Tras meses de negociaciones y planificación interna, el Ejecutivo ha presentado en los últimos días su hoja de ruta para la descentralización de las instituciones del Estado como medida para luchar contra la despoblación de algunas de las regiones de nuestro país y conseguir captar mayor inversión en estas zonas y, de este modo, tener un reparto territorial más equilibrado de las instituciones públicas.
FUENTE: EFE
Esta decisión afecta directamente a las zonas consideradas ‘más deprimidas’ de la España vacía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Ponferrada, capital de El Bierzo, una tierra del norte leonés en pleno proceso de reinvención con cada vez menos habitantes y más envejecidos, que durante décadas vivió de las minas de carbón y de las centrales térmicas, para incidir en la “necesidad de un desarrollo equilibrado territorial”. Sánchez ha avanzado la reactivación de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y su conversión como centro de innovación tecnológica energética y digital vinculado con el medio rural.
Aún así, el presidente ha asegurado que estos cambios no afectarán al grueso de la Administración central, que lleva décadas arraigada en Madrid, permanecerá en la capital salvo proyectos muy concretos. La complejidad logística que implicaría la mudanza de alguno de los grandes organismos y la oposición de los sindicatos de funcionarios han llevado a desechar esa opción.
El informe del Gobierno defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización administrativa. Una desconcentración “bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”, resalta el informe.
A pesar de que a priori este movimiento puede ser una buena idea, no tiene efectos reales significativos, ya que la sede de las instituciones no tiene una relevancia tan grande como para lograr atraer actividad económica a las regiones seleccionadas para esta deslocalización Administrativa. Uno de los mitos más extendidos es el de pensar que la acumulación de sedes de instituciones públicas en una ciudad le hace a ésta partir con ventaja frente al resto de capitales del país. Es el caso que se quiere aplicar a la disputa entre Madrid y otras grandes capitales españolas, considerando que Madrid tiene una ‘posición de privilegio’ sobre el resto por su ‘capitalidad’ y, por tanto, ejerce una competencia desleal con el resto de los territorios.
Los datos demuestran el escaso valor económico que produce tener en un lugar u otro la sede de los organismos oficiales. Tomando como variable proxy de la ‘capitalidad’ el peso de las actividades del sector público sobre el PIB (datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, INE) si comparamos 2019 (último dato disponible) con 2000, el peso del sector público sobre el PIB de la Comunidad de Madrid apenas ha crecido en 0,13 puntos porcentuales, mientras que en el conjunto de España ha crecido en 1,88 puntos porcentuales (es más importante en relación al PIB el sector público en el total nacional que en Madrid, concretamente casi 3 puntos más)”.
En las dos grandes capitales españolas además de Madrid, Barcelona y Valencia, el peso de la administración pública ha crecido en 4 puntos respectivamente, mientras que en Madrid se mantiene prácticamente en el mismo entorno que en 2000 (últimos datos disponibles de la Contabilidad Anual Regional del INE).
Si bien la medida puede tener ciertos beneficios para algunas capitales más apartadas y con menor importancia administrativa hasta la fecha, pudiendo generar algunos empleos vinculados, no supondrá un gran revulsivo ni tampoco un efecto político y social suficientemente relevante.