«La historia intelectual es una disciplina que estudia la historia de un país desde el punto de vista de las ideas que lo han caracterizado. Podría hablarse también de historia de la mentalidad, en este caso española»
FUENTE: Zenda Libros
Por Joaquín E. Brótons, profesor de Filosofía.
Más allá de los hispanorromanos Séneca y Marcial, y posteriormente de San Isidoro de Sevilla, empezamos esta breve historia intelectual de España en la Edad Media, en el bien entendido de que la era medieval es una era proto moderna.
Así encontramos en la Edad Media tres grandes corrientes intelectuales que influyeron en Europa, ámbito no solo geográfico en el que cabe enmarcar a nuestro país.
Tenemos el averroísmo latino que influyó en la Sorbona de París, a Ramon Lull (que escribe en catalán) y a la Escuela de Traductores de Toledo, que pasó del árabe al latín todo el saber aristotélico que los islámicos habían hecho suyo.
Tras el tránsito del siglo XV a la Edad Moderna, se plantea la cuestión de si hubo Renacimiento en España. La respuesta es que sí. Pérez de Oliva escribe sobre la dignidad al estilo de Picco de la Mirandolla y Erasmo de Rotterdam es traducido con profusión al castellano. Su influencia llega hasta El Quijote.
Pero con el descubrimiento y posterior conquista de América surge la cuestión de los indios. Las Casas y Ginés de Sepúlveda mantienen a mediados del siglo XVI un debate conocido como Junta de Valladolid sobre la esclavitud sin resultado concluyente. Todos los países han llevado a cabo una revisión de su pasado imperial y España no puede quedar fuera. El hecho de que ya entonces se debatiera sobre la legitimidad de la conquista y la esclavitud nos permite realizar una autocrítica fundada en la misma Junta de Valladolid. Por tanto, ni leyenda negra ni leyenda rosa sobre América sino la verdad.
El autor más importante del Renacimiento español es Juan Luis Vives, exiliado en Brujas, pero formado en la recién creada Universidad de Valencia. El exilio de Vives nos recuerda el conflicto con los judíos españoles. Y a finales del siglo tenemos a Francisco Suárez, el metafísico de la Universidad de Salamanca, exiliado a su vez en Coímbra (Portugal) después de la Contrarreforma.
Es de este modo como mientras el fantasma de la dignidad humana había recorrido España en el siglo XVI, el fantasma de la tolerancia que empieza a recorrer Europa en el siglo XVII topa con la cerrazón de los Pirineos. Esto no imposibilitó que hubiera actividad intelectual en España, pero sin duda la dificultó mucho. Gracián escribe a mediados del siglo XVII con bastante libertad, pero desde puestos muy modestos. Por otro lado, Descartes es traducido al castellano en Valencia a finales de este siglo, iniciando lo que cabe llamar Ilustración española que pese a todos los obstáculos existió y es digna de mención.
Así pues, del siglo XVIII español cabe destacar fundamentalmente dos autores: Feijoo como divulgador de las Luces (en concreto de los novatores) y Piquer, catedrático de la Universidad de Valencia, el primer autor moderno de la cultura española en sentido amplio. Hay muchos más ilustrados, algunos encarcelados por la Inquisición, y también cabe mencionar la fundación a finales de siglo de las Sociedades Económicas de Amigos del País.
Con esto entramos en la Edad Contemporánea, que es la nuestra. Aquí se mezclan la política con las ideas, en primer lugar en las fallidas Cortes de Cádiz. Los errores son varios pero podemos destacar la cuestión del sufragio, que Jovellanos tildó de “desgraciada”, y la cuestión del unicameralismo, que Blanco White rechazó.
La revolución española fracasa en la configuración de un Estado moderno. Balmes, el joven filósofo, muere tempranamente en 1848. La posterior Restauración no consigue industrializar España. Finalmente, con la pérdida de Cuba se acaba lo que quedaba del Imperio español.
El siglo XX se inicia, pues, con grandes retos a los que hacer frente pero el reformismo (que encuentra en Ortega su correlato intelectual) se ve abocado también al fracaso. Así llegan, tras la dictadura de Primo de Rivera, la 2ª República y la posterior Guerra civil, que es fundante respecto del actual Estado español. Franco sí logra industrializar España, digamos, manu militari, y la Constitución democrática de 1978 cumple el viejo programa republicano salvo en la figura del Rey.
Desde el punto de vista intelectual es reseñable que muchos autores hasta entonces poco o nada traducidos empiezan a aparecer en el panorama editorial español. Por fin toda la filosofía moderna es trasvasada al castellano y aun a otras lenguas peninsulares. España entra en la actual Unión europea en 1986.
Con la democracia se consolida la filosofía en la Universidad, con autores destacados como Eugenio Trías, fallecido en 2013. Otro cantar es la Educación Secundaria, casus belli de la política.
Esta es a grandes rasgos la historia intelectual de España. Se ha dicho que la mentalidad española es realista. Un cierto realismo recorrería la historia de las ideas en España desde Suárez hasta Ortega. Ferrater Mora hablaba en este sentido de una filosofía fiel a la realidad que también caracterizaría a la filosofía catalana.
Sea como fuere, la España del siglo XXI es un país que lucha por ser definitivamente moderno.
Joaquín E. Brotons, profesor de filosofía, ha publicado sobre esta cuestión Una imagen de España (Adarve, 2019).
Tras meses de negociaciones y planificación interna, el Ejecutivo ha presentado en los últimos días su hoja de ruta para la descentralización de las instituciones del Estado como medida para luchar contra la despoblación de algunas de las regiones de nuestro país y conseguir captar mayor inversión en estas zonas y, de este modo, tener un reparto territorial más equilibrado de las instituciones públicas.
FUENTE: EFE
Esta decisión afecta directamente a las zonas consideradas ‘más deprimidas’ de la España vacía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Ponferrada, capital de El Bierzo, una tierra del norte leonés en pleno proceso de reinvención con cada vez menos habitantes y más envejecidos, que durante décadas vivió de las minas de carbón y de las centrales térmicas, para incidir en la “necesidad de un desarrollo equilibrado territorial”. Sánchez ha avanzado la reactivación de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y su conversión como centro de innovación tecnológica energética y digital vinculado con el medio rural.
Aún así, el presidente ha asegurado que estos cambios no afectarán al grueso de la Administración central, que lleva décadas arraigada en Madrid, permanecerá en la capital salvo proyectos muy concretos. La complejidad logística que implicaría la mudanza de alguno de los grandes organismos y la oposición de los sindicatos de funcionarios han llevado a desechar esa opción.
El informe del Gobierno defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización administrativa. Una desconcentración “bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”, resalta el informe.
A pesar de que a priori este movimiento puede ser una buena idea, no tiene efectos reales significativos, ya que la sede de las instituciones no tiene una relevancia tan grande como para lograr atraer actividad económica a las regiones seleccionadas para esta deslocalización Administrativa. Uno de los mitos más extendidos es el de pensar que la acumulación de sedes de instituciones públicas en una ciudad le hace a ésta partir con ventaja frente al resto de capitales del país. Es el caso que se quiere aplicar a la disputa entre Madrid y otras grandes capitales españolas, considerando que Madrid tiene una ‘posición de privilegio’ sobre el resto por su ‘capitalidad’ y, por tanto, ejerce una competencia desleal con el resto de los territorios.
Los datos demuestran el escaso valor económico que produce tener en un lugar u otro la sede de los organismos oficiales. Tomando como variable proxy de la ‘capitalidad’ el peso de las actividades del sector público sobre el PIB (datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, INE) si comparamos 2019 (último dato disponible) con 2000, el peso del sector público sobre el PIB de la Comunidad de Madrid apenas ha crecido en 0,13 puntos porcentuales, mientras que en el conjunto de España ha crecido en 1,88 puntos porcentuales (es más importante en relación al PIB el sector público en el total nacional que en Madrid, concretamente casi 3 puntos más)”.
En las dos grandes capitales españolas además de Madrid, Barcelona y Valencia, el peso de la administración pública ha crecido en 4 puntos respectivamente, mientras que en Madrid se mantiene prácticamente en el mismo entorno que en 2000 (últimos datos disponibles de la Contabilidad Anual Regional del INE).
Si bien la medida puede tener ciertos beneficios para algunas capitales más apartadas y con menor importancia administrativa hasta la fecha, pudiendo generar algunos empleos vinculados, no supondrá un gran revulsivo ni tampoco un efecto político y social suficientemente relevante.
La democracia es mucho más que la búsqueda incondicional de apoyos en las Cortes para sacar adelante los proyectos legislativos del Gobierno. En este sentido, uno de los principios básicos de una democracia es excluir de la gobernabilidad a aquéllos que persiguen su destrucción y la confrontación no pacífica entre ciudadanos, los cuales representan un porcentaje minúsculo de los electores. Sin embargo, en España estamos haciendo todo lo contrario: naturalizar al espacio político heredero del mayor enemigo del sistema constitucional que ha sido el terrorismo.
FUENTE: El Correo/EP
Sorprende que en un país cuyo Gobierno ha hecho de la ‘memoria democrática’ una de sus principales banderas, ésta sea tan asimétrica y kafkiana. Al mismo tiempo que se ponen en jaque los principales consensos sobre los que se construyó la Transición, se escenifica un programa de ‘olvido político’ intencionado que pretende ser implantado sin oposición entre la izquierda, aplacando cualquier crítica a través de palabras gruesas y acusaciones inaceptables entre demócratas de cualquier signo político.
Es evidente la dificultad de gobernar España con unas mayorías tan exiguas e inestables como las actuales. Sin embargo, esto no puede dar carta de naturaleza a una política de ‘todo vale’ para permanecer por más tiempo en el Gobierno. En el momento en que se da un lugar destacado a los enemigos de la democracia -todos ellos fuerzas extremas y centrífugas- la salud del sistema democrático se resiente profundamente, ya que la dinámica de sus demandas siempre es creciente, nunca decreciente. Y una vez que ocupan un espacio que ni electoral ni sociológicamente les corresponde, apartarlos para retomar el normal funcionamiento institucional de un país requiere de un gran esfuerzo.
Hay que resistirse a llamar toda esta operación como ‘rearme del socialismo’ y ‘marcar perfil propio’. Es todo lo contrario: entregar rentabilidad electoral a cambio de un proceso que puede llegar a ser irreversible de deterioro democrático. Tener la vista puesta más en las municipales de 2023 a la espera de que «estemos preparados o no para cosas mayores», es un ejercicio de irresponsabilidad difícil de aceptar en democracia.
Este movimiento no solo sería contrario a esta idea del ‘rearme socialista’, que se vería opacado por este refuerzo a la extrema izquierda, sino que va en contra de toda la trayectoria constitucional de los últimos años, la cual ha posibilitado una convivencia pacífica entre demócratas que luchaban juntos contra los enemigos de España.
Hablamos con María de los Ángeles Fernández Ramil, Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y analista política, sobre el proceso electoral chileno semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones
En 2019 nació en Chile el movimiento conocido como Estallido Social ¿Por qué surge esta situación en el país?
El llamado estallido social chileno tuvo lugar el 18 de Octubre de 2019. Desde mi punto de vista, representa la eclosión de una situación de malestar que se venía acumulando y manifestando de manera intermitente en el país de distintas formas. A inicios 2000, gracias a los informes que desarrollaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se instaló un debate, a nivel de referentes de opinión, al que se le llamó “el difuso malestar”. Del mundo de las ideas y de la conversación pública, se trasladó al mundo de la protesta a través de episodios importantes centrados específicamente en la demanda educativa. En el año 2006 el país asistió a la llamada “revolución de los pinguinos” y luego, durante el año 2011, con las manifestaciones estudiantiles por educación pública, gratuita y de calidad centrada, esencialmente, en la educación superior y que, dicho sea de paso, fue el semillero de las que salieron importantes líderes políticos del país hoy día al punto que tienen hoy día a uno de ellos, Gabriel Boric, disputando la presidencia en la segunda vuelta presidencial como candidato de un conglomerado de izquierda (Apruebo Dignidad) que incluye al Partido Comunista de Chile.
Desde esos años, se venía dando un debate en la sociedad chilena acerca de cómo era posible que el país, con unos buenos indicadores en muchos ámbitos que lo separaban del resto de sus pares en la región, expresaba de diversas formas su malestar. Algunos analistas lo atribuían a la desigualdad del país ya que, aunque los gobiernos que llevaron adelante la transición a la democracia con lemas como “Crecer con igualdad” lograron reducir sustantivamente la pobreza, la desigualdad se ha mantenido latente al punto de ser Chile uno de los veinte países más desiguales del mundo y situarse entre los más desiguales de América Latina lo que obligaba a avanzar en políticas de mayores niveles de protección social. Por otra parte, otra corriente señalaba que lo que los chilenos querían era mayor acceso a los bienes de consumo y que, con la expresión de dicho malestar, no estarían repudiando el modelo de modernización capitalista que se instaló con la dictadura de Augusto Pinochet.
Lo que sucedió en Chile puede inscribirse, por un lado, en el marco de las protestas sociales que tuvieron lugar en América Latina durante ese mismo año pero también debe leerse como algo propio y específico de un país extenuado por la aplicación de un modelo de libre mercado a ultranza que se instaló durante el régimen militar y que refundó totalmente la sociedad. Es cierto que, desde que se recuperara la democracia en 1990, el conglomerado de centro izquierda que gobernó el país por 20 años (la Concertación de Partidos por la Democracia) intentó modificar el rol tan protagónico que el mercado ocupa en la vida cotidiana de los chilenos pero siempre hubo un límite ya que la Constitución heredada de Pinochet, y que hoy está en proceso de superación producto, justamente, del estallido social del 18 de Octubre, dejó expresamente consignados quórums muy altos e instituciones de tipo contramayoritario, lo que hizo que la aspiración de darle un rol más decisivo al Estado en un modelo que, originalmente buscó relegarlo a un plano subsidiario en la prestación de bienes públicos tan importantes como la sanidad, la educación y las pensiones, siempre encontraba un muro.
¿Ha cambiado a mejor esa situación en este tiempo?
La respuesta no puede ser categórica. Por un lado, el estallido social del 18 de Octubre se expresó a través de masivas manifestaciones pacíficas pero tuvo una contracara de violencia y destrucción de bienes públicos desconocida desde el año 90 a la fecha y que no es de fácil categorización. Desde el primer momento, hubo fuerzas políticas que no condenaron expresamente dicho tipo de violencia sino que, de alguna forma, o la justificaron como necesaria para alumbrar el proceso constituyente que ahora está en curso o bien se omitieron de hablar sobre ella centrándose, como contrapartida, en criticar la gestión de la violencia y del desorden llevada a cabo por Carabineros de Chile. El récord de muertes y heridos producto del 18 de Octubre, ampliamente documentados por organismos internacionales de derechos humanos, ha dejado en la sociedad chilena una marca de difícil resolución ya que ha retrotraído al país a la memoria de tiempos oscuros de la represión llevada a cabo por el régimen de Augusto Pinochet y por la que se responsabiliza al presidente actualmente en ejercicio, Sebastián Piñera, cuyo mandato termina en marzo de 2022.
Lo concreto es que, a partir de ese momento, la violencia se ha instalado con fuerza en Chile y está lejos de ser algo episódico. De hecho, hay territorios en el país que viven una situación de violencia estructural como la Araucanía, epicentro de demandas del pueblo mapuche largamente postergadas.
A todo esto, hay que superponer la crisis sanitaria y económica sobrevenida por el impacto del Covid-19. No es exagerado afirmar que Chile vive, ad portas de la segunda vuelta de una elección presidencial, una condición de crisis sistémica pero, al mismo tiempo, muchas personas tienen esperanza en el proceso constituyente que deberá alumbrar una nueva carta fundamental en el año 2022 a ser sancionada por el pueblo chileno en un plebiscito de salida.
La primera vuelta se la ha llevado el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast ¿Qué se espera de la segunda vuelta el 19 de diciembre?
De manera inédita, la primera vuelta encumbró a un candidato como José Antonio Kast que, muy poco tiempo antes, estaba llamado a cumplir un rol poco menos que anecdótico en dicha contienda. Pero el segundo aniversario del 18 de Octubre dejó tras de sí una nueva estela de violencia y de destrucción, cuando no de abierto pillaje en muchas zonas del país, que ha catapultado a dicho candidato a una posición que, seguramente de no mediar dicho episodio, jamás se habría soñado ocupar. Un sector de la población comienza a demandar seguridad y orden frente a un presidente que, como Sebastián Piñera, está notablemente debilitado incluso antes del segundo intento de acusación constitucional del que fue objeto en fecha reciente y que sorteó con éxito. A ello se suma el fenómeno migratorio, especialmente acuciante en el norte de Chile y que ha llevado al candidato Kast a proponer una variación del muro de Trump, pero ahora expresado en una zanja.
Lo concreto es que su inédito resultado ha frenado a quienes anunciaban, como producto del proceso constituyente, un nuevo ciclo para la política marcado por la idea de cambio porque Kast, junto con posicionarse como candidato competitivo para el balotage que tendrá lugar el 19 de diciembre, ha logrado colocar el eje del orden y logrando importante presencia en las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado 21 de diciembre. Junto con observar los resultados del balotage próximo, hay que considerar el mapa de cómo quedaron las fuerzas representadas en el Congreso ya que la derecha, que se pensaba que había sido derrotada en la conformación del órgano constituyente de 155 miembros, ha cobrado nuevos bríos al punto de que, como señalan varios analistas, podría proponerse frenar el proceso constitucional encabezando la opción del “rechazo” en el plebiscito de salida previsto para el año 2022.
Según los medios españoles La Moneda estará reñida entre el candidato de la izquierda dura, un líder estudiantil admirador de Pablo Iglesias, y el de la derecha extrema, un férreo defensor de los años de Pinochet ¿Es esto lo que necesita el país?
Ningún país, incluido Chile, necesita una polarización que comprometa tanto la gobernabilidad futura como la vida cotidiana de los chilenos, tanto a nivel individual como en los colectivos en los que participan. Hoy, la contienda ha tomado un tinte preocupante al punto de que muchas personas se sienten emplazadas por la lógica del “estar conmigo” o “estar contra mí” desde las dos posturas que dirimen en la segunda vuelta. Ninguna sociedad puede prosperar si no hay un espacio político importante para la capacidad de acuerdo y de procesamiento de las diferencias en un clima de tolerancia y apoyo mutuos que, vistas las cosas, solo la podrían proporcionar fuerzas políticas más cercanas a los matices pero que hoy se ven expulsadas de las lógicas políticas en curso.
Adicionalmente, las recientes elecciones permitieron que llegase tercero el representante del llamado Partido de la Gente, el economista Franco Parisi, que se hizo conocido gracias a los medios de comunicación y que hizo campaña presidencial desde Estados Unidos, totalmente a distancia y sin pisar el país en los últimos dos meses. Fue primera fuerza en la región de Antofagasta y segundo candidato más votado desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo.
Sus votantes, que comienzan a ser disputados ahora en la segunda vuelta por los dos ganadores, colocan interrogantes nuevas para quienes estudian el impacto de las redes sociales en las elecciones y la “desterritorialización” relativamente exitosa de una candidatura.
¿Cómo está viviendo usted las selecciones desde la distancia?
Las vivo con sensaciones ambivalentes de esperanza y preocupación. Viví en Chile por 32 años, soy española y chilena al mismo tiempo y observo la pendiente resbaladiza hacia una creciente polarización que es inédita en el marco de su historia reciente. Es particularmente preocupante el hecho de que, a pesar de lo mucho en juego, la participación en las pasadas elecciones fuera ligeramente superior a 7 millones, un 47% (lo mismo que en la primera vuelta presidencial del año 2017) y menos al plebiscito para una nueva Constitución del 2020.
Por otra parte, como alguien que ha trabajado por años en el ámbito de la igualdad de género, me preocupa lo que puede representar una candidatura de extrema derecha que ofrece terminar con la maquinaria estatal de género tal como la conocemos así como muchos avances logrados por las mujeres de Chile hasta la fecha. Sin embargo, por otra parte, las recientes elecciones entregan motivos para celebrar ya que la participación política femenina en ambas Cámaras avanzó gracias a la puesta en práctica de una ley de cuotas de género aprobada durante el segundo mandato de Michelle Bachelt: en Diputados, de 36 a 57 mujeres y en el Senado, de 10 a 12.
¿Espera que el resultado de estas elecciones mejore la situación del país y de los chilenos?
Es muy difícil entregar una respuesta. El presidente que salga de las urnas el 19 de diciembre tiene un rol en administrar una etapa de transición que viene dada por el proceso constituyente, la eventual aprobación de la carta fundamental que de allí salga y su puesta en funcionamiento. Para muchos, allí estaría residiendo el verdadero poder. En ese marco, ojalá sea una persona que, aunque emerja de una posición de extremos, entienda que debe sobreponerse a ella intentando coser una sociedad que hoy es vista y vivida como fracturada. El resultado que arroja la conformación del Congreso anticipa fragmentación, polarización e indisciplina.
Como resumen, al menos hasta el día de hoy, se constata que Chile no logra escapar de un fenómeno que recorre América Latina como es la implosión de su sistema de partidos con derrumbe relativo de los conglomerados políticos que administraron la transición (centro izquierda y centro derecha), el surgimiento de propuestas extremas, elecciones con alto nivel de abstencionismo y profundización del populismo que, en algunos casos, no disimula su autoritarismo. Todo ello, a su vez, hay que colocarlo en un marco de tendencias más preocupantes como advierte el reporte “El estado global de la democracia 2021: Construyendo resiliencia en una era pandémica”, de Idea Internacional que revela “mayor tendencia autoritaria y un retroceso de la democracia a nivel global”.
Tras un año convulso, al Gobierno le toca conseguir la aprobación de las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. No será tarea fácil después de la reducción en 1,6 puntos de la previsión de crecimiento para España este año (4,6%) por parte de la Comisión Europea.
FUENTE: EFE
Si ya de por sí el proyecto de Presupuestos no era realista (tal como han subrayado diversas instituciones públicas y privadas en los últimos meses), la revisión del crecimiento previsto por parte de la Comisión Europea ha terminado de romper el discurso del Ejecutivo. Las cifras publicadas por el Gobierno se quedarán lejos de cumplirse tras lo expresado por la Comisión Europea, con un gasto elevado que no permitirá cumplir el déficit y por el que Europa pedirá explicaciones a partir de 2023 y, por si fuera poco, con una estimación de crecimiento del PIB que para el año que viene se ha reducido en ocho décimas (5,5%).
El proyecto de ley, que está ahora en manos de los grupos políticos de la Cámara Baja (especialmente los socios habituales del Gobierno), fue presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace aproximadamente un mes; ahora es momento de negociar y todo queda supeditado a los clásicos acuerdos entre partidos en base a distintos intereses ideológicos, pero primero analizaremos las claves de estos PGE para el año que entra.
Los del año próximo, serán los presupuestos con mayor gasto público de la historia, 240.000 millones de euros, gracias a la entrada de los fondos europeos a nuestro país, que han sido muy importantes para dotar de semejante músculo financiero al Estado. El Gobierno, que da por hecho que contará con la llegada de 27.633 millones adicionales de los fondos europeos, confía en que éstas sean las cuentas que impulsen la recuperación.
Empleo
Según los datos manejados por el Gobierno, la recuperación económica para el próximo año está cifrada en un 7%, lo cual se verá en el empleo que, según este texto, en España crecerá un 2,5%. Esta situación llevará a una tasa de paro del 14% para finales del próximo año.
Para la cartera de Trabajo, la reactivación del mercado laboral supondrá una reducción en las prestaciones y mayores ingresos en cotizaciones. Por su parte, el SEPE prevé un gasto de cerca de 22.500 millones de euros que en su mayoría irán a parar a prestaciones no contributivas. En total, este gasto se reducirá un 10% en comparación con el de 2021.
Energía
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 establecen además un incremento del gasto del 1,2% en el capítulo de energía e industria, que contará con una dotación de 11.316 millones de euros. En este apartado, la inversión experimenta un incremento vinculado a la mayor compensación para la industria para frenar el incremento del precio de la luz.
Sanidad
Año y medio después del inicio del coronavirus, la partida del Ministerio de Sanidad cae por la menor inversión en vacunas. En concreto, cae un 9,9%. Sin embargo, la cifra tiene dos lecturas: teniendo en cuenta las vacunas, hay menos presupuesto total (ese 9,9%), pero sin ellas hay más (un 11%).
El año pasado, Sanidad obtuvo un presupuesto de 7.330 millones debido a la inversión en las vacunas que estaban a punto de llegar. Sin embargo, este año, con 37 millones de personas ya vacunadas, se va a destinar menos de la mitad de dinero a este aspecto. Si en las previsiones del año pasado la vacunación supuso 2.436 millones de los Presupuestos, en las de éste se quedará en 1.172 millones.
Cultura
El Ministerio de Cultura ya contó en este ejercicio con su mayor presupuesto en una década, pero este año el Ministerio contará con un 38,4% más que en 2021. El dinero con el que contará la cartera de Miquel Iceta pasará de cara a 2022 de 1.148 millones de euros a 1.589 millones. De ellos, 356 millones proceden de la Fondos de Recuperación europeos.
Recortes
El Gobierno sí ha reducido su asignación a la corporación RTVE un 6,3% para dejarla en 443 millones de euros, 30 millones menos que los adjudicados en los anteriores Presupuestos Generales del Estado.
Además, el Gobierno congela la asignación dedicada a la Casa Real. En concreto, ha previsto un total de 8.431.150 euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esta cifra implica una congelación respecto a la del ejercicio 2021 tal y como se consignó en la sección 01 de las cuentas del Estado y publica la Casa de su Majestad el Rey en su página web.
Con el cierre oficial de la COP26 de Glasgow, toca valorar los resultados de estos días de intensas negociaciones a contrarreloj para tratar de cerrar un texto a la altura de lo que se esperaba de esta cumbre. Debemos destacar en primer lugar que algunos de los principales países y compañías automovilísticas han acordado eliminar los coches de combustión fósil de sus cadenas de producción como fecha límite el año 2035
Fuente:EFE
En segundo lugar, países como Brasil, Argentina e India reforzaron sus objetivos de reducción de emisiones. Un centenar de jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a acabar con la deforestación en 2030, entre ellos Brasil –cuya selva amazónica sufre graves estragos por la pérdida de biodiversidad– que dijo que lo haría dos años antes, en 2028.
En tercer lugar, otros tantos países se han comprometido a emitir un 30 por ciento menos de metano, gas con 80 veces más efecto invernadero que el CO2. Una cincuentena de países prometió dejar de usar carbón para producir electricidad y cientos de entidades financieras privadas ofrecieron billones de dólares en créditos.
Por último, China y Estados Unidos anunciaron también un plan conjunto para «reforzar la acción climática» en la próxima década, un hecho catalogado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres como un «paso importante en la buena dirección». “Hemos progresado en algunas cosas más de lo que podía imaginar hace dos años, pero está lejos de ser suficiente”, consideró Helen Mountford, del World Resources Institute.
Qué es y qué no es ‘verde’
Por otro lado, otro de los grandes temas de debate se ha centrado en la inversión necesaria para alcanzar los objetivos climáticos. Los distintos países, inversores y entidades han anunciado nuevos paquetes de financiación a través de dos fórmulas: por un lado, acuerdos entre países desarrollados y emergentes para financiar políticas climáticas en estos últimos y, por otro lado, políticas y estándares comunes de financiación de proyectos de inversión en función de su contribución a la lucha contra el cambio climático y su potencial ‘verde’.
El acuerdo de las entidades financieras es un punto de partida muy bueno para comenzar a solucionar el problema, ya que ahora se está produciendo una de las más importantes disputas de los próximos meses: a qué se le puede llamar “inversión verde” y a qué no, y las entidades deben poner en valor la diferenciación de criterios para poder centrar sus ayudas en las necesidades más urgentes. La Unión Europea está diseñando la denominada “Taxonomía de Finanzas Sostenibles”, la cual en el fondo pretende definir qué tipo de inversiones pueden considerarse como sostenibles, cuáles son los requerimientos que deben cumplir y, de ahí, cómo se evalúa el peso “verde” a la hora de determinar las condiciones financieras de las operaciones
Por tanto, este acuerdo trata de dar seguridad jurídica a la terminología para definir qué es “verde” y qué no lo es, ya que hasta la fecha no hay una distinción perfectamente clara. Éste es el punto nuclear de las discusiones, las cuales se intentarán resolver en los próximos meses.
El corazón del funcionamiento del Estado ha sufrido dos ataques relevantes en los últimos días: por un lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición y sus socios habituales para convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos que lleven cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Y, por otro lado, la incapacidad de los dos grandes partidos de reformar el sistema de elección de cargos en los diferentes órganos constitucionales con carácter previo a un nuevo apaño como ha sido habitual en las últimas décadas.
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Tanto el primero como el segundo son acuerdos que socavan la calidad institucional, generando incentivos perversos tanto en el funcionamiento de la actual Administración como, muy especialmente, para los que serán los funcionarios y cargos públicos del futuro. Desaparece todo incentivo al mérito, la capacidad, el esfuerzo y la honorabilidad, valores sin los cuales no habría sido posible construir uno de los aparatos más relevantes que sostienen cada día a España. Son sustituidos por la proximidad de agenda política, la búsqueda de subterfugios que permita prosperar en ciertas carreras públicas con situación de ventaja injusta frente al resto o, simplemente, la búsqueda de rentas y poder que permita lucrarse económica y políticamente más que si se siguieran los cauces normales.
Con todos los defectos y necesidades de reforma tanto del sistema de acceso a la función pública como de la escala informal que permite conseguir cargos de relevancia dado un currículum virtuoso, España ha construido a lo largo de las décadas un sistema razonable de ascensor social, el cual ha sufrido un deterioro constante en los últimos años debido a la extensión progresiva de redes clientelares basadas en organismos públicos paralelos controlados por los partidos políticos, elección arbitraria de altos cargos sin un preceptivo concurso de méritos serio y consistente, y la rebaja de las exigencias de estudio, conocimientos y competencias en los sucesivos pasos para alcanzar un puesto público.
Dada esta situación, es urgente un plan de reversión del deterioro institucional que recupere lo mejor del ascensor social construido en las últimas décadas, mejorando y cambiando lo que no funcionaba previamente. En esta discusión, un punto relevante es la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista laboral y financiero. La creación de empleo público debe hacerse más eficiente, con un concurso de méritos y especial hincapié en aquéllos que tienen menos recursos, para acceder tanto a los puestos ordinarios como posteriormente a cargos de relevancia.
Estamos confundiendo gravemente el concepto de ‘interinidad’ con el de ‘temporalidad’, lo cual no se puede resolver a golpe de decreto, generando no sólo una discriminación frente a los empleados públicos que sí han opositado de forma completa, sino también con respecto a los trabajadores del sector privado, afectados por una ‘temporalidad oculta’ como es el elevado porcentaje de ocupados fijos pero a tiempo parcial. Aunque la medida se venda como ‘excepcional’ y por ‘sólo una vez’, no ha sido, ni es, ni tristemente será la última vez que esto suceda en el período democrático.
Dos años después seguimos luchando por las mismas causas que dieron sentido a nuestro nacimiento: la defensa del marco constitucional del 78, un espíritu progresista, cívico, laico y reformador.
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Estamos en un país en el que las grandes decisiones se toman midiendo la rentabilidad políticamente y no en defensa de la democracia. La política de bloques sigue enzarzada en trivialidades, dejando de lado a la sociedad. La política nace de la sociedad y ha sido la política la que se ha olvidado de la sociedad para que cada uno haga de este país su casa, terminando España por convertirse en una casa en la que nadie piensa en nadie. La Constitución es el marco regulador de estas actuaciones, pero se han olvidado de ella.
No dejaremos de luchar hasta que no se vuelva a una situación de concordia y entendimiento como ocurrió durante la Transición. “La Constitución establece la ambición de la mejor España, que convoca a todos, que exige diálogo entre diferentes para alcanzar los acuerdos que impulsan a la nación en un horizonte de libertad y progreso”, dice nuestro Manifiesto Fundacional. Queremos un futuro mejor para España y este pasa por políticas comunes, políticas de país; y no creemos que eso sea posible sin alcanzar acuerdos entre los grandes partidos de nuestra democracia.
Es el papel moderador de los españoles que, siendo activos y estando preocupados por la situación política y nacional, no buscan radicalizar sus posturas pasándose de la centralidad a los extremos. En base a esta idea, trabajamos en recuperar la centralidad y evitar el extremismo ideológico entre la sociedad española, ya que este extremismo populista, tanto de derechas como de izquierdas, solo puede perjudicar el progreso de nuestro país.
Esta posición la llevamos reforzando cada día desde que nació La España que Reúne, siendo críticos con aquello que no estaba bien, dejando claro que nuestra labor no es dependiente de ningún partido ni una ideología en particular. Sea el Gobierno, la administración regional o las locales, no vamos a dejar que nadie asalte la ley sin que nosotros estemos ahí para tratar de defenderla.
Y ¿por qué estamos aquí? Nuestro cometido es España y que nadie ni nada pase por encima de ella y su Ley, “Porque entonces ningún ciudadano estará protegido en sus derechos y la convivencia quebrará. Los populismos y los nacionalismos constituyen hoy, a lo largo de la Unión Europea y también en España, la principal amenaza a nuestras libertades”.
No queremos servir más que de herramienta para el correcto devenir de esta nación, si no hubiera una situación contraria a la que este país merece nuestro cometido estaría cumplido y no seríamos necesarios, y eso mismo deseamos. Y tomando por última vez las palabras de José María Múgica, tras dos años, La España que Reúne continúa “Con esa ambición de lo mejor para el conjunto de la ciudadanía, del esfuerzo generoso entre todos, y de la tolerancia con el diferente”.
‘La España que Reúne’ ha hablado con Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, para analizar tanto el pronunciamiento del Alto Tribunal como sus consecuencias
Fuente:EFE
El profesor Betancor piensa que esta situación “ha sido una anomalía para el andamiaje jurídico, nuestro derecho no estaba preparado para afrontar una situación como esta y como no estaba preparado se ha tenido que improvisar, y se ha improvisado optando por la solución más restrictiva. Ahora, tras un control de constitucionalidad de estas medidas, se han visto los perjuicios que han ocasionado estas decisiones tanto en lo que se refiere a la desaparición del Congreso, como a la supresión desproporcionada de los derechos de los ciudadanos”.
La tesis central de la ponencia es que el Congreso renunció a ejercer sus funciones de control tanto en lo relativo a la larga duración del estado de alarma, como a las medidas tomadas en relación a la restricción de derechos que ello iba a suponer. El auto consideraba reprochable que el decreto del segundo estado de alarma diera luz verde a una delegación de competencias a las regiones para adoptar medidas de limitación de derechos fundamentales sin que las Cámaras tuvieran conocimiento previo de su naturaleza y duración, así como potestad para rebatir esta medida.
Además de todo esto, la norma abría la puerta a que las órdenes y disposiciones acordadas por cada ejecutivo regional acabasen finalmente en los tribunales ante la nulidad de los preceptos del Real Decreto que las autorizaba a ello. Con todo, el pronunciamiento más duro se centra en la falta de control parlamentario en el medio año que se alargó esta segunda prórroga. En palabras del Tribunal Constitucional, «se realizó de un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna».
Para Andrés Betancor, la gravedad del problema de la suspensión de las funciones de control al Ejecutivo por parte del Congreso de los Diputados, “el Congreso no pudo ejercer ningún tipo de control efectivo, aunque comparezcan el presidente y los ministros. Esto no quiere decir que sea efectivo. Que la cámara que representa al pueblo español no haya podido desplegar ninguna de sus herramientas ante una medida que tiene una incidencia tan restrictiva y desproporcionada sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía, es un agujero negro en el funcionamiento del Estado democrático de Derecho que ha sido corregido por el tribunal de garantías, declarando inconstitucional la omisión de estas medidas”, concluye Betencor.
Es evidente que la situación que provocó el coronavirus desde su llegada a nuestro país a finales de febrero de 2020 provocó una situación desconocida que había que abordar con celeridad para tratar de frenar el avance del virus entre la población española. Es cierto que se desconocía cómo este virus iba a actuar entre la población y era complicado de atacar por esta falta de información. El Gobierno central actuó más tarde que sus homólogos europeos pero, lo más importante, es que lo hizo y, según las últimas sentencias del Constitucional, mal.
Si en julio el debate se centró en el alcance de la suspensión de los derechos a la ciudadanía, ahora en esta última resolución el Pleno ha rebatido la cogobernanza con las comunidades y la ausencia total de control parlamentario en los seis meses que duró la prórroga, una anomalía democrática que no se contempla en ninguna regulación del estado de alarma. Con todo, no solo han recibido reproche los Reales Decretos aprobados. El tribunal de garantías también pone el foco en la resolución del Congreso de octubre de 2020 con la que se autorizó la continuidad de esta anomalía jurídica y la ausencia de revisión en seis meses que duró la prórroga, a pesar, insistimos, del carácter tan extraordinario de esta medida.
Hace 10 días que el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros la regulación del precio de los alquileres junto a una serie de medidas de calado. Este acuerdo se enmarca dentro del pacto de gobierno con Unidas Podemos bajo la etiqueta de un gran cambio social, pero, ¿en qué consiste realmente esta nueva medida?
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El principal pilar se basa en la regulación de los precios, una regulación que es prácticamente igual a la primera Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1946, durante el franquismo, y que estuvo vigente hasta 1985, con Felipe González. Nadie puede dudar de la magnitud del problema de la vivienda en España y, sobre todo, en las grandes ciudades. En tan sólo un lustro, del 2015 al 2020, el precio se dobló: creció un 52% de media en toda España, aunque en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, la subida fue incluso más pronunciada (60% y 68%, respectivamente).
Traducido en números, esto significa que, si por una vivienda de unos 80 metros cuadrados se pagaba de media en el 2015 unos 568 euros, en el 2020 se paga por la misma 852. Y esto, insistimos, es tan sólo la media. Buscar algo por menos de 900 euros en ciudades como Barcelona es prácticamente imposible y eso que con la pandemia bajaron algo los precios. Pero esta medida, lejos de poder servir como un bálsamo para las personas que sufren para pagar un alquiler, puede empeorar el panorama y mucho.
¿Es necesaria una regulación?
Pues depende de cómo se mire y según las prioridades que queramos atacar primero. ¿Cómo de necesario es una regulación en este aspecto? De nuevo lo importante es analizar, dónde y en qué condiciones, y con quién nos queremos comparar.
Desde hace más de una década, España tiene un problema con el mercado inmobiliario. Se muestran cifras de viviendas en alquiler en los países más ricos de Europa y se comparan erróneamente con las nuestras. Según los datos de Eurostat, el 86% de los españoles vive en una casa de su propiedad frente al 51% de los alemanes.
Es cierto que una proporción muy baja de vivienda en alquiler puede significar que este mercado tiene problemas, esto ocasionaría una falta de oferta; sumado a precios muy altos en determinadas localizaciones y el complicado acceso para los jóvenes. También es cierto que la obsesión con la vivienda en propiedad tiene efectos en otras variables: por ejemplo, supone un freno a la movilidad y reduce el dinamismo en el mercado laboral. Pero también debemos recordar que un porcentaje elevado de las viviendas en propiedad apunta a un país de pequeños propietarios, en el que las familias de renta media-baja han accedido a la vivienda, con lo que eso supone de amortiguador para las crisis y para los períodos de reducción de ingresos (por ejemplo, durante la jubilación). Porque en otros países, esas cifras de vivienda en propiedad y de patrimonio entre las clases más bajas se miran desde lo lejos.
¿Cómo afecta la medida?
El principal argumento del Gobierno para aplicar esta es que, si los alquileres son altos, sólo hay que fijarlos por decreto o, en su defecto, obligar a los propietarios a bajarlos. Todo esto enfrascándose en la idea de que así lo han hecho grandes ciudades como Berlín o Londres. Por muy lógico que esta medida pueda parecer, sobre todo en el ámbito social. Pues no lo es en absoluto.
Que muchas ciudades europeas se hayan puesto a controlar precios por decreto lo único que quiere decir es que media Europa tiene políticos tan cortoplacistas como los nuestros, ya que regular los precios de la vivienda no se ha conseguido en ninguna ciudad con semejantes medidas como las de España. Lo que ocurriría puede ser todo lo contrario: las políticas de control de precios del alquiler han sido históricamente un desastre y han tenido consecuencias catastróficas para las ciudades en el largo plazo. Según diversos análisis realizados por economistas, esta medida es una de las técnicas más eficientes para empeorarlo todo.
¿Soluciona el problema?
Por todo lo que hemos relatado hasta ahora, la Ley seguramente no tendrá ningún impacto en el control de precios de alquiler y éstos seguirán subiendo. Tampoco se beneficiarán los jóvenes; en realidad, podrían salir bastante perjudicados. Ya que esta ayuda sólo se dará si los jóvenes trabajan y los contratos de alquiler no superen, en principio, los 600 euros mensuales o los 900 en algunos casos, lo cual en ciudades como Barcelona o Madrid es prácticamente imposible; aparte del efecto que esta ley ocasionaría en el mercado.
En realidad, parece que todo lo que no sea construir vivienda pública social servirá para bastante poco para controlar uno de los principales problemas que tenemos hoy en España.
