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El PSOE, el PSC y el eterno problema del nacionalismo catalán 

España, como nación, se enfrenta a un desafío histórico en el que el nacionalismo catalán continúa siendo uno de los problemas más espinosos. La solución a este problema no puede ser alcanzada mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no redefina sus relaciones con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

FUENTE: EFE

La confusión y la ambigüedad que reina en esta relación han llevado al socialismo español a una posición débil y contradictoria, limitando su capacidad para abordar de manera efectiva el conflicto catalán. 

El PSOE parece estar constantemente atrapado en un dilema interno. Por un lado, defiende la unidad de España y, por otro, coquetea con la idea de una «España plurinacional», propuesta que surge principalmente desde las filas del PSC. Este juego de equilibrios y ambigüedades no solo debilita la posición del PSOE frente al nacionalismo catalán, sino que también lo presenta como un partido que juega con una mano atada a la espalda. La dirigencia del PSC, liderada por Salvador Illa, parece tener secuestrada la voz del socialismo español, lo que impide que el PSOE adopte una postura clara y decidida en defensa de la nación española. 

Es fundamental que el PSOE se libere de esta situación de ambigüedad y adopte una posición firme. No se puede abordar el desafío del nacionalismo catalán cuando el propio partido está dividido internamente sobre la definición de España. La búsqueda de una «España plurinacional en una Europa federal» que propone el presidente de la Generalitat de Cataluña no es más que una estratagema para desunir lo propio y fomentar un proyecto político que no tiene arraigo ni sentido en el contexto actual de la Unión Europea. 

El problema del nacionalismo catalán no puede ser entendido sin una reflexión profunda sobre lo que significa ser español. En los últimos años, hemos visto cómo ciertas corrientes políticas e ideológicas han intentado introducir adjetivos a la nación española, como si hubiera que justificar su existencia o disculparse por su historia. Sin embargo, España es una nación con un pasado canónico, convencional, lleno de claroscuros, pero con la suficiente fuerza para ser considerada como uno de los países que ha contribuido significativamente a la historia universal. 

El socialismo español no puede caer en la trampa de los discursos nacionalistas que buscan fragmentar la unidad de España en «naciones» que nunca han existido como tales. La historia de España, con todos sus altibajos, nos ha permitido ser sujetos de la historia europea. Otras regiones pueden haber querido serlo, pero no han tenido la fuerza, la capacidad o el valor para convertirse en sujetos de la historia sin la unidad del conjunto. España no necesita adjetivos ni disculpas; es una nación que ha demostrado su relevancia en la escena global y que debe mirar al futuro con confianza y sin complejos. 

El nacionalismo, ya sea catalán, vasco o español, es una ideología reaccionaria que se nutre de la división y la fractura social. El nacionalismo catalán ha sabido explotar el victimismo, las derrotas y las incapacidades de sus propios líderes para justificar su causa, mientras condena todos los nacionalismos excepto el suyo. Esta doble vara de medir es no solo hipócrita, sino también peligrosa, pues fomenta un clima de confrontación que aleja cualquier posibilidad de convivencia pacífica y constructiva. 

Un verdadero proyecto de nación no puede basarse en fragmentar lo existente, sino en encontrar puntos de unión que permitan avanzar hacia un futuro común. La propuesta de una «España plurinacional» no tiene ningún valor político o jurídico real; es, como mucho, un ripio de baja categoría poética que intenta encadenarnos al pasado, impidiéndonos mirar hacia adelante. La verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para integrar, no para dividir. 

Es hora de que el PSOE se libere del lastre del PSC y los partidos nacionalistas, y adopte una posición clara en defensa de la unidad de España. No se puede ser un partido de gobierno en España y, al mismo tiempo, permitir que una de sus federaciones regionales propugne proyectos que socavan la integridad del país. Esta ambigüedad constante no solo mina la credibilidad del PSOE como fuerza política nacional, sino que también favorece el avance de los movimientos nacionalistas que buscan dividir a España. 

El PSOE debe recordar que la nación española no es un constructo artificial ni un proyecto político efímero. Es una de las naciones con más historia y cultura a sus espaldas, y lo que sea en el futuro dependerá de nuestra inteligencia o nuestra debilidad. No podemos permitir que una estrategia de fragmentación y desunión, impulsada desde dentro de nuestras propias filas, marque el destino de nuestra nación. 

No debemos dejarnos llevar por proyectos artificiales, egoístas e inexistentes que solo nos encadenan al pasado y nos impiden mirar al futuro con claridad y determinación. El nacionalismo es una trampa que solo conduce a la división y al enfrentamiento. En lugar de caer en su juego, debemos reafirmar nuestro compromiso con una España unida, diversa, pero cohesionada, donde todos los ciudadanos puedan sentirse parte de un proyecto común. El PSOE tiene la responsabilidad de liderar este esfuerzo, pero para ello, debe primero aclarar sus propias contradicciones y asumir con valentía la defensa de la nación española. 

Por el respeto a las normas no escritas 

La democracia española no solo se fundamenta en el respeto a la legalidad vigente, sino también en una serie de normas no escritas que sostienen la integridad del sistema. Cuando estas normas se desprecian, el tejido democrático se deshilacha y se expone a la erosión.

FUENTE: EFE

Esta es la realidad que vivimos hoy en España, donde el gobierno central liderado por Pedro Sánchez ha mostrado un comportamiento que cuestiona su compromiso con la salud democrática del país. 

Un ejecutivo democrático debería mantenerse alejado de organizaciones políticas que han justificado la violencia o que han intentado romper el orden constitucional. Sin embargo, el actual gobierno se sostiene gracias a sus acuerdos con fuerzas políticas como Bildu, un partido que no ha condenado inequívocamente el legado violento de ETA. Al asociarse con Bildu, el gobierno no solo está dando legitimidad a aquellos que han jugado con la memoria y el dolor de las víctimas del terrorismo, sino que también está normalizando una alianza que cuestiona la integridad del Estado. 

No menos preocupante es el apoyo parlamentario de ERC y Junts per Catalunya, partidos que lideraron el intento de secesión de Cataluña en 2017. Estos partidos, lejos de retractarse de sus posiciones rupturistas, siguen trabajando activamente para socavar la unidad del país desde dentro. Al establecer pactos con estas fuerzas, el gobierno está diciendo a la ciudadanía que los principios democráticos pueden ser negociables, siempre que sirvan para mantenerse en el poder. 

El Gobierno solo puede hacer lo que puede explicar de manera clara y honesta a sus ciudadanos. En este sentido, el gobierno de Sánchez ha fallado repetidamente en cumplir con su deber de transparencia. Casos recientes, como las decisiones sobre el modelo de financiación autonómica o las concesiones hechas en los Presupuestos Generales del Estado, han sido gestionados con una opacidad preocupante. Ante las preguntas legítimas de la oposición y de la ciudadanía, el gobierno ha optado por refugiarse en el silencio o en respuestas vagas que no resuelven las dudas planteadas. 

Este comportamiento es una falta de respeto, no solo hacia la oposición y el Congreso de los Diputados, sino también hacia todos los ciudadanos españoles que esperan claridad y responsabilidad de sus líderes. Un gobierno democrático no puede funcionar como una entidad autocrática que rehúye el escrutinio y se esconde detrás de minorías heterogéneas para evadir explicaciones requeridas. Tal comportamiento mina la confianza en las instituciones y favorece la crispación política.  

El ejecutivo debe abstenerse de manipular los medios de comunicación, ya sea de manera directa o mediante grandes empresas que actúan como intermediarias. Sin embargo, existen crecientes indicios de que el actual gobierno ha buscado influir en la narrativa mediática para crear una atmósfera favorable a su gestión y neutralizar críticas. En una democracia sana, los medios deben operar de manera independiente, ofreciendo una pluralidad de voces que ayuden a la ciudadanía a formarse una opinión informada. Este intento de controlar la información contribuye a la polarización y deteriora aún más el debate democrático en España.  

Otra preocupación central es la continua politización del poder judicial, evidente en los constantes retrasos y conflictos alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. Estas instituciones son pilares de nuestra democracia y deben permanecer libres de influencias partidistas. El uso de tácticas dilatorias y negociaciones opacas para controlar estas instituciones no solo socava su credibilidad, sino que también pone en peligro la separación de poderes que es fundamental en cualquier democracia que se precie de serlo.  

España necesita urgentemente un gobierno que respete tanto las leyes escritas como los usos y costumbres del buen gobierno. Necesitamos partidos políticos, no sectas; debates basados en ideas y propuestas, no descalificaciones e insultos. Se requiere que quienes ostenten el poder se comporten con virtudes como la discreción, en lugar de la exageración; la moderación, en vez de las extravagancias ideológicas; y la humildad, en oposición a los comportamientos de “barra de bar”. 

Los representantes del pueblo deben estar al servicio de la ciudadanía y no utilizar los poderosos instrumentos del Estado para beneficio personal o partidista. Es fundamental que renuncien a cualquier tentación de aprovecharse de sus posiciones privilegiadas, asegurando que están en sus puestos no para servirse a sí mismos, sino para servir a los ciudadanos españoles.  

Es crucial que España recupere una política que valore el respeto por la pluralidad y la justicia. Solo así podremos evitar una mayor fragmentación social y un retorno a los tiempos oscuros de divisiones profundas. Para ello, es necesario un compromiso renovado con los principios democráticos, tanto en la letra como en el espíritu. La nación española merece un liderazgo que fomente el diálogo, la responsabilidad y el respeto mutuo, y que esté genuinamente dedicado a proteger la democracia que tantos esfuerzos ha costado construir. 

Los que vinieron para terminar con la corrupción

Los recientes escándalos que envuelven a José Luis Ábalos y Begoña Gómez son una muestra clara de la putrefacción que corroe al gobierno de Pedro Sánchez. Estamos ante un sistema político que ha perdido cualquier vestigio de ética, donde la corrupción no solo se tolera, sino que se protege activamente desde las más altas esferas. 

FUENTE: EFE

El caso de Ábalos es un ejemplo perfecto de cómo el Gobierno de Sánchez maneja a sus peones cuando ya no sirven al propósito del líder. Ábalos, un hombre que en su momento fue uno de ‘los hombres del presidente’, ahora se ve acorralado por su implicación en la trama de las mascarillas. ¿Y qué hacen el partido y el Ejecutivo? En lugar de exigir explicaciones claras y contundentes, lo empuja suavemente hacia la salida, intentando que el escándalo pase desapercibido. Es un movimiento cobarde y calculado, diseñado para proteger la imagen del partido antes que la integridad del país. 

Pero no nos engañemos, el caso de Ábalos no es una anomalía. Es un síntoma de un problema mucho más profundo: la absoluta falta de transparencia y responsabilidad que define a este gobierno. Estamos hablando de un ministro que, en plena pandemia, jugó con la salud pública, y cuya respuesta ante las acusaciones es un silencio sepulcral. Y mientras tanto, el PSOE lo mantiene a flote, como si sus pecados pudieran ser borrados con el tiempo. Es una burla a la inteligencia de los ciudadanos y un desprecio total por la justicia. 

Begoña Gómez, por su parte, es el reflejo de cómo el poder corrompe absolutamente. Su cercanía a la cúspide del poder, siendo la esposa de Sánchez, la ha colocado en una posición donde las líneas entre lo público y lo privado se desdibujan peligrosamente. Los contratos sospechosos que han salido a la luz, las conexiones dudosas, todo apunta a un sistema donde las élites se protegen entre sí, utilizando sus influencias para enriquecerse a costa del bien común. Y, como era de esperar, las investigaciones avanzan a paso de tortuga, si es que avanzan en absoluto. Porque claro, nadie quiere ser el que destape la caja de Pandora en la Moncloa. 

El problema con Gómez no es solo lo que ha hecho o dejado de hacer, sino lo que simboliza. Representa un gobierno que ha perdido toda noción de servicio público, un ejecutivo que se dedica a perpetuarse en el poder, blindando a sus miembros con un manto de impunidad. Y mientras tanto, los ciudadanos ven cómo su confianza en las instituciones se desvanece, cómo la justicia se convierte en un juego de intereses donde solo los poderosos salen ganando. 

Lo más indignante de todo es la pasividad con la que se trata a estos personajes desde la oposición y los medios. El Partido Popular, en lugar de lanzar un ataque frontal y sin cuartel, parece más interesado en jugar a la política de salón, dejando que los escándalos se enfríen antes de explotarlos. Y los medios, muchos de los cuales están cooptados, se limitan a cubrir las noticias con la más mínima de las críticas, cuidando de no pisar demasiados callos. 

¿Dónde está la furia que debería haber en las calles? ¿Dónde están las manifestaciones, las exigencias de dimisión? Este Gobierno ha logrado adormecer al pueblo, ha conseguido que los escándalos se normalicen hasta el punto de que ya no nos sorprenden. Pero no debemos caer en la trampa de la indiferencia. Ábalos y Gómez son solo la punta del iceberg de un sistema que está podrido hasta la médula. 

Es momento de exigir un cambio radical. El PSOE y el Gobierno debe rendir cuentas, no solo por estos casos, sino por la cultura de la corrupción que ha cultivado durante años. Debemos dejar de aceptar las migajas de justicia que nos ofrecen y demandar una purga completa de todos aquellos que han abusado de su poder. Porque si no lo hacemos, si seguimos permitiendo que los Ábalos y las Gómez de este mundo se salgan con la suya, entonces somos cómplices de nuestra propia ruina. 

El tratamiento que el gobierno de Sánchez está dando a estos escándalos es una vergüenza nacional. Es una muestra de su debilidad moral y su desprecio por la democracia. No podemos permitir que el futuro de nuestro país sea secuestrado por una élite corrupta e impune. Es hora de alzar la voz y exigir justicia, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Y estos eran los que venían a acabar con la lacra de la corrupción. 

Nuevo curso, mismo desgobierno 

En este inicio de curso político en España, es imprescindible recordar de dónde venimos para reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos. Las últimas elecciones generales reflejaron un escenario claro: el Partido Popular (PP) ganó, y aunque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo un resultado decente si se compara con las autonómicas y municipales.

FUENTE: EFE

La realidad es que lo que debería haber sido un escenario de estabilidad democrática y acuerdos constructivos, se ha transformado en un pacto de incertidumbre y descrédito. 

En cualquier democracia madura, habría sido esperable que, tras las elecciones, los dos grandes partidos nacionales buscaran un acuerdo para asegurar un gobierno estable o, en su defecto, convocar nuevamente a las urnas para que el pueblo decidiera. No obstante, Pedro Sánchez optó por una vía diferente y altamente polémica: pactar con Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña que sigue fugado de la justicia española. Esta decisión, no solo sorprende y decepciona, sino que también rompe con la tradición democrática de diálogo y consenso que se había logrado en los últimos cuarenta años. 

Nunca en la historia reciente de España habíamos visto que un gobierno se sostuviera en acuerdos con quienes desafían abiertamente el Estado de Derecho. La negociación con Puigdemont, un prófugo de la justicia, que se realizó fuera de nuestras fronteras, en lugares como Waterloo y Ginebra, es una mancha en la historia democrática de España. Este acto pone en entredicho los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución.  

El PSOE, un partido que durante décadas ha representado a la izquierda moderada y constitucionalista, parece ahora haber perdido su brújula moral al firmar acuerdos con aquellos que han intentado fragmentar el país. Este hecho es comparable a los momentos más oscuros de nuestra historia, como cuando los Borbones entregaron la corona española a Napoleón debido a conflictos internos, como destacan algunos historiadores. ¿Es este el camino que queremos para España? ¿Una nación que se divide internamente y negocia sus principios en la oscuridad? 

Entre los acuerdos más preocupantes de esta alianza con los independentistas está la propuesta de una Ley de Amnistía redactada por los mismos que violaron la Constitución en 2017. Una ley que muchos consideran inconstitucional y que destruye el principio de igualdad ante la ley. Este principio, que es un pilar fundamental de cualquier democracia, se ve ahora comprometido. España se enfrenta a la peligrosa realidad de que ya no todos los ciudadanos son iguales ante la justicia; la ley se convierte en un instrumento de negociación política, y no en el reflejo del interés general y la protección de los derechos de todos los españoles. 

Algunos analistas han comparado esta situación con la reciente historia de otras democracias que han sufrido retrocesos democráticos debido a la manipulación del sistema judicial para fines partidistas. Este escenario es una señal de alarma para todos los que valoran la justicia y la igualdad. 

Por si fuera poco, este verano se ha aprobado un Concierto Económico que rompe el principio de igualdad económica y de oportunidades para todos los españoles. La Constitución de 1978, que ha sido la base del periodo democrático más largo y estable de la historia de España, se ve amenazada por cambios que se están realizando “por la puerta de atrás”, como si de un golpe institucional se tratara. Este acuerdo, que otorga privilegios económicos a ciertas comunidades, atenta contra la solidaridad entre regiones y establece una brecha que recuerda a épocas premodernas, cuando la nación no estaba cohesionada. 

El Gobierno, en vez de fortalecer la unidad y trabajar por el interés de todos, parece haber optado por políticas que nos retrotraen al siglo XVII, cuando el Estado no tenía el concepto de nación que se desarrolló en la Europa de la Ilustración y la Razón. ¿Cómo es posible que un gobierno que se autoproclama progresista esté promoviendo un modelo que fragmenta y crea ciudadanos de primera y segunda clase?  

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá este gobierno desafiando la voluntad popular, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? Nos encontramos en un momento oscuro de nuestra historia política reciente. Un momento que requiere no solo de reflexión, sino de acción decidida. España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en su sistema democrático. Y la única forma de lograrlo es convocando nuevas elecciones.  

Los españoles merecen un gobierno que actúe con principios, que defienda la democracia y que respete el Estado de Derecho. No podemos seguir permitiendo que se tomen decisiones en contra de los valores que han sostenido a nuestra sociedad durante décadas. Por ello, es fundamental que se convoquen elecciones de inmediato. Que el pueblo hable y decida el futuro de este país. Porque solo a través de un proceso limpio y democrático, España podrá salir de este agujero de incertidumbre y volver a mirar al futuro con optimismo y unidad. ¡Elecciones ya!  

Albares y la banalización del mal

El habitualmente exultante ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Albares, ha contestado a la pregunta sobre «si Venezuela era una dictadura», que él «no era un politólogo para avanzar definiciones sobre los sistemas de otros países». También ha dicho campanudo, y como a punto de recibir una descarga de felicidad (que es como vive), que no ve responsable reconocer a González Urrutia como presidente de Venezuela.

FUENTE: EFE

De la misma forma ha vuelto a pedir, como una salmodia aprendida, que Maduro debe hacer públicas las actas electorales. A veces los vestigios de la dignidad se defienden mejor con el silencio. Albares hablando nos muestra su catadura moral e incapacidad política. Las actas, semanas después de las elecciones, ya ungido Maduro por sus zelotes y confirmado por su brazo de hierro judicial, no tienen ningún valor.

La única referencia que tenemos son las mostradas por la oposición y son las únicas legítimas. Pedir las actas hoy es darle aire al dictador. No le pido que se comporte con el desabrido coraje de Juan Pablo de Lojendio, embajador español con Castro.

Pero no nos contamine con su inmoralidad. Más irresponsable que reconocer a González Urrutia fue la clausura de nuestra embajada en Argentina, que a día de hoy debe seguir sirviendo a las telarañas. Señor Albares: un líder político que no reconoce el resultado electoral es un tirano. Un líder que reprime a la oposición es un dictador. Venezuela hoy es una dictadura sin excusas ni paliativos.

A veces prefiero la indignidad del silencio al desahogo de quién carece de principios y nos muestra en tiempo y hora aquello de la » banalidad del mal».

No olvidemos a Venezuela

Cuando Rusia invadió Ucrania, las sociedades democráticas enseguida levantaron la voz. Serán para recordar en el futuro los discursos del presidente francés Macron y otros líderes europeos que fueron educados en una política en la que los principios no son solo lemas.

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Y, junto a ellos, el responsable de la política exterior europea Josep Borrell, que se elevó sobre las que eran circunstancias dominantes en su quehacer público. Pareció que la expresividad, contundencia y honor que desprendían los discursos de Sir Winston Churchill habían reaparecido con el fulgor que requería la ocasión.

El aumento paulatino de las sanciones económicas y el incremento de la ayuda militar, sin duda, fueron imprescindibles para que Ucrania resistiera. En definitiva, aquellos discursos iniciales en el invierno de 2022 fueron las primeras evidencias para el pueblo ucraniano de la solidaridad de sus hermanos europeos y americanos. Tal vez fue el momento en el que hubo más Europa. O, por lo menos, fue el periodo en el que nos sentimos más orgullosos de ser europeos en los últimos años.

Hoy, la farsa se ha consumado en Venezuela. Ya nadie puede dudar, después de consolidar oficialmente su presidencia Maduro, que estamos primero ante un golpe de Estado y después ante una Dictadura. Sorprende que el lenguaje heroico, épico y ético provocado por la invasión rusa de Ucrania se haya convertido hoy en un discurso administrativo, procesal, que se contenta con pedir a Maduro que muestre las actas electorales semanas después del pucherazo, de volver a ser elegido presidente de manera fraudulenta y después de iniciar una campaña represiva que llega a todos los rincones de aquel país.

Los venezolanos tuvieron que vencer todos impedimentos imaginables como cercenar la posibilidad de ejercer el derecho al voto a miles de personas, el miedo o el cierre de los periódicos antes de convocar las elecciones. Tal vez no haya un ejemplo de bendita obcecación tan evidente en la historia como el demostrado por una sociedad que han querido doblegar por el miedo, el hambre y el exilio provocado de millones de personas, y que aún no lo han conseguido. Siguen solos, demasiado solos, sin muchos gestos de apoyo y sin esas palabras de consuelo que necesita el que lucha por la libertad en circunstancias muy difíciles.

Tristemente, la cleptocracia cubano-venezolana goza del crédito de un izquierda estúpida y carcomida por el populismo iberoamericano. Es la que ampara la farsa, burda y cruel a la vez, del resultado electoral “oficial”. Maduro ha consolidado lo que estaba decidido desde el principio que sería: el dictador venezolano. Mientras tanto, los que ganaron las elecciones están huidos para que no les detengan. No duermen en sus casas. Y, como esa dictadura es una burda exageración manteniendo la apariencia de estructuras institucionales de antaño, el fiscal general (persona sin duda a las órdenes del poder) ha requerido al verdadero presidente González Urrutia para que testifique. El robado será el delincuente; el golpeado, el agresor; el ultrajado, el que terminará entre rejas… El mundo al revés.

A pesar de todo, el ganador de las elecciones está decidido a quedarse. No habría merecido la pena tanta infamia para luego huir. Es el momento para nuestras democracias de mostrar más contundencia contra el régimen de Maduro. Ahora es cuando la sociedad venezolana –como la ucraniana en su día– debe sentir nuestro aliento, apoyo y solidaridad más intensa.
Todo lo que España es en el concierto internacional lo es por nuestro liderazgo en Iberoamérica. Sin embargo, algunas pesadas y secretas servidumbres de carácter público y también privado nos mantienen discretamente en un pelotón de países escudados por el lenguaje procesal que dice, pero no dice, que parece que hace, pero en realidad no hace. Ni una mala palabra, pero ni una buena acción.

Por eso es a la Unión Europea a la que reclamamos: Venezuela no se merece menos atención que Ucrania. No se merece que la olvidemos y necesita de las medidas más enérgicas que la Unión pueda tomar contra la dictadura de Maduro. Recuerden que la lucha contra Maduro lo es contra el viejo y tétrico régimen castrista, contra Irán y contra Rusia, máximos aliados de la dictadura.

De Rusia se fueron las legaciones diplomáticas democráticas del mundo occidental. ¿Cabría hacer lo mismo con Maduro? El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo sería un primer paso fundamental.

Esto es insoportable. Convoque ya elecciones

El espectáculo que están dando hoy los independentistas en Barcelona es vergonzoso. Nos convierte en un país bananero y triste. Supone el final de un periodo que nació en 1978. Es bochornoso también para los ciudadanos que respetan las leyes y no renuncian al ejercicio pleno de su ciudadanía.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad

FUENTE: EFE

Hoy hemos vuelto a ser una lamentable excepción en Europa. El circo de cuarta división que ha protagonizado Puigdemont y sus allegados, entre ellos los dirigentes de ERC que acaban de suscribir un ignominioso pacto con los socialistas catalanes convalidado por la ejecutiva federal del PSOE, nos devuelve a la España de «charanga y pandereta, de espíritu burlón y alma quieta» excéntrica y retrasada. Es como si una justicia poética, por encima de designios y voluntades, nos devolviera la peor España justamente en Barcelona, lugar que fuera epítome de la modernidad y el europeísmo.

Sabíamos la tendencia al sacrificio simbólico de los soberanistas que siempre han preferido una buena derrota a las victorias ganadas día a día en las que se basan los países prósperos y modernos. Sabíamos que esta escena sacrificial la ha venido soñando Puigdemont durante los últimos años. ¿Cómo desdeñar un calvario liviano y breve rodeado de multitudes que después se irían a comer para culminar el día festivo que les ofrecía su presidente en el exilio?

Pero no nos engañemos. Nada de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona habría ocurrido sin el amparo y la colaboración activa de los socialistas y el Gobierno de España volviendo a abdicar de sus atribuciones más trascendentes retirando a los servicios de información de Cataluña. Aquel partido moderno, fuerte, en ocasiones pretencioso, ha devenido en un partido trasnochado, sin principios que defender, capaz de justificar todo con tal de que Sánchez siga bajo el palio de la presidencia. El paso de un partido institucional a una organización política desconcertante y gamberra.

Sin el insaciable apetito por el poder de Sánchez, nada de lo que ha sucedido durante los últimos años habría sido posible. Dinamitaron el Código Penal para excarcelar a parte de los protagonistas del golpe de estado que intentaron los independentistas. Rectificaron al Tribunal Supremo para mantenerse en el gobierno durante la legislatura pasada, dejando claro que la justicia no es igual para todos. En esta nueva legislatura, los socialistas de Sánchez han pedido perdón en nombre de todos los españoles por el golpe de Estado que dieron los independentistas. Y ahora, como no era suficiente, ofrecen a los independentistas la soberanía fiscal a costa de hacer añicos los principios de igualdad y solidaridad tan mencionados como desdeñados por estos jóvenes insaciables.

De Puigdemont, de Junqueras, de Illa, no esperaba nada. Pero lo que más me ha sorprendido durante estos años es la facilidad con la que Sánchez ha pervertido lo más nuclear y sagrado, primero del PSOE y luego de la España constitucional. En otras circunstancias bien distintas Arendt habló de la banalidad del mal, y en estos tiempos hemos visto cómo el silencio, la colaboración de personas que parecían intachables, ha sido imprescindible para lograr el destrozo que presenciamos de nuestro sistema constitucional. Sólo hace falta que no se haga nada, que el silencio se imponga para que las locuras más inverosímiles se conviertan en realidad…si además se presta una ayuda nada desinteresada estaríamos ante la situación que vivimos en España.

La ópera bufa que se ha desarrollado en las puertas del Parlamento autonómico catalán nos devuelve a la España negra. Y volvemos a ese pasado sin que lo queramos la mayoría. Volvemos a causa de la ambición desbordada de un personaje sin principios políticos y sin atributos morales. Esta vergüenza que sentimos la mayoría no la siente Sánchez, blindado ante los mínimos éticos y estéticos necesarios para representar a todos los españoles. Presidente: convoque elecciones cuanto antes, la vergüenza para los españoles es insufrible. Pero si el presidente del Gobierno sigue blindado a la vergüenza, debemos emplear todos los medios democráticos y pacíficos con los que contamos para defender a la mejor España, la que heredamos de nuestros padres.

Sobran los motivos para hablar alto y claro

La nación goza de buena salud, pero el acuerdo firmado en el mes de agosto con la finalidad de evitar la contestación y el rechazo de los socialistas del resto de España y, en general, de la sociedad española entre ERC y el partido de Illa, hace al Estado español ineficiente, ineficaz e incapaz de cumplir con sus atribuciones más características.

FUENTE: EFE

El Estado español ya no será el Estado Autonómico de la Constitución del 78, será una especie de Estado confederal, que no se basa en la voluntad afirmativa de las partes sino un Estado débil a la espera de la fractura definitiva. No es el acuerdo sobre principios sino el acuerdo de que unos aceptar que Illa sea presidente de la Generalitat y la resignación de los otros, a la espera de que rompan lo que queda cuando tengan fuerza suficiente.

El acuerdo es un camino claro y sin trampas de mutación salvaje del Estado que renuncia a sus atribuciones más características a la espera del momento adecuado para los independentistas. Todo ello sin consultar a la ciudadanía española, tratada como menor de edad y a la que le impiden protagonizar su futuro, apropiado por un clan político decidido a todo con tal de seguir en el Gobierno.

Los progresistas de Sánchez e Illa son paradójicos. Son tan progresistas que nos devuelven al siglo XVII, anterior a la nación configurada por la historia, la razón y la Ilustración. De esa cesión vergonzosa se derivará un régimen insostenible en el que se perpetuará la España menesterosa y pobre. Da igual que este año ofrezcan mejor financiación. A corto plazo, Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Galicia, Andalucía y todas las comunidades necesitadas de apoyo y solidaridad verán reducido su margen de gestión. Ese acuerdo les obliga a seguir siendo pobres, justamente en contra de lo que luchó una izquierda muy distinta, a la que sobrevive otra cobijada en siglas honorables y centenarias.

Algunos dicen que esos acuerdos no saldrán adelante. Pero en todo caso se han confirmado tres realidades que algunos venimos anunciando hace tiempo. El denominado PSC es en realidad el coche escoba de los nacionalistas. Es el encargado de hacernos tragar la píldora de le desigualdad y el discurso identitario. Es el inevitable «poli bueno» encargado de hacer realidad lo que desea la parte nacionalista. Y si algunos piensan que la financiación es la mejor demostración del nacionalismo vergonzante del partido de Illa es que no ha reparado en la política lingüística. Efectivamente diseñan en el acuerdo una política lingüística sectaria, totalitaria, que ahoga el derecho de los catalanes a hablar en español, ni siquiera podríamos decir que es un remedo dulce de la política franquista en contra del catalán, porque muestra el rostro de la intolerancia y el sectarismo en toda su crudeza.

Cualquiera que lea el acuerdo, salga adelante o no, verá que el partido de Illa (que me cuesta calificarle de socialista) acepta y comulga con todo el lenguaje, el discurso y los principios nacionalistas.

Hemos constatado que Sánchez es capaz de todo y quien es capaz de todo es capaz de lo peor. Por esta nueva confirmación nos debemos preparar para la desarticulación, en ocasiones zafia, de los engranajes del Estado de Derecho español.

La conclusión es evidente. No se trata exclusivamente de salvar al PSOE, hoy por hoy, irreconocible. Se trata de defender la España constitucional y el Estado Autonómico. No estamos solo ante una pequeña batalla por el futuro del Partido Socialista. La gravedad de lo que está sucediendo nos impone la necesidad de encontrar espacios comunes, acuerdos y colaboración entre la sociedad civil, las instituciones independientes y los partidos constitucionales, moderados, que rechazan las expresiones políticas iliberales, sean de izquierdas o de derechas. Ni nuestros muertos ni nuestra historia pueden ser una mordaza que nos impida defender lo que en el pasado ellos defendieron: una España vertebrada con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos hayan nacido donde hayan nacido, sean quienes sean sus padres. Ni los apellidos, ni la identidad ni la lengua y menos el lugar pueden ser el origen de desigualdades.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad

Zapatero en Gamínides

Los venezolanos no se han resignado ante el robo descarado de sus votos y, con ellos, de su dignidad. Maduro, escoltado por lo peor de cada casa, se proclamó presidente sin vergüenza. Un sentimiento desconocido para un personaje que ha mantenido un régimen cleptómano y empobreciendo un país rico como pocos en el siglo XX.

Por Nicolás Redondo Terreros

Ha pasado Venezuela de ser un país que, sin duda, despilfarró parte de su inagotable riqueza, a un país mendigo, del que se han ido millones de sus ciudadanos por sentir la falta de libertad y no tener nada que llevarse a la boca.

Lo más execrable suele permitir que sobresalgan ejemplos extraordinarios de belleza y dignidad. A Maduro le hace contrapunto María Corina Machado a la voluntad de silenciar a la sociedad venezolana. Representa la valentía de los que han decidido no callar, sino alzar la voz.

Los venezolanos han luchado contra la dictadura de Maduro y contra la indiferencia que ha impuesto el “socialismo para ricos” que domina parte de la izquierda occidental. Han pasado desapercibidos los millones de personas que han huido de Venezuela, los secuestros y detenciones de los opositores, cuando no el asesinato en la propia Venezuela o lejos del país de Bolívar.

Son ellos los que nos ha enseñado el valor del sacrificio, de la dignidad, de la libertad que les falta. Por eso, merecen toda nuestra atención y nuestra solidaridad más militante, más cuando sabemos que ya hay muertos en las calles de Caracas. Hoy vemos el verdadero rostro del dictador. No es sólo un botarate que baila bachata en los mítines o que dialoga con los pájaros y las vacas. Es un fiel y cruel servidor de una multinacional iliberal que arraiga en países como Cuba o Irán.

Siempre nos hemos preguntado cómo sistemas execrables han podido tener el apoyo de personas relevantes, pues un ejemplo de esa alianza a veces inverosímil lo tenemos en directo en Venezuela. Vemos cómo los últimos 10 años el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado sin dudas y sin matices al régimen de Maduro. Nos dijo engolado que mucha gente hablaba de Venezuela sin conocer el país, sin darse cuenta de que es posible hoy en día estar perfectamente informado sin visitar el país y, en todo caso, todos podemos hablar de todo y sobre todo de la libertad y de la dignidad de un pueblo hermano.

Zapatero, cuando escribo esta nota, no ha hablado. Teniendo en cuenta la infinitud del universo (como él se encargaba de describir en un mitin inenarrable en San Sebastián) puede que esté en Gamínides intentando pasar desapercibido. Pero las señales de indignidad, de relaciones inconfesables con un régimen cleptómano y autoritario, están ahí para quien quiera verlas.

Hoy la militancia por la libertad y la democracia de España respecto al “pucherazo” de Maduro pasa por retirar nuestro embajador temporalmente hasta que se reponga la voluntad de los venezolanos (por menos y por cuestiones muy privadas hemos retirado sin fecha un embajador en Argentina). La única manera de influir en la buena dirección es la presión internacional y a esa acción pacífica, democrática y ética, España no puede renunciar. Desde luego también pasa por una reflexión seria y honrada de los socialistas españoles. ¿Puede el PSOE seguir manteniendo en sus filas a una persona que ha apoyado, por los motivos que sean, una “pucherazo” a favor de un dictador?

Hemos visto como los neocomunistas se ha felicitado por el golpe de Estado protagonizado por Maduro. Pero esto no me sorprende. Esa comunión entre comunistas y dictaduras no ha sido infrecuente en la historia del siglo XX. Sin embargo, es imposible que los socialistas miremos para otro lado cuando uno de los nuestros, embozado en bellas palabras que pierden todo su significado en sus labios apoya una dictadura.

Zapatero puede rectificarme con una declaración rechazando a Maduro y todo su séquito. Si lo hace, me alegraré. Pero si sigue oculto y callado o vuelve a hablar del “valor de la palabra o del diálogo”, sabremos que su posición está junto a los líderes autoritarios e iliberales.

Un ataque a la información libre

El reciente anuncio del ‘paquete de regeneración democrática’ por parte del presidente Pedro Sánchez ha suscitado un intenso debate y una fuerte oposición, especialmente entre los medios conservadores y la derecha política.

FUENTE: EFE

A pesar de las promesas de fortalecer la democracia y combatir la desinformación, muchos ven en estas medidas un intento encubierto de controlar y amordazar a la prensa crítica con el gobierno. 

El plan de Sánchez incluye, entre otras cosas, la limitación de la financiación pública a los medios de comunicación y la reforma de la ley de publicidad institucional para asegurar una mayor transparencia. El objetivo declarado es evitar que la publicidad institucional sea utilizada para influir en la línea editorial de los medios y garantizar que estos den a conocer quiénes son sus propietarios y cuánto dinero público reciben. Además, se contempla un paquete de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios, financiado con fondos europeos. 

Sin embargo, críticos de diversos sectores acusan a Sánchez de intentar coartar la libertad de prensa y de utilizar estas medidas para intimidar a los medios que han sido más críticos con su gestión. El presidente parece estar más preocupado por su imagen pública y la de su familia, usando este paquete de medidas como una herramienta para protegerse de la prensa adversa. Afirman que el verdadero propósito de Sánchez es controlar las narrativas mediáticas, asegurando que los medios que reciben publicidad institucional sean aquellos que no le critiquen. 

Estas medidas representan una amenaza para la libertad de información. La intención de obligar a los medios a revelar sus fuentes de financiación podría tener el efecto contrario al buscado, limitando la independencia editorial y provocando una autocensura para evitar perder fondos públicos. Esta estrategia parece diseñada más para infundir miedo en los medios y controlar el flujo de información crítica que para fomentar una mayor transparencia y responsabilidad. 

Además, el aspecto sobre las finanzas de los medios de comunicación podría no limitarse a las subvenciones que reciben del sector público. Tanto el Gobierno como sus socios explican que pretenden apelar al carácter social de los medios de comunicación para dar a conocer su accionariado, para comprobar si existen conflictos de interés. Esta medida, aunque con buenas intenciones declaradas, podría servir para desacreditar a ciertos medios vinculándolos con intereses empresariales específicos y erosionando su credibilidad. 

En este contexto, la relación entre el gobierno y la oposición sigue siendo extremadamente tensa. La derecha política acusa a Sánchez de manipular la información para proteger su imagen y la de su familia, y exigen su dimisión. Las críticas no se limitan a la derecha política; incluso dentro de su propio partido y entre sus aliados, hay voces que cuestionan la efectividad y la motivación detrás de estas medidas. 

Las dudas sobre la implementación y la verdadera intención de estas reformas son abundantes. En un escenario donde el gobierno de Sánchez enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la pérdida de las elecciones europeas y tensiones internas con sus aliados de coalición, estas medidas parecen ser una estrategia para consolidar su poder y reducir la influencia de sus críticos. La percepción general es que el gobierno busca un mayor control sobre los medios, utilizando la publicidad institucional como una herramienta de presión. 

Mientras Pedro Sánchez presenta su paquete de regeneración democrática como una serie de reformas necesarias para proteger la información veraz y fortalecer la democracia, las críticas desde la derecha política y los medios conservadores sugieren que estas medidas podrían ser utilizadas para restringir la libertad de prensa y consolidar el poder del gobierno sobre la narrativa pública. En este contexto, la vigilancia y el escrutinio continuos serán esenciales para asegurar que cualquier cambio realmente beneficie a la democracia y no la socave.