psoe - La España Que Reúne

La dignidad o la claudicación

Puigdemont, desde su posición de fuerza y después de justificar sus exigencias con una argumentación tan breve como suficiente para él, ha decidido poner al presidente del Gobierno contra las cuerdas.

FUENTE: EFE

Ha reclamado, nada menos, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Este nuevo desafío no solo resulta insólito en el marco de una democracia consolidada, sino que exponen la fragilidad de una legislatura nacida bajo el peso de concesiones que hoy pasan factura.

Este ultimátum no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema más profundo. Podríamos detenernos en las múltiples razones que nos han llevado a esta situación. Por un lado, está la debilidad estructural del Ejecutivo, que desde el principio se ha sostenido sobre un pacto que muchos consideran antinatural: una alianza con fuerzas políticas que no ocultan su voluntad de erosionar la unidad territorial y las instituciones del Estado. Por otro lado, está el clima de polarización e incertidumbre generado por decisiones como la Ley de Amnistía. Esta medida, diseñada para satisfacer a aquellos que desde el extranjero dictan condiciones, ha dividido al país y daña la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia.

El pacto sobre la financiación autonómica es otro ejemplo de esta dinámica de concesiones. Aunque presentada como una solución, es un acuerdo que carece de claridad y equidad. Su opacidad genera incertidumbre no solo en los ciudadanos de Cataluña, sino también en el resto de las comunidades autónomas, que ven cómo el modelo de financiación se convierte en moneda de cambio política en lugar de ser una herramienta para garantizar la cohesión territorial.

En paralelo, la relación del Gobierno con el Poder Judicial se encuentra en un punto crítico. Las tensiones con los tribunales no solo dañan la imagen del Ejecutivo, sino que erosionan la credibilidad del sistema democrático en su conjunto. El enfrentamiento abierto con los jueces y la falta de respeto hacia sus decisiones son síntomas de un deterioro institucional que no puede ignorarse. Este conflicto no es solo un problema interno; Europa observa con preocupación el rumbo que está tomando el Estado de derecho en España.

El día a día de la política nacional ofrece imágenes que alimentan la sensación de análisis. Un ejemplo reciente es el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien decidió acudir a un acto en un circo en lugar de representar a España en la brillante reapertura de Notre Dame. Este gesto, que podría parecer anecdótico, es en realidad una metáfora del descubierto con el que este Gobierno enfrenta sus responsabilidades más básicas.

Es en este contexto de vulnerabilidad donde Puigdemont y otros actores se encuentran el terreno abonado para sus exigencias. Pero el problema no radica únicamente en los desafíos que plantean, sino en la respuesta que se les da. La insistencia del Ejecutivo en mantener su supervivencia política a toda costa ha llevado al país a una encrucijada en la que las concesiones parecen no tener fin. Cada cesión no solo debilita al Gobierno, sino que socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La exigencia de Puigdemont debería ser la gota que colme el vaso. No se trata únicamente de un desafío político, sino de una cuestión de dignidad. La dignidad de un presidente del Gobierno no reside en el cálculo electoral o en el regate político, sino en la defensa de los intereses de España y de todos los españoles. Pedro Sánchez tiene ahora la oportunidad de demostrar que está a la altura de las circunstancias.

Le pedimos al presidente un acto de responsabilidad y grandeza: convocar elecciones. Libérese del secuestro político al que ha estado sometido desde el inicio de esta legislatura. En este momento crítico, lo que España necesita no es un Gobierno que se limite a sobrevivir, sino uno que actúe con firmeza y visión de futuro.

Convoque elecciones por su dignidad, por la dignidad del partido socialista que dirige, pero, sobre todo, por la dignidad de España. Nuestro país no puede permitirse un Ejecutivo que claudique ante quienes buscan dividirlo y debilitarlo. La historia no juzgará solo sus errores, sino también su capacidad para rectificar. Y en esta rectificación está la oportunidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y reforzar la democracia española frente a quienes la amenazan.

La dignidad de España exige que pongamos fin a esta legislatura marcada por la sumisión. Es momento de devolver la palabra a los españoles.

El que se aferra con descargo y uno digno

En la política, los gestos lo son todo. Este lunes, Juan Lobato, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, demostró que aún queda espacio para la ética al presentar su dimisión. En un movimiento que puede ser interpretado como un acto de integridad, Lobato prefirió apartarse antes de arrastrar al partido a la sombra del descrédito.

FUENTE: EFE

Mientras tanto, Pedro Sánchez, rodeado de escándalos que rozan a su círculo más cercano —su mujer, su hermano, su exministro Ábalos y hasta el fiscal general—, sigue aferrado al poder con la temeridad de quien se cree intocable.

Lobato explicó que se marchaba para no verse implicado en lo que calificó como un “terreno fangoso” que no está dispuesto a cruzar. Su renuncia es una declaración: no todos los políticos están dispuestos a vender su alma al diablo de la supervivencia política. En contraste, Sánchez, acosado por las crecientes sombras del caso Aldama, no solo ha rechazado ni siquiera plantearse apartarse, sino que ha redoblado su estrategia de desviar la atención. Acusa a los medios, ataca a la oposición y utiliza el poder ejecutivo como escudo. Este contraste no solo es abismal; es devastador para la democracia.

El caso Aldama podría ser la tormenta perfecta para cualquier gobierno: supuestas comisiones ilegales vinculadas a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; la implicación de su hermano, David Sánchez, en turbios negocios paralelos; y la sombra de José Luis Ábalos, un hombre que alguna vez fue su mano derecha, señalado en casos de tráfico de influencias y malversación. Todo esto bajo la mirada complaciente de un fiscal general señalado por su presunta parcialidad. ¿Qué hace el presidente? Cierra filas. Insiste en que todo es un montaje, un intento de “desestabilización”. Pero la realidad es tozuda. Las pruebas y los testimonios siguen emergiendo, y la negativa a dimitir comienza a parecer más que una mera obstinación: un acto de supervivencia desesperada.

Mientras tanto, el PSOE pierde a un líder autonómico que al menos ha tenido la decencia de decir “basta”. Lobato, en su despedida, dejó claro que no estaba dispuesto a ser arrastrado por la marea de corrupción que comienza a ahogar al partido. Su gesto contrasta brutalmente con el inmovilismo de Sánchez, que parece dispuesto a llevarse por delante no solo al PSOE, sino también a las instituciones democráticas que deben fiscalizarlo. ¿Cuánto más puede resistir nuestra democracia mientras el presidente se aferra al poder a cualquier precio?

La negativa de Sánchez a asumir responsabilidades plantea preguntas inquietantes. Si las investigaciones avanzan y su mujer o su hermano son imputados, ¿seguirá mirando hacia otro lado? ¿Culpará nuevamente a la “derecha mediática”? ¿Usará las instituciones del Estado para protegerse a sí mismo ya su familia? El silencio de Sánchez sobre estas cuestiones es ensordecedor. Más que un líder, se ha convertido en un símbolo de la degradación política.

Este episodio no es solo una crisis para el PSOE; es una crisis para España. Cada día que Sánchez permanece en el cargo sin ofrecer explicaciones claras, nuestra democracia se erosiona un poco más. La falta de ética no es solo un problema moral; es un ataque directo a las bases del sistema democrático. Cuando los líderes políticos se convierten en ejemplos de impunidad, el mensaje para la ciudadanía es devastador: la corrupción no solo es tolerada, sino recompensada.

Lobato, al dimitir, ha demostrado que aún es posible actuar con decencia en medio del caos. Pero su gesto también resalta la falta de dignidad de Pedro Sánchez. Mientras uno abandona el escenario para no manchar su nombre ni el de su partido, el otro se aferra con uñas y dientes, dejando un reguero de desprestigio que amenaza con arrasar no solo al PSOE, sino al propio sistema.

El presidente debería preguntarse: ¿Qué legado quiere dejar? Porque cada día que pasa sin asumir responsabilidades, ese legado se convierte en un recordatorio de cómo la ambición personal puede destruir los valores democráticos. España merece algo mejor. Y el tiempo para actuar se acaba.

De la regeneración prometida a la corrupción instalada

Hace cinco años, Pedro Sánchez se alzó como el estandarte de la regeneración política en España. Prometió un país limpio, unas instituciones transparentes y la erradicación de las malas prácticas que, bajo su punto de vista, contaminaban el Gobierno de Mariano Rajoy.

FUENTE: EFE

Su llegada al poder en 2018, a través de una moción de censura basada en el caso Gürtel, fue vista como un hito: una respuesta contundente a la corrupción del Partido Popular. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que aquellas promesas eran más un ejercicio de oportunismo político que un verdadero compromiso con la limpieza institucional. Hoy, lejos de liderar un gobierno íntegro, Sánchez y su equipo se encuentran atrapados en escándalos de corrupción, desvíos éticos y negociaciones secretas que han convertido sus promesas de regeneración en simples palabras huecas.

Uno de los casos más simbólicos que ejemplifica la hipocresía del Gobierno de Sánchez es el escándalo de Koldo García Izaguirre, el guardaespaldas personal del propio presidente. Koldo ha sido señalado en la trama de la Operación Kitchen, un caso relacionado con el espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP. Mientras el Gobierno se posicionaba como el adalid de la transparencia, se descubrió que uno de los hombres más cercanos al propio Sánchez estaba implicado en una operación ilegal de espionaje.

Lo más grave no es solo la vinculación de una figura cercana al presidente, sino la evidente falta de responsabilidad asumida por el Ejecutivo. Sánchez, en lugar de actuar con firmeza y destituir a Koldo de inmediato, optó por protegerlo. La estrategia fue simple: evitar que este escándalo se mediatizara en exceso. Este silencio cómplice ha hecho que la ciudadanía perciba que, a la hora de la verdad, el Gobierno no es más limpio que aquellos a quienes acusaba hace cinco años.

Este doble rasero se suma a otros escándalos menores que se han ido acumulando durante su mandato, revelando un patrón claro: el Gobierno de Sánchez está dispuesto a pasar por alto la corrupción siempre que no afecte directamente a su imagen o estabilidad. La regeneración prometida no solo ha sido incumplida, sino que ha sido sustituida por una estrategia de encubrimiento y opacidad.

La manipulación del Ministerio Fiscal bajo el liderazgo de Álvaro García Ortiz es otro de los pilares de esta crítica. Nombrado directamente por Sánchez, García Ortiz ha actuado más como un protector del Ejecutivo que como un defensor de la legalidad. Su actuación ha sido especialmente alarmante en casos que afectan directamente al entorno del presidente y su partido.

La vulneración del principio de confidencialidad por parte del Fiscal General es un hecho que no debe pasar desapercibido. En diversas ocasiones, ha filtrado información de manera sesgada y políticamente conveniente, favoreciendo a quienes lo nombraron. Pero lo más preocupante es su continuidad en el cargo, incluso después de haber sido imputado. Resulta aberrante que sea una subordinada suya quien instruya el caso en su contra, rompiendo con cualquier principio de imparcialidad y minando aún más la confianza en las instituciones.

Es más, la permanencia de García Ortiz es solo un reflejo de una estrategia más amplia del Gobierno: utilizar a la justicia como un instrumento político, siempre al servicio de su poder y nunca de la verdad. Si algo queda claro es que la Fiscalía ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en una herramienta de protección de los intereses de Sánchez.

Aparte de la corrupción interna, uno de los mayores actos de traición a las promesas de regeneración es la manera en la que Sánchez ha gestionado la cuestión catalana. En 2018, afirmaba con rotundidad que jamás negociaría con los independentistas ni concedería indultos o amnistías a quienes participaron en el «procés». Hoy, esa postura ha dado un giro de 180 grados.

La negociación secreta con los partidos independentistas, en la que se ha puesto sobre la mesa una amnistía para los responsables del referéndum ilegal de 2017, es un ataque directo al Estado de derecho. Lo que antes era impensable, ahora se ha convertido en una moneda de cambio política para que Sánchez pueda mantenerse en el poder. En lugar de defender la unidad de España y el respeto a la ley, el presidente ha optado por plegarse a las exigencias de quienes buscan desmembrar el país. Esto, no solo traiciona sus propias promesas, sino que pone en peligro la estabilidad institucional y la justicia en España.

En todos estos escándalos, desde Koldo García hasta el Fiscal General, hay un denominador común: la total ausencia de rendición de cuentas. La estrategia del Gobierno ha sido clara: encubrir, minimizar o simplemente ignorar cualquier acto de corrupción o desvío ético dentro de su propio equipo. Mientras tanto, Sánchez sigue presentándose como el líder de la regeneración política, cuando los hechos demuestran que está dispuesto a hacer lo contrario de lo que predicó.

Pedro Sánchez llegó al poder con la promesa de poner fin a la corrupción y de devolver a las instituciones españolas su dignidad. Cinco años después, su legado está marcado por los mismos problemas que él criticaba cuando estaba en la oposición: la corrupción, la manipulación de la justicia y las negociaciones opacas que atentan contra el Estado de derecho.

La regeneración prometida ha quedado en nada. En su lugar, lo que hoy tenemos es un gobierno atrapado en sus propios escándalos y dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Las instituciones, en lugar de ser defendidas, han sido manipuladas y politizadas. España merece algo mejor: un gobierno que respete la ley, proteja la justicia y actúe de acuerdo a los principios que promete.

Sánchez no solo ha traicionado a quienes confiaron en su palabra, sino que ha llevado al país a una situación de desconfianza generalizada hacia sus instituciones. La regeneración no llegó, y la corrupción, en cambio, parece haberse instalado.

La inoperancia del Gobierno y la sumisión al soberanismo

La parálisis política que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez no solo es preocupante, sino que amenaza con poner en jaque la estabilidad económica y social del país. La incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un contexto tan crucial no puede interpretarse de otra forma que como un acto de irresponsabilidad política.

FUENTE: EFE

Este fracaso no sólo es consecuencia de la evidente falta de liderazgo, sino también del continuo sometimiento del Gobierno a los intereses de las fuerzas soberanistas, cuya influencia ha convertido a Sánchez en rehén de sus propios pactos. Ha sorprendido profundamente en las filas gubernamentales la extensa pieza publicada en el semanario económico más influyente del mundo, The Economist, la cual realiza el mismo diagnóstico que nuestro Club de Opinión lleva señalando un año: un presidente que está en el Gobierno, pero que no gobierna.

Es inadmisible que España, en medio de una crisis política sistémica que requiere respuestas firmes, siga permitiéndose el quebrantamiento de las normas tanto escritas como no escritas más elementales, gracias a las cuales los Estados de Derecho funcionan. La última ha sido el abandono consciente de los plazos y procedimientos para presentar en tiempo y forma el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sí, los mismos que el presidente cuando era jefe de la oposición decía que «o Presupuestos, o elecciones«.

Los Presupuestos garantizan la inversión pública y el correcto funcionamiento de las instituciones que prestan los servicios públicos. La negativa del Gobierno a presentar una propuesta presupuestaria clara, escudándose en el complicado equilibrio político, deja en evidencia la falta de capacidad para gobernar con determinación. Este no es solo un problema coyuntural, sino un síntoma de un Ejecutivo paralizado por su propia debilidad y sus pactos con partidos nacionalistas, cuya agenda prioritaria no responde al interés general del país, sino al de sus regiones.

La falta de unos presupuestos claros para 2024 no es simplemente una anécdota más en el historial de este Gobierno; es un golpe directo al corazón de la estabilidad económica de España. Sin unas cuentas que permitan implementar medidas que impulsen la inversión y el empleo, el país queda en una situación de incertidumbre que afecta tanto a los mercados financieros como a los ciudadanos. No se puede ignorar que sin una política fiscal clara y sin capacidad de actuar en áreas clave como la inversión pública, las infraestructuras y los servicios sociales, el país corre el riesgo de agotar el crecimiento económico del que será difícil salir.

El Gobierno de Sánchez ha preferido prolongar su supervivencia política a cualquier precio, incluso si eso significa hipotecar el futuro del país. Los constantes pactos con las fuerzas independentistas, en especial con ERC, Bildu y el PNV, han socavado la capacidad del Ejecutivo para actuar con autonomía. Este es el precio que se paga cuando se depende de apoyos coyunturales que no buscan el beneficio de toda España, sino satisfacer intereses particulares. El constante chantaje al que Sánchez está sometido por parte de estos grupos hace que sea incapaz de aprobar unos presupuestos que respondan a las necesidades reales del país.

La influencia de los partidos soberanistas en la política nacional es una cuestión alarmante. Han bloqueado sistemáticamente la gobernabilidad del país al imponer sus propias condiciones, desde la reforma del delito de sedición hasta la exigencia de mayores transferencias autonómicas que, en muchos casos, perjudican a la cohesión territorial y agravan las desigualdades regionales. En este contexto, la falta de presupuestos no es más que la punta del iceberg de un problema mucho mayor: un gobierno que no gobierna, sino que sobrevive a costa de venderse a las exigencias soberanistas.

Sánchez ha demostrado que no tiene una visión de país clara. Su falta de un proyecto económico sólido y su dependencia constante de apoyos externos han llevado a España a una situación de inoperancia política sin precedentes. La incapacidad de aprobar unos presupuestos no es simplemente un fallo técnico o político, sino el reflejo de un gobierno sin rumbo, atrapado en su propia red de compromisos con actores cuyo interés está lejos de la gobernabilidad nacional.

Las consecuencias económicas de la inacción

La falta de presupuestos tiene consecuencias directas sobre la economía española. Con una inflación descontrolada y un mercado laboral que aún no se ha recuperado del todo tras la pandemia, España necesita urgentemente un plan económico que permita la reactivación de sectores clave y garantice la estabilidad de las políticas sociales. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez parece incapaz de ofrecer este plan, lo que genera una sensación de incertidumbre económica que afecta a la inversión y al crecimiento del empleo.

El sector empresarial ha sido claro en su mensaje: sin unos presupuestos sólidos, las empresas no pueden planificar inversiones a largo plazo. Esta falta de planificación repercute directamente en la creación de empleo, ya que muchas compañías están optando por retrasar sus decisiones de inversión hasta que el panorama político y económico sea más claro. Mientras tanto, los ciudadanos sufren las consecuencias de esta inacción. Los proyectos de infraestructura y las políticas sociales quedan paralizados, lo que afecta directamente a la calidad de vida de millones de personas.

Además, el retraso en la aprobación de los PGE incrementa la presión sobre el déficit público, lo que a su vez afecta la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos de reducción del endeudamiento asumidos ante la Unión Europea. La sostenibilidad de las finanzas públicas está en juego, y sin una política fiscal clara y responsable, España corre el riesgo de agravar aún más su déficit estructural.

Pedro Sánchez ha demostrado que es incapaz de liderar el país de manera efectiva. Su insistencia en mantenerse en el poder a toda costa, pactando con partidos cuyo objetivo último es la desintegración del Estado, ha puesto a España en una situación de bloqueo institucional. Un líder verdaderamente comprometido con el bienestar del país habría tenido el coraje de enfrentarse a estos grupos y de buscar consensos que permitan aprobar unos presupuestos que respondan a las necesidades de todos los españoles, no solo de unos pocos.

Este Gobierno ha perdido la oportunidad de demostrar que es capaz de tomar decisiones valientes y necesarias para sacar al país adelante. Sánchez ha cedido tanto terreno a los partidos nacionalistas que parece haber perdido el control del Gobierno, y España está pagando el precio de su inacción. La falta de presupuestos no es más que un síntoma de un problema mucho mayor: un gobierno que ha perdido su capacidad para gobernar y que está condenado a la inoperancia.

España no puede permitirse seguir por este camino. El país necesita un gobierno que sea capaz de actuar con firmeza y que ponga los intereses de todos los ciudadanos por encima de las exigencias de unos pocos. Sin unos presupuestos claros, sin una política económica coherente y sin un liderazgo fuerte, España se dirige hacia una crisis que podría haber sido evitada con decisiones más valientes y responsables.

El PSOE, el PSC y el eterno problema del nacionalismo catalán

España, como nación, se enfrenta a un desafío histórico en el que el nacionalismo catalán continúa siendo uno de los problemas más espinosos. La solución a este problema no puede ser alcanzada mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no redefina sus relaciones con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

FUENTE: EFE

La confusión y la ambigüedad que reina en esta relación han llevado al socialismo español a una posición débil y contradictoria, limitando su capacidad para abordar de manera efectiva el conflicto catalán.

El PSOE parece estar constantemente atrapado en un dilema interno. Por un lado, defiende la unidad de España y, por otro, coquetea con la idea de una «España plurinacional», propuesta que surge principalmente desde las filas del PSC. Este juego de equilibrios y ambigüedades no solo debilita la posición del PSOE frente al nacionalismo catalán, sino que también lo presenta como un partido que juega con una mano atada a la espalda. La dirigencia del PSC, liderada por Salvador Illa, parece tener secuestrada la voz del socialismo español, lo que impide que el PSOE adopte una postura clara y decidida en defensa de la nación española.

Es fundamental que el PSOE se libere de esta situación de ambigüedad y adopte una posición firme. No se puede abordar el desafío del nacionalismo catalán cuando el propio partido está dividido internamente sobre la definición de España. La búsqueda de una «España plurinacional en una Europa federal» que propone el presidente de la Generalitat de Cataluña no es más que una estratagema para desunir lo propio y fomentar un proyecto político que no tiene arraigo ni sentido en el contexto actual de la Unión Europea.

El problema del nacionalismo catalán no puede ser entendido sin una reflexión profunda sobre lo que significa ser español. En los últimos años, hemos visto cómo ciertas corrientes políticas e ideológicas han intentado introducir adjetivos a la nación española, como si hubiera que justificar su existencia o disculparse por su historia. Sin embargo, España es una nación con un pasado canónico, convencional, lleno de claroscuros, pero con la suficiente fuerza para ser considerada como uno de los países que ha contribuido significativamente a la historia universal.

El socialismo español no puede caer en la trampa de los discursos nacionalistas que buscan fragmentar la unidad de España en «naciones» que nunca han existido como tales. La historia de España, con todos sus altibajos, nos ha permitido ser sujetos de la historia europea. Otras regiones pueden haber querido serlo, pero no han tenido la fuerza, la capacidad o el valor para convertirse en sujetos de la historia sin la unidad del conjunto. España no necesita adjetivos ni disculpas; es una nación que ha demostrado su relevancia en la escena global y que debe mirar al futuro con confianza y sin complejos.

El nacionalismo, ya sea catalán, vasco o español, es una ideología reaccionaria que se nutre de la división y la fractura social. El nacionalismo catalán ha sabido explotar el victimismo, las derrotas y las incapacidades de sus propios líderes para justificar su causa, mientras condena todos los nacionalismos excepto el suyo. Esta doble vara de medir es no solo hipócrita, sino también peligrosa, pues fomenta un clima de confrontación que aleja cualquier posibilidad de convivencia pacífica y constructiva.

Un verdadero proyecto de nación no puede basarse en fragmentar lo existente, sino en encontrar puntos de unión que permitan avanzar hacia un futuro común. La propuesta de una «España plurinacional» no tiene ningún valor político o jurídico real; es, como mucho, un ripio de baja categoría poética que intenta encadenarnos al pasado, impidiéndonos mirar hacia adelante. La verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para integrar, no para dividir.

Es hora de que el PSOE se libere del lastre del PSC y los partidos nacionalistas, y adopte una posición clara en defensa de la unidad de España. No se puede ser un partido de gobierno en España y, al mismo tiempo, permitir que una de sus federaciones regionales propugne proyectos que socavan la integridad del país. Esta ambigüedad constante no solo mina la credibilidad del PSOE como fuerza política nacional, sino que también favorece el avance de los movimientos nacionalistas que buscan dividir a España.

El PSOE debe recordar que la nación española no es un constructo artificial ni un proyecto político efímero. Es una de las naciones con más historia y cultura a sus espaldas, y lo que sea en el futuro dependerá de nuestra inteligencia o nuestra debilidad. No podemos permitir que una estrategia de fragmentación y desunión, impulsada desde dentro de nuestras propias filas, marque el destino de nuestra nación.

No debemos dejarnos llevar por proyectos artificiales, egoístas e inexistentes que solo nos encadenan al pasado y nos impiden mirar al futuro con claridad y determinación. El nacionalismo es una trampa que solo conduce a la división y al enfrentamiento. En lugar de caer en su juego, debemos reafirmar nuestro compromiso con una España unida, diversa, pero cohesionada, donde todos los ciudadanos puedan sentirse parte de un proyecto común. El PSOE tiene la responsabilidad de liderar este esfuerzo, pero para ello, debe primero aclarar sus propias contradicciones y asumir con valentía la defensa de la nación española.

Por el respeto a las normas no escritas

La democracia española no solo se fundamenta en el respeto a la legalidad vigente, sino también en una serie de normas no escritas que sostienen la integridad del sistema. Cuando estas normas se desprecian, el tejido democrático se deshilacha y se expone a la erosión.

FUENTE: EFE

Esta es la realidad que vivimos hoy en España, donde el gobierno central liderado por Pedro Sánchez ha mostrado un comportamiento que cuestiona su compromiso con la salud democrática del país.

Un ejecutivo democrático debería mantenerse alejado de organizaciones políticas que han justificado la violencia o que han intentado romper el orden constitucional. Sin embargo, el actual gobierno se sostiene gracias a sus acuerdos con fuerzas políticas como Bildu, un partido que no ha condenado inequívocamente el legado violento de ETA. Al asociarse con Bildu, el gobierno no solo está dando legitimidad a aquellos que han jugado con la memoria y el dolor de las víctimas del terrorismo, sino que también está normalizando una alianza que cuestiona la integridad del Estado.

No menos preocupante es el apoyo parlamentario de ERC y Junts per Catalunya, partidos que lideraron el intento de secesión de Cataluña en 2017. Estos partidos, lejos de retractarse de sus posiciones rupturistas, siguen trabajando activamente para socavar la unidad del país desde dentro. Al establecer pactos con estas fuerzas, el gobierno está diciendo a la ciudadanía que los principios democráticos pueden ser negociables, siempre que sirvan para mantenerse en el poder.

El Gobierno solo puede hacer lo que puede explicar de manera clara y honesta a sus ciudadanos. En este sentido, el gobierno de Sánchez ha fallado repetidamente en cumplir con su deber de transparencia. Casos recientes, como las decisiones sobre el modelo de financiación autonómica o las concesiones hechas en los Presupuestos Generales del Estado, han sido gestionados con una opacidad preocupante. Ante las preguntas legítimas de la oposición y de la ciudadanía, el gobierno ha optado por refugiarse en el silencio o en respuestas vagas que no resuelven las dudas planteadas.

Este comportamiento es una falta de respeto, no solo hacia la oposición y el Congreso de los Diputados, sino también hacia todos los ciudadanos españoles que esperan claridad y responsabilidad de sus líderes. Un gobierno democrático no puede funcionar como una entidad autocrática que rehúye el escrutinio y se esconde detrás de minorías heterogéneas para evadir explicaciones requeridas. Tal comportamiento mina la confianza en las instituciones y favorece la crispación política.

El ejecutivo debe abstenerse de manipular los medios de comunicación, ya sea de manera directa o mediante grandes empresas que actúan como intermediarias. Sin embargo, existen crecientes indicios de que el actual gobierno ha buscado influir en la narrativa mediática para crear una atmósfera favorable a su gestión y neutralizar críticas. En una democracia sana, los medios deben operar de manera independiente, ofreciendo una pluralidad de voces que ayuden a la ciudadanía a formarse una opinión informada. Este intento de controlar la información contribuye a la polarización y deteriora aún más el debate democrático en España.

Otra preocupación central es la continua politización del poder judicial, evidente en los constantes retrasos y conflictos alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. Estas instituciones son pilares de nuestra democracia y deben permanecer libres de influencias partidistas. El uso de tácticas dilatorias y negociaciones opacas para controlar estas instituciones no solo socava su credibilidad, sino que también pone en peligro la separación de poderes que es fundamental en cualquier democracia que se precie de serlo.

España necesita urgentemente un gobierno que respete tanto las leyes escritas como los usos y costumbres del buen gobierno. Necesitamos partidos políticos, no sectas; debates basados en ideas y propuestas, no descalificaciones e insultos. Se requiere que quienes ostenten el poder se comporten con virtudes como la discreción, en lugar de la exageración; la moderación, en vez de las extravagancias ideológicas; y la humildad, en oposición a los comportamientos de “barra de bar”.

Los representantes del pueblo deben estar al servicio de la ciudadanía y no utilizar los poderosos instrumentos del Estado para beneficio personal o partidista. Es fundamental que renuncien a cualquier tentación de aprovecharse de sus posiciones privilegiadas, asegurando que están en sus puestos no para servirse a sí mismos, sino para servir a los ciudadanos españoles.

Es crucial que España recupere una política que valore el respeto por la pluralidad y la justicia. Solo así podremos evitar una mayor fragmentación social y un retorno a los tiempos oscuros de divisiones profundas. Para ello, es necesario un compromiso renovado con los principios democráticos, tanto en la letra como en el espíritu. La nación española merece un liderazgo que fomente el diálogo, la responsabilidad y el respeto mutuo, y que esté genuinamente dedicado a proteger la democracia que tantos esfuerzos ha costado construir.

Los que vinieron para terminar con la corrupción

Los recientes escándalos que envuelven a José Luis Ábalos y Begoña Gómez son una muestra clara de la putrefacción que corroe al gobierno de Pedro Sánchez. Estamos ante un sistema político que ha perdido cualquier vestigio de ética, donde la corrupción no solo se tolera, sino que se protege activamente desde las más altas esferas.

FUENTE: EFE

El caso de Ábalos es un ejemplo perfecto de cómo el Gobierno de Sánchez maneja a sus peones cuando ya no sirven al propósito del líder. Ábalos, un hombre que en su momento fue uno de ‘los hombres del presidente’, ahora se ve acorralado por su implicación en la trama de las mascarillas. ¿Y qué hacen el partido y el Ejecutivo? En lugar de exigir explicaciones claras y contundentes, lo empuja suavemente hacia la salida, intentando que el escándalo pase desapercibido. Es un movimiento cobarde y calculado, diseñado para proteger la imagen del partido antes que la integridad del país.

Pero no nos engañemos, el caso de Ábalos no es una anomalía. Es un síntoma de un problema mucho más profundo: la absoluta falta de transparencia y responsabilidad que define a este gobierno. Estamos hablando de un ministro que, en plena pandemia, jugó con la salud pública, y cuya respuesta ante las acusaciones es un silencio sepulcral. Y mientras tanto, el PSOE lo mantiene a flote, como si sus pecados pudieran ser borrados con el tiempo. Es una burla a la inteligencia de los ciudadanos y un desprecio total por la justicia.

Begoña Gómez, por su parte, es el reflejo de cómo el poder corrompe absolutamente. Su cercanía a la cúspide del poder, siendo la esposa de Sánchez, la ha colocado en una posición donde las líneas entre lo público y lo privado se desdibujan peligrosamente. Los contratos sospechosos que han salido a la luz, las conexiones dudosas, todo apunta a un sistema donde las élites se protegen entre sí, utilizando sus influencias para enriquecerse a costa del bien común. Y, como era de esperar, las investigaciones avanzan a paso de tortuga, si es que avanzan en absoluto. Porque claro, nadie quiere ser el que destape la caja de Pandora en la Moncloa.

El problema con Gómez no es solo lo que ha hecho o dejado de hacer, sino lo que simboliza. Representa un gobierno que ha perdido toda noción de servicio público, un ejecutivo que se dedica a perpetuarse en el poder, blindando a sus miembros con un manto de impunidad. Y mientras tanto, los ciudadanos ven cómo su confianza en las instituciones se desvanece, cómo la justicia se convierte en un juego de intereses donde solo los poderosos salen ganando.

Lo más indignante de todo es la pasividad con la que se trata a estos personajes desde la oposición y los medios. El Partido Popular, en lugar de lanzar un ataque frontal y sin cuartel, parece más interesado en jugar a la política de salón, dejando que los escándalos se enfríen antes de explotarlos. Y los medios, muchos de los cuales están cooptados, se limitan a cubrir las noticias con la más mínima de las críticas, cuidando de no pisar demasiados callos.

¿Dónde está la furia que debería haber en las calles? ¿Dónde están las manifestaciones, las exigencias de dimisión? Este Gobierno ha logrado adormecer al pueblo, ha conseguido que los escándalos se normalicen hasta el punto de que ya no nos sorprenden. Pero no debemos caer en la trampa de la indiferencia. Ábalos y Gómez son solo la punta del iceberg de un sistema que está podrido hasta la médula.

Es momento de exigir un cambio radical. El PSOE y el Gobierno debe rendir cuentas, no solo por estos casos, sino por la cultura de la corrupción que ha cultivado durante años. Debemos dejar de aceptar las migajas de justicia que nos ofrecen y demandar una purga completa de todos aquellos que han abusado de su poder. Porque si no lo hacemos, si seguimos permitiendo que los Ábalos y las Gómez de este mundo se salgan con la suya, entonces somos cómplices de nuestra propia ruina.

El tratamiento que el gobierno de Sánchez está dando a estos escándalos es una vergüenza nacional. Es una muestra de su debilidad moral y su desprecio por la democracia. No podemos permitir que el futuro de nuestro país sea secuestrado por una élite corrupta e impune. Es hora de alzar la voz y exigir justicia, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Y estos eran los que venían a acabar con la lacra de la corrupción.

Nuevo curso, mismo desgobierno

En este inicio de curso político en España, es imprescindible recordar de dónde venimos para reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos. Las últimas elecciones generales reflejaron un escenario claro: el Partido Popular (PP) ganó, y aunque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo un resultado decente si se compara con las autonómicas y municipales.

FUENTE: EFE

La realidad es que lo que debería haber sido un escenario de estabilidad democrática y acuerdos constructivos, se ha transformado en un pacto de incertidumbre y descrédito.

En cualquier democracia madura, habría sido esperable que, tras las elecciones, los dos grandes partidos nacionales buscaran un acuerdo para asegurar un gobierno estable o, en su defecto, convocar nuevamente a las urnas para que el pueblo decidiera. No obstante, Pedro Sánchez optó por una vía diferente y altamente polémica: pactar con Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña que sigue fugado de la justicia española. Esta decisión, no solo sorprende y decepciona, sino que también rompe con la tradición democrática de diálogo y consenso que se había logrado en los últimos cuarenta años.

Nunca en la historia reciente de España habíamos visto que un gobierno se sostuviera en acuerdos con quienes desafían abiertamente el Estado de Derecho. La negociación con Puigdemont, un prófugo de la justicia, que se realizó fuera de nuestras fronteras, en lugares como Waterloo y Ginebra, es una mancha en la historia democrática de España. Este acto pone en entredicho los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución.

El PSOE, un partido que durante décadas ha representado a la izquierda moderada y constitucionalista, parece ahora haber perdido su brújula moral al firmar acuerdos con aquellos que han intentado fragmentar el país. Este hecho es comparable a los momentos más oscuros de nuestra historia, como cuando los Borbones entregaron la corona española a Napoleón debido a conflictos internos, como destacan algunos historiadores. ¿Es este el camino que queremos para España? ¿Una nación que se divide internamente y negocia sus principios en la oscuridad?

Entre los acuerdos más preocupantes de esta alianza con los independentistas está la propuesta de una Ley de Amnistía redactada por los mismos que violaron la Constitución en 2017. Una ley que muchos consideran inconstitucional y que destruye el principio de igualdad ante la ley. Este principio, que es un pilar fundamental de cualquier democracia, se ve ahora comprometido. España se enfrenta a la peligrosa realidad de que ya no todos los ciudadanos son iguales ante la justicia; la ley se convierte en un instrumento de negociación política, y no en el reflejo del interés general y la protección de los derechos de todos los españoles.

Algunos analistas han comparado esta situación con la reciente historia de otras democracias que han sufrido retrocesos democráticos debido a la manipulación del sistema judicial para fines partidistas. Este escenario es una señal de alarma para todos los que valoran la justicia y la igualdad.

Por si fuera poco, este verano se ha aprobado un Concierto Económico que rompe el principio de igualdad económica y de oportunidades para todos los españoles. La Constitución de 1978, que ha sido la base del periodo democrático más largo y estable de la historia de España, se ve amenazada por cambios que se están realizando “por la puerta de atrás”, como si de un golpe institucional se tratara. Este acuerdo, que otorga privilegios económicos a ciertas comunidades, atenta contra la solidaridad entre regiones y establece una brecha que recuerda a épocas premodernas, cuando la nación no estaba cohesionada.

El Gobierno, en vez de fortalecer la unidad y trabajar por el interés de todos, parece haber optado por políticas que nos retrotraen al siglo XVII, cuando el Estado no tenía el concepto de nación que se desarrolló en la Europa de la Ilustración y la Razón. ¿Cómo es posible que un gobierno que se autoproclama progresista esté promoviendo un modelo que fragmenta y crea ciudadanos de primera y segunda clase?

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá este gobierno desafiando la voluntad popular, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? Nos encontramos en un momento oscuro de nuestra historia política reciente. Un momento que requiere no solo de reflexión, sino de acción decidida. España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en su sistema democrático. Y la única forma de lograrlo es convocando nuevas elecciones.

Los españoles merecen un gobierno que actúe con principios, que defienda la democracia y que respete el Estado de Derecho. No podemos seguir permitiendo que se tomen decisiones en contra de los valores que han sostenido a nuestra sociedad durante décadas. Por ello, es fundamental que se convoquen elecciones de inmediato. Que el pueblo hable y decida el futuro de este país. Porque solo a través de un proceso limpio y democrático, España podrá salir de este agujero de incertidumbre y volver a mirar al futuro con optimismo y unidad. ¡Elecciones ya!

Albares y la banalización del mal

El habitualmente exultante ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Albares, ha contestado a la pregunta sobre «si Venezuela era una dictadura», que él «no era un politólogo para avanzar definiciones sobre los sistemas de otros países». También ha dicho campanudo, y como a punto de recibir una descarga de felicidad (que es como vive), que no ve responsable reconocer a González Urrutia como presidente de Venezuela.

FUENTE: EFE

De la misma forma ha vuelto a pedir, como una salmodia aprendida, que Maduro debe hacer públicas las actas electorales. A veces los vestigios de la dignidad se defienden mejor con el silencio. Albares hablando nos muestra su catadura moral e incapacidad política. Las actas, semanas después de las elecciones, ya ungido Maduro por sus zelotes y confirmado por su brazo de hierro judicial, no tienen ningún valor.

La única referencia que tenemos son las mostradas por la oposición y son las únicas legítimas. Pedir las actas hoy es darle aire al dictador. No le pido que se comporte con el desabrido coraje de Juan Pablo de Lojendio, embajador español con Castro.

Pero no nos contamine con su inmoralidad. Más irresponsable que reconocer a González Urrutia fue la clausura de nuestra embajada en Argentina, que a día de hoy debe seguir sirviendo a las telarañas. Señor Albares: un líder político que no reconoce el resultado electoral es un tirano. Un líder que reprime a la oposición es un dictador. Venezuela hoy es una dictadura sin excusas ni paliativos.

A veces prefiero la indignidad del silencio al desahogo de quién carece de principios y nos muestra en tiempo y hora aquello de la » banalidad del mal».

Sobran los motivos para hablar alto y claro

La nación goza de buena salud, pero el acuerdo firmado en el mes de agosto con la finalidad de evitar la contestación y el rechazo de los socialistas del resto de España y, en general, de la sociedad española entre ERC y el partido de Illa, hace al Estado español ineficiente, ineficaz e incapaz de cumplir con sus atribuciones más características.

FUENTE: EFE

El Estado español ya no será el Estado Autonómico de la Constitución del 78, será una especie de Estado confederal, que no se basa en la voluntad afirmativa de las partes sino un Estado débil a la espera de la fractura definitiva. No es el acuerdo sobre principios sino el acuerdo de que unos aceptar que Illa sea presidente de la Generalitat y la resignación de los otros, a la espera de que rompan lo que queda cuando tengan fuerza suficiente.

El acuerdo es un camino claro y sin trampas de mutación salvaje del Estado que renuncia a sus atribuciones más características a la espera del momento adecuado para los independentistas. Todo ello sin consultar a la ciudadanía española, tratada como menor de edad y a la que le impiden protagonizar su futuro, apropiado por un clan político decidido a todo con tal de seguir en el Gobierno.

Los progresistas de Sánchez e Illa son paradójicos. Son tan progresistas que nos devuelven al siglo XVII, anterior a la nación configurada por la historia, la razón y la Ilustración. De esa cesión vergonzosa se derivará un régimen insostenible en el que se perpetuará la España menesterosa y pobre. Da igual que este año ofrezcan mejor financiación. A corto plazo, Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Galicia, Andalucía y todas las comunidades necesitadas de apoyo y solidaridad verán reducido su margen de gestión. Ese acuerdo les obliga a seguir siendo pobres, justamente en contra de lo que luchó una izquierda muy distinta, a la que sobrevive otra cobijada en siglas honorables y centenarias.

Algunos dicen que esos acuerdos no saldrán adelante. Pero en todo caso se han confirmado tres realidades que algunos venimos anunciando hace tiempo. El denominado PSC es en realidad el coche escoba de los nacionalistas. Es el encargado de hacernos tragar la píldora de le desigualdad y el discurso identitario. Es el inevitable «poli bueno» encargado de hacer realidad lo que desea la parte nacionalista. Y si algunos piensan que la financiación es la mejor demostración del nacionalismo vergonzante del partido de Illa es que no ha reparado en la política lingüística. Efectivamente diseñan en el acuerdo una política lingüística sectaria, totalitaria, que ahoga el derecho de los catalanes a hablar en español, ni siquiera podríamos decir que es un remedo dulce de la política franquista en contra del catalán, porque muestra el rostro de la intolerancia y el sectarismo en toda su crudeza.

Cualquiera que lea el acuerdo, salga adelante o no, verá que el partido de Illa (que me cuesta calificarle de socialista) acepta y comulga con todo el lenguaje, el discurso y los principios nacionalistas.

Hemos constatado que Sánchez es capaz de todo y quien es capaz de todo es capaz de lo peor. Por esta nueva confirmación nos debemos preparar para la desarticulación, en ocasiones zafia, de los engranajes del Estado de Derecho español.

La conclusión es evidente. No se trata exclusivamente de salvar al PSOE, hoy por hoy, irreconocible. Se trata de defender la España constitucional y el Estado Autonómico. No estamos solo ante una pequeña batalla por el futuro del Partido Socialista. La gravedad de lo que está sucediendo nos impone la necesidad de encontrar espacios comunes, acuerdos y colaboración entre la sociedad civil, las instituciones independientes y los partidos constitucionales, moderados, que rechazan las expresiones políticas iliberales, sean de izquierdas o de derechas. Ni nuestros muertos ni nuestra historia pueden ser una mordaza que nos impida defender lo que en el pasado ellos defendieron: una España vertebrada con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos hayan nacido donde hayan nacido, sean quienes sean sus padres. Ni los apellidos, ni la identidad ni la lengua y menos el lugar pueden ser el origen de desigualdades.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad