implica dar voz a un terrorista confeso.

Es imperativo que, en momentos como este, las instituciones democráticas mantengan su firmeza y no se dejen arrastrar por maniobras políticas que solo buscan desestabilizar y dividir. Dar cabida a las declaraciones de un terrorista en el seno del Parlamento es una afrenta a la justicia, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Las teorías conspirativas, especialmente cuando se basan en testimonios tan dudosos, no tienen lugar en un debate político serio y responsable.

La ciudadanía merece representantes que actúen con integridad, que honren la memoria de las víctimas y que trabajen por el bien común, no aquellos que, en su afán de protagonismo, están dispuestos a ensuciar las instituciones y dar voz a quienes han intentado destruir nuestra convivencia.

Golpe directo al corazón de la democracia

Cuando un gobierno que debería proteger los principios democráticos actúa como el mayor enemigo de la justicia, no estamos frente a una simple reforma legislativa; estamos siendo testigos de un ataque frontal al Estado de derecho. Las maniobras del PSOE para restringir la acción popular y consolidar su control sobre el poder judicial son un golpe bajo, calculado y premeditado para dinamitar los cimientos de nuestra democracia.

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Esta propuesta legislativa, disfrazada de una falsa modernización del sistema judicial, es en realidad un arma de defensa masiva del Ejecutivo. Limitar la acción popular significa eliminar una de las herramientas más poderosas que tienen los ciudadanos para combatir la corrupción y los abusos del poder. Este movimiento busca amordazar a las voces críticas y blindar a los responsables políticos, incluido el entorno de Pedro Sánchez, actualmente bajo la lupa de investigaciones judiciales.

Es inadmisible que un gobierno se atreva a despojar a la sociedad de su capacidad para exigir responsabilidades. Más grave aún es que esto ocurra cuando las instituciones están ya profundamente erosionadas por la constante intromisión política. La historia nos enseña que cuando un poder ejecutivo decide amordazar al judicial, no es para el beneficio del pueblo, sino para perpetuar sus propias corruptelas.

El PSOE no solo está destruyendo los contrapesos institucionales; está importando las tácticas de regímenes autoritarios. Eliminar a jueces considerados críticos, prohibir el uso de recortes de prensa como base para investigaciones y restringir las querellas populares son medidas más propias de sistemas autocráticos que de una democracia consolidada.

¿Quién protege a los ciudadanos si se elimina su capacidad de participar activamente en la supervisión del poder? ¿A quién acuden los españoles cuando el Gobierno controla los tribunales y los cierra a la acción pública? Estas preguntas no son retóricas; son gritos de alarma que deberían resonar en cada rincón de nuestro país.

Un Gobierno acorralado y peligroso

La gravedad de esta reforma se amplifica por el contexto en el que se produce: un Gobierno acorralado por investigaciones que tocan a sus círculos más próximos. Pedro Sánchez y su partido buscan desesperadamente tapar los agujeros de un barco que hace aguas por todos lados, y en su desesperación no dudan en sacrificar los principios democráticos que juraron defender.

Este es el momento de la verdad para España. Si permitimos que este atropello prospere, abrimos la puerta a una espiral de autoritarismo sin retorno. Las democracias no se destruyen de la noche a la mañana; caen por la suma de pequeñas traiciones como esta, que pasan desapercibidas o se normalizan bajo la excusa de la gobernabilidad.

Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a los partidos de la oposición: este es el momento de actuar. No basta con la crítica tibia o las palabras bonitas; se necesita una movilización masiva para frenar este atropello. Cada ciudadano tiene el deber moral de defender los valores democráticos que tanto nos ha costado conquistar.

El PSOE está jugando con fuego, y el precio de sus acciones lo pagaremos todos. No se trata solo de esta reforma; es la acumulación de ataques a la libertad y a la justicia lo que convierte a este Gobierno en una amenaza directa para España. Si no resistimos ahora, mañana será demasiado tarde.

La Constitución es la única celebración posible

Es bien sabido por todos que celebrar en este 2025 «Cincuenta años en libertad» con cien o más actos, es sólo el subterfugio para celebrar la muerte de Franco y también la penúltima de las mentiras de quien los promueve, el presidente de gobierno Pedro Sánchez.

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Ni la libertad empezó en España hace cincuenta años ni desenterrar el espectro de Franco logrará dividir a los españoles en dos bandos, como es su propósito. Con este su «a moro muerto gran lanzada» no hace Pedro Sánchez sino recordar una desdichada realidad: el prolongado fracaso de la oposición para acabar con un dictador decrépito y sanguinario que murió en la cama y la soledad y sacrificio de los pocos y heroicos luchadores que lo combatieron.

Llegó al Gobierno enfrentando a todos con todos y hoy como entonces camina apoyado en el báculo de la mentira» Con la Guerra Civil perdida para la República, su presidente Manuel Azaña pronunció su célebre «Paz, piedad, perdón». Dirigió esas palabras a todos los españoles, sin distinción de bandos. Sabía que ese era el único camino de la reconciliación tras una guerra que había abierto heridas muy hondas en todas las familias españolas, en un país partido por la mitad.

Casi noventa años después el presidente de Gobierno Pedro Sánchez ha decidido hacerlas suyas, en un tono guerracivilista ya olvidado: «Ni paz ni piedad ni perdón; perdón solo para los nuestros, piedad únicamente para los míos y paz para nadie». Sus siete años de Gobierno han sido los de la corrupción política e institucional más grave de nuestra democracia. A ella ha sumado ahora la mistificación histórica y su miserable recurrencia a la Guerra Civil y a la «memoria histórica», consistente en olvidar lo que no le aprovecha y recordar lo que le conviene. A un tiempo muro y cortina de humo. Un muro entre españoles y la cortina con que trata de ocultar toda su miseria personal, política y moral, y la de su entorno, y cuantos procesos judiciales lo acorralan por corrupción.

La inmensa mayoría de los españoles decidió dejar atrás definitivamente una guerra y una dictadura en la que no pocas de sus víctimas habían sido victimarios, en la que el dolor de unos no se podría comprender ni perdonar sin perdonar y comprender el de los otros. Quienes habían perdido la guerra renunciaron a la venganza y quienes la habían ganado, al poder que disfrutaban.

Sin memoria no hay justicia y sin olvido no hay paz. Reparar solo a unas víctimas es despertar en las otras los agravios, y olvidarse de estas, la mayor de las injusticias. Las víctimas son de todos, la memoria es personal e intransferible y la verdad es una tarea común. Hacemos desde aquí un llamamiento a todas y todos los demócratas, y en especial a las fuerzas políticas, a boicotear cuantos aquelarres se promuevan en torno a Franco por aquellos que dicen celebrar la libertad echando mano de la discordia, su mayor amenaza, y la reconciliación, promoviendo el encono civil. Los españoles ya estamos reconciliados. Lo hizo una abrumadora mayoría, y dio a ese pacto el nombre de Constitución de 1978. La única fecha de celebración posible y deseable.

Firman: Nicolás Redondo, Andrés Trapiello, Fernando Savater, Juan Luis Cebrián, Albert Boadella, Federico Jiménez Losantos, Félix de Azúa, Cayetana Álvarez de Toledo, Arcadi Espada, Teresa Freixes, Ignacio Varela, Teo Uriarte, Rosa Belmonte, Rafael Latorre, Félix Ovejero, Juan Abreu, Esperanza Aguirre, Iñaki Arteta, Enrique Baca, Jorge Bustos, Dolors Caminal, Jordi Canal, Ricardo Cayuela, Alejandro Cercas, Ramiro Cibrián, José Luis Corcuera, Pedro Corral, Mario Crespo, Rosa Cullell, Luis Alberto de Cuenca, Pablo de Lora, Álvaro Delgado-Gal, Guillermo Díaz, Rosa Díez, Antonio Elorza, Iñaki Ezkerra, Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Juan Fernández-Miranda, Mercedes Fuertes, Enrique Gimbernat, Juan Antonio Gómez-Angulo, José Ángel González Sainz, Alberto González Troyano, Santiago González, Felipe Hernández Cava, Andrés Herzog, Andreu Jaume, Jon Juaristi, Juan José Laborda, Carmen Ladrón de Guevara, Emilia Landaluce, Joaquín Leguina, Teodoro León Gross, Francisco Llera, Pilar Marcos, Carlos Mármol, Alfonso Meléndez, Mira Milosevich, Carlos Miranda, José Antonio Montano, Miriam Moreno Aguirre, José María Múgica, Clara Eugenia Núñez, Alberto Olmos, Pelayo Ortega, Maite Pagazaurtundúa, Ana Palacio, José Luis Pardo, Xavier Pericay, Tomás Pollán, Verónica Puertollano, Maite Rico, Javier Rioyo, Marta Rivera de la Cruz, Carlos Rodríguez Braun, Fernando Rodríguez Lafuente, Ramón Rodríguez, Octavio Ruiz-Manjón, Karina Sainz Borgo, Yaiza Santos, Paco Sosa Wagner, Miriam Tey, Gabriel Tortella, Manuel Toscano, Julio Valdeón, Paco Vázquez, e Iñaki Viar.

Crónica de un año en falso

El año 2024 concluye bajo el peso de un Gobierno que ha hecho del espejismo su estrategia más audaz. Pedro Sánchez, siempre dispuesto a vestirse con los laureles del éxito, ha presentado un balance anual que bien podría figurar en un manual de ficciones políticas.

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En su narrativa, España no se rompe, sino que rompe récords; sin embargo, la realidad que asoma entre las grietas de su discurso dista mucho de ser motivo de celebración.

Comencemos por el plano económico, que el Ejecutivo ha presentado como su joya de la corona. Si bien es cierto que los indicadores macroeconómicos han mostrado cierta resiliencia, la celebración de un crecimiento del PIB o la disminución del desempleo resulta superficial cuando ignoramos la precariedad estructural que subyace.

El mercado laboral español sigue atrapado en un esquema de temporalidad y salarios bajos que perpetúa la desigualdad y mina el poder adquisitivo de las familias. La ‘modernización’ del tejido productivo, ensalzada por el presidente, parece más un lema vacío que una transformación real. Las inversiones provenientes de los fondos europeos Next Generation han quedado atrapadas en un laberinto burocrático que retrasa su impacto tangible.

La subida de las pensiones, uno de los principales anuncios del Gobierno, esconde también una paradoja amarga. Aunque resulta imperativo garantizar el poder adquisitivo de nuestros mayores, el sistema de la Seguridad Social sigue siendo insostenible. En lugar de abordar reformas estructurales que equilibren las cargas demográficas y financieras, el Ejecutivo opta por pan para hoy y hambre para mañana, posponiendo decisiones que otros Gobiernos deberán asumir con un coste político mucho mayor.

En el terreno de las políticas sociales, la autocomplacencia también reina. Se habla de ‘récords’ en sanidad y educación, pero los usuarios de ambos sistemas cuentan otra historia. Las listas de espera en los hospitales siguen siendo interminables, las urgencias colapsan, y la atención primaria languidece por falta de recursos. En educación, la situación no es mejor: la inversión anunciada no se traduce en mejoras significativas en las aulas, y las desigualdades educativas persisten entre comunidades autónomas.

El discurso sobre el cambio climático también merece un análisis minucioso. Si bien España ha avanzado en energías renovables, este logro se produce más a pesar del Gobierno que gracias a él. Las medidas adoptadas han sido tardías, y la planificación a largo plazo sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, sectores clave como la agricultura y el turismo enfrentan los embates del cambio climático con escaso apoyo institucional, lo que amenaza el sustento de millones de ciudadanos.

El impacto devastador de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad de la planificación del país frente a eventos climáticos extremos. Inundaciones masivas arrasaron comunidades enteras, causando millones en daños materiales y pérdidas humanas irrecuperables. El Gobierno reaccionó con promesas de ayudas económicas y planes de reconstrucción, pero la lentitud en la ejecución de estas medidas ha generado un profundo malestar en las zonas afectadas. A pesar de su retórica climática, Sánchez ha fallado en liderar una estrategia nacional que refuerce la resiliencia frente a estos fenómenos, mientras los efectos del cambio climático se intensifican con cada temporada.

El desequilibrio hídrico, marcado por una sequía persistente y eventos extremos, ha golpeado especialmente al sector agrícola. Los agricultores, atrapados entre las adversidades climáticas y la falta de apoyo estatal, enfrentan uno de los años más duros de la última década. El agua, bien escaso y cada vez más politizado, sigue siendo objeto de disputas territoriales sin que el Ejecutivo haya sido capaz de implementar una política hídrica sostenible y equitativa.

Quizás el aspecto más preocupante sea el deterioro del clima político. Sánchez se queja del “tornado de crispación”, pero él mismo ha contribuido a avivar los vientos. Su Gobierno ha instrumentalizado el diálogo con los partidos independentistas para mantenerse en el poder, alimentando un sentimiento de agravio en amplios sectores de la población. La Ley de Amnistía, presentada como un gesto de reconciliación, ha dividido más que unido, y su implementación se percibe como un pago político más que como un paso hacia la cohesión nacional.

En este contexto, las relaciones con las comunidades autónomas se presentan como un éxito, pero la realidad es que la llamada ‘cogobernanza’ ha sido un baile de cifras más que una colaboración efectiva. Las transferencias aumentan, pero la descentralización del gasto no siempre se traduce en mejoras para los ciudadanos. Las desigualdades territoriales persisten, y la sensación de abandono en algunas regiones se agrava.

Lo más grave de este panorama es la falta de una visión de futuro. Este Gobierno se ha dedicado a apagar incendios, reales o imaginarios, en lugar de construir una agenda de Estado. Las políticas se implementan con vistas al corto plazo y con la obsesiva prioridad de preservar la coalición de Gobierno. El resultado es un país que avanza a trompicones, sin una dirección clara y con una ciudadanía cada vez más desencantada.

La retórica triunfalista de Sánchez contrasta de manera dolorosa con la experiencia cotidiana de los ciudadanos. La inflación, aunque contenida en comparación con otros países, sigue erosionando los presupuestos familiares. Las promesas de equidad y modernización suenan huecas cuando se enfrentan a la realidad de la precariedad y la incertidumbre. En lugar de aprovechar el potencial de España para liderar en innovación y desarrollo, el Gobierno parece conformarse con maquillar cifras y presentar informes brillantes que poco tienen que ver con la vida real.

La dignidad o la claudicación

Puigdemont, desde su posición de fuerza y después de justificar sus exigencias con una argumentación tan breve como suficiente para él, ha decidido poner al presidente del Gobierno contra las cuerdas.

FUENTE: EFE

Ha reclamado, nada menos, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Este nuevo desafío no solo resulta insólito en el marco de una democracia consolidada, sino que exponen la fragilidad de una legislatura nacida bajo el peso de concesiones que hoy pasan factura.

Este ultimátum no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema más profundo. Podríamos detenernos en las múltiples razones que nos han llevado a esta situación. Por un lado, está la debilidad estructural del Ejecutivo, que desde el principio se ha sostenido sobre un pacto que muchos consideran antinatural: una alianza con fuerzas políticas que no ocultan su voluntad de erosionar la unidad territorial y las instituciones del Estado. Por otro lado, está el clima de polarización e incertidumbre generado por decisiones como la Ley de Amnistía. Esta medida, diseñada para satisfacer a aquellos que desde el extranjero dictan condiciones, ha dividido al país y daña la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia.

El pacto sobre la financiación autonómica es otro ejemplo de esta dinámica de concesiones. Aunque presentada como una solución, es un acuerdo que carece de claridad y equidad. Su opacidad genera incertidumbre no solo en los ciudadanos de Cataluña, sino también en el resto de las comunidades autónomas, que ven cómo el modelo de financiación se convierte en moneda de cambio política en lugar de ser una herramienta para garantizar la cohesión territorial.

En paralelo, la relación del Gobierno con el Poder Judicial se encuentra en un punto crítico. Las tensiones con los tribunales no solo dañan la imagen del Ejecutivo, sino que erosionan la credibilidad del sistema democrático en su conjunto. El enfrentamiento abierto con los jueces y la falta de respeto hacia sus decisiones son síntomas de un deterioro institucional que no puede ignorarse. Este conflicto no es solo un problema interno; Europa observa con preocupación el rumbo que está tomando el Estado de derecho en España.

El día a día de la política nacional ofrece imágenes que alimentan la sensación de análisis. Un ejemplo reciente es el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien decidió acudir a un acto en un circo en lugar de representar a España en la brillante reapertura de Notre Dame. Este gesto, que podría parecer anecdótico, es en realidad una metáfora del descubierto con el que este Gobierno enfrenta sus responsabilidades más básicas.

Es en este contexto de vulnerabilidad donde Puigdemont y otros actores se encuentran el terreno abonado para sus exigencias. Pero el problema no radica únicamente en los desafíos que plantean, sino en la respuesta que se les da. La insistencia del Ejecutivo en mantener su supervivencia política a toda costa ha llevado al país a una encrucijada en la que las concesiones parecen no tener fin. Cada cesión no solo debilita al Gobierno, sino que socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La exigencia de Puigdemont debería ser la gota que colme el vaso. No se trata únicamente de un desafío político, sino de una cuestión de dignidad. La dignidad de un presidente del Gobierno no reside en el cálculo electoral o en el regate político, sino en la defensa de los intereses de España y de todos los españoles. Pedro Sánchez tiene ahora la oportunidad de demostrar que está a la altura de las circunstancias.

Le pedimos al presidente un acto de responsabilidad y grandeza: convocar elecciones. Libérese del secuestro político al que ha estado sometido desde el inicio de esta legislatura. En este momento crítico, lo que España necesita no es un Gobierno que se limite a sobrevivir, sino uno que actúe con firmeza y visión de futuro.

Convoque elecciones por su dignidad, por la dignidad del partido socialista que dirige, pero, sobre todo, por la dignidad de España. Nuestro país no puede permitirse un Ejecutivo que claudique ante quienes buscan dividirlo y debilitarlo. La historia no juzgará solo sus errores, sino también su capacidad para rectificar. Y en esta rectificación está la oportunidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y reforzar la democracia española frente a quienes la amenazan.

La dignidad de España exige que pongamos fin a esta legislatura marcada por la sumisión. Es momento de devolver la palabra a los españoles.