
La democracia española no solo se fundamenta en el respeto a la legalidad vigente, sino también en una serie de normas no escritas que sostienen la integridad del sistema. Cuando estas normas se desprecian, el tejido democrático se deshilacha y se expone a la erosión.
FUENTE: EFE
Esta es la realidad que vivimos hoy en España, donde el gobierno central liderado por Pedro Sánchez ha mostrado un comportamiento que cuestiona su compromiso con la salud democrática del país.
Un ejecutivo democrático debería mantenerse alejado de organizaciones políticas que han justificado la violencia o que han intentado romper el orden constitucional. Sin embargo, el actual gobierno se sostiene gracias a sus acuerdos con fuerzas políticas como Bildu, un partido que no ha condenado inequívocamente el legado violento de ETA. Al asociarse con Bildu, el gobierno no solo está dando legitimidad a aquellos que han jugado con la memoria y el dolor de las víctimas del terrorismo, sino que también está normalizando una alianza que cuestiona la integridad del Estado.
No menos preocupante es el apoyo parlamentario de ERC y Junts per Catalunya, partidos que lideraron el intento de secesión de Cataluña en 2017. Estos partidos, lejos de retractarse de sus posiciones rupturistas, siguen trabajando activamente para socavar la unidad del país desde dentro. Al establecer pactos con estas fuerzas, el gobierno está diciendo a la ciudadanía que los principios democráticos pueden ser negociables, siempre que sirvan para mantenerse en el poder.
El Gobierno solo puede hacer lo que puede explicar de manera clara y honesta a sus ciudadanos. En este sentido, el gobierno de Sánchez ha fallado repetidamente en cumplir con su deber de transparencia. Casos recientes, como las decisiones sobre el modelo de financiación autonómica o las concesiones hechas en los Presupuestos Generales del Estado, han sido gestionados con una opacidad preocupante. Ante las preguntas legítimas de la oposición y de la ciudadanía, el gobierno ha optado por refugiarse en el silencio o en respuestas vagas que no resuelven las dudas planteadas.
Este comportamiento es una falta de respeto, no solo hacia la oposición y el Congreso de los Diputados, sino también hacia todos los ciudadanos españoles que esperan claridad y responsabilidad de sus líderes. Un gobierno democrático no puede funcionar como una entidad autocrática que rehúye el escrutinio y se esconde detrás de minorías heterogéneas para evadir explicaciones requeridas. Tal comportamiento mina la confianza en las instituciones y favorece la crispación política.
El ejecutivo debe abstenerse de manipular los medios de comunicación, ya sea de manera directa o mediante grandes empresas que actúan como intermediarias. Sin embargo, existen crecientes indicios de que el actual gobierno ha buscado influir en la narrativa mediática para crear una atmósfera favorable a su gestión y neutralizar críticas. En una democracia sana, los medios deben operar de manera independiente, ofreciendo una pluralidad de voces que ayuden a la ciudadanía a formarse una opinión informada. Este intento de controlar la información contribuye a la polarización y deteriora aún más el debate democrático en España.
Otra preocupación central es la continua politización del poder judicial, evidente en los constantes retrasos y conflictos alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. Estas instituciones son pilares de nuestra democracia y deben permanecer libres de influencias partidistas. El uso de tácticas dilatorias y negociaciones opacas para controlar estas instituciones no solo socava su credibilidad, sino que también pone en peligro la separación de poderes que es fundamental en cualquier democracia que se precie de serlo.
España necesita urgentemente un gobierno que respete tanto las leyes escritas como los usos y costumbres del buen gobierno. Necesitamos partidos políticos, no sectas; debates basados en ideas y propuestas, no descalificaciones e insultos. Se requiere que quienes ostenten el poder se comporten con virtudes como la discreción, en lugar de la exageración; la moderación, en vez de las extravagancias ideológicas; y la humildad, en oposición a los comportamientos de “barra de bar”.
Los representantes del pueblo deben estar al servicio de la ciudadanía y no utilizar los poderosos instrumentos del Estado para beneficio personal o partidista. Es fundamental que renuncien a cualquier tentación de aprovecharse de sus posiciones privilegiadas, asegurando que están en sus puestos no para servirse a sí mismos, sino para servir a los ciudadanos españoles.
Es crucial que España recupere una política que valore el respeto por la pluralidad y la justicia. Solo así podremos evitar una mayor fragmentación social y un retorno a los tiempos oscuros de divisiones profundas. Para ello, es necesario un compromiso renovado con los principios democráticos, tanto en la letra como en el espíritu. La nación española merece un liderazgo que fomente el diálogo, la responsabilidad y el respeto mutuo, y que esté genuinamente dedicado a proteger la democracia que tantos esfuerzos ha costado construir.

Cándido Pumpido…Tezanos…y luego hablan de regeneración, hay que tener poca vergüenza.